Data: abril 9, 2022 | 16:55

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LA DEA PROVOCA CRISIS EN EL GOBIERNO BOLIVIANO | La denuncia del ex Presidente sobre un hecho de protección policial al narcotráfico en el Chapare, resulta ser un blindaje para encubrir el caso de las 66 narco-avionetas vinculadas al ex comandante Maximiliano Dávila…

EVO NEUTRALIZÓ INVESTIGACIÓN SOBRE NARCO-AEROPUERTO

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Las sombras de la DEA han vuelto a Bolivia por donde menos se esperaba. Tras 14 años después de su expulsión del país durante el primer gobierno de Evo Morales, en 2008, la agencia norteamericana de lucha contra las drogas vuelve a intervenir de manera influyente en un asunto interno, provocando una crisis que no tiene precedentes en el régimen neo-estalinista con hegemonía cocalera. La DEA, le obligó a Evo Morales contrarrestar esta reaparición del fantasma norteamericano en el pintoresco espectro narco-político boliviano.

La raíz del problema es simple: si la cocaína boliviana, originada en la coca excedentaria del Chapare, no hubiese atravesado los mares para introducirse en jurisdicción norteamericana, la DEA no habría hallado motivo alguno para volver a meter sus narices en el país. Por esta contingencia, precisamente, la super cristalizada cocaína “chapareña” busca una salida de escape hacia el mercado del Brasil, y de allí vía Atlántico a Europa; pero los empresarios cocaleros carecen de una fuerza aérea civil propia para mover su “buffer stock” de clorhidrato excedentario. Hasta ahora el floreciente narcotráfico cocalero fue predominantemente terrestre, camionero, dirigido principalmente a Chile (secundariamente a Argentina), gravitando en el Pacífico con rumbo inevitable a esa boca del lobo que son los mercados de México y Estados Unidos.

El desmantelamiento, por segunda vez en 11 años (anteriormente fue la banda del general René Zanabria, atrapado en Panamá el 2010), de una red de tráfico de cocaína producida en el Chapare y encaminada al mercado de Estados Unidos, teniendo como cabecillas a altos jefes policiales leales a Evo Morales, le abrió las puertas a la DEA para inmiscuirse nuevamente en la lucha antidroga dentro el territorio boliviano, por conductos judiciales internacionales e intermediación de la Policía Federal del Brasil.

Abiertas así las puertas, la DEA aliada con la Policía Federal del Brasil ha obligado al gobierno de Luis Arce Catacora intervenir un aeródromo privado en Santa Cruz, en la zona de Cotoca. Allí fueron confiscadas, el pasado 26 de marzo, 66 avionetas exclusivamente dedicadas al transporte de cocaína chapareña hacia Paraguay y Brasil. Muchas de aquellas avionetas fueron halladas con matrículas clonadas, en casi todas fueron desmontados los asientos de pasajeros adecuando el fuselaje para cargar paquetes de droga, mientras las pruebas de microaspirado dieron positivo a residuos de cocaína derramadas en el interior de las naves.

El caso del aeródromo La Cruceña, conocido antes como “Aeroclub Mundaka”, está relacionado con la detención del coronel Maximiliano Dávila, quien, al igual que Zanabria, fue Director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) durante la administración de Evo Morales. Según la DEA, Dávila estuvo envuelto junto a otro policía boliviano con una banda narcotraficante que logró exportar varios kilos de clorhidrato de cocaína al Estado norteamericano de Nueva York; la droga se movió desde la zona del Chapare atravesando la ruta terrestre Oruro-Antofagasta. La DEA exige la extradición de Dávila, actualmente recluido en la cárcel de San Pedro, en La Paz, tras su detención el sábado 22 de enero cuando intentaba cruzar la frontera hacia Argentina. Basada en informes de organismos de Inteligencia bolivianos y brasileños, la DEA también asegura que Dávila, como Director Nacional de la Felcn, impidió en 2019 un operativo para desmantelar el aeródromo de Cotoca.

Cuando la interdicción al aeródromo privado ingresaba a su fase investigativa más crucial, después de la incautación de las 66 avionetas el 26 de marzo, el pasado lunes 4 de abril Evo Morales irrumpió en la escena develando unos audios donde se advierte que una patrulla de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar, brazo operativo de la Felcn) habría abortado el 25 de marzo —curiosamente un día antes del operativo de Cotoca— la intervención a un laboratorio de cocaína en la zona cocalera del Valle de Sajta “por órdenes superiores”.

