Data: enero 13, 2026 | 17:38
NO APELÓ EL RECHAZO A LA DENUNCIA PENAL | El Ministro de Justicia de Arce Catacora inició su gestión ministerial, a fines de 2020, permitiendo que la Fiscalía de Tarija rechace la acción iniciada por el Viceministerio de Transparencia…
IVAN LIMA LIBERÓ A EVO MORALES DEL PROCESO POR ESTUPRO
El ministro Lima, a través del Viceministerio de Transparencia que fue la parte denunciante, tenía un plazo de cinco días para apelar la Resolución de Rechazo, hasta el 15 de diciembre de 2020. No hubo ninguna apelación. Legalmente, la denuncia por estupro murió ahí. | Fotomontaje Sol de Pando
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© Redacción Sol de Pando | EDITORIAL
Un mes después de haber sido posesionado como Ministro de Justicia, en diciembre de 2020, Iván Lima Magne liberó a Evo Morales del cargo penal por el delito de estupro que el Presidente cocalero había cometido contra la adolescente Cindy Saraí Vargas, entre los años 2015 y 2016. Lima dio curso a una Resolución de Rechazo con que la Fiscalía de Tarija desestimó la denuncia.
Hace exactamente un año, en su edición del 13 de enero de 2025, Sol de Pando publicó un informe detallado al respecto.
Según investigó Sol de Pando, el 10 de diciembre de 2020 la Fiscalía de Tarija rechazó la denuncia que el Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Transparencia, durante el gobierno de Jeanine Añez, había presentado en septiembre de ese año para investigar la violación de Evo Morales a Cindy Saraí.
El rechazo fiscal a una denuncia en la etapa preparatoria, es equivalente a un sobreseimiento al finalizar la investigación y a una absolución al concluir el juicio penal. Habiendo rechazo, sobreseimiento o absolución, un caso se cierra en cualesquier de esas tres etapas y el denunciado queda libre de toda responsabilidad penal. Por eso es que Evo Morales Ayma no puede ser cautelado.
Sin embargo, tales resoluciones son apelables. Con una apelación interpuesta en el plazo estipulado, se puede demostrar la culpabilidad del imputado aportando más pruebas. Y Lima no apeló.
El ministro Lima, a través del Viceministerio de Transparencia que fue la parte denunciante, tenía un plazo de cinco días para apelar la Resolución de Rechazo, hasta el 15 de diciembre de 2020. No hubo ninguna apelación. Legalmente, la denuncia por estupro murió ahí.
Tanto Iván Lima como la entonces Viceministra de Transparencia, Susana Ríos, son responsables de esa deliberada omisión, además de cómplices, que le permite a Evo Morales, incluso hoy, eludir su responsabilidad penal por un delito de estupro que cometió siendo “el mejor Presidente de Bolivia”.
El ardid judicial que le permite al ex Presidente pedófilo burlarse de la justicia, radica en que la víctima, Saraí Vargas, no denunció al estuprador. El Código Penal exige que en casos de estupro la víctima deberá ser quien denuncie. Además, el denunciado debe prestar su declaración indagatoria, también en plazo perentorio.
El 31 de diciembre de 2020, pocos días después del rechazo fiscal a la denuncia contra Evo Morales en Yacuiba, el Director de Sol de Pando tomó contacto con el flamante Ministro de Justicia, Iván Lima, para entregarle información acerca de la responsabilidad de Arturo Murillo en el fracaso de esa querella. Lima en respuesta bloqueó los mensajes. | Foto Sol de Pando
LAS CONSECUENCIAS DE NO HABER APELADO LA RESOLUCIÓN DE RECHAZO
En la apelación se podía demostrar que Evo Morales ha evitado ser denunciado por sus víctimas de violación, corrompiéndolas con dádivas y prebendas a costa de recursos y bienes del Estado. Además que todas ellas, como Cindy y Noemí Meneses fueron adoctrinadas en el grupo guevarista “Generación Evo” para ser concubinas sumisas del gran indígena revolucionario, comparándose grotescamente con la legendaria Tania la Guerrillera. Saraí dio a luz una niña que el próximo 8 de febrero cumplirá diez años de edad. La apelación también podía activar el respectivo análisis de ADN.
La joven madre es silenciada por su estuprador con el chantaje de los dispendiosos recursos económicos que transfiere mensualmente para la crianza de la wawa (cuyo padrino de bautizo fue nada menos que su fiel celestino Leonardo Loza). Si Saraí denunciaba al padre de su hija, por estuprador, habría perdido esos ingresos para criar a la inocente niña, que actualmente deviene en la principal víctima de este manejo torpe de la justicia.
Cindy Saraí no fue convocada a declarar, ni siquiera como testigo, porque el régimen no tenía autoridad moral sobre ella, ya que el Ministro de Gobierno de Arce, Eduardo del Castillo, junto con Quintana, Canelas y otros proxenetas neo-estalinistas, era uno de los principales celestinos que tendía la cama para que Evo Morales pueda violar a las niñas «guevaristas» del grupo “Generación Evo”.
Durante los cinco años transcurridos bajo el gobierno de Lucho Arce, fue jurídicamente imposible forzar la comparecencia de Evo Morales —ni aun suplantando el delito de estupro por el de “trata y tráfico”— gracias a la Resolución de Rechazo de la denuncia que Lima no apeló en el plazo debido.
Las órdenes de aprehensión que están hoy vigentes, responden más a una decisión política que surge de un clamor ciudadano. Esa decisión política debe legitimarse con la instauración de un Juicio de Responsabilidades, más allá de lo meramente penal que es una vía endeble; los inescrupulosos abogados bien pagados por Evo Morales pueden revertirla.
La única acción legal que queda para saldar la deuda con la justicia boliviana que arrastra impunemente el pedófilo, ya no es la vía penal, sino un Juicio de Responsabilidades por abuso de poder y uso indebido de bienes del Estado para corromper sexualmente a menores de edad, de un modo corporativo desde los aparatos estatal y partidario, con la complicidad de decenas de autoridades entre ministros, parlamentarios, jueces, policías, militares y fiscales vinculados al MAS que formaban la cortesanía palaciega del Presidente estuprador.
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