CLAN DE MURILLO INTEGRA UNA RED INTERNACIONAL DE TRÁFICO DE ARMAS | La empresa Toyosa, vinculada a Álvaro García Linera, es involucrada por un traficante capturado en Miami cuando intentaba traer a Bolivia fusiles de asalto AK-47 camuflados en partes automotrices…

SOCIO DE BERKMAN CAYÓ PRESO EN PARAGUAY

Carlos León Ocampo y Luis Berkman estuvieron presos en Palmasola en 2001 por robo de armas al Ejército boliviano; pero salieron impunes de ese crimen. Luego el paraguayo organizó una banda internacional traficando gigantescos arsenales y el pasado 3 de junio fue sentenciado a 14 años de cárcel. | Fotomontaje Sol de Pando

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© Wilson García Mérida | Redacción Sol de Pando

El traficante de armas paraguayo Carlos Federico León Ocampo, miembro de la banda dirigida en Bolivia por el actual socio de Arturo Murillo, Luis Berkman Littman, se encuentra cumpliendo una pena de casi 14 años de cárcel en su país, en ejecución de una sentencia dictada el 5 de noviembre de 2020 y ratificada el pasado 3 de junio por la Corte Suprema de Justicia del Paraguay.

Entre los años 2001 y 2002, Carlos León Ocampo estuvo preso en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, junto a Luis Berkman y otros integrantes de un grupo de civiles y militares que habían robado armas del Ejército boliviano para una venta en el mercado negro armamentista.

La banda de León Ocampo y Luis Berkman tenía apoyo frontal de mercenarios norteamericanos y agentes sionistas que operaban desde la Embajada de Estados Unidos en La Paz. Uno de ellos fue plenamente identificado durante aquel proceso: Mario Reyes, agente de la Narcotics Affairs Section (NAS), quien “apareció en el escenario investigativo del tráfico de 52 armas de guerra descubierto por la DEA y la Felcn (Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico)”, informó entonces el periodista Edwin Flores de la agencia ANF. El reporte también menciona a Sandy Brigider, otro norteamericano vinculado comercialmente con Berkman, “dedicado a la compra de material obsoleto de las policías y ejércitos”.

Aquel arsenal sustraído al Ejército boliviano consistía en 50 fusiles FAL y dos ametralladoras antiaéreas Browning. “Presumiblemente esas armas iban a ser traficadas a través de Paraguay, con destino final a Colombia, donde iban a canjearlas por cocaína con los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc)”, recordó el periódico paraguayo Última Hora en su edición del 20 de junio de 2013, citando un informe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que mencionó aquel antecedente a propósito de una investigación iniciada ese año sobre el contrabando de armas mediante una empresa vinculada al Gobierno paraguayo, propiedad del mismo León Ocampo.

Un informe técnico elaborado por Asesoría Jurídica del Comando General del Ejército, publicado por el periodista de ANF el 3 de agosto de 2001, relató que el traficante paraguayo se presentó en Bolivia como un arquitecto y comerciante. Dijo ser representante de la empresa “Armor Goldin”, proveedora de armas para la Policía del Paraguay. “Es uno de los principales imputados que transportaba y compraba armas para el Sr. Martínez cuyo nombre se desconoce”, decía el reporte militar citado por Edwin Flores.

El mismo informe deja entrever que el paraguayo estuvo también procurando la compra de cocaína en la zona del trópico cochabambino. Un mecánico de nombre José Prudencio Vargas, “dueño de una discoteca en Chimoré, relacionado con Berkman, acompañó a Carlos Federico León”.

Un Suboficial de Logística del Ejército, Victoriano Jiménez Ovando, fue señalado como “uno de los principales nexos de Luis Berkman”; había llevado las armas sustraídas de una unidad militar en la zona rural de Cochabamba hacia el centro de la ciudad, de donde fueron transportadas a Santa Cruz en ruta a la frontera con Paraguay. Jiménez “entregó dos ametralladoras punto 50 y transportó 30 fusiles hasta Cochabamba”.

