RESPUESTA AL VICEMINISTRO ROBERTO RÍOS | En la línea de mentirle al país para ocultar cómo Marset fue protegido desde el Estado, el Viceministro de Seguridad Ciudadana atacó al Director de Sol de Pando buscando descalificar y vulnerabilizar nuestro trabajo. Aquí la respuesta al infame…

¿PUEDE LA CORRUPCIÓN DECIR LA VERDAD?

Ríos declaró haber leído el informe de Sol de Pando, pero las infamias y diatribas amenazantes que el encargado de la Seguridad Ciudadana en el país destiló contra el Director de este medio, muestran que no se tomó esa molestia. | Foto Gigavisión

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© Wilson García Mérida | Columna Sopa de Maní

En entrevista difundida por la Red Gigavisión el pasado jueves, 10 de agosto, la periodista Carly Arias interrogó al viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, sobre los contenidos de la investigación a mi cargo respecto a la inminente salida hacia Brasil por parte del ciudadano uruguayo Sebastián Marset, acusado por narcotráfico con sello rojo de Interpol.

Dicho funcionario del Ministerio de Gobierno respondió a la conductora de Gigavisión definiendo el trabajo de Sol de Pando como “tendencioso, temerario y mal intencionado”, que además pretende “confundir con términos que no son apropiados para este tipo de casos”.

Evidentemente he podido leer esta publicación que ha hecho un reportero de Sol de Pando, ese reportaje que esta persona realiza desinforma completamente, confunde a la población…”, dijo el Viceministro en tono despectivo y amenazante, a tiempo de lanzar adjetivos para descalificar la investigación que dirigí y publiqué, poniendo en evidencia que esta autoridad no leyó realmente el reportaje más allá de su título y la introducción del texto. Sus opiniones injuriosas respecto a nuestro trabajo, resultan entonces superficiales y carentes de honestidad intelectual.

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Un periodista que investiga temas tan sensibles como el narcotráfico, arriesgando su pellejo, lo mínimo que espera de cualquier autoridad interpelada es un gesto de respeto al esfuerzo periodístico y una señal de que al menos la publicación será objeto de una mesurada evaluación institucional, mínimamente en sus puntos medulares, para luego poder dar una respuesta profesional e idónea, aun rechazándola. Pero aquí, Ríos, con el tono de un intolerante matón tipo Sánchez Berzaín o Murillo, dijo que los datos recogidos por Sol de Pando en diversas fuentes “salen a partir de ningún tipo de sustento ni fundamentación” y por tanto “no los consideramos ni los tomamos en cuenta”. Ese es el nivel de respeto a la libertad de prensa que exhibe esta gente que dice ser parte de un “gobierno de renovación”.

Un servidor público que se expresa con esa soberbia propia de quien cree que el cargo le hace intocable e infalible, devela un alma mediocre y una conducta de negligencia lindante en lo criminal. No se puede vulnerabilizar a un periodista “ninguneando” su trabajo y pretendiendo ponerle en indefensión ante las fuerzas del crimen organizado que dicen combatir, como hace este terrorífico personero que es nada menos encargado de la Seguridad Ciudadana en el país.

Las declaraciones infamantes de Ríos | VIDEO

CANCERBEROS DEL CLAN LIMA LOBO

Cuando mi colega Carly Arias le pregunta sobre nexos de Marset con el grupo Lima Lobo que nuestra investigación establece en base a datos fehacientes, el viceministro Ríos, oficiando como cancerbero del clan mafioso, estalló en ira para insistir que nuestros datos “carecen de cualquier fundamento, sustento y respaldo”.

