KARLA CALDERÓN MONRROY | El Dakar que Ecuador no quiso

La autora, Karla Calderón

El gobierno ecuatoriano considera que la ganancia efectiva no es tan atractiva como se piensa. La inversión pública de nueve millones de dólares (de los cuales seis irían directamente a la empresa bajo la modalidad de contribución financiera) por tres días de competencia, más la movilización de recursos humanos y económicos en seguridad y atención médica, para Ecuador, simplemente no valen el gasto…

Señor Presidente: “El evento Rally Dakar, propuesto por la Empresa Amaury Sport Organisation (ASO), para participar en la edición del año 2015, no es recomendable para el país”. Y es que mientras en Bolivia se cruzaban los dedos para que la ASO acepte que el Dakar 2014 recorra nuestro territorio, en el Ecuador los organizadores de esta competición recibían una rotunda negativa a su propuesta.

El Dakar pareciera ser un buen negocio. Se dice que un total de 294 millones de dólares de impacto económico directo se ha generado en Perú, Argentina y Chile gracias a la competencia, además de la promoción turística y el posicionamiento de la marca país a nivel mundial. Entonces ¿Cuáles fueron las razones que llevaron al gobierno ecuatoriano a rechazar la oferta de la empresa francesa?

El informe de casi 600 páginas, firmado por los ministros de Turismo, Medio Ambiente, Patrimonio y Deporte del Ecuador, puede resumirse en cuatro razones concretas. La primera tiene que ver con el alto riesgo al que se exponen la vida de las personas y el medio ambiente. Evidentemente, a lo largo de los 34 años de historia de esta competencia, muchos de sus participantes murieron durante su realización. Sin embargo, lo que más ha preocupado fueron las muertes de espectadores, especialmente mujeres y niños en el África, sobre las cuales nadie se hace responsable. Por otra parte, los daños al patrimonio natural y arqueológico, además de la contaminación ambiental, son otras de las consecuencias negativas que el Dakar habría dejado a su paso.

La segunda razón alude al costo – beneficio de la competencia. A diferencia de Perú, Chile, Argentina y Bolivia, el gobierno ecuatoriano considera que la ganancia efectiva no es tan atractiva como se piensa. La inversión pública de nueve millones de dólares (de los cuales seis irían directamente a la empresa bajo la modalidad de contribución financiera) por tres días de competencia, más la movilización de recursos humanos y económicos en seguridad y atención médica, para Ecuador, simplemente no valen el gasto.

Un tercer motivo es la mala experiencia de los vecinos. El solo hecho de que en Chile y Argentina se hayan iniciado acciones judiciales contra la realización de este evento por los impactos ambientales negativos provocados a su territorio, es considerado por el Ecuador como una muy mala señal.

Finalmente, una cuestión de prioridades. Sudamérica es en esencia futbolera y el rally raid, una disciplina bastante costosa, no es muy popular en la región. Siguiendo esa línea, las autoridades ecuatorianas ven con mejores ojos, invertir sus limitados recursos con perspectiva de largo plazo, concentrándose en el apoyo a deportistas de alto rendimiento.

La decisión del gobierno del Ecuador ha sido elogiada por muchos, especialmente por aquellas organizaciones defensoras del medio ambiente. La crítica es inevitable. Se tilda al presidente Correa de tener una visión limitada basada en posturas ideológicas perjudiciales al beneficio económico de su país. Como fuera, lo rescatable es el esfuerzo por contar con elementos técnicos que sustenten la decisión de realizar (o no) inversiones públicas según el impacto real que éstas puedan tener y así evitar que sea más el ruido (de motores), que las nueces.