SEGÚN EL GOBIERNO, EVO MORALES ATACÓ A LA FUERZA ANTIDROGA
Los incidentes del domingo 27 de octubre, en Villa Tunari, han terminado por sellar la violenta ruptura entre el expresidente Morales y el ministro Del Castillo, quien en otros tiempos fue entusiasta activador del grupo “Generación Evo”. | Fotomontaje Sol de Pando
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© Redacción Sol de Pando | Servicio Informativo Datos & Análisis
La madrugada del domingo, según la versión del Ministro de Gobierno, los hechos habrían acontecido así:
Al promediar las 6:30, patrullas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) realizaban control vehicular sobre la carretera entre Ivirgarzama y Villa Tunari, en busca del narcotraficante prófugo Baymar Sarmiento. A esa hora, 15 vehículos estacionados en el puesto de control esperaban su turno para ser inspeccionados. En esa fila estaba la vagoneta de Evo Morales, que se dirigía a Villa Tunari para emitir su programa de radio. Cuando los policías se disponían a inspeccionar el vehículo de Morales, “el conductor imprimió velocidad y embistió contra los uniformados, uno de los cuales fue atropellado en una de las piernas”, dijo este lunes el ministro Del Castillo.
En la versión gubernamental, no hay indicio de que los policías anti-droga hubiesen intentado detener o arrestar a Evo Morales. Simplemente, según Del castillo, se disponían a realizar una inspección en el vehículo, como parte de un protocolo rutinario cuando se realizan rastrillajes y redadas, en este caso buscando a un narco prófugo. Cuando Morales pisó el acelerador eludiendo a la inspección, fue perseguido por los policías debido a su actitud sospechosa.
En la versión de Evo Morales, se trataba de un intento de secuestro con el fin de acabar con la vida del ex Presidente. Según el senador Leonardo Loza, en la zona del incidente no existe ningún puesto de control de la Felcn. Los policías se apostaron ahí con el exclusivo fin de emboscar a Morales. Si el Del Castillo logra demostrar que fueron más de 15 vehículos que pasaron por esa tranca policial sometiéndose a la requisa, el argumento de Loza perdería validez.
El Gobierno afirma que la fuerza antidroga puede instalar puestos de control provisorios para ejecutar operativos puntuales; pero el ex ministro Carlos Romero, asesor de Morales, asegura que los Dispositivos Estacionarios de Control (DEC) que le permiten a la Felcn instalar retenes provisionales, operan con patrulleros oficiales y personal policial uniformado identificados como tales, y no con agentes encubiertos de Inteligencia desplazándose como civiles en autos particulares.
Pocas horas después de la balacera, un grupo de adherentes de Evo Morales estuvo a punto de tomar el cuartel de la Novena División del Ejército, en Villa Tunari, donde los agentes que se enfrentaron con Evo Morales se refugiaron para evacuar a su camarada herido a una clínica de Santa Cruz. El comandante del puesto militar, asediado por los cocaleros evistas, se vio obligado a entregarles dos vehículos que participaron en la balacera, y luego los incendiaron, borrando importantes evidencias de lo acontecido. ¿Por qué Evo Morales no impidió la destrucción de aquellas vagonetas de la Policía que también fueron baleadas?
Sobre la balacera, Evo Morales dijo que disparó en defensa propia contra el neumático de una vagoneta policial que le perseguía; el Ministro asegura que fue Morales quien empezó los disparos al momento de evadir el puesto de control. Como fuere, el ex Presidente deberá entregar su arma a las autoridades para el respectivo peritaje balístico. Si portaba el arma sin la licencia debida, Evo Morales podría ser procesado por portación ilegal.
No hubo muertos en la refriega, afortunadamente, salvo dos heridos: un chofer de Evo y un policía antidroga.
El intento de secuestro de Cindy Saraí y su pequeña hija, el 2 de octubre, mismo día en que se iba a apresar a Evo Morales, es un atentado a los derechos humanos de una madre y una niña, que permanece en total impunidad. | Fotomontaje Sol de Pando
EL INTENTO DE SECUESTRO A CINDY: ¿UN ANTECEDENTE OCULTO?