Durante su declaración informativa, Berkman confesó haber pagado 52.000 dólares al suboficial Jiménez, y reveló que en el año 2000 “le compró al funcionario de la Felcn Omar Laura 30 fusiles Cetmen y 10 fusiles FAL por $us 36.000”.

Laura admitió haberle vendido aquellos 40 fusiles al cabecilla de la banda. El vendedor dijo que “conoció a Luis Berkman a través de Mario Reyes, ciudadano americano que trabaja en la NAS”, según el informe castrense.

¿Por qué Evo Morales no extraditó a Berkman?

El gobierno de Evo Morales debía extraditar a Berkman en 2013, cuando el traficante era enjuiciado por robo de armas al Ejército en 2001. Se permitió al prófugo organizar la empresa norteamericana con que estafó al Estado boliviano asociado con los represores Arturo Murillo y Rodrigo Méndez. | Fotomontaje Sol de Pando

No cabía duda que Berkman Littman y León Ocampo eran los cerebros de una perversa banda dedicada al robo de armas del Ejército boliviano, con el fin de proveer arsenales al narcotráfico y las FARC.

Sin embargo, corrompiendo a los encargados judiciales de la investigación, ambos traficantes lograron burlar a la justicia boliviana. Ocampo obtuvo sobreseimiento y retornó impune al Paraguay, donde creó una empresa proveedora de armas para el Gobierno de su país, ComtecPar, con la cual amasó enorme fortuna. Berkman huyó a Estados Unidos con ayuda de la CIA y la Inteligencia israelí; en Miami y Atlanta organizó sus propias empresas también vinculadas a la venta de armas, realizando su más jugoso negocio de sobreprecios —en diciembre de 2019— con la provisión de granadas de gas al régimen fascista de Jeanine Añez, a través de su empresa Bravo Tactical Solutions (BTS) en íntima sociedad con el entonces ministro Arturo Murillo, acusado hoy de genocidio en Bolivia.

Aunque León Ocampo fue sobreseído irregularmente en el 2002 por los fiscales que investigaron aquel caso de robo y tráfico de armas en Bolivia, el juicio contra Berkman —quien confesó los delitos que dañaron el patrimonio del Ejército boliviano— se prolongó en su ausencia hasta el año 2013, gracias a una denodada presión ejercida por el alto mando de las FF.AA. a través de los generales Juan Hurtado Rosales y Carlos Delfín Meza, comandantes del Ejército y de la Octava División respectivamente. El juicio oral había comenzado el año 2009.

Fue durante el gobierno de Evo Morales que Berkman —prófugo y contumaz— había sido enjuiciado en rebeldía; se desconoce el resultado de esa fase final del proceso, si el traficante de armas fue absuelto o sentenciado. Lo cierto es que las autoridades bolivianas se negaron a exigir ante Estados Unidos su extradición, lo cual —según jefes de las FF.AA. que hicieron seguimiento del caso— es atribuible a una amistad estrecha, y de muy vieja data, surgida en Cochabamba durante los años 80 entre Luis Berkman y los “influyentes” hermanos del entonces vicepresidente Álvaro García Linera.

Según la investigación que viene desarrollando Sol de Pando sobre esta materia, en 1992 Berkman habría sido uno de los proveedores de armas de uso militar al Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK) mediante su contacto directo con Raúl García Linera.

Tras las huellas del socio paraguayo de Berkman

Carlos León Ocampo compareciendo ante un juzgado de Asunción, en marzo de 2020. Durante una década burló a la justicia paraguaya hasta que cayó junto a una banda internacional con nexos en Europa, Estados Unidos, Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil. | Foto ABC Color

Después de escapar de Bolivia, el paraguayo llegó a ser investigado en su país durante más de una década a causa de actividades ilícitas mediante una nueva empresa creada por el traficante para seguir delinquiendo, “ComtecPar S.A.”, compañía que fue una importante proveedora de armas a entidades estatales del Paraguay. El socio de Berkman aprovechó unas licitaciones adjudicadas legalmente por su empresa como fachada para importar armas excedentarias destinadas al narcotráfico brasileño y al paramilitarismo neo-estalinista de la región.

