Data: marzo 30, 2025 | 14:07

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ABOGADOS DEL GOBIERNO HICIERON LIBERAR A SICARIO | La juez Giovana Torrico liberó a Yerko Saavedra ejerciendo abuso de poder en contra del periodista que ya fue víctima de un intento de asesinato por el mismo presidiario. En 2018 el matón se benefició con libertad condicional por influencias de Quintana y García Linera. En 2025 logró libertad definitiva sin cumplir su sentencia…

JUEZA PONE EN PELIGRO LA VIDA DE GARCÍA MÉRIDA

La juez de Ejecución Penal confiscó y retuvo mandamientos de condena emitidos el pasado 27 de diciembre por un Tribunal de Quillacollo, permitiendo que uno de los condenados, Yerko Saavedra, pueda tramitar su libertad definitiva sin haber cumplido la sentencia sin derecho a indulto. La jueza liberó al sicario en menos de 48 horas. | Fascímil del expediente judicial

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Un grupo de abogados del Ministerio de Gobierno que operan desde la administración del Régimen Penitenciario, desde 2018 ha ejercido influencias entre varios jueces de ejecución penal, en Cochabamba, para beneficiar con privilegios extra-judiciales a dos sicarios —Yerko Antonio Saavedra Cossio, alias “El Caballo”, y Javier Vargas Mayta, “El Torbellino”— que habían intentado asesinar al periodista Wilson García Mérida. Uno de ellos salió en libertad este año, sin cumplir sentencia, y la vida de García Mérida está nuevamente en peligro. El director de Sol de Pando efectuó tal denuncia ante gremios de la prensa nacional.

“El Caballo” y “El Torbellino” eran los líderes de una banda que atacó al periodista en el municipio de Quillacollo, en 2004, propinándole puñaladas en el abdomen y en la columna vertebral. Por la gravedad del mortal atentado, con 90 días de impedimento, un Tribunal de Sentencia dictó condena máxima de 20 años de presidio para los seis atacantes, sin derecho a indulto, a cumplirse en el penal de alta seguridad de El Abra. La sentencia fue ejecutoriada en 2009 por la Corte Suprema de Justicia y los mandamientos de condena (órdenes judiciales para el encarcelamiento) fueron emitidos en julio de 2010; pero el Ministerio Público no los hizo cumplir, por lo cual cuatro de los seis victimarios permanecen en libertad incluso hasta hoy, informó García Mérida.

Desde 2018, cuando García Mérida retornó de su exilio, el Ministerio de Gobierno a través de Régimen Penitenciario otorgó privilegios y facilidades en favor de los autores del intento de asesinato al periodista cochabambino, hasta que el principal sicario logró su libertad definitiva el pasado 16 de enero. | Fascímil del expediente judicial

LAS MANOS NEGRAS DE QUINTANA, ROMERO Y GARCÍA LINERA

En 2008, los cabecillas de la banda Yerko Saavedra y Javier Vargas Mayta fueron recluidos en el penal de El Abra no por el intento de asesinato contra García Mérida, sino por delitos de narcotráfico y robo agravado. Diez años después, en 2018, un abogado del Ministerio de Gobierno llamado Héctor Fuentes Guzmán, según consta en el expediente, presentó un memorial usurpando funciones propias del abogado de oficio (Defensa Pública), para exigir el beneficio de libertad condicional en favor de “El Caballo” y “El Torbellino”. Ese mismo año, el periodista retornaba al país de su exilio en Brasil para defenderse de un juicio pendiente que en 2013 le había instaurado el Comando de la Policía junto a la Dirección de Migración bajo las órdenes de Quintana y Romero.

“Precisamente en 2018, el mismo mes en que volví del Brasil, ese abogado del Ministerio de Gobierno encomendado por Carlos Romero presionó al Juez para forzar la salida de la cárcel de El Abra de Saavedra y Vargas Mayta, falsificando el cómputo de pena entre otras irregularidades” —dice García Mérida tras conocer este año el expediente que cursa en el Juzgado de Ejecución Penal a cargo del caso—. “Creí que era una falsa alarma cuando amigos de la Policía me advertían que me cuide tras mi egreso del Brasil, porque los hermanos García Linera y Quintana habían movido sus influencias en la Dirección de Régimen Penitenciario para liberar a unos sicarios que se encargarían de acallarme de una vez por todas. Que esos sicarios fueran ‘El Caballo’ y ‘El Torbellino’, jamás imaginé”.

Debido a un informe disciplinario desfavorable, “El Torbellino” no pudo obtener el beneficio de libertad condicional y murió asesinado en octubre de 2022 en el mismo penal de El Abra, tras una violenta rencilla con integrantes de la banda de “El Tancara”.

Por su parte, “El Caballo”, gracias a las influencias de sus mentores en el Ministerio de Gobierno y Régimen Penitenciario, logró el beneficio de libertad condicional saltándose al cuarto periodo del Sistema Progresivo, sin vencer ninguna de las tres etapas previas de rehabilitación. “No habría podido calificar ni siquiera para el tercer periodo correspondiente al beneficio de extramuro, ya que el requisito para vencer esa etapa previa a la libertad condicional, según el Código Penal, es no tener una sentencia sin derecho a indulto”, explica el periodista.

