Data: junio 26, 2024 | 4:35

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LA ALCALDESA DE COBIJA FUE ESCUCHADA POR EL GOBIERNO | Presidente Arce y alcaldes de Bolivia acordaron medidas de protección a los municipios del país. Urge destrabar créditos externos en el Parlamento…

ANA LUCÍA REIS LOGRA ALIVIAR DEUDAS

La reunión de los Alcaldes con el Presidente se produjo la mañana del martes, 25 de junio, en la Casa Grande del Pueblo. El clamor de Ana Lucía Reis ha sido escuchado. | Foto Sol de Pando

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“No tenemos recursos ni para pagar el sueldo de la Alcaldesa”, exclamó Ana Lucía Reis durante la inundación del rio Acre, en febrero de este año, cuando reveló que las arcas municipales se hallaban vacías a causa de una caída drástica en los ingresos por el IDH y un endeudamiento acumulado desde la gestión anterior, con intereses en mora, que precipitó dramáticamente una insolvencia municipal.

Entonces, la Alcaldesa de Cobija pidió al Gobierno central la reprogramación de los créditos públicos, cuya amortización asfixiaba a la administración edil. Propuso la suspensión de aquellas deudas por uno o dos años.

Cuando el presidente Luis Arce llegó a Cobija trayendo ayuda para los damnificados por la inundación, Reis le informó que las deudas de la Alcaldía sumaban más de Bs 160 millones entre fideicomiso y créditos, alcanzando a los Bs 240 millones por otras obligaciones en mora. Casi el 70% de los pagos eran intereses acumulados por deudas impagas desde la gestión 2015.

Lo que sucedía en Cobija en grado superlativo, se padecía también en los demás municipios de Bolivia. A la cabeza de Reis, que preside la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB), los alcaldes de las principales ciudades del país le pidieron al Presidente una reunión de trabajo para superar la crisis del modelo de financiamiento municipal dependiente del IDH.

La reunión se produjo la mañana del martes, 25 de junio, en la Casa Grande del Pueblo. El clamor de Ana Lucía Reis ha sido escuchado.

El presidente Arce y los alcaldes aglutinados en la AMB acordaron la reprogramación de los créditos del Fondo Nacional de Desarrollo Nacional (FNDR) y del Banco Unión, medida que, en el caso de Cobija, permitirá retener un 80% de los ingresos del IDH que se destinaban a pagar deudas con tales entidades del Estado.

La alcaldesa Reis informó al presidente Luis Arce sobre el colapso que enfrenta el municipio de Cobija, por las mismas causas de una crisis municipal que se generaliza en el país. | Foto Sol de Pando

OTRAS MEDIDAS ACORDADAS CON EL PRESIDENTE

En la reunión del martes, el Gobierno central ha comprometido un desembolso de $us 50 millones destinado a las alcaldías, una vez que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe un crédito de cooperación del Gobierno japonés, por $us 100 millones, que se encuentra estancado en el Parlamento desde los días de la pandemia.

También se acordó conformar una Comisión entre el Poder Ejecutivo y las Alcaldías para revisar una normativa basada en la Ley General del Trabajo que criminaliza a los alcaldes en casos de conflictos laborales de tipo obrero-patronal.

En el caso de Cobija, tales conflictos laborales exceden la capacidad administrativa de la Alcaldía debido al inminente colapso financiero, y derivan en juicios penales y órdenes de aprehensión contra la Alcaldesa.

“Hemos hecho todo lo posible para satisfacer las exigencias sindicales y evitar conflictos” —explica Reis—. “El municipio no tiene recursos y sin embargo el año pasado se ha incluido en planillas a 36 funcionarios que se ampararon en la Ley General del Trabajo, lo que significa una erogación extra de un millón ochocientos mil bolivianos al año”.

La obligada austeridad forzó a la Alcaldía rebajar salarios del personal jerárquico, comenzando por el sueldo de la Alcaldesa, y también reducir personal a lo estrictamente operativo. “A consecuencia de todo esto, soy una Alcaldesa con más juicios y órdenes de aprehensión en Bolivia”, reclama Ana Lucía Reis.

Informó que debe pedir autorizaciones judiciales para desplazarse dentro y fuera del país. “En lo que va de mi gestión administrando la deuda heredada y la caída del IDH, he tenido 89 órdenes de aprehensión y cualquier momento puedo ir presa injustamente; es ilógico que un alcalde o una alcaldesa vaya a la cárcel por una demanda laboral”.