Data: agosto 24, 2025 | 17:16
POR UNOS KILOS DE COCAÍNA EN MADERA | Un ex Director de la ABT busca acallar al Director de Sol de Pando por reproducir una investigación del periódico El Deber respecto a los antecedentes de un candidato a diputado en la fórmula de Andrónico Rodríguez, quien también trabajó en la ABT cuando la policía portuaria chilena incautó droga embarcada desde unos aserraderos cruceños…
EMPRESARIOS FORESTALES DE SANTA CRUZ ACOSAN A SOL DE PANDO
Esta publicación de El Deber que se difundió el 28 de enero de 2024, fue una de las fuentes que utilizó Sol de Pando en su informe que ha motivado una reacción hostil por parte de empresarios forestales de Santa Cruz | Foto Sol de Pando
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© Wilson García Mérida | Redacción Sol de Pando
El pasado 7 de agosto, un periodista que trabajó en la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) se contactó con la dirección de Sol de Pando solicitando nuestro número de teléfono con el supuesto fin de incluirnos en un grupo periodístico del Whatsaap; pero era mentira, no había tal grupo de Wahtsaap, luego supe que el periodista entregó nuestro número a un grupo empresarial de Santa Cruz, vinculado al narcotráfico, que ahora nos tiene vigilados.
Pocos días después de aquel extraño contacto con el periodista de la ABT, recibí varias comunicaciones desde Santa Cruz por parte de colegas advirtiéndome que, a raíz de un informe publicado por Sol de Pando el 30 de julio, unos empresarios forestales (con antecedentes de tráfico de cocaína) —a los que aludí en aquel artículo— habrían decidido contratar “un sicario en Cochabamba” para acallarme.
Hubiese preferido descreer de aquella advertencia de mis buenos colegas de Santa Cruz, si no fuera porque, casualmente, en enero de este año una jueza de Ejecución Penal llamada Giovana Torrico Díaz —aprovechando la precariedad económica que me priva de contar con una sólida asistencia legal— ha liberado ilegalmente al sicario Yerco Saavedra Cossío, jefe de una banda que me acuchilló hace varios años. Este sicario, reincidente, no ha cumplido plenamente su sentencia sin derecho a indulto por ese intento de asesinato que me destrozó varios órganos internos y del que salí con vida milagrosamente. La juez Torrico, en desvergonzado prevaricato, falsificó burdamente un cómputo de pena y ha liberado al sicario sabiendo que me amenazó con “terminar el trabajo” una vez que esté suelto en las calles de Cochabamba. Aquel criminal prevaricato ha sido cometido en concomitancia con funcionarios de la Dirección de Régimen Penitenciario, que están ahí desde el gobierno de Evo Morales como parte de la “cuota de poder” de Raúl García Linera. Debí ponerme otra vez a buen recaudo, más aún si mis perseguidores de Santa Cruz habrían tomado contacto con el sicario liberado por la juez Giovana Torrico.
El panorama se aclaró un tanto, gracias a un colega relacionado con los gremios periodísticos de Santa Cruz. El periodista amigo me informó que el articulador de la arremetida cruceña en mi contra, es el empresario maderero Víctor Hugo Añez Bello, quien fue Director de la ABT durante el gobierno de Jeanine Añez. Mi fuente en Santa Cruz afirma que el señor Añez ha instruido que me “investiguen” para iniciarme una acción penal, por un motivo que desconozco. Por lo visto, todo se origina en la publicación de Sol de Pando.
Casualmente, el periodista que me sonsacó el número telefónico de Sol de Pando también trabajó en la ABT.
El señor Víctor Hugo Añez es representante de un grupo de empresarios forestales con antecedentes de narcotráfico, que posee acciones en un medio de comunicación de Santa Cruz. El periodista que ha obtenido con engaños la dirección telefónica de nuestro periódico, a quién le reclamé por haber puesto en alto riesgo mi seguridad, me ha confirmado que entregó el número telefónico a ese entorno que le encomendó acosarme.