Los vínculos de Marset con los Lima Lobo y Nallar, que datan al menos desde 2019, no son un invento de Sol de Pando, señor Ríos. Constan en el expediente paraguayo del operativo A Ultranza Py (informe que por lo visto usted no leyó ni mirando el forro), donde la ciudadana paraguaya Reina Duarte es señalada como el nexo entre ese clan boliviano y el grupo de Marset. Esta información, además, fue difundida por los periódicos El Deber y Los Tiempos en enero de este año. Los nombres de Marset y Duarte también figuran en la causa judicial por el asesinato de tres servidores policiales cometido en junio del año pasado por la banda del yerno de Einar Lima Lobo, Misael Nallar, vinculados ambos a la red de la hidrovía del Paraná dirigida por Marset. Y todo esto para usted “no tiene ningún sustento”.

Y por si fuera poco, es vox pópuli en Santa Cruz  que otro vínculo importante entre Lima Lobo-Nallar y Marset es un famoso y millonario abogado vinculado económica y políticamente al gobernador Camacho y al ex Alcalde de Warnes, Cronembold. Y usted se esmera en encubrir ese indudable nexo, sus razones tendrá, cargando su furia sobre el esfuerzo informativo de un periódico, como Sol de Pando, que sobrevivió al exilio y la persecución de gente abusiva y cobarde como usted.

CIERRE DE FRONTERAS NO ES UNA CUARENTENA

Con su mirada de odio y frustración puesta en las cámaras de la TV, se atrevió a acusarnos de “confundir a la población” por haber reflejado un reclamo surgido desde el propio seno de la Policía Nacional, respecto a la deficiente acción de control fronterizo para impedir la salida de Marset a territorio brasileño. Según su limitado concepto de “cierre de fronteras”, tal medida —que es básicamente la toma movilizada del control fronterizo por parte de las Fuerzas Armadas— sólo se aplica, dice usted, en casos extremos de una pandemia como la covid; y no sé de dónde sacó ese absurdo de que un cierre de fronteras implica que nadie entra ni nadie sale “así tenga los documentos”. Aquí usted confunde exhibiendo una lastimosa candidez —por no decir supina ignorancia— la figura del encapsulamiento y cierre fronterizo por razones de Bioseguridad en tiempos de cuarentena, con un control militar de las fronteras por razones de Seguridad Nacional para capturar a un narcotraficante protegido con arsenal de guerra. De ningún modo planteamos declarar al país en cuarentena para atrapar a Marset, vea lo absurdo de su esmirriado razonamiento. El encapsulamiento, señor Ríos, es nada más una variante extraordinaria (que se da por pandemia o por guerra) del control militar fronterizo. Y hay más de una variante, de acuerdo a la circunstancia y la necesidad de esa acción militar-constitucional. Le doy un ejemplo: durante la misma pandemia, las prohibiciones de ingreso y salida se regulaban según la letalidad del coronavirus, en olas de baja infección las restricciones se flexibilizaban permitiéndose el libre flujo vehicular para el transporte de alimentos y medicinas o el libre tránsito de personas con carnet de vacunación, etcétera. En este caso específico, señor Ríos, cierre de fronteras implicaba un riguroso desplazamiento militar en todas las zonas fronterizas, especialmente con Brasil, para detectar o detener a cualquier transeúnte sospechoso de tener las características específicas de Sebastián Marset, tarea para la cual el aparato policial por sí sólo no tiene ni la capacidad logística ni la facultad constitucional. ¿Es esto confundir al país? Que ande usted confundido porque el cargo le rebasa, es otra cosa.

Los datos acerca del deficiente control fronterizo que se encomendó a la rebasada Policía boliviana, omitiendo el apoyo de las FF.AA., los proporcionó el propio Ministro de Gobierno en conferencia de prensa. Las flechas rojas que agregamos en el mapa del Ministro indican que la frontera con Brasil se mantuvo totalmente desguarnecida. | Fotomontaje Sol de Pando

