Data: enero 13, 2025 | 22:45
IVÁN LIMA ENCUBRIÓ AL PEDÓFILO | Jueces independientes garantizan libertad del pederasta; discrepando con la Fiscalía, hacen prevalecer improcedencia de una acusación de estupro extinguida en gestión de Lima. Al negarse a comparecer, obligará al Juez ordenar su captura a pesar de la prescripción…

EVO IMPUNE: SUS DELITOS DE ESTUPRO HAN PRESCRITO

¿Por qué Evo Morales esconde el hecho de que fue Iván Lima quien cerró el caso de estupro? ¿Por qué miente el cocalero al endilgar al gobierno de Añez aquel favorecimiento que le dio esta impunidad, cuando la verdad es que el favor se lo hizo el gobierno de Arce a través de Lima? | Fotomontaje Sol de Pando

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© Wilson García Mérida | Servicio Informativo Datos & Análisis

© Redacción Sol de Pando

La actual acusación por el delito de “trata y tráfico de personas” con que el Ministerio Público (Fiscalía) y el Gobierno de Arce intentan procesar y encarcelar a Evo Morales, no tiene ningún asidero legal, es políticamente forzada y está destinada al fracaso. Tal acusación se basa en un antiguo expediente por delito de estupro que feneció con archivo de obrados (caso cerrado) en diciembre del año 2020, durante la gestión del entonces ministro de Justicia Iván Lima.

El pasado 2 de octubre, la Fiscal del Distrito de Tarija, Sandra Gutiérrez (quien fuera Ministra de Justicia de Evo Morales en 2014), intentó ejecutar un mandamiento de aprehensión contra el ex Presidente, orden que dicha fiscal emitió el 26 de septiembre, el mismo día en que el entonces ministro de Justicia Iván Lima había renunciado bajo presión del Grupo de Puebla por sus frontales arremetidas contra Morales.  Aquella orden de aprehensión lanzada por la fiscal Gutiérrez fue declarada improcedente por la juez de Sentencia Lilian Moreno, en Santa Cruz, debido a que la acusación por trata y tráfico se basaba en un expediente archivado de estupro, además que Morales no había sido previamente interrogado en declaración informativa. Debido a esa irregularidad, la Fiscal fue destituida; aunque en menos de 48 horas retornó al cargo mediante un trato extorsivo con el entonces Fiscal General, Lanchipa.

La misma fiscal Gutiérrez convocó a Morales para tomarle su declaración informativa el 10 de octubre, en Tarija; pero el ex Presidente se rehusó a comparecer ante la inminencia de su apresamiento, amparándose en un recurso de Acción de Libertad (Hábeas Corpus).  El 15 de octubre, la Fiscal libró un nuevo mandamiento de aprehensión que, extrañamente, se conoció públicamente recién en diciembre. Otro Juez de Sentencia volvió a declarar improcedente la detención del ex Presidente, por la misma simple razón: es ilegal que un caso cerrado por el delito de estupro se reabra cuatro años después bajo la figura de un delito de trata y tráfico.

A pesar de la decisión judicial que inviabiliza la detención de Morales, la Fiscalía y el Gobierno de Arce intentan forzar una intervención policial para capturar al pedófilo, poniendo en riesgo la integridad de los funcionarios policiales, pues los entornos íntimos de Evo Morales guiados por el ex militar Juan Ramón Quintana amenazan impedir su detención abriendo fuego contra una posible acción policial. Evo Morales aprovecha la desprolijidad jurídica de las acusaciones de estupro en su contra no sólo para victimizarse, sino también como circunstancia ideal para desatar una ola de violencia “auto-defensiva” con el estallido de una narco-guerrilla en el Chapare, buscando encaminar su retorno al poder por vía no electoral.

Durante el gobierno de Morales, Cindy, como dirigente del grupo «Generación Evo», y su madre Iselda Pozo, militante del MAS, llevaban a la bebé al Chapare. El senador Loza oficiaba de padrino. | Foto archivo Sol de Pando

UN DILEMA DE HIERRO

El aparato partidario de Morales ha instalado entre sus seguidores un discurso según el cual “Lucho Arce y sus aliados de la derecha y el imperio” reactualizaron las denuncias por estupro que el ex Presidente carga en su conciencia —no osa desmentirlos tajantemente, pero los minimiza como si fueran hechos anecdóticos sin relevancia legal— con el “único” objetivo de “descabezar al movimiento popular boliviano”, según declaró. El pedófilo manipulador se cubre a sí mismo con un manto de impunidad, tergiversando su imagen de dirigente izquierdista afamado internacionalmente. Usa su fama para encubrir y banalizar su sicopatía sexual.

En su última maniobra para procesar a Morales por un delito que sí cometió pero está legalmente extinguido, la fiscal Gutiérrez y sus mentores del gobierno arcista han tramitado una audiencia de medidas cautelares que pone el caso en manos de otro Juez de Sentencia, ahora en Tarija. Existe la alta probabilidad de que, por tercera vez, la instancia judicial rechace los afanes de la Fiscalía para encarcelar a Evo Morales, considerando que la acusación fiscal es forzada y dolosa.  