Entonces el panorama cambió de foco. El escándalo de lo de Sajta se puso en el centro de la atención pública, desplazando a un segundo plano las indagaciones sobre Cotoca.

La famosa foto del coronel Maximiliano Dávila agasajando a Evo Morales en el cumpleaños del entonces Presidente, en octubre de 2019. Dávila es hoy un extraditable de la DEA. | Foto ABI

Una conexión Sajta – Cotoca no confirmada oficialmente

Fuentes extraoficiales de la policía antidroga, en contacto con Sol de Pando, sostienen que la supuesta contraorden para no intervenir el laboratorio del Valle de Sajta (una comunidad perteneciente al municipio de Puerto Villarroel, equidistante a 250 kilómetros entre Cochabamba y Santa Cruz) obedecía a una “táctica operativa” relacionada con el aeródromo de Cotoca.

Se afirma que los narcotraficantes (brasileños, no colombianos) que operaban en aquel complejo cocainero del Chapare (cuatro “cocinas” para elaborar sulfato base y un laboratorio de refinación para obtener el clorhidrato) con capacidad de producir 200 kilos de cocaína cristalizada, debían trasladar la droga al aeródromo La Cruceña el 26 de marzo. La Felcn planificó capturarlos ese día con la cocaína aterrizando en Cotoca; tales tácticas son habituales en operativos diseñados por la DEA.

Sin embargo, una patrulla de Umopar asentada en Chimoré, cuyo mando mantiene contacto directo con Evo Morales, habría irrumpido en el laboratorio de Sajta el 25 de marzo para impedir el traslado de la droga al aeródromo de Cotoca, habiéndose enfrentado con los mandos superiores que seguían la línea operativa de la DEA y la Policía Federal del Brasil para «matar dos pájaros de un tiro». Los audios de Evo habrían surgido en ese escabroso contexto.

Aquella versión circula en los corrillos policiales; pero no ha sido confirmada oficialmente. Mientras se investiga estrepitosamente el incidente denunciado por Evo Morales, ni el Ministro de Gobierno ni los altos mandos de la fuerza antidroga atinan a explicar si la sucesión de fechas entre los operativos de Sajta (25 de marzo) y Cotoca (26 de marzo) respondía a una planificación oficial orgánica, lo cual descartaría la hipótesis del corrillo, confirmando más bien que hubo la negligencia encubridora denunciada por Evo Morales. Pero, si el operativo del 25 de marzo en Sajta fue improvisado con el fin de escamotear la intervención planeada para el día siguiente en Cotoca, Evo Morales quedará contra las cuerdas.

Entretanto se mantiene flotando una interrogante medular: ¿Qué razones concretas tenían nada menos el viceministro Jaime Mamani, el director nacional de la Felcn coronel José María Velazco y el comandante nacional de Umopar coronel Jaime Arancibia, para pedirle en coro al teniente-coronel Yerko Terán desista de incursionar en la factoría de Sajta? ¿Sería posible que Mamani, Velazco y Arancibia conformaran un consorcio en la cúpula del Estado para proteger a narcotraficantes colombianos en el Chapare, con la vista gorda del ministro del Castillo? Zanabria, Nina y Dávila resultarían siendo sus alumnos si ese fuera el caso.

Modificación de la agenda parlamentaria

Lo cierto es que la denuncia de Evo Morales develando supuestas órdenes y contraórdenes en torno a la factoría de cocaína en el Valle de Sajta, ha eclipsado el proceso investigativo que se desarrollaba oficialmente en torno a las 66 avionetas incautadas tras la intervención al narco-aeropuerto de Cotoca.

A raíz del escándalo mediático y la crisis política gatillada por la denuncia de Morales, fue suspendida la audiencia de una comisión de la Cámara de Diputados, programada para el miércoles 6 de abril, ante la cual el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo debía rendir un informe oral describiendo detalles íntimos del operativo en el aeródromo privado La Cruceña.

El asunto del Valle de Sajta se cruzó en la agenda parlamentaria en medio de una crisis administrativa dentro el Poder Ejecutivo, que derivó en el procesamiento penal de cuatro efectivos involucrados en la abrupta “revelación” de Evo Morales y en la destitución de los principales jefes policiales de la lucha antidroga en el Gobierno de Luis Arce, entre ellos el director nacional de Felcn José María Velazco, sucesor de Dávila.

