Data: julio 30, 2025 | 15:44
MARIANA PRADO SE VINCULA AL NARCOTRÁFICO | Estrechamente relacionado con el principal emisario del PCC en Bolivia, el candidato a diputado Robin Justiniano es elogiado por la acompañante de fórmula de Andrónico Rodríguez. El ex recluso bajo la Ley 1008 tiene fuerte apoyo de jóvenes empresarios madereros de Santa Cruz. La narco-política no entra en los debates electorales del empresariado cruceño…
LA COCAÍNA VA GANANDO TERRENO ELECTORAL
El “narco-estalinismo” es una corriente la izquierda autoritaria surgida en Bolivia bajo el gobierno de Evo Morales, promovida por políticos como Juan Ramón Quintana y Álvaro García Linera. Responde a una economía basada en la coca-cocaína, donde el poder político (partidario y estatal) es ejercido en constante extorsión a narcotraficantes, apropiándose del narco-excedente financiero que se destina exclusivamente a enriquecer a los gobernantes que fingen radicales actitudes revolucionarias, manipulando y tergiversando el discurso indigenista. | Fotomontaje Sol de Pando
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© Redacción Sol de Pando | Servicio Informativo Datos & Análisis
Una reciente aparición pública, difundida por ella misma en sus redes sociales, junto a un abogado ligado estrechamente a Pedro Montenegro —exportador de cocaína actualmente preso en Brasil—, vincula a la candidata vicepresidencial Mariana Prado a una facción del negocio que, por si fuera poco, se encuentra en la órbita del Primer Comando Capital (PCC).
La noche del domingo 27 de julio, Prado se presentó en instalaciones de la Red Unitel, en Santa Cruz, asistiendo al debate de candidatos a vicepresidentes que organizó esa casa periodística, acompañada por integrantes y asesores de su partido (Alianza Popular), entre ellos el abogado cruceño Robin Justiniano Merubia, cuestionado candidato a diputado plurinominal en la fórmula de Andrónico Rodríguez. Justiniano tiene un prontuario policial de encarcelamientos por narcotráfico; pero tal antecedente se borró judicialmente en su registro penal debido a un sobreseimiento en su último caso.
Figura como candidato plurinominal en la franja de seguridad por Santa Cruz, bajo el aval de Álvaro García Linera y Mario Cronenbold, como representante de los empresarios madereros del municipio de Warnes.
“Hoy no llegué sola al debate”, posteó la candidata, exhibiendo fotos en las que se la ve ingresando al set televisivo junto al ex recluso y un sobrino “radical” de García Linera, entre otros.
Como una “voz potente de la región”, calificó Mariana Prada a Justiniano.
Aquella sorpresiva aparición de la candidata vicepresidencial junto a un miembro prontuariado del narcotráfico cruceño, no era casual ni accidental. Fue un operativo mediático deliberado, propio de la propagandística del neo-estalinismo, para legitimar una figura cuestionada que —en este caso— resulta pieza clave en la estrategia de poder del decadente masismo garcialinerista.
Además de haber sido exaccionado por el Frente Popular para incluirlo en su franja de seguridad, Justiniano aporta con cuantiosos recursos a la campaña electoral de Rodríguez y Prado. Es el principal proveedor de poleras, banderines, alimentos y vituallas que el binomio obsequia a sus seguidores en Santa Cruz, y también corre con gastos logísticos (transporte, hospedaje, restaurantes, etc.) en los desplazamientos del binomio y su equipo de campaña.
La investigación impulsada por la Policía Federal del Brasil, estableció que Robin Justiniano y un grupo de policías de Santa Cruz eran operadores activos del clan de Pedro Montenegro, exportador de cocaína conectado al PCC. Fue famosa aquella foto en que Justiniano se ve junto a la banda de Montenegro durante un viaje de placer en playas de Colombia. Hoy es candidato en la fórmula de Andrónico Rodríguez. | Fotomontaje Sol de Pando
LOS ANTECEDENTES DEL CANDIDATO DE MARIANA PRADO
Según registros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), el candidato Justiniano —ahora “mano derecha” de Mariana Prado en Santa Cruz— carga antecedentes policiales por haber sido encarcelado tres veces bajo cargos de tráfico de cocaína y complicidad con ese delito. La primera el año 2010 en el penal de Palmasola (Santa Cruz), la segunda en El Abra de Cochabamba, el año 2012, y una tercera reclusión se produjo también en Palmasola el año 2019.
En el cargo penal que le llevó a prisión preventiva en abril de 2019, fue acusado e investigado por pertenecer al esquema de tráfico y lavado dirigido por el también abogado Pedro Montenegro Paz, actualmente recluido en Sao Paulo, Brasil, cumpliendo sentencia por movilizar más de una tonelada de cocaína boliviana hacia los puertos de Europa mientras operaba como emisario del PCC en Bolivia.
La investigación impulsada por la Policía Federal del Brasil, estableció que Robin Justiniano y un grupo de policías de Santa Cruz eran operadores activos del clan de Pedro Montenegro. Es famosa aquella foto, entre varias, en que Justiniano se ve junto a la banda de Montenegro durante un viaje de placer en playas de Colombia. Sin embargo, la justicia lo dejó en libertad. “Una foto en viaje de placer con sus amigos no prueba que es narcotraficante”, fue uno de los alegatos para dejarlo libre.
Luego del sobreseimiento que le ha permitido ser actual candidato a diputado, el abogado Robin Justiniano se dedicó a la defensa de policías vinculados al narcotráfico y también ejerció patrocinio legal en favor de grupos de avasalladores de tierras no saneadas en Santa Cruz, según un informe publicado por El Deber.
