Data: junio 4, 2020 | 17:48

Flash/Noticias del País

OTRO GRAN ROBO EN EL RÉGIMEN DE AÑEZ | Ministro de Gobierno se niega a explicar por qué desistió en la compra directa de proyectiles de un fabricante brasileño y cómo se vinculó con el intermediario judío Luís Berkman, un agente del Mossad prófugo de la justicia boliviana en Estados Unidos...

MURILLO NO ACLARA SU NEXO CON TRAFICANTE DE ARMAS

El ministro Murillo y su jefe de gabinete Rodrigo Méndez tienen un nexo común con el traficante de armas y agente del Mossad Luís Berkman, a través de la masonería. | Fotomontaje Sol de Pando

Para lectura en móvil usar pantalla horizontal |

DISPONIBLE EN PDF
BAJAR

Luego de salir indemne de su responsabilidad directa en el secuestro del juez Hugo Huacani Chambi, el 22 de mayo, minutos antes de una audiencia preliminar en la investigación de un millonario sobreprecio en la compra mediante un intermediario de respiradores fabricados en España, el Ministro de Gobierno vuelve a protagonizar otro escándalo de corrupción —una compra irregular y también con sobreprecios de armas “no letales” (balines, granadas y proyectiles de gas) para uso represivo— que Arturo Murillo pretende encubrir con un silencio cargado de cinismo.

Después de romper trato directo con un fabricante brasileño, el Ministerio a cargo de Murillo optó por un intermediario cuya “comisión” habría implicado pagar un sobreprecio de más de dos millones de dólares respecto al precio original puesto en fábrica. El intermediario beneficiado, Luís Berkman Littmann, resultó ser un traficante de armas que estuvo preso en la cárcel de Palmasola a denuncia de las Fuerzas Armadas de Bolivia, y luego huyó a Estados Unidos desde donde opera actualmente, según denunció la red televisiva Gigavisión.

Murillo se limitó a amenazar y amedrentar públicamente al periodista que emitió la noticia; pero no aclara cuál es su nexo con Berkman, un inescrupuloso empresario judio-boliviano vinculado al Mossad (el aparato de inteligencia israelí), según fuentes de la Policía Boliviana contactadas por Sol de Pando.

La red Gigavisión tiene un acceso privilegiado a fuentes internas del Estado Plurinacional merced a sus vínculos con personajes del anterior gobierno que presidió Evo Morales. Existe un esquema de infiltración dentro los ministerios por agentes del ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana que proveen información de primera mano al periodista Junior Arias, uno de los hijos del propietario de Gigavisión. Varios de esos agentes infiltrados son muy cercanos al actual Ministro de Gobierno, Murillo, quien tras un pacto amistoso con su antecesor del MAS Carlos Romero se comprometió a mantener en sus cargos a cierto personal operativo del caído régimen neo-estalinista. Por ahí se filtra la información que potenció la labor informativa de Gigavisión, poniendo otra vez contra la pared al incauto ministro fascista.

El Mossad, la CIA y la Masonería en acción

Las fuentes de Sol de Pando en la Policía Boliviana refieren que la contratación dolosa de Bravo Tactical Solutions para favorecer a la familia Berkman fue una decisión en el entorno íntimo de Jeanine Añez, dada la magnitud del monto involucrado. | Foto Sol de Pando

Una de las razones por la que los ministros de Gobierno Arturo Murillo —quien propuso al intermediario— y de Defensa Fernando López —quien firmó el contrato por mandato legal— rompieron el trato de compra directa con el fabricante brasileño, sin duda avalados por la presidente Añez, sería el pretexto ideológico de que Cóndor Non-Lethal Technologies es una empresa de São Paulo ligada al ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Se afirma que el nexo entre Murillo y Berkman fue el masón Rodrigo Méndez Mendizabal (hijo de Lessin Méndez, un funcionario del barrientismo involucrado en la muerte de Inti Peredo tras la guerrilla de Teoponte en 1969), quien es actual Jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno. Sin embargo la relación de amistad de Méndez, Murillo y Berkman, además de ser miembros de una misma logia masónica, es sobre todo una relación política y tiene que ver con la formación de grupos paramilitares dentro el actual régimen.

Las fuentes de Sol de Pando en la Policía Boliviana refieren que la contratación dolosa de Bravo Tactical Solutions para favorecer a la familia Berkman fue una decisión en el entorno íntimo de Jeanine Añez, dada la magnitud del monto involucrado. El negocio se produjo en el marco de una apertura de relaciones del gobierno transitorio de Bolivia con la agencia israelí de Inteligencia, el Mossad, organismo que actualmente asesora a Murillo y López en tácticas represivas “contra el terrorismo y el narcotráfico”.