Según informa el periodista Raúl Ramírez Bogado del periódico Última Hora de Asunción, desde el año 2009 la empresa de León Ocampo ganó 30 licitaciones para la provisión de armas, municiones y equipos de seguridad a los ministerios del Interior, de Justicia y de Defensa; así como a la Corte Suprema de Justicia, al Servicio Nacional de Promoción Profesional, al Ministerio Público, al Banco Central del Paraguay, a las Fuerzas Armadas y a la mismísima Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Otro periodista paraguayo, Carlos Benítez, del periódico ABC, reveló que entre los años 2010 y 2013 ComtecPar facturó al Estado paraguayo alrededor de 18.000 millones de guaraníes que equivalen a casi 13 millones de dólares.

En 2013, se descubrió que una licitación ganada un año antes por ComtecPar para proveer armas y municiones destinadas a la seguridad de personal jerárquico del Poder Judicial paraguayo, le permitió a Ocampo importar el arsenal en cantidades superiores a las adjudicadas oficialmente. La licitación de la Corte Suprema de Justicia especificaba una provisión de 15 fusiles de asalto; pero Ocampo importó 20 unidades. “También fueron importados 12.500 proyectiles calibre 5.56, a pesar de que la licitación sólo fue por 3.000”, informó la Senad que investigó esa irregularidad ante la sospecha de que los “remanentes” —cinco fusiles y 9.500 proyectiles— fueron destinados a bandas del narcotráfico.

Cuñado del Presidente de la Corte Suprema de Justicia

León Ocampo vendía clandestinamente “remanentes” de las armas de guerra y municiones que importaba de Estados Unidos encubriendo el contrabando con las licitaciones de su empresa ComtecPar. | Foto Última Hora

Como había ocurrido una década antes en Bolivia, aquel 2013 León Ocampo salió impune de la investigación, pese a que la parte damnificada por el delito de contrabando de armas era nada menos que la Corte Suprema de Justicia del Paraguay. El proceso concluyó con una simple amonestación que no le impidió a ComtecPar seguir importando armas de Estados Unidos principalmente. “León Ocampo es un empresario con fuertes influencias en el Poder Judicial y la política paraguaya”, advirtió el periodista argentino Germán de los Santos. El traficante de armas resultó ser cuñado del magistrado Alberto Martínez Simón, que hasta febrero de este año presidió el máximo órgano judicial paraguayo.

En febrero de 2014, el periodista Carlos Benítez denunció que los fiscales asignados Federico Delfino y Francisco Ayala bloquearon la investigación, liberando de cargos al traficante de armas. El mafioso tenía cómplices decisivos en el seno mismo de las Fuerzas Armadas del Paraguay. En 2011 obtuvo un contrato con el Ejército, en el cual también infló la cantidad de armas licitadas. La Dirección de Materiales Bélicos (Dimabel), dependencia del Ministerio de Defensa, avalaba los contrabandos de ComtecPar.

No obstante el alto grado de impunidad que el antiguo secuaz de Berkman gozaba en su país, periodistas e investigadores judiciales del Paraguay no le perdieron el rastro en los siguientes años, hasta llegar a dilucidar que el traficante no se limitaba al ardid de torcer licitaciones para encubrir el contrabando de armas mediante su empresa proveedora. También seguía traficando con armamento reincidentemente robado al Ejército de Bolivia; y promovía el contrabando de armas de última generación desde Estados Unidos, desarrollando un sofisticado sistema de camuflaje mediante empresas importadoras de vehículos y partes automotrices.

El boliviano Luis Berkman Littman y el paraguayo Carlos León Ocampo son integrantes de una vasta red internacional de tráfico de armas que cubre una demanda creciente de las poderosas bandas traficantes de cocaína concentradas en Brasil y grupos paramilitares neo-estalinistas emergentes en Sudamérica.