“Precisamente en 2018, el mismo mes en que volví del Brasil, ese abogado del Ministerio de Gobierno encomendado por Romero presionó al juzgado para forzar la salida de la cárcel de El Abra de Saavedra y Vargas Mayta, falsificando el cómputo de penas entre otras irregularidades”, denunció García Mérida. | Fascímil del expediente judicial

ABUSOS Y PREVARICATOS DE UNA JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL

“Tuve una suerte enorme cuando Yerko Saavedra reincidió cometiendo un intento de feminicidio y robo agravado, siendo atrapado por la policía al poco tiempo de salir con libertad condicional y antes de que cumpla su misión de ejecutarme; volvió tras las rejas pero ya no precisamente al presidio de El Abra”, relata García Mérida.

A fines de 2019 “El Caballo” fue recluido en el recinto penitenciario de San Antonio por el delito de robo agravado. La juez que se encargó de revocar la libertad condicional, en vez de ordenar su restitución al penal de máxima seguridad de El Abra (para que se cumpla la sentencia sin derecho a indulto por el intento de asesinato), decidió otorgarle el privilegio de permanecer en un penal de menor seguridad, San Antonio, que es un reclusorio para delitos menores.

“La Jueza tomó esa abusiva decisión en base a una receta médica que certificaba que la mamá de ‘El Caballo’ no podía visitar a su hijo en El Abra por motivos de salud. Así fue que una receta médica emitida por la Clínica Los Olivos cuyo socio es un hermano de Álvaro García Linera —con la cual se justificó el beneficio de mantenerlo en San Antonio—, tuvo más valor legal que aquella Sentencia Ejecutoriada por la Corte Suprema de Justicia para que se cumpla la condena sin derecho a indulto en el penal de máxima seguridad de El Abra. Aquí se ha violado y pisoteado impunemente una Sentencia Suprema, tal como se viola la Constitución o una Ley del Estado”, reclama el director de Sol de Pando.

«Para colmo, por el delito de robo agravado con que reincidió en 2019 y por el cual fue recluido en San Antonio, a Yerko Saavedra le fue otorgado perdón judicial en marzo de 2020”, reveló el periodista investigador tras descubrir una sórdida estructura de corrupción sistemática y corporativa en el actual sistema penitenciario.

En octubre del pasado año, García Mérida había sido notificado con una resolución emitida por el Tribunal de Sentencia de Quillacollo que decretó la prescripción de pena, liberando a los seis pandilleros que atacaron al periodista en 2004, debido a que el Ministerio Público no hizo ejecutar los mandamientos de condena emitidos en 2010.

“Obteniendo fondos de donde pude, quitándoles el pan a la boca de mis hijos para financiar semejante gasto judicial, pude apelar esa resolución y conseguí revocar la prescripción de la pena. Hice emitir nuevos mandamientos de condena que datan del 27 de diciembre del 2024, los hice representar por el jefe policial del Daci de Quillacollo, un día antes de la vacación judicial del Tribunal de Sentencia, de donde me enviaron con esos documentos al Juzgado de Ejecución Penal. El 7 de enero de este año entregué esos mandamientos originales a la jueza Giovana Torrico Díaz, quien se negó con una prepotencia pavorosa a ejecutar las órdenes del Tribunal de Quillacollo”, relata Wilson García Mérida.

Según el periodista, mientras retuvo y confiscó los mandamientos de condena desde el 7 de enero, con el pretexto de “averiguar” si los penados estaban o no recluidos en El Abra, la juez Giovana Torrico “le dio tiempo a Yerko Saavedra —que estaba en San Antonio desde enero de 2020 y ella lo sabía— para que pueda presentar cómodamente un memorial de solicitud de Libertad Definitiva que fue aceptada y resuelta en menos de 48 horas”, denuncia.

“No me dio tiempo ni de apelar” —lamenta el periodista— “Saavedra presentó su solicitud el 14 de enero, ese mismo día la juez ordenó se elabore el cómputo de pena que arrojó 19 años de condena cumplida, pero, nuevamente por presión de abogados del Ministerio de Gobierno, hizo reelaborar ese cómputo haciendo aparecer forzadamente 21 años de pena cumplida, y con esa arbitrariedad liberó a ‘El Caballo’ el 16 de enero. Al día siguiente me hizo entrar a su despacho intentando persuadirme de que a cambio de la liberación de ‘El Caballo’, en menos de 24 horas ella haría encarcelar a los otros cuatro sicarios sueltos; rechacé su extorsiva propuesta advirtiéndole que Saavedra tenía la misión de matarme una vez que esté libre, le dije que me estaba sumiendo en una peligrosa inseguridad y vulnerando la paz de mi familia, perjudicándome en mi trabajo cotidiano, haciéndome perder tiempo y dinero presentando memoriales todos los días, obligándome a gastos judiciales excesivos e innecesarios, provocándome un dañino stress; le dije que todo ese perjuicio me estaba causando ella con su ilegal decisión, que era un acto corrupto. Furiosa, me sacó a empellones de su oficina llamando a la policía para desalojarme del juzgado con fuerza pública, acusándome de faltarle el respeto. ‘¡Atrevido!’, me gritó en presencia de personal del juzgado”.

Durante la audiencia virtual que celebró la Sala Penal respectiva el 11 de marzo, atendiendo la apelación presentada por el periodista para revertir la resolución de la jueza Giovana Torrico, irrumpió un fiscal ajeno al caso para informar que Yerko Saavedra murió asesinado a los pocos días de salir libre de San Antonio. La apelación fue suspendida por ese motivo. Sin embargo el Sereci ha certificado que no existe partida de defunción. El cadáver pertenece a un malabarista callejero, NN, apodado “El Gaucho”. Al parecer Yerko Saavedra, “El Caballo”, no está muerto.