Ahora la bancada parlamentaria controlada por el ex Presidente cocalero pretende archivar el seguimiento al asunto de las 66 narco-avionetas confiscadas en Cotoca, y busca la destitución del Ministro de Gobierno responsabilizándolo del inexplicable repliegue policial en Sajta.

De hecho el cargo del Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas (mando civil de la Felcn), Jaime Mamani Espíndola, pende de un hilo ya que fue acusado por el policía Yerko Terán de ser quien dio la orden de paralizar la toma del laboratorio en Sajta. Paradójicamente, Mamani, un ex dirigente cocalero del Chapare, es la “cuota” de Evo Morales dentro el Ministerio de Gobierno, ocupando el lugar del ex “zar antidroga” Felipe Cáceres.

Ocultando a los dueños del aeródromo La Cruceña

La intervención policial al aeródromo La Cruceña, en Cotoca, el 26 de marzo. Confiscadas 66 narco-avionetas en más de 40 hangares. | Foto FELCN

Por si fuera poco, la Fiscalía antidroga se ha visto obligada a interrumpir el proceso investigativo en el aeródromo La Cruceña, postergando indefinidamente la citación pendiente a los propietarios de este narco-aeropuerto. Fuentes de inteligencia policial contactadas con Sol de Pando, aseguran que aquellos empresarios habrían huido del país en medio del ruidoso escándalo gestado por Evo Morales.

Se trata de una familia cruceña con nexos empresariales en el estado de Motogrosso, Brasil, por cuyos cielos surcan las naves llevando la cocaína del Chapare hasta São Paulo, atravesando el estado de Goiás.

Según investigó la periodista cruceña Malkya Tudela, el aeródromo fue registrado inicialmente bajo el nombre de “Aeroclub Mondaka”, con licencia emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil (Dgac) en octubre de 2015. Los propietarios son los hermanos León Gorena y lo esposos Mundaka.

Javier Mundaka Morales, que es el apoderado y representante legal del grupo empresarial, “obtuvo una renovación de ese permiso intransferible el 28 de octubre de 2021, oportunidad en la que hizo el cambio de nombre de aeródromo ‘Mundaka’ a ‘La Cruceña’. La pista está ubicada en el municipio de Cotoca, a 20 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra hacia la localidad de Paurito”, precisó Malkya Tudela. La licencia de la Dgac tiene vigencia hasta el año 2026.

La periodista investigadora advierte que los propietarios del aeropuerto tienen la obligación de aclarar quiénes son los dueños de las 66 avionetas incautadas, pues varias de aquellas naves (la Felcn no precisó el número exacto) poseen matrículas “clonadas” y algunas seguían operando a pesar de haber sido precintadas por casos anteriores de narcotráfico. “Un listado de aeronaves de la Dgac, correspondiente a 2016, contiene el dato de que Javier Mundaka Morales también es propietario de dos avionetas Cessna (CP-2943 y CP-2944) rematriculadas con base en Trinidad, Beni”, informó Tudela.

También es una incógnita si los más de 40 hangares del aeródromo —donde fueron hallados casi 5.000 litros de gasolina de aviación ilegalmente acumulada, armas de fuego y documentos falsificados— pertenecen a la familia Mundaka León Gorena o si existen más socios en esta empresa aeroportuaria.

La reglamentación aeronáutica vigente en el país establece que un aeródromo privado es donde “únicamente pueden realizarse operaciones de aviación privada autorizadas exclusivamente por el operador o propietario”. Los dueños del aeródromo La Cruceña tienen cualidad de operadores y por tanto es incomprensible que no hayan estado al tanto de aquellos vuelos cargados de cocaína con rumbo al Brasil y a la Triple Frontera del Paraná (Paraguay).

En el operativo del 26 de marzo fueron detenidas 38 personas de bajo rango administrativo del aeródromo, entre ellas serenos, cocineras y personal de limpieza que guardan detención preventiva y sin defensa; mientras los principales responsables de aquella empresa investigada se han puesto a buen recaudo gracias a la reciente maniobra mediática de Evo Morales.

“Por órdenes superiores” en Cotoca y Sajta por igual

Tanto en el caso del aeródromo Cotoca procurado por la DEA y por la Policía Federal del Brasil, como en el del laboratorio de Sajta develado por Morales, el modus operandi es el mismo: las patrullas de Umopar son obligadas a replegarse en pleno operativo antidroga, “por órdenes superiores”. Nada nuevo bajo el sol.

