Data: agosto 15, 2025 | 10:03

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NO SON CARTELES, SON CLASES SOCIALES | En el Chapare surgió una narco-burguesía chola de evidente raigambre nacional-popular, encargada de producir la cocaína. En Santa Cruz se ha formado una próspera oligarquía empresarial especializada en la exportación de la droga con control del espacio aéreo. Investigaciones del periódico El Deber revelaron que los capitales blanqueados de la cocaína se han imbricado con una facción del sector maderero cruceño…

LA COCAÍNA Y EL FUTURO DEL CAPITALISMO BOLIVIANO

La perversión colonizante de la hoja de coca convertida en cocaína al influjo de un poder estatal corrupto y extorsionador, ha generado en Bolivia una economía informal que trasciende lo meramente mafioso. Es un capitalismo germinal que creó clases sociales en la cadena productiva de la droga, buscando salir de la informalidad para legitimarse plenamente. | Fotomontaje Sol de Pando

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Las investigaciones que hemos venido publicando a lo largo de muchos años en diversos medios del país, indican que en Bolivia se han producido dos revoluciones del narcotráfico:

1. La de García Meza que emancipó al país de la dependencia colombiana, en el sentido de romper el monopolio del cartel de Cali en la cristalización de una droga que, desde los tiempos de Banzer, era semielaborada en haciendas ganaderas del Beni. La narco-dictadura militar instaló en Santa Cruz el primer mega-laboratorio de refinación de la pasta base como fue Huanchaca. Arce Gómez obligó al Chapare ir más allá del cultivo, pisando las hojas de coca para producir el sulfato base que los dueños de Huanchaca transformarían en clorhidrato de alta ley, rompiendo el control colombiano de esa fase. García Meza expulsó de Bolivia al Cartel de Cali y eso le costó el pescuezo al prefecto de Santa Cruz Widen Razuc, que protegía Huanchaca causando la ira de los colombianos. En los años 90 el neoliberalismo consolidó esta revolución garcíamecista de la cocaína; Sánchez de Lozada abrió los primeros lavaderos financieros fomentando “inmobiliarias” como FINSA. Sin embargo, la producción de la cocaína cristalizada era aún incipiente (no más de 50 toneladas al año). Bolivia seguía siendo, predominantemente, una ruta de tránsito del clorhidrato peruano hacia el creciente mercado brasileño a través de pistas clandestinas en nuestra Amazonia.

Sobre la primera revolución del narcotráfico en Bolivia | VIDEO

2. La segunda revolución de la cocaína vino con Evo Morales a la cabeza de sus seis federaciones de cocaleros. Fue el gran salto del Chapare que se emancipó de su rol subalterno en la cadena productiva: dejó de simplemente producir pasta base pisando las hojas, para incursionar en la elaboración del clorhidrato instalando cientos de laboratorios anexados a los cocales. Con García Meza y el gonismo hubo un Huanchaca en Santa Cruz; pero con Evo Morales y el neo-estalinismo habrá mil huanchacas en el Chapare. Lo mismo que con García Meza, esta revolución tuvo un decisivo impulso estatal, el gobierno de Evo Morales instauró una ley que autorizó el incremento de los cultivos de la hoja de coca, de 12.000 a 22.000 hectáreas; pero la permisividad del régimen desató un incremento real bordeando las 40.000 hectáreas que han invadido incluso áreas protegidas. La hoja de coca destinada al consumo tradicional y ritual no es más de 15.000 hectáreas, según informó la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas (UNODC) en su montoreo de cultivos de 2017. Ese gran volumen de coca excedentaria ha desatado un boom en la producción de cocaína, con un incremento sustancial de la droga refinada, llegándose a un volumen anual de 500 toneladas de cocaína (sulfato y clorhidrato), según estadísticas de la región andina difundidos por la periodista Marina Pascuali. Un dato sin precedentes en la historia de Bolivia.

De acuerdo a Pascuali, la producción de cocaína en Bolivia —tanto el sulfato base como el clorhidrato cristalizado—, se disparó durante la pandemia, en cuya cuarentena los inversionistas de la droga, aprovechando el repliegue sanitario de las fuerzas anti-droga, incrementaron la instalación de laboratorios que ya existían en la zona del Chapare bajo el régimen de Evo Morales. Antes de la pandemia, el volumen de la cocaína boliviana bordeaba las 350 toneladas anuales.