A través de dos cuentas que administra el señor Añez en la red de Facebook, he intentado tomar contacto con él, enviándole un mensaje vía Messenger en el cual le comunico que me pongo a su disposición para aclarar cualquier malentendido que pudiera haber surgido con relación a mi artículo que alude indirectamente a sus socios y mandantes. No he tenido respuesta. En todo caso, si el señor Añez juzga que he lastimado su honor o de alguien más —no veo dónde ni cómo—, le invito a que me procese en la instancia correspondiente de un Jurado de Imprenta, si es que antes no me ejecutan.
De hecho, no he difundido nada que no sea de dominio público, sin mencionar en ningún momento al señor Añez. Sólo he reproducido partes de una excelente investigación realizada por el periódico El Deber sobre un caso de exportación de cocaína encubierta en cargamentos de madera, de lo cual la ABT tiene aún mucho por aclarar. La cita mencionada decía textualmente:
“En su edición del 28 de enero de 2024, el periódico El Deber informó que aquella modalidad del comercio exterior de la cocaína, desde el sector forestal, se había detectado a partir de 2023 cuando fueron incautados en el puerto de Arica 800 kilos de cocaína, entre septiembre y octubre, en dos cargamentos de madera hacia Bélgica y Emiratos Árabes enviados por importantes aserraderos de Santa Cruz”.
En su edición del 30 de julio, Sol de Pando publicó un informe acerca de la cobertura y respaldo que brindan los políticos bolivianos a empresarios de Santa Cruz comprometidos con la exportación de cocaína, dentro un sistema oficial de legitimación. | Foto Sol de Pando
EL CASO DE ROBIN JUSTINIANO
En nuestro informe del 30 de julio, que ha causado la molestia del señor Añez y sus socios, hicimos notar que en las listas de la Alianza Popular encabezada por el senador Andrónico Rodríguez, figuraba como candidato a diputado por Santa Cruz un ciudadano, el doctor Robin Justiniano Merubia, que había estado recluido por vínculos con el narcotráfico en tres oportunidades, en los penales de El Abra y Palmasola, entre los años 2011 y 2019. Pero también informamos que la habilitación de dicho candidato era absolutamente legal, en la medida en que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no consideró aquellos antecedentes carcelarios; sin duda algún procedimiento judicial hizo posible eso y primó la preclusión.
Nos llamó la atención que antes de ser candidato a diputado, luego de ser absuelto y sobreseído de las varias acusaciones que le hizo la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), el doctor Robin Justiniano ya había transitado por la administración pública, dentro el actual Gobierno que preside Luis Arce, como asesor legal de la ABT. Nuestra publicación afirmó al respecto lo siguiente, siempre recogiendo datos específicos investigados por El Deber:
“Como asesor legal de la ABT, Robin Justiniano fue el encargado de investigar tal vinculación cocaína-madera, sin haber presentado ningún informe conclusivo a la fecha. Entre los involucrados se vio envuelto el actual presidente de la Cámara Forestal de Santa Cruz, Diego Andrés Justiniano Pinto, según una denuncia de la brigada parlamentaria cruceña que la Fiscalía se negó a investigar”.
Así como Robin Justiniano, muchos ciudadanos y empresarios que han adquirido fortuna aprovechando las oportunidades que abre la sobreproducción de cocaína en el país (es la naturaleza liberal del capitalismo), se han insertado en la sociedad, especialmente en Santa Cruz y Beni, pagando altos tributos al sistema político —enriqueciendo a políticos corruptos— para con todo derecho legitimarse económica, social y políticamente.
