ARCE Y LIMA GESTARON RECHAZO FISCAL A FAVOR DE EVO MORALES
Luis Arce posó en Buenos Aires abrazando a Noemí, en un gesto de congraciarse con Evo Morales que lo había designado su candidato sustituto para las elecciones de 2020. Morales gustaba exhibir a sus concubinas infantiles, como Cindy, en actos oficiales donde hacía gala de su autocrático poder. | Fotomontaje Sol de Pando
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© Redacción Sol de Pando | Servicio Informativo Datos & Análisis
La aclaración efectuada el viernes por el expresidente Evo Morales, informando que la denuncia en su contra por el delito de «estupro agravado» fue rechazada por el Ministerio Público en diciembre de 2020, puso en evidencia que el gobierno de Luis Arce Catacora y su Ministro de Justicia conocían aquella resolución fiscal favorable a Morales, lo cual impidió su imputación formal en el plazo estipulado y hace legalmente inviable, en la actualidad, cualquier intento por reactivar el caso.
El entonces Ministro de Justicia, Iván Lima, no sólo estaba en conocimiento de aquel desistimiento del Ministerio Público para imputar y procesar a Morales, también promovió tal resolución fiscal como un acto de protección al jefe del partido gobernante que avaló su designación como ministro de Arce. Conductas de deliberada omisión, como rechazar la información que Sol de Pando ofreció poner a su disposición en el mismo mes de diciembre de 2020 tras la investigación periodística del tema, muestran que Lima encubría activamente al ex Presidente desde el Ministerio de Justicia.
“Está cerrado esto”, dijo Evo Morales ante los periodistas, el viernes, sepultando la denuncia que lo implicaba en el estupro a una adolescente integrante de su “guardia juvenil”, quien dio a luz en Yacuiba a una niña, el 8 febrero de 2016. La recién nacida había sido reconocida por Morales en pleno ejercicio de su mandato presidencial y le dio su apellido, admitiendo su autoría en la paternidad. La joven madre tenía 16 años de edad y actualmente es una mujer de 24. Cindy Saraí Vargas Pozo nunca presentó denuncia alguna como víctima de estupro.
Cuatro años después de haber fenecido el proceso de Yacuiba, el Gobierno de Arce, abiertamente influido por Lima, intenta reactivar el caso como desenterrando un cadáver. Esta tentativa antijurídica obedece a una vendetta política de Iván Lima contra Evo Morales, a quien el abogado corporativo vinculado a personajes de la derecha boliviana como el ex defensor del pueblo Waldo Albarracín, ataca en una estrategia por impedir la candidatura del ex Presidente para las elecciones de 2025, supuestamente con el fin de favorecer la reelección de Arce; aunque lo más probable es que Lima apunta a la sucesión constitucional en favor del vicepresidente Choquehuanca, quien podría asumir el mando una vez que la guerra encarnizada por la sigla del MAS entre Luis Arce y Evo Morales, promovida por Lima, derive en un inminente y violento acortamiento del mandato.
El pasado 2 de octubre, la fiscal de Tarija Sandra Gutiérrez, operadora de Lima, estuvo a punto de encarcelar a Evo Morales al haber reactivado el caso de Yacuiba sobre bases legales endebles. Morales no fue notificado de la supuesta reapertura del caso, se había añadido una nueva figura penal ajena a la denuncia de 2020 (Tráfico y Trata de Personas); la orden de aprehensión fue manipulada clandestinamente y sobre todo no había una real parte denunciante del delito de estupro: Cindy Saraí se niega a denunciar al padre de su hija. Una jueza en Santa Cruz puso al ex Presidente a buen recaudo de aquel abuso y la detención quedó sin efecto.
Aquellas irregularidades le costaron el cargo a la negligente Fiscal de Tarija. El Fiscal General, Lanchipa, cometió el error de destituirla sin el debido proceso administrativo previo; por ello un juez ordenó su restitución. Ahora, la estrategia digitada por Lima es forzar la toma de declaración de Morales, pese a que el plazo para ese procedimiento feneció en octubre de 2020.