Contradiciendo su discurso de “descolonización”, Evo Morales perpetró una vil profanación contra la Madre Tierra, corrompiendo la sagrada hoja de coca al transformarla en una droga que simboliza la decadencia de Occidente y lo más salvaje del capitalismo. La tarea de descolonizar la hoja de coca, emancipándola de la cocaína, es la próxima revolución pendiente en Bolivia.

Durante la dictadura de García Meza se produjo la primera revolución de la cocaína con la incursión de la oligarquía oriental en la cristalización de la droga, optimizando la capacidad exportadora de la aviación beniana y cruceña. Con Evo Morales se produce la segunda revolución de la cocaína, convirtiendo el Chapare en un gigantesco centro de refinación de la pasta base bajo control de los sindicatos cocaleros. | Fotos archivo Sol de Pando

LAS NUEVAS CLASES SOCIALES DEL NARCO-CAPITALISMO BOLIVIANO

Por su peculiar evolución histórica, orgánicamente ligada al desarrollo estatal, en el narcotráfico boliviano no existen ni existirán “carteles” bajo la acepción criminológica del término. La cocaína en Bolivia es más sociológica, una materia de estricta política económica. El negocio se arraigó en un proceso informal de acumulación originaria de capital, dando lugar al surgimiento de nuevas clases sociales aparentemente proscritas. El capitalismo del siglo XXI se gesta en Bolivia al fragor del boom cocainero.

Aquellas dos revoluciones de la cocaína en Bolivia, han creado un narcotráfico en cuya cadena productiva se han instalado dos clases sociales:

A) De su matriz banzerista y garcíamecista, en Santa Cruz y Beni se formó una oligarquía empresarial exportadora que, viniendo de la ganadería y el sector forestal, ejerce un monopolio casi absoluto del espacio aéreo especialmente sobre la ruta a Brasil y Paraguay.

B) De la matriz neo-estalinista, con Evo Morales a la cabeza, el Chapare es el territorio donde ha emergido una nueva “burguesía chola” conformada por cocaleros convertidos en productores de cocaína que enfrentan el escollo de la comercialización.

A diferencia de los narco-oligarcas cruceños y benianos, los fabricantes chapareños de la cocaína carecen de logística aeronáutica, están restringidos al transporte terrestre de su producto, usando las rutas clásicas del contrabando hacia Argentina y Chile, con dificultades de acceso al vasto mercado internacional de la droga.

Entre la vieja narco-oligarquía aviadora de Santa Cruz y Beni, y la nueva narco-burguesía chola del Chapare, existen diferencias sociales y antagonismos raciales que repercuten en la política nacional.

Durante el gobierno de Evo Morales, el régimen narco-estalinista intentó abrir el mercado norteamericano para la cocaína del Chapare, utilizando a generales y coroneles de la Policía Boliviana que tenían conexiones con los carteles colombianos y mexicanos; pero el fracaso fue rotundo, la DEA no les dejó pasar. Bolivia es el único país sudamericano con altos comandantes de su Policía presos en cárceles de Estados Unidos.

Tras el fracaso exportador de los narco-policías, Evo Morales encomendó a su ministro Juan Ramón Quintana tender un puente entre los productores del Chapare y los exportadores del oriente (Santa Cruz y Beni) que controlan especialmente la ruta aérea al Brasil. Sol de Pando ha constatado durante su fugaz cercanía con el Ministro de la Presidencia, que el conflicto entre ambos sectores empresariales era el precio del producto. Los aviadores cruceños exigían a los productores del Chapare nivelar el precio al de la cocaína peruana ($us 2.000 por kilo).

Según nos han informado fuentes confidenciales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), durante del gobierno de Jeanine Añez el pacto forjado por Quintana entre los cocaleros chapareños y los pilotos cruceño-benianos, se rompió casi irremediablemente.

Un ataque selectivo al Chapare mediante los operativos anti-droga dirigidos por el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, tuvo como efecto palpable la reducción en el precio del clorhidrato que llegó a cotizarse en $us 1.500 el kilo, favoreciendo de manera directa a los aviadores exportadores de Santa Cruz.

A medida que Murillo intensificaba la represión anti-droga en el Chapare, crecía la cantidad de avionetas con matrículas bolivianas que eran capturadas por la Polícia Federal de Brasil y la Policía Nacional del Paraguay transportando la cocaína chapareña. Mientras más bajo era el precio de la droga puesta en el Chapare, los aviadores intermediarios de Santa Cruz y Beni podían traficar más grandes volúmenes. De este esquema se beneficiaron narco-pilotos vinculados a la propia presidente Añez; en 2017, un sobrino suyo, Carlos Andrés Añez Dorado, había sido capturado en Brasil junto a un miembro del clan Lima-Lobo piloteando una avioneta con 480 kilos de cocaína.

