LOS GUARANI KAIOWÁ SON ASESINADOS POR DEFENDER SU TERRITORIO
Un pueblo heroico que resiste un prolongado avasallamiento | VIDEO
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© Redacción Sol de Pando
El pasado 2 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una Resolución mediante la cual otorgó medidas cautelares en favor de miembros de la comunidad Guapoy del Pueblo Indígena Guarani Kaiowá, tras identificar que “se encuentran en una situación de riesgo de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
Dicha comunidad Guarani Kaiowá está ubicada en el municipio de Amambai, Estado de Mato Grosso do Sul. En su pedido de medidas cautelares al órgano protector de la OEA, alegó que sus habitantes se encuentran en riesgo “tras ser objeto de hechos de violencia en el marco de controversias sobre la propiedad de la tierra en la región; e informó que entre el 14 de julio y el 13 de septiembre de 2022, dos indígenas propuestos beneficiarios han sido asesinados”, informó la CIDH.
En efecto, la tarde del martes 13 de septiembre el líder indígena Vitorino Sanches, de 60 años, fue ejecutado a tiros en el centro de Amambai, ciudad a 352 kilómetros de la capital Campo Grande. Según el reporte policial, Vitorino recibió cinco disparos a quemarropa mientras conducía su vehículo. Llegó sin vida al hospital municipal de Amambai. El asesinato fue perpetrado por dos individuos que no han sido identificados.
Vitorino Sanches estuvo perseguido y vigilado por sus verdugos varias semanas antes de su ejecución. Ya había sufrido un atentado el 1 de agosto, cuando fue baleado a bordo de su mismo vehículo con diez tiros en pleno centro de Amambai, sufriendo heridas en un brazo y una pierna. 45 días después, volvió a ser atacado y finalmente el asesinato se consumó.
El 14 de julio, otro líder de la nación indígena Guarani Kaiowá, Márcio Moreira, murió en una emboscada organizada por dos individuos que le habían contratado para un supuesto servicio. La víctima se hizo presente junto a otros dos miembros de su comunidad, quienes fueron sorprendidos por dos hombres en motocicleta que dispararon apuntando a Márcio, hasta matarlo.
Además, el pasado 24 de junio se produjo un enfrentamiento dentro una supuesta propiedad rural —que los Guarani Kaiowá reclaman como parte de su territorio— entre los comunarios y efectivos del Batallón de Choque de la Policía Militar, con el saldo de siete indígenas heridos (entre ellos dos niños) y la muerte de Vitor Fernandes, un líder indígena de 42 años.
Testigos de la operación policial señalaron que las fuerzas policiales actuaron a pedido del supuesto dueño de la hacienda utilizando armas letales para forzar la retirada de los indígenas.
El Gobierno de Mato Grosso do Sul no dio explicaciones a los medios del por qué la operación se realizó sin una orden judicial y tampoco lo de tomarse la atribución para hacerlo, pues por tratarse de indígenas, la acción le correspondía a la Policía Federal y no a la Militarizada.
En la reserva de Amambaí viven cerca de 10.000 indígenas en 2.400 hectáreas y algunas haciendas son reivindicadas por los pueblos originarios desde hace un siglo, cuando fueron ocupadas por hacendados.
El gobierno de Bolsonaro no sólo paralizó la demarcación de nuevas tierras indígenas, también decretó la certificación de tierras privadas en áreas indígenas no homologadas, desatando una ola de avasallamientos promovidos desde el mismo Estado, y el surgimiento de los grupos paramilitares encargados de asesinar a los líderes indígenas. | Foto archivo Sol de Pando
La soya ensangrentada en tierras indígenas
La disputa sangrienta por la tierra, entre los indígenas Guarani Kaiowá que exigen la demarcación de tierras legitimando la propiedad comunal ancestral, y empresarios agroindustriales que buscan expandir sus plantaciones de soya sobre las áreas fiscales y comunitarias protegidas por la Constitución brasileña de 1988, se agudizó hace más de un lustro con el surgimiento de grupos paramilitares que comenzaron a operar abiertamente tras la caída de la presidente Dilma Rousseff, financiados por los inversores soyeros.
La noche del 11 de julio de 2016, en una estancia ocupada por los kaiowá en Caarapó, al sur de Mato Grosso do Sul, los paramilitares aprovecharon la oscuridad para llegar con autos y armas al lugar. Tres indígenas resultaron heridos, dos adolescentes y un adulto. Al día siguiente, Clodiode Aquileu Rodrigues de Souza, de 26 años, hijo del vice cacique de la aldea, se enfrentó sin armas, a pecho descubierto, a los enemigos de su pueblo. Aquella mañana, un grupo de hombres armados llegó a la hacienda ocupada por los kaiowá en 50 camionetas y varios tractores. Querían sacar a la fuerza a los indígenas que habían entrado días antes en zona considerada privada. No lo consiguieron, pero balearon matando al agente de salud indígena, que dejó a una joven esposa y un hijo que todavía no había cumplido un año.
Seis años después de aquel trágico episodio, la violencia ha recrudecido con recargada letalidad. El gobierno de Bolsonaro no sólo paralizó la demarcación de nuevas tierras indígenas, también criminalizó el derecho territorial indígena a través de un decreto que autoriza la certificación de tierras privadas en áreas indígenas no homologadas. Esa medida desató una ola de avasallamientos promovidos desde el mismo Estado, y el surgimiento de los grupos paramilitares encargados de asesinar a los líderes indígenas en todo el país.
En 2021, 176 indígenas fueron asesinados en Brasil y el índice de invasiones a tierras comunitarias aumentó en 180%, según datos del colectivo Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB).
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