Ministerio de Gobierno y Policía inician juicio contra García Mérida
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El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Migración, junto al Comando Departamental de la Policía y la Fiscalía iniciarán a partir de mañana, viernes 14 de junio, un juicio penal contra el periodista Wilson García Mérida que fue reabierto después de cinco años, bajo los cargos de “lesiones graves” y “resistencia a la autoridad” por no haber exhibido su pasaporte ante una patrulla de Migración que lo abordó en Cochabamba el 30 de agosto de 2013, cuando vendía ejemplares de Sol de Pando.
Entre las varias ilegalidades cometidas por el Ministerio de Gobierno para forzar aquel proceso orientado a amordazar a García Mérida, la defensa del periodista denuncia una violación flagrante de la Ley de Migración promulgada en mayo de 2013, en cuyo artículo 3 se delimita las competencias de los funcionarios migratorios, “a todas las personas migrantes extranjeras que se encuentren en el territorio nacional y a las bolivianas y los bolivianos en el exterior”.
En este caso, el periodista fue maltratado como si se tratase de un extranjero indocumentado, en base a lo cual se violaron sus derechos constitucionales, alega la defensa a cargo del abogado Jair Jesús Mérida Murillo. El juicio por tal motivo se ventila en el Tribunal 1 de Sentencia.
Se trata del segundo proceso penal que enfrenta el Director de Sol de Pando. En La Paz está pendiente de declinatoria hacia el Tribunal de Imprenta de un juicio por “sedición” entablado por el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, con orden de aprehensión librada por la Fiscalía, por lo cual García Mérida debió buscar refugio en Brasil en mayo de 2016.
“Tuve que volver a Cochabamba solicitando un permiso temporal del Conare-Brasil, para evitar que se me juzgue y sentencie en rebeldía y quedar con una pena pendiente de cárcel que complicaría mi posibilidad de salir del destierro”, afirma el periodista.
Un hecho que data del año 2013
Hace cinco años, según narra en su memorial de Defensa Material, García Mérida fue interceptado por una patrulla de Migración cuando el director del periódico pandino se encontraba entregando ejemplares de Sol de Pando (que se imprime en esta ciudad) entre sus distribuidores de Cochabamba, tras remitir un paquete a Cobija desde el aeropuerto Jorge Wilstermann. Al momento de interceptarlo, dicha Patrulla de Migración le exigia identificarse como si se tratase de un “súbdito extranjero”.
Tras negarse a mostrar su pasaporte alegando que era ciudadano y periodista boliviano, los funcionarios de Migración ordenaron su arresto con uso de fuerza pública y se produjo un altercado con el policía encargado de detenerlo, a raiz de lo cual, según consta en el expediente, el entonces viceministro Jorge Pérez, “operador” de Quintana en el Ministerio de Gobierno, instruyó al entonces Comandante Departamental de la Policía, Edgar Suárez Balderrama, y a la Directora Regional de Migración, Aleza Mishel Núñez, querellarse contra el periodista bajo los cargos de “resistencia a la autoridad y lesiones graves”.
El periodista tuvo que salir desterrado al Brasil en mayo del 2016 a raiz de una otra querella por “sedición” que le instauró en La Paz el entonces ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, habiéndose librado un mandamento de aprehensión cuando se encontraba trabajando en Cobija, motivo por el cual se refugió en Rio Branco. Recientemente ingresó al país en forma clandestina para asumir defensa y exigir que el caso sea derivado al Tribunal de Imprenta. En respuesta, el Ministerio Público reactivó “de oficio” el juicio de Migración iniciado en Cochabamba el 2013.
Desaparición de pruebas de descargo
En agosto del pasado año, García Mérida denunció ante el Tribunal Primero de Sentencia de Cochabamba que un agente policial y un fiscal hicieron desaparecer pruebas de descargo que presentó dentro aquel proceso reabierto por el Ministerio Público.
“La Policía y la Fiscalía han hecho desaparecer tres pruebas fundamentales que entregué formalmente a la Fiscal Dra. Cynthia Prado antes de mi audiencia cautelar el 31 de agosto del 2013” —señala el periodista mediante un memorial de Defensa Material presentado cinco años después, el pasado 30 de agosto. Los responsables de esa irregularidad, afirma, “son el fiscal Edwin Iriarte Terrazas y el policía asignado al caso”.
Entre las pruebas desaparecidas, especifica “la Factura emitida por la aerolínea BOA constando el envío hacia la ciudad de Cobija de un paquete con 100 ejemplares de Sol de Pando, remitido por mi persona al promediar las 18:30 horas; luego de lo cual, aprovechando la salida de mi domicilio (que evito por razones de seguridad) me dirigí a hacer las entregas entre mis distribuidores habituales”.
También denuncia la desaparición de “la montura de mis lentes que fueron destruidos, con los vidrios rotos, cuando fui agredido físicamente por un policía en dependencias de la Felcc, en presencia del camarógrafo de ATB, siendo pateado y revolcado en el piso, causándome severos daños en las costillas y el abdomen. Denuncié esa agresión a la misma fiscal Cynthia Prado, quien emitió una orden de Examen Forense que la Policía se negó a hacer cumplir”.