Es indudable que usted no ha leído nuestro informe y se atreve a descalificarlo con ignorante osadía. Si hubiera leído la investigación, sabría que los datos sobre la deficiente y nula acción de control fronterizo para atrapar al fugitivo, los proporcionó en conferencia de prensa su propio jefe, el “hermano” Ministro de Gobierno, a través de un mapa donde se observa claramente que de un total de 180 puestos de control policial fronterizos, apenas ocho se habían desplazado a lo largo de los 3.400 kilómetros de frontera entre Bolivia y Brasil. Tampoco leyó usted el argumento técnico y jurídico por el cual policías bolivianos dignos y honestos —que están soportando estoicamente la humillación y el maltrato político de los jerarcas civiles— exigían el refuerzo militar para ejercer un eficaz control fronterizo, no para cerrar fronteras en los términos de su cerrado entender, sino para equilibrar fuerzas ante la amenaza armada del PCC específicamente en la frontera con Brasil. Le invito a leer este párrafo de nuestro informe que sin duda alguna usted no leyó: “‘Era evidente que la situación planteada iba mucho más allá de un problema de Seguridad Ciudadana, estamos ante un resurgimiento global del narcotráfico en términos de una amenaza frontal a la Seguridad Nacional’, sostiene el investigador entrevistado por este medio”. ¿Entendió?

LA DEA Y UN FALSO DEBATE QUE FAVORECE A LOS FALSARIOS

En el colmo de su cobarde infamia, ha tenido usted el atrevimiento de insinuar que nuestro trabajo forma parte de una conjura digitada por la DEA. Soy el único periodista boliviano que tiene prohibición de ingreso a Estados Unidos, por haber denunciado en 2007 los afanes balcanizadores del entonces embajador Philip Goldberg; fue sobre la base de esa investigación mía, traducida a diversos idiomas, que el gobierno de Evo Morales expulsó del país al Embajador y a la DEA, en septiembre de 2008. El título de mi artículo publicado en enero de 2007, dio lugar a que Goldberg sea nombrado por el régimen del MAS como “el Embajador de la Limpieza Étnica”. El día en que se anunció oficialmente la expulsión, el entonces vocero presidencial, un tal Alex Contreras, un auténtico cabrón, transcribió textualmente mi artículo que Evo Morales leyó como si fuera su discurso, plagiando mi trabajo y violando impúdicamente mis derechos de autor. Durante la transición fascista de Jeanine Añez, fui el único periodista boliviano que denunció la intervención de la CIA en ese régimen mediante su agente Erick Foronda —antiguo mayordomo de la Embajada norteamericana en La Paz—, que es uno de los principales autores intelectuales de las masacres de Huayllani y Senkata.

En el asunto de Marset, la DEA no tiene absolutamente nada que ver, es apenas un observador de palco o asesor oficioso en el mejor de los casos. Marset no ha llevado ni un solo gramo de cocaína boliviana a Estados Unidos —sobre la ruta que va por el Pacífico—, por tanto no tiene cargo alguno en ese país. El negocio de Marset pasa por la hidrovía del Paraná-Paraguay hasta el puerto de Montevideo en Uruguay, para llevar “nuestra” droga a Europa y África atravesando el Atlántico. El periodista que ha metido a la DEA en este baile, propalando una supuesta investigación mexicana totalmente especulativa, ha cometido una enorme irresponsabilidad desatando un falso debate que sólo les favorece a ustedes en su constante afán de mentir. Ahora ustedes se victimizan arguyendo que “la DEA ha prohibido compartir información sobre el caso Marset con el gobierno de Bolivia” y arman con esa absurda polémica otra conveniente cortina de humo. La DEA no tiene ninguna información que compartir al respecto. Toda la información sobre Marset la ha generado y procesado el gobierno del Paraguay, mediante una prolija y brillante investigación realizada por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). La DEA no tiene en sus manos otra cosa que no sea el informe de la Senad sobre el operativo A Ultranza Py, que es el mismo que Paraguay entregó al gobierno de Bolivia en febrero pasado, informe de casi mil páginas que por lo visto usted no se ha tomado la molestia de leer ni empezando por el índice. Nuestra investigación se ha basado también en ese informe paraguayo, aunque usted diga que el mismo “carece de sustento”. 