El agente de la CIA y asesor presidencial Erick Foronda intervino en la decisión otorgando el aval de la Embajada norteamericana, y también se menciona el nombre del fotoreportero Samy Schwartz —un empresario igualmente de origen israelí, propietario de un offshore en Panamá y asimismo amigo personal de los Berkman—, quien falleció pocos días antes de la firma del cuestionado contrato.

Según documentos disponibles en internet que varios medios del periodismo boliviano editaron en las últimas horas, Luís Berkman Littmann huyó de Bolivia en medio de un juicio penal por un contrabando de armas sustraídas al Ejército boliviano, hecho que develó una organización criminal integrada por varias personas a la cabeza de Berkman y dos mafiosos norteamericanos. Aquellas armas robadas al Ejército tenían como destinataria una organización del narcotráfico en Paraguay.

Pese a que el comando de la Octava División del Ejército, en Santa Cruz, de donde se sustrajeron las armas, intentó impedir la liberación de los miembros de esa banda, uno de los cabecillas, Berkman, logró escapar a Estados Unidos con colaboración de la CIA y del Mossad, y de personal judicial vinculado a la masonería.

Lo llamativo es que durante los 14 años del gobierno de Evo Morales, el caso quedó congelado y Luís Berkman no fue extraditado a pesar de haber sido legalmente declarado prófugo y contumaz. Durante todo este tiempo, hasta la caída de Evo Morales, Berkman recibió protección y encubrimiento de masones vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS).

https://www.facebook.com/wilsongarciamerida/posts/10222716397196540

Corrupción promovida desde la Embajada de EE.UU.

Durante los 14 años del gobierno de Evo Morales el caso quedó congelado y Luís Berkman no fue extraditado a pesar de haber sido legalmente declarado prófugo y contumaz el año 2013. Durante todo este tiempo, hasta la caída de Evo Morales, Berkman recibió protección y encubrimiento de masones vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS). | Foto Sol de Pando

DISPONIBLE EN PDF
BAJAR

Una valiosa pieza periodística que resume el caso, figura en los archivos digitales de la Agencia de Noticias Fides (ANF) que data del 3 de agosto de 2001; fue redactada por el periodista Edwin Flores Aráoz (disponible aquí en PDF).

Según aquella crónica, el valor de las armas robadas a las Fuerzas Armadas de Bolivia, 50 fusiles y dos ametralladoras de guerra, bordeaba los 90.000 dólares. La banda que intentaba vender aquel arsenal a narcotraficantes paraguayos mediante policías de ese país, era dirigida por dos norteamericanos vinculados a la Embajada de Estados Unidos, uno de ellos funcionario de la NAS (Narcotics Affairs Section), brazo financiero de la DEA, que en el Gobierno de Evo Morales, tras la expulsión del embajador Goldberg, fue sustituída por la Uelicn (Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico).

Un informe oficial del Comando General del Ejército, según el reporte del periodista de ANF, había identificado al norteamericano Mario Reyes, funcionario de la NAS, como uno de los principales articuladores de la banda junto a Berkman. Omar Laura, un agente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), también implicado en la banda, confesó haber conocido a Luís Berkman Littmann «a través de Mario Reyes, americano que trabaja en la NAS, tiene mucha relación de negocios…». Laura había traslado 40 fusiles de Cochabamba a Santa Cruz para entregárselas a Berkman, por instrucciones de Reyes.

“Las investigaciones militares realizadas desde mediados de julio dan a conocer otras señales sobre los nexos extranjeros que tendría la red de traficantes de armas. Entre ellos, al ciudadano norteamericano Sandy Brigider, dedicado a la compra de material obsoleto de las policías y ejércitos…”, escribió Edwin Flores.

Berkman y sus cómplices fueron recluidos en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, pero al poco tiempo el empresario judío que se hacía pasar como representante del Ministerio de Defensa (en ese momento a cargo de Fernando Kieffer asesorado por Juan Ramón Quintana) logró una medida sustitutiva de detención domiciliaria, lo cual le permitió huir cómodamente a Estados Unidos, a mediados del año 2002.