La sorpresiva aparición de Mariana Prado junto a un ex recluso por narcotráfico, no fue casual ni accidental. Fue un operativo mediático deliberado, buscando legitimar la figura de un ciudadano cuestionado por sus antecedentes, pero de mucho valor para la estrategia garcialinerista. El abogado es uno de los principales financiadores de la campaña de Andrónico Rodríguez en Santa Cruz. | Fotomontaje Sol de Pando
EL MODELO MARSET EN LA HORA DEL LAVADO TOTAL
¿Por qué los estrategas de la campaña de Andrónico Rodriguez pusieron en su franja de seguridad a un personaje como Robin Justiniano, y no a una mujer indígena, a un meritorio catedrático universitario o a un politólogo radical? Porque, simplemente, Robin Justiniano representa a una nueva clase social, pujante y próspera en Santa Cruz. Es la misma lógica que llevó al gobernador Camacho sacar de su “lista negra” a la joven Karla Robledo.
La candidatura parlamentaria de Robin Justiniano no fue cuestionada ni objetada por ningún sector del empresariado cruceño, ni por el Comité Cívico de Santa Cruz y mucho menos por líderes políticos de los partidos opositores o periodistas e “influencers” cruceños.
Al contrario, el controversial candidato a Diputado tiene ganada una amplia simpatía entre jóvenes empresarios, especialmente del sector maderero, y hay quienes opinan que sería un mejor representante que aquellos miembros del concluso Poder Legislativo convertido en un circo de baja estofa. Se lo compara a su favor, por ejemplo, con el payasesco diputado Rolando Cuéllar.
Tras su excarcelamiento en julio de 2020, tras 15 meses de reclusión, Robin Justiniano desplegó todos sus recursos en “lavar su imagen”, no sólo legal y económica sino también intelectual y socialmente. Invirtió sus “ahorros” en el sector forestal, se vinculó con la élite de empresarios madereros de la región y comenzó a profesar un discurso de “preservación del medio ambiente” que le proyectó políticamente de manera eficaz. Publicó un libro sobre materia ambiental con auspicios de la Cámara Forestal de Santa Cruz.
Durante el actual gobierno de Luis Arce Catacora, fue “invitado” a ejercer el cargo de Asesor Legal de la Administradora de Bosques y Tierras (ABT), en una gestión donde la exportación de cocaína encubierta en cargamentos de madera había alcanzado su punto máximo, de modo muy similar al modelo empresarial paraguayo que había “inventado” Marset durante su reinado en Asunción.
Como asesor legal de la ABT, Robin Justiniano fue el encargado de investigar tal vinculación cocaína-madera, sin haber presentado ningún informe conclusivo a la fecha. Entre los involucrados se vio envuelto el actual presidente de la Cámara Forestal de Santa Cruz, Diego Andrés Justiniano Pinto, según una denuncia de la brigada parlamentaria cruceña que la Fiscalía se negó a investigar. En su edición del 28 de enero de 2024, el periódico El Deber informó que aquella modalidad del comercio exterior de la cocaína, desde el sector forestal, se había detectado a partir de 2023 cuando fueron incautados en el puerto de Arica 800 kilos de cocaína, entre septiembre y octubre, en dos cargamentos de madera hacia Bélgica y Emiratos Árabes enviados por importantes aserraderos de Santa Cruz.
Se sabe que Bolivia produce y exporta anualmente alrededor de 500 toneladas de clorhidrato de cocaína, generando una renta superior a la venta de gas a Brasil y Argentina.
EL ROL DE SANTA CRUZ EN LA NUEVA ECONOMÍA DE LA COCAÍNA
La exportación de cocaína (producida en el Chapare cocalero) desde una sofisticada logística de transporte aéreo asentada en Santa Cruz, se ha convertido en una actividad empresarial plenamente legitimada entre la propia élite señorial de aquella ciudad. Esta actividad genera un excedente de capital que se ha diversificado y es inherente a la modernidad y liderazgo nacional que ejerce Santa Cruz sobre el conjunto de la economía nacional, ya desde los tiempos de Banzer y García Meza.
Por ello es que el problema del narcotráfico, como motor estructural de la economía cruceña junto a la soya y la ganadería, no ha sido necesariamente analizado ni criticado a fondo en ninguno de los foros de debate electoral que auspician las organizaciones empresariales y cívicas de Santa Cruz. De hecho, el tema ha sido y es deliberadamente soslayado en todos los debates transmitidos por la televisión nacional.
En ese contexto, el surgimiento de postulantes al Parlamento como Robin Justiniano (antes de él, ya habían candidatos para alcaldes, gobernadores y magistrados provenientes del narcotráfico protegido por Quintana y García Linera) es un correlato orgánico y natural de esta irreversible realidad: producir y exportar cocaína en Bolivia es una de las principales actividades capitalistas que ha llegado a un nivel de acumulación, expansión y legitimidad —de lavado total—, que ya no será posible erradicar mediante la represión policial o judicial, sino a través de un pacto con esta nueva clase social por una distribución no violenta ni extorsiva del narco-excedente capitalista que genera la cocaína en Bolivia. El neo-estalinismo que medró de esta realidad durante 20 años, lo entendió así desde un primer momento.
El negocio de la cocaína y sus “problemas empresariales” pasarán a manos del próximo Gobierno que se elegirá en el balotaje de noviembre. Hasta el momento, no hay ninguna claridad de cómo se lo gestionará estructuralmente desde una política de Estado
¿Persistirá el viejo modelo de represión policiaco-judicial y extorsión estatal al narcotráfico, bajo el doble discurso de condena retórica y tolerancia fáctica, dando como único resultado el fácil enriquecimiento ilícito de políticos y gobernantes corruptos?
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