La supuesta investigación mexicana que involucra a la DEA en un asunto que compete estrictamente a Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay y Argentina, dice que ustedes, los del Ministerio de Gobierno, conocían sobre el paradero de Marset en nuestro país “un mes antes” del fallido operativo del 29 de julio. Esa es una completa falacia que sólo refuerza la mentira gubernamental. La verdad es que ustedes, señor Ríos, conocen sobre el paradero de Marset en nuestro país, como residente permanente, desde el 11 de diciembre de 2021, cuando el Ministerio de Gobierno, mediante la Dirección de Migración en el Beni,  le otorgó la respectiva visa, siendo que Marset se encontraba aún preso en una cárcel de Emiratos Árabes Unidos. Ustedes saben perfectamente que Marset, ya prófugo de la justicia paraguaya, ingresó legalmente a Bolivia en febrero de 2022, hace 17 meses, portando un pasaporte uruguayo original, por el cual pagó 10 millones de dólares al gobierno de Montevideo, para así poder salir de la cárcel emiratí y venirse a Bolivia con todo su clan, poniéndose a buen recaudo antes de que Interpol emita la alerta roja gestionada por Paraguay. Cuando esa alerta roja fue emitida el 3 de marzo de 2022, ustedes se hicieron a los locos, sabiendo que Sebastián Marset (no Gabriel Souza ni Luis Amorim) ya estaba en Bolivia con su respectiva visa de residente permanente y su pasaporte uruguayo auténtico. Si todo esto que afirmo “carece de sustento”, demuéstremelo, corríjame, desmiéntame, insúlteme, si tiene el valor civil de hacerlo. Le espero.

LAS TRES HIPÓTESIS DEL GRAN ENGAÑO

Mientras ustedes andan mareando la perdiz con sus “tres hipótesis” (“dos que sigue en Bolivia y una que ya salió”) para justificar su deliberado fracaso en la captura de Marset y seguir malversando fondos haciendo uso indebido de bienes del Estado por simple capricho personal de un irresponsable Ministro, mediante improvisados “operativos” y violaciones a los derechos humanos destinados a una inminente debacle judicial del caso, nuestro periodismo de investigación, con los más precarios recursos que arrastramos por causa de la proscripción, la indefensión y el exilio, tiene más que meras hipótesis, tiene certezas plenas de lo acontecido y nuestra principal certeza es que la corrupción nunca será compatible con la verdad y la transparencia.

Como diría el libertador Simón Bolívar, son ustedes unas verdaderas sanguijuelas del Estado. Trancan la jaula después de fugado el león, y aprovechan la ocasión para irse de paseo con todo pagado, usted a Brasil y otro a Uruguay, con el pretexto de “recabar información” para capturar al prófugo. Sinvergüenzas. No era necesario “recabar” información en ningún lado. Toda la información, con plenos detalles de la operación A Ultranza Py sobre la cual se activó la alerta roja de Interpol, les fue entregada en febrero por el Gobierno paraguayo y no tenían nada más que leer ese informe y operar coordinando la acción con las policías de Paraguay y Brasil, principales operadoras en este caso. No les dio la gana. Y todavía tienen el cinismo de acusar a Paraguay de entregar “información imprecisa” y que por tal motivo Marset pudo huir, según ustedes.

El cinismo del que hacen gala no tiene límites. Se autoproclaman “líderes internacionales” en la búsqueda y captura de Marset, insinuando que de ser preciso «invadirán» cualquier país vecino si el trofeo cruzó la frontera, y lo harán nada menos que en alianza con Uruguay, cuyo Ministro del Interior, el más corrupto en esta historia —una versión calcada de nuestro nefasto Arturo Murillo— es quien facilitó la entrega del pasaporte uruguayo que le permitió a Marset salir de la cárcel árabe y venirse a Bolivia pocos días antes de que Interpol emita la orden roja de captura internacional. Vaya izquierdistas, que se alían con el gobierno más corrupto y ultraderechista de la región.