Pero entre ambos asuntos hay novedosas diferencias sustanciales:

El caso de Cotoca tiene carácter estratégico, es histórico, se trata de la primera y más importante fuerza aérea civil que nunca antes estuvo al servicio de los productores emergentes de clorhidrato de cocaína en los flamantes laboratorios de cristalización que están floreciendo en el Chapare, como en los tiempos de Huanchaca. Ahora son cien, mil, muchos huanchacas, y no “vietnams” precisamente. son 66 narco-avionetas que estaban siendo personalmente protegidas por el coronel Maximiliano Dávila y su plana mayor leal a Evo Morales. En 2019, Dávila impartió “órdenes superiores” para dejar hacer y dejar pasar los vuelos que salían diariamente desde el aeródromo La Cruceña hacia Brasil y Paraguay con la carga enviada desde los laboratorios del Chapare. Ese dato forma parte del expediente que abrió la DEA para extraditar a Dávila, sobre la base de información de Inteligencia proporcionada a los norteamericanos por la Policía Federal del Brasil, sostienen fuentes brasileñas contactadas con Sol de Pando.

A diferencia del asunto de Cotoca, el caso de Sajta, si no es algo peor, es más bien un hecho rutinario que tiene que ver con los hábitos policiales que impuso el neo-estalinismo “por órdenes superiores”, para no erradicar la cocaína que prolifera en los emergentes laboratorios bien provistos de úrea y otros precursores químicos, para no cortar el creciente flujo del dinero sucio que se recicla en las extorsiones desde el poder político y en obligados aportes de campaña durante los dispendiosos periodos electorales.

Los “policías patriotas” que Evo Morales presume tener en su entorno, varios de ellos —como Zanabria, Nina, Ormachea, Medina y Dávila—, quedaron tras las rejas a causa de inobjetables vínculos con el narcotráfico, incluso por confesión propia ante la mismísima DEA. No hay margen para responsabilizar a la derecha, ni al imperio ni al neoliberalismo de este colapso moral que tiene por héroe autoproclamado y víctima propiciatoria al jefe cocalero.

Las declaraciones efectuadas por el teniente-coronel Erick Yerko Terán Mendoza a través de los medios de comunicación y de un memorial presentado ante el Ministerio Público el pasado 5 de abril, tienen un mérito inobjetable: Ponen en evidencia la existencia de sofisticados laboratorios de cristalización que antes del régimen de Evo Morales no existían. “Es una ciudad en medio del monte, con toda la tecnología”, declaró Terán al describir ante la prensa las dimensiones de la factoría descubierta en Sajta.

Recordemos que durante el septenio de Banzer el Chapare sólo era proveedor de hojas de coca mediante los “zepes” que trasladaban el cultivo a pozas de maceración en haciendas ganaderas de Beni y Santa Cruz, donde empresarios como Roberto Suárez producían el sulfato o pasta base; y la transformación en clorhidrato estaba a cargo de laboratorios en Cali, Colombia. Con la dictadura de García Meza y Arce Gómez el negocio se “nacionalizó” sangrientamente y el Chapare se vio obligado a producir sulfato base; la cristalización comenzó a realizarse en laboratorios de Santa Cruz y Beni, como el de Huanchaca, convirtiéndose Brasil en el principal mercado; en esa coyuntura, el transporte aéreo es controlado por las oligarquías ganaderas del Beni. Durante el régimen de Evo Morales la cadena productiva de la cocaína da una nuevo salto y se rompe “revolucionariamente”: el Chapare incursiona en la refinación de su pasta base, pero el clorhidrato producido a escala industrial con altos niveles de pureza no encuentra salida al mercado brasileño, se restringe dramáticamente a la vía terrestre Cochabamba-Oruro y/o La Paz en camino a los puertos de Chile conectados con Panamá (de ahí un paso obligado a Estados Unidos, el país de la DEA), ya que los pilotos benianos comienzan a operar con la cocaína peruana que cruza la ruta amazónica de Bolivia hacia Brasil.

Gracias al aeródromo La Cruceña, la cocaína cristalizada del Chapare podía al fin tener su propia flota aérea para entrar al gigante mercado brasileño y, de paso, acceder a la ruta marítima del Atlántico rumbo a Europa, sin el riesgo de que la DEA meta sus narices de modo tan directo.