Aunque el boliviano y el paraguayo están presos, aquella red sigue intacta y cada vez más activa. En Bolivia siguen desapareciendo armas de los arsenales del Ejército boliviano, y Paraguay sigue siendo el puente expedito para llevar armas ilegales a Brasil y Colombia.

Ensamblar las armas, el modus operandi

Las armas desmontadas, salidas de Miami a Santa Cruz y Buenos Aires, son ensambladas con máquinas como esta hallada durante el operativo argentino que desmanteló la banda del paraguayo León Ocampo en junio de 2019. | Foto MinSeguridadArgentina

En 2016, el nombre de Carlos León Ocampo volvió a las primeras planas. El 9 de marzo de ese año fue allanada una vivienda de su propiedad, en el barrio Villa Aurelia de Asunción, donde se encontró un considerable arsenal bélico. Miles de municiones junto a fusiles AK-47 y otras armas de guerra, cargadores, supresores, silenciadores, granadas y bombas demostraban que el empresario desarrollaba un negocio clandestino paralelo a las licitaciones de ComtecPar.

“Parte del arsenal de armas y explosivos encontrado en la vivienda de León corresponde a lo remanente de cada importación de armas y proyectiles que hacía para provisiones a instituciones del Estado”, informó el periódico Última Hora citando un reporte de la Senad. Entonces León Ocampo fue arrestado en el acto, llevado a prisión cautelar el 10 de marzo; sin embargo fue puesto en libertad a las pocas horas. Sus fluidas influencias en el poder político y judicial estaban intactas.

Las investigaciones a partir del allanamiento del 9 de marzo de 2016, siguieron su curso. Se estableció que Carlos León Ocampo había diversificado su red hacia Argentina, país que tiene la ventaja de ser también productor de armas y municiones. Son famosos los revólveres Rossi y los fusiles-pistola Bersa, de fabricación argentina.

Debido a un acuerdo entre los gobiernos de Paraguay y Estados Unidos para restringir drásticamente la importación de armas, la mafia paraguaya fijó como puntos de acopio del armamento proveniente del mercado norteamericano a las ciudades de Santa Cruz en Bolivia y Buenos Aires en Argentina.

En ese nuevo esquema, León Ocampo mantenía activos sus contactos con Bolivia, mientras que la conexión con Argentina estaba a cargo de su paisano y socio Eduardo Alberto Ramírez Cantero, alias “Matungo”. Ambos mafiosos paraguayos asentaron su epicentro en la triple frontera, instalando una base comercial en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay donde las bandas brasileñas Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) operan activamente. En esa misma zona roja que limita con Argentina y Brasil, también actúa el grupo paramilitar neo-estalinista Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que mantiene actualmente secuestrado al ex vicepresidente paraguayo Oscar Denis. Lo tienen retenido desde septiembre de 2020, sus exigencias son condicionadas por la familia que reclama una prueba de vida del secuestrado, que el grupo paramilitar se niega a dar. Facciones de la misma agrupación neo-estalinista, presuntamente vinculada a las FARC, mantienen secuestrados a otros dos jóvenes que pertenecen a familias de agro-negocio paraguayo.

En su edición del 12 de marzo de 2016, el periódico paraguayo La Nación describió el rol de León Ocampo en la conexión Bolivia-Brasil vía Paraguay: “Es una de las grandes rutas del tráfico de armas desde hace años. En dos grandes operativos realizados por la policía brasileña —en el 2008 y el 2014— en los que desbarataron bandas criminales dedicadas al tráfico de armas y drogas, descubrieron en poder de los grupos narcos armas de guerra con la inscripción del Gobierno boliviano. Las investigaciones posteriores confirmaron que todas esas armas ingresaron a Brasil a través de Paraguay”.