Es una ironía: jueces independientes que eran vilipendiados en el régimen de Evo Morales por no someterse a los dictados políticos del Poder Ejecutivo, son hoy quienes protegen las libertades del ex Presidente garantizándole un debido proceso, ante las arremetidas fallidas del Ministerio Público que no logra plasmar la consigna gubernamental de encarcelar a toda costa al jefe del MAS para impedirle ser candidato presidencial.

En caso de que Evo Morales se presente a la audiencia cautelar fijada para este martes 14 de enero, en Tarija, es muy probable que el Juez a cargo niegue el requerimiento fiscal que exige su detención preventiva, permitiéndole defenderse en libertad. Y aun siendo detenido, son altas las probabilidades de que el mismo Juez dé curso favorable a una apelación.

Pero en caso de que el ex Presidente, cobarde como es, no asista a la audiencia del martes, el Tribunal se verá obligado a dictar su detención como prófugo y contumaz. Entonces el pedófilo será legalmente perseguido por orden de un Juez, no de un Fiscal; y Evo Morales no tendrá más opción que persistir en su discurso de victimización y enfrentar su inminente persecución armando su “Vietnam moderno” en el trópico cochabambino, para evitar su encarcelamiento. Salvo que su defensa haya presentado un recurso para posponer la audiencia. 

Por tanto, Evo Morales se debate en estas horas cruciales ante un dilema de hierro:

  1. Si se presenta ante el Juez este martes y probablemente sea beneficiado con una medida de libertad para asumir defensa, el proceso se habrá activado (más mediática que judicialmente) a pesar de la prescripción, y Evo Morales deberá demostrar ante la opinión pública—pruebas de ADN en medio— que no es el padre de la wawa que Cindy Saraí parió hace ocho años cuando la adolescente era “guardia juvenil” del Presidente “indígena”.  Pero aun admitiendo que la violó mientras ejercía el mandato presidencial, el delito ha prescrito, Cindy es ya mayor de edad. Ahora la única víctima verdadera de este desbarajuste judicial causado por Iván Lima, es una niña escolar de ocho años.
  2. Si Morales no se presenta a la audiencia de este martes, alegando mañosamente que es un “perseguido político” y que nunca violó niñas, el Juez dictaminará una orden de captura y el prófugo seguirá el camino de instaurar políticamente su impunidad, atrincherándose en el Chapare como Pol Pot con los jemeres rojos, ensangrentando al país.

Este martes 14 de enero, será un día D en la sórdida historia de este político neo-estalinista que en su concupiscencia por el poder —fomentada por entornos de adulación que hoy le persiguen o lo abandonan tras el fracaso prorroguista— se dejó dominar por sus inclinaciones de pedófilo palaciego usando recursos y bienes del Estado, incluso todo un aparato partidario, para corromper sexualmente a menores de edad. Quintana le hizo creer que la pedofilia es un privilegio que otorga el ejercicio eterno del poder.

El 31 de diciembre de 2020, pocos días después del rechazo fiscal a la denuncia contra Evo Morales en Yacuiba, el Director de Sol de Pando tomó contacto con el flamante Ministro de Justicia, Iván Lima, para entregarle información acerca de la responsabilidad de Arturo Murillo en el fracaso de esa querella. Lima en respuesta bloqueó los mensajes. | Foto Sol de Pando

EL PACTO OCULTO ENTRE IVÁN LIMA Y SU JEFE PEDERASTA

En un ampliado de las federaciones cocaleras que se realizó el pasado 28 de diciembre en Lauca Eñe, Evo Morales se refirió a la denuncia por estupro que se formalizó en septiembre de 2020 (a pocas semanas de las elecciones presidenciales de ese año); se trataba de un caso cerrado, según el ex Presidente, porque “sin víctima, no hay delito”. Se refería a Cindy Saraí Vargas, la “presunta” víctima, quien evidentemente no se presentó en la Fiscalía de Tarija para denunciar el estupro que sufrió siendo una de las amantes infantiles del entonces Presidente del Estado, relación de la cual nació una niña en 2016, la madre tenía entonces 16 años.

La denuncia fue presentada por el entonces viceministro de Transparencia Guido Melgar exactamente el 24 de septiembre, pero el caso estaba destinado al fracaso: al ser el estupro un delito de orden público “a instancia de parte”, como establecen los artículos 17 y 19 del Código de Procedimiento Penal, la investigación fiscal sólo procede cuando la víctima o su familia presentan la denuncia; no le es permitido al Ministerio Público actuar de oficio. En este caso, la víctima Cindy Saraí se negó a presentar la denuncia contra el padre de su hija nacida del estupro, y por tanto la denuncia del viceministro Melgar adolecía de esa omisión. Según la interpretación torcida de Morales, eso lo hace inocente.