Verdades a medias de Yerko Terán y silencio gubernamental

En el memorial de Yerko Terán se observan contradicciones en la relación de fechas relacionadas con el incidente del Valle de Sajta. | Fotocomposición Sol de Pando

Otro dato importante que brinda el teniente-coronel Yerko Terán es la confirmación fehaciente de que la Policía Boliviana y su fuerza antidroga están sometidas a una lógica de protección permanente al narcotráfico, y en ese contexto lo acontecido en Sajta resulta apenas casi un hecho aislado. Se diría que bajo el régimen de Evo Morales la Policía Boliviana es utilizada por el narcotráfico del mismo modo en que las Fuerzas Armadas fueron pervertidas durante la dictadura de García Meza. “Cansado de irregularidades en la Felcn por parte de algunos funcionarios policiales…” comienza diciendo Yerko Terán en su memorial, dando a entender que conoce más cosas de las que habría visto en el Valle de Sajta.

No obstante, las afirmaciones del policía Yerko Terán —una ola sobre la cual Evo Morales se montó buscando erigirse en el “adalid” de la lucha contra la cocaína—, presentan también inconsistencias que no pueden ser soslayadas: Asegura que las cuatro “cocinas” y el laboratorio “estaban siendo trabajados por personal de nacionalidad colombiana”; sin embargo se sabe que la zona cocalera de Sajta, Puerto Villarroel, Ivirgarzama, Cesarsama y otras poblaciones vecinas está siendo ocupada por gente llegada del Brasil, con escasa o nula presencia de colombianos. “Se trataba de unos narcotraficantes denominados ‘peces gordos’”, asegura el policía en su memorial del 5 de abril; pero no los identifica con nombres y apellidos, tampoco aporta informando quiénes son los dueños del terreno donde se instaló la factoría. En todo caso es el Ministro de Gobierno quien tiene la obligación de esclarecer todos los puntos vacíos en la intrépida denuncia de Terán.

La acusación de que las principales autoridades ejecutivas del área antidroga en el Gobierno de Luis Arce Catacora, es decir el Viceministro de Defensa Social, el Director Nacional de la Felcn y el Comandante Nacional de Umopar, inclusive el Ministro de Gobierno, habrían confabulado al unísono obligándole a Terán que abandone la factoría para proteger a los narcotraficantes, resulta algo inverosímil. La contraorden, que por lo visto efectivamente existió si nos atenemos a los audios, fue realizada de una manera abierta y sin tapujos, incluso con participación activa de personal subalterno como el ayudante de órdenes del viceministro Mamani y el chofer del coronel Arancibia. Nos encontramos ante un dilema insólito: o la protección policial al narcotráfico en Bolivia llegó a un nivel de “normalidad” tan desembozada que hasta el chofer de un comandante puede gestionar las “órdenes superiores”, o bien estamos ante un cuadro de absoluta indisciplina y caótica falta de coordinación interna entre los mandos operativos de la lucha antidroga.

Los audios de Sajta reflejan hechos concretos: el viceministro Jaime Mamani rompe la cadena de mando y ordena de manera directa a un subalterno de Terán, el capitán Iver de Villegas, abandonar el complejo cocainero a pocas horas de su intervención. Cuando de Villegas abandonaba la factoría, Terán se aprestaba a ingresar al local, y al ver que su subalterno se replegaba le ordena ingresar nuevamente. En medio de dos órdenes contrarias que se cruzaban, el capitán de Villegas llama al ayudante de órdenes del Viceministro implorando que Jaime Mamani tome contacto con Yerko Terán para coordinar, entre ambos superiores, el repliegue o la permanencia en el laboratorio. Luego el comandante nacional de UMOPAR, coronel Jaime Arancibia, logra comunicarse con Terán ordenándole salir del lugar. «¡No toquen nada!, ¡exfiltren!», ordena categórico Arancibia.

Yerko Terán acusa también al ahora ex director nacional de la Felcn José María Velazco de haberle ordenado en dos oportunidades, “de manera tranquila, que abandone el lugar”. Y asegura que el viceministro Mamani le habría advertido que si no salía del lugar “me iba a atener a las consecuencias, inclusive me dijo que no sabía con quién me estaba metiendo”. Si Terán está diciendo la verdad, Velazco y Mamani han actuado como agentes jerárquicos del narcotráfico y tendrían que estar tras las rejas en este momento, no sólo ser destituidos. Pero pesan dudas razonables sobre la sinceridad plena del policía denunciante.