UNA FALLIDA Y ESCLARECEDORA CERCANÍA CON CHOQUEHUANCA

Y no se le ocurra salir con la manida pendejada de que mi trabajo “le hace juego a la oposición política”. Hace más de dos años que intenté tomar contacto con Iván Lima, el Ministro de Justicia, para entregarle información sobre las circunstancias de mi exilio y persecución durante el gobierno de Evo Morales, que causó un daño económico irreparable a Sol de Pando. El tipo no contestó uno solo de mis mensajes respetuosamente enviados.

En abril de este año, durante el feriado del Viernes Santo, logré reunirme en La Paz con el vicepresidente David Choquehuanca y le entregué personalmente copias de mis informes sobre el despojo territorial y el etnocidio a la nación Pacahuara, drama histórico que investigué con apasionado y profundo amor por ese inocente pueblo indígena, constituyéndome en su vocero autorizado. Tres meses antes, en enero de este mismo año, había tomado contacto con la Ministra de la Presidencia, Marianela Prada, haciéndole conocer la demanda del pueblo Pacahuara para la restitución de su territorio originario en Pando. ¿Sabe qué respondió su “hermana” Ministra?: “Deja de molestar, ando muy ocupada”. Tengo bien guardado en mi celular ese mensaje de la sobrina preferida de Banzer.

Fue así que procuré contactarme con Choquehuanca, con la ilusión de que la demanda pacahuara pudiese tener la adecuada receptividad por parte de un Vicepresidente que se esmera en mostrarse como un sabio indígena. Además del dossier Pacahuara de Sol de Pando, le entregué también una carta a nombre del bisnieto del general Emiliano Zapata (soy representante en Bolivia de la Fundación Cultural Zapatista con sede en Morelos, México) y detalles sobre mis investigaciones de una mafia fronteriza —dedicada al tráfico de droga, autos robados, niñas brasileñas con fines de prostitución y migrantes haitianos— que operó y sigue operando en Cobija al mando de una Senadora hoy “choquehuanquista” que fue apadrinada por Juan Ramón Quintana durante el gobierno de Evo Morales. Y también le informé a Choquehuenca sobre mis evidencias de sórdidos vínculos con dicha Senadora por parte de los ministros de Gobierno y de la Presidencia. Le advertí que del Castillo había jugado un rol nefasto tras el asesinato de tres policías en manos de la banda de Misael Nallar. El Vicepresidente concluyó ese encuentro explicándome que tenía otra reunión agendada con el Ministro de Justicia y se comprometió a dar respuesta puntual por escrito a las cartas y documentos que le entregué personalmente, pero nunca lo hizo.

Cuando estalló el escándalo del “narco vuelo” del BOA, le envié a Choquehuanca un par de mensajes vía whatsaap sugiriéndole promover como nuevo Ministro de Gobierno al ex vicecanciller Juan Carlos Alurralde, con cuyo buen perfil profesional en ese cargo se podía reparar el severo daño a la imagen internacional del Gobierno y del país que estaba siendo causado por la pésima gestión de del Castillo en el delicado tema del narcotráfico. Choquehuanca me respondió otra vez con su sinuoso y mordaz silencio; y luego se lo vio manipulando la agenda congresal para postergar mañosamente las interpelaciones a del Castillo y estallar en júbilo felicitándolo públicamente cuando el Ministro fue restituido en el cargo tras la censura parlamentaria.

Al fin y al cabo, cumplí con mi conciencia de ciudadano libre y con mi buena fe de periodista perseguido. Así que no se le ocurra salir con la manida pendejada de que mi trabajo “le hace juego a la oposición política”.

No tengo nada más que decirle, señor Viceministro de Seguridad Ciudadana.

WGM

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