Data: junio 29, 2025 | 15:37
EL PCC PONE SUS CANDIDATOS EN BOLIVIA | El poder de la cocaína que estalló con Evo Morales, se legitima apoyándose en la ley y da un millonario salto electoral ante el silencio cómplice de políticos opositores. La Fiscalía de Santa Cruz facilita este avance con dudosos sobreseimientos…
EX RECLUSO POR NARCOTRÁFICO EN LISTA DE ANDRÓNICO RODRÍGUEZ
El 26 de marzo de 2019, Pedro Montenegro Paz, emisario del PCC en Bolivia, organizó una fiesta de Carnaval en la playa de Cartagena, Colombia, llevando como invitados a policías bolivianos ligados al narcotráfico, entre ellos un hijastro del coronel Gonzalo Medina, el abogado Robin Justiniano, hoy candidato a diputado plurinominal por Santa Cruz legalmente habilitado. | Fotomontaje Sol de Pando
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© Redacción Sol de Pando | Servicio Informativo Datos & Análisis
En las listas de candidatos habilitados dentro la “franja de seguridad” del Frente Popular que encabeza el cocalero Andrónico Rodríguez, figura el nombre del abogado Robin Justiniano Merubia postulando para diputado plurinominal por Santa Cruz, como una “cuota” del ex alcalde de Warnes Mario Cronenbold que apadrinó la postulación presidencial de Rodríguez. El candidato a diputado carga entre sus antecedentes haber sido recluido en penales de Cochabamba y Santa Cruz bajo cargos de narcotráfico, en los años 2010, 2011 y 2019, antecedentes que al parecer no han sido tomados en cuenta por el Tribunal Supremo Electoral que lo habilitó legalmente.
Todo indica que su habilitación se enmarca en el cumplimiento de los 11 requisitos que exige la Ley Electoral para ser candidato. Sus antecedentes de narcotráfico habrían sido borrados del Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap), gracias a un sobreseimiento emitido por la Fiscalía de Santa Cruz al mando del hoy Fiscal General Roger Mariaca, ante lo cual ya nada se podría hacer sin vulnerar su derecho constitucional.
En todo caso, según el prontuario policial, su última reclusión se registró el 24 de abril de 2019, con una orden judicial de detención preventiva en el penal de Palmasola, por su vinculación con la banda que lideraba el también abogado Pedro Montenegro Paz, a quién la Policía Federal del Brasil, ya en el año 2013, había identificado como un activo operador en Bolivia del Primeiro Comando Capital (PCC).
Pedro Montenegro: narcotraficante que desarrollaba en el país un desconcertante plan de legitimación política y liderazgo social —plan adoptado por el PCC desde mediados de la década pasada—, cooptando para esa causa a autoridades jerárquicas del Gobierno boliviano. Logró estructurar una red de apoyo gubernamental que abarcaba desde magistrados del Tribunal Supremo de Justicia hasta altos jefes de la Policía. Se perfilaba como futuro juez en Bolivia, mientras Brasil pedía su extradición.
Montenegro Paz era protegido y promovido por el inamovible jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de la Policía de Santa Cruz, coronel Gonzalo Medina, mano derecha del entonces ministro de Gobierno Carlos Romero Bonifaz. La sociedad entre Montenegro, Medina y Romero era muy activa, al punto en que el empresario de la cocaína fue dos veces condecorado en solemnes actos por sus “contribuciones” a la institución policial.
La Policía Federal del Brasil alertó a las autoridades bolivianas que el socio condecorado del coronel Medina era un emisario boliviano del PCC, con un pedido de extradición por introducir más de una tonelada de cocaína al territorio brasileño para su exportación a Europa desde el puerto de São Paulo.
Al gobierno de Evo Morales no le quedó más remedio que destituir a Medina.