La detención indebida de Evo Morales, si no se presenta a declarar el próximo 10 de octubre desacatando una cuestionable citación fiscal, puede desatar una sublevación campesina como la respuesta anunciada de Morales, lo que pondrá en vilo al gobierno de Arce con el fantasma latente del acortamiento de su mandato. Lima persiste en llegar a ese extremo, operando desde las sombras.
La fiscal de Tarija Sandra Gutiérrez, fue Ministra de Justicia designada por Evo Morales en 2014, precisamente durante el periodo en que el Presidente cocalero atravesó un cuadro crítico de descontrol sexual, llevando al Palacio de Gobierno a sus amantes adolescentes en presencia cómplice de sus ministros. | Foto archivo Sol de Pando
EL ORIGEN DEL ENREDO PROCESAL EN LA FISCALÍA
En agosto de 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez, el entonces viceministro de Transparencia Guido Melgar denunció el innegable estupro ante la Defensoría de la Niñez de La Paz, instancia que sin embargo declinó competencia (rechazó el caso) arguyendo que la víctima, entonces con 21 años, “ya era mayor de edad”.
Un mes después, el 24 de septiembre de 2020, en plena campaña electoral, Melgar presentó una querella en Yacuiba bajo el mismo cargo; la Fiscalía debía tomar la declaración al denunciado Evo Morales en un plazo de 20 días, pero ese procedimiento no pudo cumplirse debido a que el ex Presidente se hallaba autoexiliado en Buenos Aires. Se había planteado la opción de que una comisión de fiscales se traslade hasta Argentina para tomarle la indagatoria; el Fiscal General, Lanchipa, bloqueó el viaje con el aval del entonces Ministro de Gobierno.
Arturo Murillo no tenía escrúpulos en vulnerar los derechos legales del ex Presidente autoexiliado, en su propósito de someter a Morales a una persecución con tintes de vendetta fascista. Dijo Murillo a Sol de Pando que tomarle declaraciones a Evo Morales en su refugio de Buenos Aires, era “un privilegio que no merece”.
La denuncia penal del viceministro Melgar estaba destinada al fracaso. Quedaban apenas tres semanas para las elecciones que se realizarían el 18 de octubre de 2020. En el poco tiempo que restaba, el gobierno de Añez no logró que el ex presidente Morales brinde su declaración informativa dentro el plazo legal establecido, previo a la imputación o rechazo. Al no haberse tomado la declaración del denunciado, la imputación se hacía legalmente imposible y era más probable el rechazo.
La querella, además, adolecía de un defecto mayor, un insalvable vicio procedimental: no había una víctima denunciante. El artículo 19 del Código de Procedimiento Penal estipula que el estupro es un delito “de acción pública a instancia de parte”, es decir la investigación fiscal sólo procede cuando la víctima o su familia presentan la denuncia; no le es permitido al Ministerio Púbico actuar de oficio.
Cindy Saraí Vargas Pozo, madre de la bebé gestada para Evo Morales, en ningún momento denunció al padre de su hija. La adolescente había procreado dentro su amorío con el entonces Presidente del Estado, tras varios encuentros íntimos que mantuvieron ambos en la Casa Grande del Pueblo y durante los viajes oficiales del gobernante a la zona de Yacuiba, a donde volaba generalmente para atender asuntos vinculados con la producción petrolera. La criatura nació el 8 de febrero de 2016. No hay evidencias de que después del parto la hubiese maltratado o abandonado, al contrario, Morales reconoció a la niña según la partida de nacimiento emitida en una oficialía del Registro Civil en Yacuiba, a donde el Presidente del Estado acudió en horas de oficina para firmar el consentimiento de su paternidad.