El 26 de junio de 2019, los socios argentinos de León Ocampo fueron atrapados con las manos en la masa. Un gigantesco operativo a escala intercontinental, con más de 50 allanamientos en varias provincias de Argentina, culminó con la detención inicial de 17 traficantes que días después llegaron a más de 20 con la captura de dos brasileños, un holandés, dos norteamericanos, además de los paraguayos. Se incautó un arsenal valuado en 200 millones de dólares. Las armas estaban fragmentadas en partes sueltas.

“La triangulación era así: de Estados Unidos, España, Holanda y Alemania venían a la Argentina, donde se armaban y se enviaban a Pedro Juan Caballero, Paraguay, para después cruzarlas a Brasil”, informó en conferencia de prensa la entonces Ministra de Seguridad del Gobierno argentino, Patricia Bullrich.

El desmantelamiento de la conexión argentina puso en evidencia que Buenos Aires, a diferencia de Santa Cruz, no sólo recibía las armas provenientes de Estados Unidos vía aérea; también acopiaba material bélico que llegaba de Europa por una ruta marítima del Atlántico.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del Gobierno de Argentina, junto con la Homeland Security Investigation (HSI) que es la principal unidad investigativa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, investigaron durante ocho meses la doble ruta —aérea y marítima— de las armas que terminaban en la triple frontera del Paraguay.

Según la información oficial difundida por el Gobierno argentino, las armas de guerra (desde fusiles Colt M4 calibre 5,56 a fusiles AK47) eran enviadas de Estados Unidos a Argentina en encomiendas aeroportuarias. “Los cargadores eran comprados en Alemania y trasladados a España, y mediante encomiendas los llevaban a Holanda desde donde salían en barco para Buenos Aires. Una vez ensamblados el arma y el cargador, eran enviados a Brasil utilizando una empresa de transporte de pasajeros de origen paraguayo (…). En Paraguay, las armas eran trasladadas vía terrestre hasta la zona de Pedro Juan Caballero, donde eran ingresadas al territorio brasileño”.

León Ocampo y su conexión argentina con Europa

Las armas ensambladas en un arsenal clandestino de Buenos Aires, listas para su envío al paraguayo León Ocampo que entregaba el armamento a grupos irregulares en la frontera con Brasil. | Foto MinSeguridadArgentina

Los investigadores se habían infiltrado en el buque griego MSC-Palak, un gigantesco portador masivo de containers que transportaba el material bélico proveniente de Europa. Después del desembarco, los cargadores y otras piezas como miras telescópicas fueron depositados en un arsenal de Buenos Aires donde se hallaron máquinas sofisticadas para ensamblar los fusiles llegados de Estados Unidos por aire y las partes traídas de Alemania y Holanda por mar. Una vez ensambladas en la capital, las armas se dirigían hacia arsenales instalados en provincias ubicadas sobre la ruta hacia la frontera con Paraguay.

La llamada operación Palak culminó con la incautación de centenares de armas largas y cortas como fusiles FAL y Colt M4, ametralladoras Browning y un cañón marca Oerlicon, más de 30.000 municiones de diferentes calibres, pólvora, granadas, minas anti-tanques, balanzas, visores nocturnos, documentación de empadronamiento de armas, partes de armamento e incluso un lote significativo de katanas, además de los equipos de ensamblaje. En total, se contabilizaron 935 armas de alto poder destructivo.

En la ciudad de Córdoba se halló un arsenal que ocultaba “cuerpos de bombas para aviones, colas de bombas, una ametralladora PAN con numeración limada, aluminio en polvo, bolillas de acero, cartuchos de 20 milímetros, minas antipersonales, retardadores, escopetas, fumígenos, cucarachas para morteros, boosters y trotil en escamas, toneladas de pólvora y minas”, detalló la ministra Bullrich.

Todo aquel arsenal terminaba en manos del paraguayo Carlos León Ocampo y su socio Ramírez Cantero, que esperaban el botín en la triple frontera de Pedro Juan Caballero. El argentino Román Ragusa era el encargado de ejecutar el envío de las armas ensambladas, operando en la principal ciudad de la provincia Santa Fe.