La candidatura de Andrónico Rodríguez está manejada desde las sombras por fuerzas del narcotráfico que tomaron posiciones de influencia política a través de sórdidos personajes del régimen neo-estalinista como Álvaro García Linera y Mario Cronenbold. | Fotomontaje Sol de Pando
LOS NARCO-POLICÍAS Y SU CONEXIÓN CON EL PCC
El nuevo jefe de la Felcc de Santa Cruz, coronel Johnny Aguilera, reveló que el hijastro de Medina, Robin Justiniano Merubia, había sido quien conectó al policía con el emisario del PCC. “La pregunta es cuál fue la relación entre el señor Montenegro y el señor Medina: estoy plenamente convencido que fue a través del señor Robín Justiniano que se introduce a Montenegro en el círculo de Medina, lo que indudablemente nos permite acreditar un acuerdo previo”, dijo Aguilera en declaraciones a Unitel, al día siguiente de la detención de Justiniano Merubia.
Robin Justiniano colaboraba con su padrastro oficiando como relacionista público y asesor legal de la Felcc de Santa Cruz.
Ejerció como abogado defensor de policías procesados por narcotráfico. “También apareció defendiendo a detenidos colombianos y mexicanos implicados en una red de traficantes, detenidos con cocaína y lingotes de oro, a los que se involucró con un cartel narco de México”, informó El Deber en su edición del 25 de abril de 2019.
El joven abogado fue asimismo acusado de formar, desde su bufete jurídico, un consorcio de policías, jueces y fiscales encabezado por su padrastro, el coronel Medina, para apropiarse de tierras agrícolas y favorecer avasallamientos.
La evidencia plena de que el hoy candidato a diputado era parte activa de la banda liderada por Pedro Montenegro, fue un juego de fotografías que Aguilera hizo públicas, donde se ve al hijastro de Medina en fiestas privadas de Montenegro. Las fotos más incriminadoras, son aquellas en las que Montenegro posa en una lancha navegando cerca a una playa de Cartagena, Colombia, el 26 de marzo de 2019, celebrando la fiesta del Carnaval junto a un grupo de invitados especiales para ese lujoso viaje de placer, entre ellos varios policías bolivianos y sus esposas, además de Robin Justiniano.
Álvaro García Linera fue, junto con Juan Ramón Quintana y Carlos Romero, promotor decisivo para la incursión electoral de familias del narcotráfico boliviano. En las elecciones municipales de 2015, García Linera promovió abiertamente la candidatura de Carmen Lima Lobo, militante del MAS, para la Alcaldía de un municipio en el Beni. | Foto archivo Sol de Pando
EXITOSA ESTRATEGIA DE TOTAL LEGITIMACIÓN
Un año después de su detención preventiva, en julio de 2020, durante el régimen de Jeanine Añez, Robin Justiniano recibió el beneficio de detención domiciliaria previo al pago de una fianza de Bs.100.000. Los jueces y fiscales se pusieron de su parte.
En marzo de 2021, bajo el gobierno de Arce Catacora, la Fiscalía de Santa Cruz retiró los cargos en su contra, dictando un sobreseimiento a su favor que el entonces Fiscal del Distrito, Roger Mariaca, justificó con el argumento de que la foto de un viaje de placer en Cartagena junto al narcotraficante Pedro Montenegro, no probaba que Robin Justiniano fuera traficante de drogas, ni lavador de dólares provenientes del narcotráfico.
A partir de aquel sobreseimiento, el ciudadano Justiniano estaba decidido a ser un ejemplar líder social, puso todos sus recursos en ello. Libre ya todo estigma penal, se lanzó de lleno a “reivindicar” su imagen. Se convirtió en un activista a tiempo completo en pro del medio ambiente, realizando dispendiosas donaciones para la causa y apoyando a organizaciones ecologistas, ganando simpatías.
Pero al mismo tiempo, leal a su entorno, seguía ejerciendo la abogacía en defensa de policías procesados por narcotráfico, asesorando a los “interculturales” del MAS en litigios por avasallamientos de tierras, nunca dejó de visitar y comunicarse con su padrastro, el coronel Medina, recluido en la cárcel de San Pedro; y de vez en cuando llama a sus amigos del Brasil para mandar saludos a su carnal Pedro Montenegro, hoy recluido en un penal de São Paulo.
El gobierno del presidente Luis Arce le dio el toque final a su esmerado lavado de imagen. En enero del pasado año 2024, Robin Justiniano fue designado Jefe Nacional de Asuntos Jurídicos y Administrativos de la Autoridad Nacional de Bosques y Tierras (ABT).