Ante la fuga de Berkman y la liberación de sus cómplices, el entonces Comandante General del Ejército, Gral. Juan Hurtado Rosales, declaró indignado: “Hay malestar en las filas militares contra la justicia civil”. Por su parte el general Carlos Delfín Meza, Comandante de la Octava División de Ejército, institución castrense afectada por los delitos de Berkman, interpuso un amparo constitucional que logró mantener el juicio abierto contra el traficante de armas prófugo.

Entretanto, próspero y exitoso en Estados Unidos, Berkman y su hijo crearon varias empresas dedicadas a la compra y venta de armas, hasta que lograron el jugoso contrato con el gobierno transitorio de Jeanine Añez.

La opción de un sobreprecio por $us 2’000.000

Tras huir de Bolivia en 2002, próspero y exitoso en Estados Unidos, Berkman y su hijo crearon varias empresas dedicadas a la compra y venta de armas, hasta que lograron el jugoso contrato con el gobierno transitorio de Jeanine Añez. | Foto Sol de Pando

Según los datos revelados por Gigavisión, el 25 de noviembre de 2019, dos semanas después del torpe ascenso de Jeanine Añez y en vísperas de los disturbios que desembocarían en las masacres de Senkata y Huayllani, el Ministerio de Gobierno dirigió una carta al fabricante brasileño Cóndor Non-Lethal Technologies, requiriendo una cotización para la compra de proyectiles de gas y balines. La solicitud lleva la firma de Sergio Zamora Bascopé, Director General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno.

Sin embargo al día siguiente, en carta fechada el 26 de noviembre, el mismo Sergio Zamora le comunica a Cóndor Non-Lethal Technologies que ha cancelado la solicitud de cotización, dejando sin efecto la compra directa del fabricante brasileño y anunciando que la adquisición se efectuará mediante la intermediria norteamericana Bravo Tactital Solutions, cuyo propietario es Luís Berkman Littmann.

La justificación de Zamora Bascopé para desistir de la compra directa fue que el Estado Plurinacional de Bolivia venía “atravesando diferentes manifestaciones sociales por distintas circunstancias o sucesos que se producen en ciudades capitales, ciudades intermedias y poblaciones de todo el territorio nacional”. Ante la supuesta emergencia de aquel convulsionamiento social, el Gobierno boliviano haría la compra “por excepción” a través de Bravo Tactical Solutions, “y no así con otra empresa”.

El contrato fue suscrito en La Paz el 19 de diciembre de 2019 entre el ministro de Defensa Luís Fernando López Julio y el proveedor Bryan Samuel Berkman, hijo y socio del empresario prófugo en Miami.

La compra por intermedio de Bravo Tactical Solutions abarcó 50.000 proyectiles de gas de largo alcance calibre 37/38, 50.000 proyectiles de corto alcance del mismo calibre, 11.500 granadas de gas de cuadruple acción, 11.500 granadas de triple acción, 12.000 aerosoles de gas, 11.500 cartuchos con perdigón de goma calibre 12 y 69.647 cartuchos de pólvora (impulsores) calibre 12.

Un primer lote de aquel arsenal tenía plazo de entrega hasta el 30 de diciembre de 2019, la segunda entrega se realizó a mediados de febrero y el tercer lote debió entregarse en marzo.

La empresa intermediaria y sus promotores dentro el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa obtuvieron una ganancia de dos millones de dólares, sobreprecio que el Estado boliviano habría ahorrado si la compra se efectuaba directamente del fabricante. Se desconoce si Berkman pagó en Estados Unidos los impuestos correspondientes a esa millonaria transacción,

Gigavisión obtuvo una cotización de similar compra efectuada por el Gobierno de Venezuela directamente al fabricante brasileño Cóndor Non-Lethal Technologies, demostrando que el sobre-precio en la compra boliviana es inobjetable. Dicha información habría sido suministrada a Gigavisión por funcionarios de la Embajada de Venezuela en La Paz, vinculados a Quintana.

El Ministro de Defensa, Luís Fernando Lopez Julio, defendió el contrato que firmó con la empresa de los Berkman arguyendo que las denuncias de Gigavisión se basan en datos y documentos falsos. También afirma López que la comparación con las compras de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela es arbitraria ya que Bolivia compró cápsulas de gas de mayor capacidad y diferente precio y calidad.

Sin embargo, Fernando López soslayó hábilmente referirse a los antecedentes criminales de su contratista. La banda de Berkman dañó delictivamente el patrimonio de las Fuerzas Armadas de Bolivia vulnerando la seguridad nacional; pero al actual Ministro de Defensa aquel antecedente le parece un detalle menor.