“Los envíos de las armas que recibían León Ocampo y Ramírez Cantero en Paraguay se hacían desde Rosario”, informó Germán de los Santos, periodista de La Nación de Buenos Aires. “Armas y fusiles de todo tipo eran transportados en cajas, en colectivos de la empresa Nuestra Señora de Asunción. (…). Según consta en el expediente, el destinatario de las cajas era León Ocampo. También se detectó que Ragusa habría traficado armas a Paraguay en un minibús marca KIA que tenía pintado el logo del Ejército Argentino”.

El 30 de julio de 2019 —cuatro días después de la operación Palak— León Ocampo y Ramírez Cantero fueron capturados en Asunción. Con las demoledoras pruebas generadas por la investigación argentina, los paraguayos fueron procesados en medio de constantes obstáculos interpuestos por Carlos León: recusó ocho veces a la incorruptible fiscal Lorena Ledesma.

El 2 de marzo de 2020, un tribunal penal de Asunción sentenció a León Ocampo con 13 años y seis meses en prisión, mientras Ramírez recibió una pena de siete años de cárcel. Posteriormente podrán ser extraditados a Argentina. Carlos León apeló, pero la sentencia fue nuevamente dictada el 5 de noviembre de 2020. Volvió apelar en casación ante la Corte Suprema de Justicia presidida por su cuñado, el magistrado Carlos Alberto Martínez, quien fue removido del cargo el 17 de febrero de este año. Finalmente, el pasado 3 de junio la Corte Suprema consolidó la sentencia y ya es ejecutoriada. Al fin, el socio paraguayo de Luis Berkman ya no podrá más traficar con armas robadas al Ejército de Bolivia.

Sin embargo la historia no termina ahí.

El operativo Palak interrumpió el tránsito marítimo proveniente de Europa. Faltaba cortar el flujo de “encomiendas”, por vía aérea, que movían hacia Sudamérica los fusiles comprados en el mercado libre de Estados Unidos.

Los norteamericanos James Peterson y Brunella Zuppone eran los encargados de hacer los envíos desde Miami, Bradenton y Palm Beach, Estado de Florida, junto al argentino Cristian Germán Barrera. Fueron capturados por el FBI a fines de junio de 2019 y recibieron sentencia en septiembre de ese año.

La operación Palak | VIDEO

Empaquetando los fusiles como “piezas para autos”

En un documento judicial fechado el 21 de julio de 2020, emitido por el Tribunal Oral Penal Económico de Buenos Aires, están detalladas algunas de las “encomiendas” enviadas desde Miami a Román Ragusa, el contacto argentino de Carlos León Ocampo.

Según aquel memorial al que accedió Sol de Pando, entre los años 2017 y 2018 Ragusa recibió un total de 16 paquetes enviados vía aérea usando el sistema postal del Estado de Florida por varios remitentes, entre los que figuran los nombres de Michael Nunes, Arthur McGregor, Frank Stuart, Glein Ficher, George Taylor y Brunella Zuppone, además de José Díaz y Cristian Barrera.

La investigación federal estableció que la mayoría de esos remitentes registraron nombres falsos; los únicos verdaderos eran James Peterson, Brunella Zuppone y Cristian Germán Barrera. Usaban otras identidades para no levantar sospechas en el control aduanero de los aeropuertos.

Los paquetes contenían componentes de fusiles semiautomáticos AR-15 que se embalaron mezclados con piezas de bicicletas y repuestos de automóviles.

En su declaración del 4 de septiembre de 2019, Germán Barrera confesó ante el Tribunal Federal de Florida que entre junio de 2017 y junio de 2018 remitió a Román Ragusa un total 19 paquetes de armas fragmentadas y camufladas, y que “declaró tres paquetes como piezas para bicicletas”.