Cindy Saraí nunca se declaró víctima del gobernante pedófilo, gozaba de prebendas y privilegios palaciegos a los que ninguna adolescente de su edad podría acceder. El gobierno de Añez, a través del ministro Murillo, intentó obligarla a presentar denuncia contra Morales, persiguiéndola y coaccionándola con la amenaza de encarcelar a toda su familia, del mismo modo en que se procedió con Noemí Meneses, la otra concubina infantil, sañudamente re-victimizada por Murillo. Pero no funcionó, Cindy y Noemí, muy bien adoctrinadas, se mantuvieron militante y férreamente “leales” con su amante y dadivoso jefe, quien resultó un hábil corruptor sexual de menores usando su poder político y muchos bienes del Estado, incluyendo una eficiente red de celestinaje gubernamental.
Evo Morales retornó de su autoexilio el 9 de noviembre de 2020, el mismo día en que el nuevo Presidente, Luis Arce Catacora, posesionaba al flamante gabinete aprobado por Morales, quien había fungido como jefe de campaña del candidato Arce en las elecciones de octubre y ejercía como jefe político supremo del MAS. Evo Morales dio su visto bueno a la designación de Iván Lima como Ministro de Justicia, cuya primera misión era enterrar el proceso de Yacuiba.
Frenar la acción penal por el estupro de Yacuiba para liberar a Evo Morales de aquel cargo, evidentemente fue el primer acto de interferencia política en los asuntos judiciales del país por parte de Iván Lima. El flamante Ministro de Justicia ordenó el cambio de los fiscales que estaban a cargo de procesar la denuncia de Melgar, y evitó que Evo Morales se presente a declarar una vez que el autoexiliado retornó de Buenos Aires, quedando desactivado definitivamente aquel proceso que nunca llegó a la fase de imputación.
El 31 de diciembre de 2020, pocos días después del rechazo fiscal a la denuncia contra Evo Morales en Yacuiba, el Director de Sol de Pando tomó contacto con el flamante Ministro de Justicia, Iván Lima, para entregarle información acerca de la responsabilidad de Arturo Murillo en el fracaso de esa querella. Lima en respuesta bloqueó los mensajes. | Foto Sol de Pando
LA RUTA SINUOSA DE IVÁN LIMA Y LOS OTROS BOYS DE ARCE
El 10 de diciembre de 2020, según informó el ex Presidente en la conferencia de prensa del viernes, la Fiscalía de Tarija rechazó formalmente la denuncia del viceministro Melgar.
Obviamente, se notificó con aquella Resolución de Rechazo al nuevo titular del Viceministerio de Transparencia, Julia Susana Ríos, subalterna de Lima. El caso quedaba cerrado —muerto— y ya no había vuelta que dar. El artículo 4 del Código de Procedimiento Penal, pone el hermético candado sin ambages: “Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias”.
El 31 de diciembre del mismo año 2020, a través de los buzones de Twitter y Messenger, el Director de Sol de Pando tomó contacto con el ministro Iván Lima solicitando una reunión para exponer las pruebas que obtuvo este medio en la investigación periodística realizada al margen del expediente entregado por el gobierno de Añez a un diario ultraderechista español. Teníamos evidencias del mal manejo judicial del caso en las manos fascistas de Murillo, y nos proponíamos aportar con elementos que podían encaminar los delitos pedófilos hacia un Juicio de Responsabilidades contra el ex presidente Morales por uso indebido de bienes del Estado para corromper sexualmente a menores de edad. Lima, como única sórdida respuesta, bloqueó los correos.
Posteriormente, el 6 de abril de 2021, feriado de Viernes Santo, durante una audiencia en el despacho de la Vicepresidencia, en La Paz, el director de Sol de Pando pudo entregar el dossier “Pedofilia Palaciega” al vicepresidente David Choquehuanca, junto a otros informes referidos a la extinción del pueblo indígena Pacahuara y a las duras circunstancias de nuestro exilio en Brasil. Choquehuanca se comprometió a “analizar” aquella información con el Ministro de Justicia para tomar acciones; pero ese compromiso, por supuesto, jamás se cumplió.
