EL SICARIO COLOMBIANO ESTARÍA OCULTO EN YAPACANÍ

Según una fuente policial, los dos policías responsables de la huida del colombiano, “son los chivos expiatorios de la irresponsabilidad del general Jhonny Aguilera, de cuyo entorno salió la orden para dejar escapar a Tibaduiza”. | Fotomontaje Sol de Pando
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© Redacción Sol de Pando
Es imposible que John Walter Tibaduiza Hernández haya vuelto a su país. El colombiano a quien el hoy ex Comandante nacional de la Policía Boliviana —general Jhonny Aguilera— involucró en el triple asesinato del 21 de junio, mantiene cuentas pendientes con la justicia colombiana a causa de un homicidio que cometió en 2018. En caso de haber retornado a Colombia, Tibaduiza estaría indefectiblemente tras las rejas, pues tiene orden de captura internacional.
Las contradicciones en que incurrió el general Aguilera al manipular información relacionada al colombiano prófugo, determinó su destitución en la víspera. Tibaduiza estaría aún en Bolivia protegido por policías del entorno de Aguilera. Se menciona el municipio de Yapacani como su actual refugio.
Tibaduiza enfrenta cargos por el asesinato de un abogado en la ciudad colombiana de Villavicencio, capital del Estado del Meta, según una imputación de la Fiscalía de aquel país, fechada el 3 diciembre del 2020 con orden de reclusión preventiva, tras lo cual huyó a Santa Cruz, Bolivia, donde se hizo visible tras el asesinato de tres policías en la zona del Urubó, municipio de Porongo.
Según publicó en su portal oficial, la Fiscalía General de la Nación de Colombia imputó a John Walter Tibaduiza Hernández por el asesinato del abogado Óscar Augusto Poveda Estrada. Tibaduiza habría cometido ese crimen siendo parte de una pandilla conocida como “Los Paisas”, integrada por los co-imputados Juan Sebastián Gutiérrez Martínez, alias “Loquillo”, Jeferson Stik Molano Marín y José Darío Díaz Mateus. El grupo también fue acusado de haber atentado contra otro ciudadano llamado John Harry Bolívar. “Estos hechos se presentaron en marzo y abril de 2018, en establecimientos públicos de la capital del Meta donde fueron atacados con disparos de arma de fuego”, señala el informe del Ministerio Público colombiano.
Tibaduiza y sus cómplices fueron sometidos a una audiencia cautelar en diciembre de 2020 que determinó la prisión preventiva en una cárcel de Villavicencio hasta la finalización las diligencias investigativas; pero el imputado optó por huir a Bolivia para instalarse en la ciudad de Santa Cruz.
Refugiado y extorsionado en Bolivia
El miércoles 22 de junio, al día siguiente del triple asesinato, el comandante Aguilera mencionó el nombre de John Walter Tibaduiza Hernández como uno de los implicados en el crimen, acusándole de haber disparado contra los tres policías bolivianos bajo las órdenes de Misael Nallar.
Según Aguilera, Tibaduiza y otros colombianos subordinados de Nallar ingresaron al país ilegalmente, sin registro de flujo migratorio. “Estos individuos han ingresado al país de manera irregular”, informó el comandante policial durante una conferencia de prensa convocada la tarde del 22 de junio, revelando que Tibaduiza formaba parte de un grupo de ocho colombianos que ocupaban una misma vivienda en la calle Guapilo, barrio Villa Primero de Mayo de Santa Cruz, donde se incautó un vehículo conducido por uno de los guardaespaldas de Nallar, Esteban Beltrán, el único colombiano preso, remitido a la cárcel de El Abra en Cochabamba.
Oficiales de Inteligencia de la Policía, que vienen colaborando con Sol de Pando en el seguimiento del caso, se preguntan por qué los efectivos al mando de Aguilera sólo aprehendieron a uno de los ocho colombianos que vivían en la casa de la calle Guapilo, dejando escapar especialmente a Tibaduiza.
En diversas declaraciones periodísticas efectuadas durante la tarde y la noche del 22 de junio, Aguilera no ocultó que Tibaduiza, además de haber ingresado ilegalmente al país, “tiene antecedentes por homicidio en su país”. Es decir, Aguilera estaba en conocimiento de que el colombiano era un prófugo buscado en su país, incluso antes del triple asesinato. La responsabilidad toca también al Ministerio de Gobierno, cuya Dirección de Migración permitió que ocho colombianos indocumentados ocupen una vivienda en zona residencial y alquilen autos de lujo libres de todo control estatal.