Peterson y Zuppone confesaron que hacían similares envíos a Ragusa incluso desde febrero de 2016. Fueron descubiertos en octubre de 2018 cuando agentes aduaneros detectaron que en dos cajas rotuladas como “artículos deportivos de segunda mano” iban cien componentes de armas para ensamblar fusiles AR-15. Anteriormente habían remitido varios paquetes con aproximadamente 250 partes de fusiles rotulados como “piezas para autos”.

Una revelación que no debe dejar de sorprender a los bolivianos es que Román Ragusa, el contacto argentino del paraguayo Carlos León Ocampo, había instruido a sus proveedores en Estados Unidos que realicen la compra del material bélico en dos armerías ubicadas en las ciudades de Ocala, en el condado de Marion, y Florida City en el condado de Miami Dale. Ambas armerías tienen como socio a  Sandy Brigider, el mercenario norteamericano que estuvo en Cochabamba junto a Luis Berkman y Carlos León el año 2001.

Aquel dato indica que Bolivia es también un foco activo del tráfico de armas que se genera en Miami con destino al Paraguay y Brasil, con el mismo modus operandi instaurado hace 20 años por Luis Berkman y León Ocampo.

Toyosa y una duda razonable en el Linkedin

Javier Nenos, ¿Jefe comercial en Toyosa? | https://www.linkedin.com/in/javier-nenos-003b211b0/

En agosto de 2014, el boliviano Javier Nenos Rea intentaba comprar 11 fusiles AK-47 en la ciudad aeroportuaria de Doral, condado de Miami Dale, para transportar ese arsenal a Santa Cruz de la Sierra camuflando los componentes en partes de unos automóviles.

Nenos Rea cayó en una trampa de la Homeland Security Investigation (HSI), que desplegó un agente encubierto fingiendo ser un vendedor. El 27 de agosto, el boliviano tomó contacto telefónico con el supuesto proveedor. Según el reporte del HSI, publicado por el Miami Herald, “Nenos Rea dijo que las armas iban a ser ocultadas dentro de las puertas de autos y enviadas a Bolivia”.

El boliviano fue capturado el momento en que cerraba la transacción con el agente encubierto, y entonces confesó que “un individuo en Bolivia le ordenó a viajar a los Estados Unidos para la compra de los 11 fusiles AK-47”.

Tal individuo, que no fue identificado en la denuncia hasta la fecha, “pagó por los gastos de viaje de Nenos y le dio instrucciones para cubrir las armas con una lona de plástico y papel de aluminio para embalar, y luego entregarlas a otra persona en un almacén de Miami. Esa persona luego tenía instrucciones de ocultar las armas en las puertas de vehículos. Nenos añadió que iba a recibir un pago de $10.000, o más, una vez que las armas llegaran a Bolivia”, detalló el Miami Herald.

El informe no aclaraba si los investigadores lograron averiguar quién era el individuo que contactó a Nenos en Bolivia. Ninguna autoridad en el país se preocupó por dilucidar ese punto.

Posteriormente surgió el nombre de Luis Fernando Gius Peinado, acusado de organizar los embalajes en Miami que eran recibidos en Santa Cruz por funcionarios del Servicio de Correos de Bolivia, para su posterior envío a la triple frontera de Paraguay. El Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP) logró interceptar los cargamentos en territorio boliviano; sin embargo el entonces Ministro de Gobierno, Carlos Romero, jamás facilitó una más profunda investigación que focalice la ruta a Paraguay. Gius fue extraditado a Bolivia y procesado en 2014 y 2017 por dos casos distintos de tráfico de armas, siempre obteniendo amplios beneficios judiciales; pero nunca se llegó a establecer la real identidad del cabecilla principal de la banda, que sin duda era el paraguayo Carlos León Ocampo en contacto con algún boliviano al más alto nivel, hasta hoy desconocido.

Javier Nenos Rea se declaró culpable ante el Tribunal Federal de Florida, recibiendo una sentencia de cuatro años de cárcel. Volvió a Bolivia en 2018.