Si bien no hay sustento sólido que avale la teoría de que el Ministro de Gobierno organizó una celada para capturar a Evo Morales la madrugada del 27 de octubre, en el marco de la persecución desatada por sus delitos de estupro (ya desjudicializados desde la gestión de Murillo), existe un antecedente que deja latente esa posibilidad:
El pasado 2 de octubre, la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, se disponía a encarcelar a Evo Morales ejecutando una orden de aprehensión que fue declarada ilegal por un juzgado de Santa Cruz. Ese mandamiento de apremio —que Gutiérrez había mantenido oculto desde el día en que fue emitido, 26 de septiembre, misma fecha en que Iván Lima renunció al Ministerio de Justicia—, intentaba reactivar dolosamente un proceso penal extinguido en diciembre de 2020. Se trataba de una denuncia contra Evo Morales por el delito de estupro, cometido contra Cindy Saraí Vargas, que no prosperó porque la víctima no había formalizado la denuncia como exige la norma y tampoco se tomó la declaración del denunciado, Morales, dentro el plazo estipulado. A pesar de ello, cuatro años después, Sandra Gutiérrez había forzado el mandamiento de aprehensión y decidió ejecutarlo deteniendo a Evo Morales en el Chapare, para lo cual el Ministro de Gobierno había dispuesto el desplazamiento de un centenar de policías para ejecutar el mandamiento fiscal. Ante un recurso de libertad (hábeas corpus) interpuesto por la defensa de Morales, una juez de Santa Cruz, Lilian Moreno Cuéllar, declaró ilegal el accionar de la fiscal Gutiérrez y ordenó dejar sin efecto aquel mandamiento de aprehensión, pues no tenía el respaldo de una denuncia formal por parte de la víctima y no se había tomado la declaración previa del estuprador denunciado en 2020.
Curiosamente, ese mismo 2 de octubre, en Yacuiba, la concubina adolescente de Evo Morales y madre de la niña que ambos procrearon en 2016, estuvo a punto de ser secuestrada, junto a la niña, por agentes civiles de Inteligencia, cumpliendo una misión ordenada por Del Castillo, según denunció la joven madre. El plan era exhibirlas a la madre estuprada y su hija, junto al estuprador, en conferencia de prensa. De haberse cumplido ese objetivo, se habría cometido un horrendo linchamiento mediático como los que ejecutaba el ministro Arturo Murillo durante el régimen de Añez, en el afán de forzar que las concubinas infantiles de Morales declaren contra su amante, violando todo precepto de respeto a los derechos humanos y re-victimizando a las víctimas. Afortunadamente, la detención de Morales fue impedida por la Juez de Santa Cruz y el secuestro de Cindy y su hija también falló.
Mediante un audio que circuló el pasado 17 de octubre, Cindy denunció que la tarde de aquel miércoles 2 de octubre, al promediar las 6:30, la madre y su niña de ocho años fueron interceptadas en la puerta del colegio de la pequeña, por un oficial de la policía con grado de teniente, identificado con el nombre de Reynaldo Mamani. Cindy se disponía a encender su motocicleta para transportar a la niña hacia su domicilio. Tras retenerlas, el teniente Mamani hizo una llamada desde su celular y “al minuto llegó una vagoneta con tres efectivos, de civil, que se identificaron como personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen; ellos me dijeron que la moto había sido identificada como robada, yo inmediatamente les pedí la documentación de dicho reporte y proceden a forcejearme con violencia, intentando quitarme a mi hija, y al no lograrlo, yo agarré mi celular y empecé a grabar y se fueron para no ser identificados”.
Dicha vagoneta en la que pretendían secuestrar a Cindy y su hija, era un vehículo blanco “con líneas rojas a los costados, con placa 4989FPA, modelo Toyota Hilux, radicada en el municipio de La Guardia, en Santa Cruz, a nombre de Erick Rodríguez Guarachi, actual efectivo de Diprove“, precisó la muchacha en su denuncia del 17 de octubre.
La denuncia de Cindy quedó en nada. Un manto de silencio cómplice se tendió sobre la solitaria voz de la muchacha, que fue no solamente víctima del estupro de un gobernante corruptor de menores, ahora también víctima de una persecución fascista que le ha obligado a ponerse en clandestinidad; la niña ha dejado de asistir a la escuela.
La persecución represiva que ha desatado del Castillo contra su ex correligionaria del grupo “Generación Evo”, queriéndola obligar a que declare contra el estuprador palaciego, toca extremos de abusiva ilegalidad cuando el Ministerio de Gobierno publica oficiosamente un afiche policial de Personas Desaparecidas (como si estuviesen prófugas), exhibiendo a la joven a y su niña en una falsa desaparición, condición que sólo puede ser definida y publicitada a solicitud expresa de la familia.
Ninguna institución defensora de los niños y las mujeres, ni el Defensor del Pueblo, ni la prensa, nadie, ha exigido el esclarecimiento de estos atentados contra una joven madre y su tierna hija. Del Castillo eludió el asunto con una indolencia idéntica a la de Murillo. Ni el teniente Mamani ni los agentes de Inteligencia que irrumpieron en Yacuiba aquella tarde de 2 de octubre, han sido investigados, mucho menos sancionados.
Tal vez esclarecer ese intento de secuestro coordinado por el teniente Reynaldo Mamani la tarde del 2 de octubre, puede contribuir a entender mejor lo que pasó el domingo reciente en Villa Tunari.
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