Hay una escena surrealista en su relato: Afirma que después de suspenderse el ingreso a la factoría, la noche de esa misma jornada, supuestamente 25 de marzo, el viceministro Mamani y el coronel Velazco tomaron un vuelo de La Paz a Chimoré para reunirse con él y relevarlo personalmente del mando provincial de Umopar. “En esa reunión de manera textual el señor Jaime Mamani Espíndola y el señor coronel José María Velazco me manifestaron que no podrían trabajar conmigo y que tomarán la decisión de sacarme de la fuerza, donde concluyó la reunión. Para despistarme me dijeron que existiría la posibilidad de retornar en tres meses la Felcn”. En dicha reunión, Mamani y Velazco le habrían cuestionado con estas palabras: “Por qué no hiciste caso a la orden de retirarse del lugar”. La situación se hace más confusa cuando Terán afirma que su destitución oficializada en aquella reunión, y el memorándum de relevo firmando por Velazco el mismo día, se produjo el jueves 24 de marzo. Sin embargo Evo Morales indicó que el operativo frustrado en Sajta se produjo el viernes 25 de marzo, es decir un día después del relevo de Terán. Para agravar el enredo, Terán borronea la fecha original que se imprime en la primera página de su memorial (24 de marzo) y escribe el número 25 con un bolígrafo.

Mucho más desconcertante resulta el misterio acerca de las razones específicas por las cuales las principales autoridades del Ministerio de Gobierno y de la fuerza antidroga, atravesando toda la cadena de mando e incluyendo el chofer del Comandante de Umopar, protagonizaron una conjura organizada para hacer que Terán salga de la factoría de Sajta. En ninguna de las comunicaciones que el policía establece con sus superiores, se preocupa de indagar porqué se estaba procediendo de ese modo. En la supuesta reunión con Mamani y Velazco, Terán tenía la oportunidad de preguntar a dichas autoridades jerárquicas cuáles eran las razones legales o administrativas por las que se suspendió oficialmente el operativo en Sajta, debido a lo cual estaba siendo injustamente destituido. No lo hizo.

En su memorial del 5 de abril, el Tcnl. Yerko Terán insinúa como un probable motivo del repliegue una supuesta amenaza de comunarios del lugar (cocaleros) aliados con los narcotraficantes colombianos que le esperaban para lincharle, atentado que, según él, fue tramado por el Gobierno para impedirle “quemar” el laboratorio de Sajta. “Me llegué a enterar que en la parte de afuera (población aledaña) se estarían reuniendo personas en una cantidad de 350 sujetos con fines maliciosos en contra de mí y de mis elementos policiales”. Habría sido bajo aquella amenaza que Terán optó por cumplir la orden superior de salir de la factoría. La acusación contra un grupo de cocaleros como parte del esquema de protección a los narcotraficantes de Sajta, no ha sido mencionada por Evo Morales y tampoco el presidente de las seis federaciones ha exigido que se investigue ese dato revelado por el policía.

Otra razón por la cual se habría decidido abortar el operativo de Terán, según afirma él mismo, es que las autoridades jerárquicas involucradas habrían recibido un millonario soborno por parte de los colombianos que operaban en Sajta; permitir que se desmantele la factoría habría implicado un sangriento ajuste de cuentas. “Si yo hubiese logrado golpear en el megalaboratorio de los colombianos, ahorita los estarían matando a ellos” —declaró Terán en una rueda con periodistas de Cochabamba, el jueves 7 de abril. “Les iban a decir te hemos dado tanto de plata y ahora has venido a quemar nuestro laboratorio”. Por esa razón, afirma Terán, el coronel Jaime Arancibia le pidió “con desesperación y nerviosismo” que no se intervenga aquella fábrica de cocaína. El mismo temor a ser asesinados por los colombianos se ocultaba en la decisión encubridora de Mamani y Velazco, según asegura Terán. De película.

Lo innegable es que hubo una contraorden para despejar el área y dejar tranquilos a los desconocidos ocupantes del “mega-laboratorio” en Sajta. Pero es una verdad a medias. Le corresponde al Ministro de Gobierno explicar cuál fue la razón objetiva y real por la que sus inmediatos colaboradores tomaron esa decisión de no tocar el laboratorio de Sajta, horas previas a intervenir en el aeródromo de Cotoca.