Ninguna de las víctimas estupradas por Evo Morales presentará jamás denuncia contra el poderoso violador. Las niñas fueron seducidas con los lujos y privilegios palaciegos, las enamoró a tal punto que la corrupción sexual, económica, moral e ideológica de la que fueron víctimas, las impide asumir conciencia del delito penal que Morales cometió al cohabitar con ellas.  Cindy no puede denunciar al padre de su hija hoy en edad escolar, perdería los cuantiosos fondos de manutención y otros privilegios con que el codicioso estuprador las tiene atadas ejerciendo convenientemente su paternidad.

En esta extemporánea batalla por la justicia, Evo Morales tiene las de ganar. Y está seguro que ya ganó. “Ese proceso por trata, estupro, en 2020, con la Jeanine Añez, de oficio ya me investigaron. No encontraron nada. Ha sido rechazado, cerrado”, dijo a los cientos de dirigentes de su partido en su discurso del 28 de diciembre, en Lauca Eñe. Por supuesto, fue aplaudido.

Pero miente Evo Morales descaradamente. El gobierno de Jeanine Añez no cerró el caso, lo hizo el gobierno de Luis Arce desde el Ministerio de Justicia a cargo de Iván Lima.

El pasado 2 de octubre, cuando la Juez de Santa Cruz frenó la orden de aprehensión de la fiscal Gutiérrez, el mismo Evo Morales exhibió en conferencia de prensa una Resolución de Rechazo (equivalente a Sobreseimiento en la fase investigativa y Absolución en la fase de juicio oral) que la Fiscalía de Tarija emitió al no haberse presentado, como denunciante, la víctima del estupro. El documento judicial exhibido por el ex Presidente tenía como fecha el 10 de diciembre de 2020, cuando el Ministro de Justicia era Iván Lima. El viceministro denunciante en el gobierno de Añez, Melgar, fue reemplazado por Susana Ríos, actual Viceministra de Transparencia.

La Resolución de Rechazo que favoreció a Evo Morales, extinguiendo la denuncia de estupro, podía ser apelada en un plazo de cinco días, hasta el 15 de diciembre de 2020, pero ni el ministro Lima ni su viceministra Ríos apelaron permitiendo que el caso se cierre definitivamente.  De acuerdo al Código Penal, incluso había el plazo de un año, hasta el 10 de diciembre de 2021, para que el caso se pueda reabrir si surgieran nuevas evidencias del delito; pero el Ministerio de Justicia a cargo de Iván Lima no movió un dedo.

¿Por qué Evo Morales esconde el hecho de que fue Iván Lima quien cerró el caso de estupro? ¿Por qué miente el cocalero al endilgar al gobierno de Añez aquel favorecimiento que le dio esta impunidad, cuando la verdad es que el favor se lo hizo el gobierno de Arce a través de Lima?

En las pocas semanas que el caso dependía del régimen de Añez, había una posibilidad de activar el proceso, agregando la figura penal de trata y tráfico, si la Fiscalía lograba una declaración informativa de Evo Morales, quien ese momento se encontraba autoexiliado en Buenos Aires. El entonces ministro de Gobierno Arturo Murillo se negó a enviar una comisión de fiscales para interrogar a Morales en Argentina. “El Bolas” había priorizado electoralmente el escándalo de Noemí Meneses con sus fotos pornos junto a Evo que hallaron en el celular de aquella otra concubina infantil. “No merece el privilegio de que le mandemos una comisión de fiscales a Buenos Aires” nos dijo Murillo, arrogante y soberbio. Las elecciones de octubre congelaron el caso. Ganó Luis Arce, el candidato de Evo.

El 9 de noviembre  de 2020, el día en que Arce posesionó a su gabinete con Lima en el Ministerio de Justicia, Evo Morales retornó de su autoexilio. Unos fiscales de Tarija se disponían ir al Chapare para tomarle declaración informativa al ex Presidente a fin de activar el proceso, pero el flamante ministro Lima dispuso la destitución de aquellos agentes idóneos del Ministerio Público. Ese fue el primer acto de interferencia del próspero Ministro de Justicia en el Poder Judicial, cumpliendo “institucionalmente” la leal misión de encubrir aquella inobjetable pedofilia palaciega del jefazo.

Cuatro años después, vemos lo que se ve.


MULTIMEDIA

GALERÍA | Cindy, la fiel guardaespaldas

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El desplazamiento de las víctimas para sus encuentros sexuales con Evo Morales implicó un despliegue logístico de alto presupuesto desde los aparatos estatales. Cuerpos de seguridad integrados por militares al mando de Juan Ramón Quintana, uso de vehículos oficiales, aviones y helicópteros, hospedajes de cinco estrellas e incluso coberturas de prensa para disimular las furtivas “visitas conyugales” a la alcoba del jefe pedófilo. | https://www.facebook.com/jose.aramayo.940/photos/a.1619936488249772/1619946354915452

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