Según un informe de El Deber, durante la gestión de Justiniano en ese cargo, la policía antidroga había reportado hallazgos de cocaína camuflada en cargamentos de madera que fueron confiscados en el puerto de Arica, Chile; en un primer caso 440 kilogramos de droga con destino a Polonia y en un segundo caso 322 kilos de cocaína de alta pureza con destino a Emiratos Árabes Unidos. Una comisión de diputados, dijo El Deber, había exigido al Director Ejecutivo de la ABT tomar cartas en el asunto y encomendó a su jefe de Asuntos Jurídicos un informe al respecto. Se desconoce qué es lo que Robin Justiniano informó.
Durante su gobierno, Evo Morales facilitó el ascenso político y social del narcotráfico incorporando en las filas del MAS a empresarios de la cocaína que participaron y contribuyeron financieramente en los procesos electorales, como el caso de Pablo Ramos Lima, buscado en Brasil. Ramos falleció en 2023. | Foto archivo Sol de Pando
DEL PODER ECONÓMICO AL PODER POLÍTICO, UNA RUTA NATURAL
Tras salir de la ABT, Robin Justiniano escribió un libro titulado «Sostenibilidad y Finanzas Verdes en Bolivia”, presentado en abril de este año durante un evento de la Cámara Forestal de Santa Cruz.
Es un buen tipo, para la percepción de la élite social cruceña que mide la calidad humana y el éxito por el grosor de la billetera. En ese contexto, tiene un prestigio “bien ganado”, como lo tuvo Marset durante su refugio seguro en Santa Cruz, tras llegar de Dubai para dedicar el tiempo de su cuarentena a jugar fútbol ante las cámaras de TV.
Cuando el TSE publicó las listas de candidatos habilitados, con el nombre de Robin Justiniano que había ascendido de la tercera a la primera diputación plurinominal por el Frente Popular, quisimos consultar el criterio de organizaciones políticas que se autodefinen como “anti-socialistas”, tomando contacto con voceros de Tuto Quiroga, Doria Medina y Reyes Villa. Todos ellos guardaron sepulcral silencio.
Preguntamos también a un prestigioso periodista cruceño por qué mantiene silencio ante la noticia de aquella extraña postulación; su respuesta fue: “Ya lo denuncié hace años… ya tiene carta de ciudadanía… Al menos, nada más que yo pueda hacer”.
No deja de tener la razón, aquel periodista cruceño, desde una prudente perspectiva.
La legitimación del narcotráfico en Bolivia, no sólo económica sino también política y social, responde a un imperativo estructural. Con el régimen de Evo Morales que incrementó mucho más allá del aculluco el cultivo de la hoja de coca, la producción de clorhidrato de cocaína se disparó a 500 toneladas al año, generando un movimiento anual de 10.000 millones de dólares que superan los ingresos por exportación de gas a Brasil y Argentina. Es un poder económico que exige su correlato en el poder político. El narcotráfico en Bolivia es un pujante sector productivo atrapado en la camisa de fuerza de su drama delictivo.
Los casos de Karla Robledo en las listas de Alianza Unidad o de Robin Justiniano en la Alianza Popular, no son los únicos ni los primeros. Durante el régimen de Evo Morales, miembros con talento político de familias narcotraficantes como Carmen Lima Lobo, esposa del colombiano Célimo Andrade que se convirtió en lideresa popular de su municipio; Rocío Roca, hija de Techo de Paja y exitosa Alcaldesa, Mayerling Castedo, del clan Candia que estuvo a punto de ser magistrada electa de TSJ, y muchos otros empresarios y empresarias de la cocaína con vocación política, fueron militantes del MAS que entregaron cuantiosas sumas de dinero para impulsar sus propias candidaturas, y lo hicieron con asesoramiento y apoyo abierto de jerarcas del neo-estalinismo como Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana y Carlos Romero Bonifaz, quienes, de paso, se enriquecieron obscenamente “manejando” a esas candidatas.
La duda que queda es si el nuevo Gobierno (se supone no estalinista) que surgirá de las urnas, mantendrá esta política de apropiación sistemática y subterránea del narco-excedente financiero, instrumentando la llamada lucha contra el narcotráfico como un violento mecanismo de permanente extorsión y exacción a los empresarios de la cocaína, que seguirán ahí, buscando ampliar sus espacios de poder.
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