Esta política de apretar el eslabón chapareño en la cadena productiva de la droga, beneficiando a los empresarios cruceños y benianos de la esfera comercial, se mantuvo y se intensificó durante la gestión de Eduardo del Castillo en el Ministerio de Gobierno.

El negocio alzó vuelo con la llegada del Primer Comando Capital (PCC) auspiciado por el gobierno de Evo Morales y consolidado durante la gestión de Luis Arce, lo cual le abrió a la cocaína del Chapare una ruta a Europa mediante el puerto de São Paulo. A través de su emisario Marset, el PCC abriría una ruta más expedita desde Santa Cruz, a través de la Hidrovía del Paraná y el puerto de Montevideo.

La Fiscalía del Paraguay estima que entre 2019 y 2023 Marset traficó cocaína boliviana por un valor que supera los $us 500 millones, según informó El Observador de Montevideo. La investigación señala que cada kilo de la droga era vendido por el grupo de Marset a un valor que va desde $us 12.000 hasta $us 14.500 en África; el costo ascendía a entre $us 20.000 y $us 25.000 en Europa.

En 2017, el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana promocionó la candidatura para Magistrada de la Nación a la abogada beniana Mayerling Castedo, militante del MAS, con frondosos antecedentes de narcotráfico en registros de la FELCN. En 2019 fue apresada con 300 kilos de cocaína cargada en una avioneta de su hijo. | Foto archivo Sol de Pando

LA CORRUPTA, VIOLENTA Y EXTORSIVA LEY 1008

Desde García Meza hasta hoy —pasando por el periodo neoliberal en el cual la DEA imponía sus métodos violentos—, las políticas estatales de “lucha contra el narcotráfico” no han variado un milímetro. Es un modelo represivo y extorsivo, persigue policial y judicialmente al narcotraficante con la finalidad de exaccionarle y extorsionarle (es vieja tradición la práctica de los “volteos”). Se le impone al narcotraficante una especie de diezmos que van a los bolsillos de autoridades estatales, a cambio de permitirle libertad de acción.

Bajo este modelo, basado en la Ley 1008, miles de narcotraficantes pagan “derecho de piso” soportando el peso del Código Penal y una sañuda persecución, encarcelados temporalmente, hasta establecer con el Estado (jueces, fiscales, policías y funcionarios del Ministerio de Gobierno) una relación de extorsión permanente, pagando el tributo del soborno pactado que, sin embargo, les permite desarrollarse empresarialmente al punto de “blanquear” sus capitales en emprendimientos legales.

El gobierno de Evo Morales expulsó a la DEA, pero no abolió la Ley 1008. Lo mismo que nada. Aquella Ley punitiva, diseñada por los norteamericanos, fue aprobada en 1988 durante el gobierno de Paz Estenssoro, dos años después de las matanzas de Huanchaca. El régimen neo-estalinista de Morales la instrumentó con la invariable lógica de “condena retórica y tolerancia fáctica” (concepto de HCF Mansilla).

Mediante una extorsión institucionalizada a los empresarios de la cocaína, las arcas del MAS contaban con financiamiento seguro para todas las campañas de relección de Morales, Quintana era el recaudador. Uno de los más famosos nuevos ricos del MAS, gracias a la vigencia de la Ley 1008, es el llamado “zar antidroga” Felipe Cáceres.

El vicepresidente Álvaro García Linera apadrinó a hijas y esposas de connotados narcotraficantes en candidaturas para alcaldesas, gobernadoras y magistradas; y su hermano, Raúl, tomó control del régimen penitenciario liberando a discreción, mediante impunes prevaricatos, no sólo a productores y traficantes de cocaína, sino también a sicarios dispuestos a matar por encargo al volver a las calles.

Es así cómo está surgiendo el nuevo capitalismo boliviano, y sus nuevos ricos, desde el más sórdido submundo de la cocaína convertida en razón de Estado.

