Data: noviembre 3, 2024 | 14:55
DEL CASTILLO USANDO LOS MISMOS MÉTODOS DE MURILLO | El Ministro de Gobierno envió agentes de Inteligencia desde Santa Cruz a Yacuiba para secuestrar a la joven madre y su hija de ocho años, usando un vehículo de Diprove. Fue el 2 de octubre, el mismo día en que la fiscal de Tarija intentó apresar al pederasta Evo Morales. El plan era nefasto: exhibirlos a los tres juntos en conferencia de prensa…

EL IMPUNE INTENTO DE SECUESTRO A CINDY Y SU HIJA

El intento de secuestro de Cindy Saraí y su pequeña hija, el 2 de octubre, mismo día en que se iba a apresar a Evo Morales, es un atentado a los derechos humanos de una madre y una niña, que permanece en total impunidad. | Fotomontaje Sol de Pando

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© Wilson García Mérida | Redacción Sol de Pando | Servicio Informativo Datos & Análisis

Si bien no hay sustento sólido que avale plenamente la teoría de que el Ministro de Gobierno organizó premeditadamente una celada para capturar a Evo Morales la madrugada del pasado domingo 27 de octubre, en el marco de la persecución desatada con el pretexto de sus delitos de estupro (ya desjudicializados desde la gestión de Murillo), existe un antecedente que deja latente esa posibilidad:

El pasado 2 de octubre, la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, se disponía a encarcelar a Evo Morales ejecutando una orden de aprehensión que fue declarada ilegal por un juzgado de Santa Cruz. Ese mandamiento de apremio —que Gutiérrez había mantenido oculto desde el día en que fue emitido, 26 de septiembre, misma fecha en que Iván Lima renunció al Ministerio de Justicia—, intentaba reactivar dolosamente un proceso penal extinguido en diciembre de 2020. Se trataba de una denuncia contra Evo Morales por el delito de estupro, cometido contra Cindy Saraí Vargas, que no prosperó porque la víctima no había formalizado la denuncia como exige la norma y tampoco se tomó la declaración del denunciado (Morales) dentro el plazo estipulado. A pesar de ello, cuatro años después, Sandra Gutiérrez había forzado el mandamiento de aprehensión y decidió ejecutarlo deteniendo a Evo Morales en el Chapare, para lo cual el Ministro de Gobierno había dispuesto el desplazamiento de un centenar de policías para ejecutar el mandamiento fiscal. Ante un recurso de libertad (hábeas corpus) interpuesto por la defensa de Morales, una juez de Santa Cruz, Lilian Moreno Cuéllar, declaró ilegal el accionar de la fiscal Gutiérrez y ordenó dejar sin efecto aquel mandamiento de aprehensión, pues no tenía el respaldo de una denuncia formal por parte de la víctima y no se había tomado la declaración previa del estuprador denunciado en 2020.

Curiosamente, ese mismo 2 de octubre, en Yacuiba, la concubina adolescente de Evo Morales y madre de la niña que ambos procrearon en 2016, estuvo a punto de ser secuestrada, junto a la niña, por agentes civiles de Inteligencia, cumpliendo una misión ordenada por Del Castillo, según denunció la joven madre. El plan era exhibirlas a la madre estuprada y su hija, junto al estuprador, en conferencia de prensa. De haberse cumplido ese objetivo, se habría cometido un horrendo linchamiento mediático como los que ejecutaba el ministro Arturo Murillo durante el régimen de Añez, en el afán de forzar que las concubinas infantiles de Morales declaren contra su amante, violando todo precepto de respeto a los derechos humanos y re-victimizando a las víctimas. Afortunadamente, la detención de Morales fue impedida por la Juez de Santa Cruz y el secuestro de Cindy y su hija también falló.

Durante el gobierno de Morales, Cindy, como dirigente del grupo «Generación Evo», y su madre Iselda Pozo, militante del MAS, llevaban a la bebé al Chapare. El senador Loza oficiaba de padrino. | Foto archivo Sol de Pando

LA GRAVE DENUNCIA DE CINDY DESDE LA CLANDESTINIDAD

Mediante un audio que circuló el pasado 17 de octubre, Cindy denunció que la tarde de aquel miércoles 2 de octubre, al promediar las 6:30, la madre y su niña de ocho años fueron interceptadas en la puerta del colegio de la pequeña, por un oficial de la policía con grado de teniente, identificado con el nombre de Reynaldo Mamani. Cindy se disponía a encender su motocicleta para transportar a la niña hacia su domicilio. Tras retenerlas, el teniente Mamani hizo una llamada desde su celular y “al minuto llegó una vagoneta con tres efectivos, de civil, que se identificaron como personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen; ellos me dijeron que la moto había sido identificada como robada, yo inmediatamente les pedí la documentación de dicho reporte y proceden a forcejearme con violencia, intentando quitarme a mi hija, y al no lograrlo, yo agarré mi celular y empecé a grabar y se fueron para no ser identificados”.

Dicha vagoneta en la que pretendían secuestrar a Cindy y su hija, era un vehículo blanco “con líneas rojas a los costados, con placa 4989FPA, modelo Toyota Hilux, radicada en el municipio de La Guardia, en Santa Cruz, a nombre de Erick Rodríguez Guarachi, actual efectivo de Diprove“, precisó la muchacha en su denuncia del 17 de octubre.

La denuncia de Cindy quedó en nada. Un manto de silencio cómplice se tendió sobre la solitaria voz de la muchacha, que fue no solamente víctima del estupro de un gobernante corruptor de menores, ahora también víctima de una persecución fascista que le ha obligado a ponerse en clandestinidad; la niña ha dejado de asistir a la escuela.

DEL CASTILLO, EL «DESAPARECEDOR» DE CINDY, Y UN AFICHE ILEGAL

La persecución represiva que ha desatado del Castillo contra su ex correligionaria del grupo “Generación Evo”, queriéndola obligar a que declare contra el estuprador palaciego, toca extremos de abusiva ilegalidad cuando el Ministerio de Gobierno, el 12 de octubre, publicó oficiosamente un afiche policial de Personas Desaparecidas (como si estuviesen prófugas), exhibiendo a la joven a y su niña en una falsa desaparición, condición que sólo puede ser definida y publicitada a solicitud expresa de la familia. Es ilegal, y una aberración inconcebible, que un Ministro de Estado se constituya en «denunciante» de la desaparición de una persona, cuando este Ministro sabe perfectamente que la revictimizada víctima está huyendo de él, de su indolente saña represiva, junto a una aterrorizada niña de ocho años.

Ninguna institución defensora de los niños y las mujeres, ni el Defensor del Pueblo, ni la prensa, nadie, ha exigido el esclarecimiento de estos atentados contra una joven madre y su tierna hija. Del Castillo eludió el asunto con una indolencia idéntica a la de Murillo. Ni el teniente Mamani ni los agentes de Inteligencia que irrumpieron en Yacuiba aquella tarde de 2 de octubre, han sido investigados, mucho menos sancionados.

Tal vez esclarecer ese intento de secuestro coordinado por el teniente Reynaldo Mamani la tarde del 2 de octubre, puede contribuir a entender mejor lo que pasó el 27 de octubre en Villa Tunari, cuando Evo Morales se agarró a tiros con unos agentes encubiertos que le perseguían a bordo de unos vehículos de Dircabi.


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