Sol de Pando procuró tomar contacto con Nenos Rea y Guis Peinado, en el afán de obtener algún indicio que nos permita vislumbrar la estructura jerárquica que engrana a Bolivia en la ruta del tráfico de armas establecida entre Estados Unidos (Miami) y Paraguay (Pedro Juan Caballero) para proveer armamento a los comandos del narcotráfico y a grupos paramilitares neo-estalinistas que se mueven entre Brasil, Argentina y Colombia. La sociedad Luis Berkman – León Ocampo en el 2001 era un germen del tramo boliviano de esta red; pero no sabemos cómo evolucionó.

Ni Nenos ni Gius están a la vista.

Rastreando en las redes sociales, hemos encontrado un perfil profesional en la plataforma del Linkendin que pertenece aparentemente a Javier Nenos Rea, presentándose como Jefe Comercial Nacional de la firma Kubota Toyosa Bolivia, y usa la cuenta oficial de aquella empresa desde el año 2018.

También tiene una cuenta en la plataforma Autopia, dedicada a la venta de autos usados, mediante la cual ofrece en venta una vagoneta Mazda Hatchback, modelo 2016.

El Linkendin es una plataforma altamente vulnerable para la creación de perfiles falsos, permite a cualquier persona utilizar cuentas y logotipos de empresas prestigiosas. No se descarta que alguien haya usado el nombre y la foto de Javier Nenos Rea integrándose en la cuenta de Toyosa como un funcionario jerárquico de esa corporación.

Y también es factible que Nenos Rea tenga un cargo en Toyosa ejerciendo un legítimo derecho laboral, al mostrar experiencia en el área automotriz, pues tras cumplir su sentencia en Miami no tiene cuentas pendientes con la justicia. Sin embargo aún flota en el ambiente la incógnita que se sembró cuando Nenos no llegó a identificar al personaje en Bolivia que pagó sus pasajes en la ruta Miami – Santa Cruz para organizar el envío de armas mimetizadas “dentro de las puertas de autos”. ¿A quién pertenecían esos autos?

Email enviado a dos correos de Toyosa, 22 y 23 de junio, 2021. | [email protected] | [email protected]

Sol de Pando ha tomado contacto con la empresa Toyosa por el conducto institucional de dos correos electrónicos corporativos, intentando esclarecer si esta empresa mantiene o no vínculo laboral con el señor Javier Nenos. Dirigimos nuestro requerimiento informativo los días 22 y 23 de junio sucesivamente, y al cierre de esta edición no hemos recibido respuesta alguna.

Suponemos que los ejecutivos de esta empresa harán la aclaración respectiva por sus propios medios, en la medida que lo juzguen conveniente y necesario. Sol de Pando no tuvo más opción que hacer público un hallazgo que si es o no verídico dependía de la contrastación de fuentes. Nos limitamos al hecho concreto. Nuestro trabajo investigativo no es policial ni judicial sino estrictamente periodístico.

Corresponderá también al señor Javier Nenos Rea aclarar la circunstancia en que figura él como funcionario de Toyosa en aquella red social.

Asumimos con responsabilidad la delicadeza de este asunto. Y lamentamos la coincidencia surgida en nuestra investigación respecto al ex vicepresidente Álvaro García Linera, a quien la prensa boliviana y la opinión pública nacional atribuyen relaciones muy estrechas con los ejecutivos de Toyosa, expresadas en la gestión pública incluso.

A pesar de aquella desafortunada coincidencia, volviendo a la materia que motivó nuestra investigación, creemos que tanto las autoridades del gobierno boliviano así como el propio ex vicepresidente García Linera deben aclarar ante el país por qué el traficante de armas confeso Luis Berkman Littman no fue extraditado de Miami entre los años 2009 y 2013, cuando se desarrolló el juicio oral por los delitos que el prófugo cometió contra la seguridad del Estado promoviendo el robo de armamento al Ejército boliviano, en sociedad con el mafioso paraguayo Carlos León Ocampo.

Cochabamba, 2 de julio, 2021

 

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