En su edición del 28 de enero de 2024, el periódico El Deber informó que una modalidad del comercio exterior de la cocaína, desde el sector forestal, se había detectado a partir de 2023 cuando fueron incautados en el puerto de Arica 800 kilos de cocaína que iban con destino a Bélgica y Emiratos Árabes Unidos. | Foto Sol de Pando

LA NECESIDAD DEL DIÁLOGO CON EL NARCO-EMPRESARIADO

La ruptura política entre la facción de Evo Morales y el actual gobierno de Luis Arce Catacora, es un desfase al interior de la cadena productiva del narcotráfico boliviano. La narco-oligarquía cruceña ha utilizado la administración de Arce, específicamente al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, para reprimir la producción de clorhidrato de cocaína en el Chapare, de un modo similar a Murillo, con el desmantelamiento de más de 100 laboratorios en los dos últimos años, presionando para que los cocaleros bajen el precio del producto en favor de los exportadores cruceños. Otra vez la extorsión desde el Estado, bajo el ardid de la interdicción.

Siguiendo el esquema del uruguayo Sebastián Marset, los exportadores cruceños reproducen el modelo de lavado de activos similar al que el PCC montó en Asunción, Paraguay. Los excedentes del narco-capital, dinamizan todo el sistema financiero. Marset logró estructurar una red empresarial involucrando en la exportación de la cocaína a sectores legalizados de la industria y el comercio paraguayos como productores de cuero, tabaco, mate, soya, maderas, carnes, comestibles, etcétera. En los puertos de Amberes y Róterdam han sido incautadas más de 20 toneladas de cocaína boliviana, encubierta en cargamentos de bananas y otros productos legales provenientes de Paraguay.

En Santa Cruz, empresarios que han gozado de facilidades por parte del gobierno neo-estalinista de Arce para desplegar sus actividades de exportación legal movilizando cocaína, lograron consolidarse empresarialmente y en la actualidad diversifican sus inversiones en rubros totalmente legítimos. Es un proceso de legitimación que venció, a un alto costo financiero, las trabas de la represión y la extorsión estatal.

La emergencia de este modelo empresarial exitoso de narcotráfico legalizado —con policías, fiscales, jueces, ministros, incluso el Presidente y sus hijos como nuevos ricos en el camino— se ha visibilizado especialmente en el sector forestal de Santa Cruz. Un grupo de empresarios madereros que han contado con frontal apoyo estatal desde la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), lograron legitimar sus ganancias, hoy son referentes de éxito empresarial en la sociedad cruceña. Incluso han borrado de la memoria pública los antecedentes policiales referidos a un par de cargamentos de madera con cocaína que fueron interceptado en Chile.

En su edición del 28 de enero de 2024, el periódico El Deber informó que aquella modalidad del comercio exterior de la cocaína, desde el sector forestal, se había detectado a partir de 2023 cuando fueron incautados en el puerto de Arica 800 kilos de cocaína, entre septiembre y octubre, en dos cargamentos de madera hacia Bélgica y Emiratos Árabes enviados por importantes aserraderos de Santa Cruz. No se sabe cuántos cargamentos similares lograron burlar el control portuario.

La renta anual generado por este boom de la cocaína boliviana, que se produce en el Chapare y exporta desde Santa Cruz, genera un ingreso anual aproximado de 10.000 millones de dólares, monto superior a los 6.000 millones de dólares que ingresaban por la venta de gas a Argentina y Brasil en tiempos mejores. Gran parte del narco-excedente financiero va a las cuentas personales de políticos y gobernantes corruptos que se enriquecen de un día para otro extorsionando a productores y traficantes de cocaína.

¿Qué hará el próximo Gobierno que emergerá de las urnas, ante esta colosal dimensión del narcotráfico que tendrá al frente? ¿Mantendrá la política antidroga de la Ley 1008 basada en la represión y la extorsión, que sólo produce, además de violencia, fortunas mal habidas entre funcionarios gubernamentales? ¿Se seguirá fomentando una querella sangrienta por el excedente financiero de la cocaína, propiciando el sicariato, ajustes de cuentas, secuestros y una ola criminal de violencia sin fin?

Quizá ha llegado la hora de transparentar la relación Estado-Narcotráfico, abriendo un diálogo con los empresarios de la cocaína, tanto en el Chapare como en Santa Cruz, para que ese dinero que quema al país no siga enriqueciendo a los políticos corruptos y más bien contribuya a resolver la creciente pobreza que azota al país en esta crisis nacional.

Tal vez es posible que de las entrañas de esta economía informal tan sórdida y oscura, pueda nacer un capitalismo humanitario, concertando en base a la honestidad de todos los actores involucrados, y que Bolivia rompa con esta viciosa maldición de la decadencia de Occidente, descolonizando de una vez la sagrada hoja de coca.

Ojalá llegue el día en que los sicarios dejen de ser necesarios.

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