Durante el gobierno de Evo Morales, personajes como Juan Ramón Quintana y Álvaro García Linera se han enriquecido exaccionando y extorsionando a familias relacionadas con la exportación de cocaína; ejercieron su padrinazgo desde el Estado y el Partido para darles acceso al poder político, promocionándoles como candidatos para alcaldes o incluso magistrados; hay tantos casos conocidos públicamente. Ministros de Estado, jueces, fiscales, policías y abogados gubernamentales —los nuevos ricos en serie gracias a la extorsiva Ley 1008 que Evo Morales mantuvo a pesar de haber expulsado a la DEA— se encargan de introducirlos al sistema político y empresarial con sus prontuarios limpios de todo antecedente penal, legalmente impecables, ciudadanos libres que pagaron lo necesario para adquirir prestigio social. Son los empresarios emergentes del capitalismo del siglo XXI en Bolivia.
El 16 de febrero de este año, Sol de Pando denunció la ilegal liberación del sicario Yerko Saavedra por parte de la juez de Ejecución Penal de Cochabamba, Giovana Torrico Díaz. Funcionarios de Régimen Penitenciario y del Ministerio de Gobierno, vinculados a García Linera, promovieron el criminal prevaricado de la juez Torrico. | Foto Sol de Pando
EL ALCANCE REAL DE LA LEY 1008
Gracias a la Ley 1008 (promulgada en 1988 bajo presión de Estados Unidos) que funciona regida por una lógica de condena retórica y tolerancia fáctica, el negocio de la cocaína se ha convertido en Bolivia en una fuente originaria del capitalismo, en una verdadera actividad empresarial informal con enormes efectos multiplicadores dentro la economía nacional, cuyo excedente clandestino, en vez de enriquecer a políticos parasitarios y gobernantes corruptos, debería transparentarse y destinarse a combatir la creciente pobreza que está asolando al país en esta crisis general.
Dentro la cadena productiva de la cocaína, tanto los productores de la droga en el Chapare como los exportadores en Santa Cruz, no son sólo clanes familiares ni mucho menos carteles, sino verdaderas clases sociales con las que tenemos que aprender a coexistir pacíficamente.
El sicariato que ensangrienta al país, es el resultado de la corrupción político-estatal que prevalece en el conflicto del narcotráfico. La presencia del PCC especialmente en Santa Cruz, se debe a que las puertas le fueron abiertas por la pavorosa corrupción policial, gestada desde el Ministerio de Gobierno, que pone además como principales anfitriones al Servicio General de Identificación Personal (Segip) de Santa Cruz que les facilita múltiples identidades, y a la Dirección Nacional de Migración que oculta las alertas rojas de Interpol. Los miembros del PCC, como el uruguayo Marset e incontables brasileños prófugos que hallan refugio seguro en Santa Cruz, abusivamente extorsionados, contribuyen con enormes sumas de dinero, en bitcoins, a las cuentas personales de los jerarcas corruptos del Estado Plurinacional.
Robin Justiniano fue uno más de aquellos empresarios que saltaron de la proscripción penal a la legitimación plena, con el padrinazgo estatal corrupto. Al informar sobre su caso, de ninguna manera he pretendido vulnerar su derecho constitucional y ciudadano a ser elegido en comicios democráticos. Los periodistas no somos jueces ni fiscales, mucho menos policías, para proscribir ni perseguir a nadie.
En esta materia, la línea editorial de Sol de Pando es denunciar al sistema político pervertido, y a los políticos pervertidos, que fomentan el desarrollo de la industria de la cocaína (colonizando la sagrada hoja de coca) bajo una hipócrita “lucha contra el narcotráfico” que no es sino una fábrica de nuevos ricos desde la función pública.
Esta doble moral de la condena retórica y la tolerancia fáctica, se mantiene inalterable desde el narco-fascismo de Banzer y García Meza hasta Evo Morales, Lucho Arce y toda la secuela narco-estalinista, pasando por Sánchez de Lozada y toda la crápula neoliberal.
Me he visto obligado a publicar esta necesaria aclaración, esperando que el señor Víctor Hugo Añez desista de instrumentar a mis colegas de Santa Cruz con intensiones aviesas, acoso que pone en riesgo mi seguridad y conculca mi derecho al trabajo, alterando injustamente la paz de mi hogar.
Wilson García Mérida
Director Sol de Pando
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