Resulta que Tibaduiza había sido capturado por la Policía Boliviana en la madrugada del mismo 22 de junio, horas antes de la conferencia de prensa de Aguilera, pero se lo habría dejado en libertad después de entregar a sus presuntos captores la suma de 6.000 dólares, cuando intentaba llegar al municipio de Montero a las 5 de la mañana de ese miércoles.
La revelación fue realizada por el mismo Tibaduiza, en una sorpresiva declaración televisiva desde la clandestinidad, el 28 de junio. Dijo que se encuentra actualmente en Colombia porque los policías bolivianos le habrían exigido que “salga” del país. “Ahí en la segunda tranca de Montero me agarra la Policía, me bajan del carro, ya luego me pegan, me requisan, me sacan el dinero, me cogen el teléfono, lo conectan al computador y miran toda la información que tengo. Después de que encuentran el dinero me dicen: ‘Ya sabemos que no tiene nada que ver, ahora no lo queremos ver y se va de mi país’”, fue su insólita versión.
Todas las pistas conducen a Yapacaní
Tras el escándalo suscitado por la osada aparición mediática del colombiano, se confirmó mediante cámaras de vigilancia que el hecho efectivamente sucedió, cuando Tibaduiza, una vez incautados los vehículos a su disposición, escapaba en un minibús hacia la ciudad de Montero, sobre la ruta a Yapacaní, el emporio cocalero sobre el límite entre Santa Cruz y Cochabamba. Fueron detenidos dos policías de bajo rango encargados de la tranca de Montero, acusados de involucrarse con el extranjero prófugo y dejarlo libre en plena investigación del triple asesinato de sus camaradas.
“Nosotros estamos casi seguros que el colombiano Tibaduiza está oculto en Yapacaní u otra población próxima al Chapare; es imposible que haya vuelto a Colombia de donde huyó hacia Bolivia precisamente por haber cometido sicariato en su país de origen; aquí en Bolivia estaba muy bien protegido y lo sigue estando”, dice un especialista de Inteligencia policial a Sol de Pando.
Según la fuente policial, los dos policías responsables de la huida del colombiano, “son los chivos expiatorios de la irresponsabilidad del general Jhonny Aguilera, de cuyo entorno salió la orden para dejar escapar a Tibaduiza”. Los expertos estiman que Tibaduiza es “ficha clave” para establecer los vínculos de Nallar con el narcotráfico, no sólo con el asesinato de los tres policías en el Urubó.
La cocaína deliberadamente oculta en esta historia
Si se logra establecer la conexión de Nallar y su banda con el tráfico de cocaína, estará implícita su vinculación de protección y encubrimiento, y de extorsión pactada, con agentes anti-droga de la Policía Boliviana que operan bajo directa dependencia del Viceministerio de Sustancias Controladas, y por tanto del Ministro de Gobierno.
La estrategia investigativa que estuvo a cargo del general Jhonny Aguilera, tenía el objetivo de llegar a un enjuiciamiento de Nallar y sus cómplices exclusivamente por el triple asesinato cometido el 21 de junio, aislado y exento de toda vinculación con el narcotráfico.
Tanto Aguilera como el Viceministro del área, Jaime Mamani, se esmeran en dar tranquilidad a Nallar propalando públicamente que “no existen evidencias de sus vínculos con el narcotráfico”. Al no haber actividad de narcotráfico como un delito precedente, no será posible enjuiciar a Nallar por legitimación de ganancias ilícitas. Cuando salga de la cárcel por los tres asesinatos que cometió junto a sus sicarios colombianos, su fortuna de dudoso origen estará intacta.
En esa línea, Aguilera llegó al extremo de encubrir y minimizar el estado mental en que estuvo Nallar al momento de ametrallar a los tres patrulleros, como efecto de una sobredosis de cocaína y consumo excesivo de alcohol, lo cual en este caso no constituye atenuante. Nallar y su grupo fueron interceptados en los arenales del Urubó por los tres patrulleros, debido a que cometían la infracción de conducir sus cuadratrack’s en estado de ebriedad —conducción imprudente— consumiendo alcohol “y otras sustancias alucinógenas”, dijo el jefe policial, evitando en todo momento mencionar la palabra cocaína.
De hecho, no se sabe si los sospechosos del triple asesinato han sido sometidos pericialmente a los respectivos exámenes toxicológicos para establecer si consumieron o no cocaína aquella infausta tarde del solsticio.
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