El ataque contra Morales escamoteando su candidatura a costa de generar un caos en el sistema jurídico del país, le costó el cargo a Lima. Fue destituido el pasado 26 de septiembre por influencia del gobierno de Maduro, del grupo de Puebla y del gobierno cubano —a través de los asesores y operadores neo-estalinistas dentro el régimen de Arce—. En su discurso de despedida, Lima amenazó abiertamente con reactivar los casos de pedofilia de Evo Morales. Cumplió su vendetta a los pocos días.
Los aliados internacionales del régimen, el Grupo de Puebla y particularmente los gobiernos de Venezuela y Cuba, ven azorados cómo el aparato estatal al mando de Arce despliega una arremetida al mejor estilo de Arturo Murillo, buscando conculcar el derecho constitucional que tiene Morales —en su condición de ex Presidente— para postular como candidato del MAS en los comicios próximos.
El estupor es mayor cuando se constata que el propio presidente Arce y su entorno conocían y fomentaban las aficiones pedófilas de Morales desde siempre. Arce se tomó una foto muy contento junto al ex Presidente autoexiliado y Noemí, su amante infantil, en Buenos Aires, cuando el ex Ministro de Economía había ido al encuentro de Evo Morales para su designación como el candidato presidencial del MAS en las elecciones de octubre, el año 2020. Sobre el proceso de Yacuiba, Arce dijo entonces que “ese tema es un asunto de la vida privada del compañero Evo y no afecta políticamente a nuestro binomio”. Cuatro años después, Arce se suma a la arremetida de Lima y Albarracín afirmando que “nuestras niñas no se tocan”, a tiempo de anunciar que el nuevo Ministro de Justicia coadyuvará en las acciones persecutorias de la Fiscal de Tarija, en el plan de encarcelar a Morales para impedir su candidatura.
La Fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, que hoy lo persigue con tanto ahínco, fue designada Ministra de Justicia por el mismo Evo Morales el año 2014, en plena efervescencia pedófila que el jefe cocalero ventilaba en el Palacio de Gobierno ante el silencio sonriente y complaciente de todo su Gabinete.
El actual Ministro de Gobierno, Del Castillo, que ya dio la orden a la Policía para vigilar a Morales esperando el momento de su aprehensión, mantenía estrecha “camaradería” con Cindy Saraí siendo ambos integrantes del grupo “Generación Evo”, donde se reclutaban las “guardias juveniles presidenciales” entre niñas de 14 y 16 años.
El hoy ministro de Obras Públicas Edgar Montaño, declaró hace una semana que las pruebas de la pedofilia de Evo Morales “son contundentes” y sin embargo, cuando fue Diputado gracias a Evo, en octubre de 2020 el mismo Montaño decía que el certificado de nacimiento de la bebé de Cindy era “totalmente falso”.
De Lima, ni qué decir.
Esta ola de doble moral que inunda a Bolivia en medio de los crecientes incendios forestales y un severo deterioro inflacionario de la economía, situación agravada por el colosal desbarajuste judicial e institucional causado por las movidas de Lima desde el Ministerio de Justicia, ponen a Evo Morales en una inequívoca posición de perseguido político, víctima de sus propios correligionarios, en una descarnada disputa intestina por el poder partidario y estatal. La ruptura final en ciernes, promete ser violentísima.
MULTIMEDIA
GALERÍA | Cindy, la fiel guardaespaldas
El desplazamiento de las víctimas para sus encuentros sexuales con Evo Morales implicó un despliegue logístico de alto presupuesto desde los aparatos estatales. Cuerpos de seguridad integrados por militares al mando de Juan Ramón Quintana, uso de vehículos oficiales, aviones y helicópteros, hospedajes de cinco estrellas e incluso coberturas de prensa para disimular las furtivas “visitas conyugales” a la alcoba del jefe pedófilo. | https://www.facebook.com/jose.aramayo.940/photos/a.1619936488249772/1619946354915452
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