Data: junio 24, 2025 | 18:32

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A PROPÓSITO DE LA HIJA DEL NARCO | LOS POLÍTICOS FOMENTAN NEXOS CON EL NARCOTRÁFICO | La incorporación de herederos del tráfico de cocaína en el proceso electoral aportando con millonarios financiamientos de campaña, es fomentada por toda la casta política. Camacho promovió a Karla Robledo sabiendo quién era su padre. También en las listas de Andrónico Rodríguez hay prósperos candidatos con antecedentes en la Ley 1008; pero todos callan, especialmente en Santa Cruz…

A PROPÓSITO DE LA HIJA CANDIDATA DEL NARCO

Según los jerarcas del frente Creemos, aliado de Doria Medina en Santa Cruz, Karla Robledo no informó sobre la situación legal de su padre. Sin embargo Luis Fernando Camacho sabía que su candidata provenía de una familia ligada al narcotráfico. | Foto Facebook KRG

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Si existiera una ley que obligue al órgano electoral someter las listas de candidatos habilitados a una revisión por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), saltarían nombres de ex convictos y procesados por tráfico de cocaína, o familiares suyos en grados directos de consanguinidad, ocupando primeros puestos en las franjas de seguridad de las listas de candidatos a senadores y diputados, en cada uno de los partidos que postulan para las elecciones de agosto.

Varios de aquellos candidatos provenientes del narcotráfico, se encuentran judicialmente “limpios” —por ello mismo están legalmente habilitados— al haber obtenido resoluciones judiciales que los exoneran, y en ese camino de impunidad pactada han surgido jueces, fiscales, policías y abogados, e incluso ministros y viceministros, que se han enriquecido de la noche a la mañana favoreciendo a esos narcotraficantes para que puedan legitimarse como nuestros futuros “padres de la patria”. Ocuparán curules en la nueva legislatura.

Después de García Meza, el narcotráfico en Bolivia ha vuelto a emprender una estrategia de poder para tomar las riendas políticas del país, esta vez usando las urnas y no las armas. Es, sin embargo, un correlato de aquella previa irrupción de las familias del narcotráfico que postulaban a sus candidatos —durante el gobierno de Evo Morales— para copar espacios de poder local, especialmente en municipios del oriente boliviano, bajo el padrinazgo directo de tipos como Juan Ramón Quintana, Álvaro García Linera y Carlos Romero.

Ahora van por más, por mucho más.

¿Por qué en las franjas de seguridad de todos los frentes en disputa aparecen como candidatos al Parlamento hijos, sobrinos, primos, hermanos o socios de connotados narcotraficantes o de personas vinculadas a la corrupción pública?

¿Por qué en esas franjas de seguridad no figuran hijos o parientes de eminentes médicos, de maestros meritorios o de simples ciudadanos sin antecedentes judiciales? La respuesta es simple: dinero.

Karla Robledo formaba parte del círculo social íntimo de Camacho desde cuando el político ejercía la Gobernación de Santa Cruz. Camacho conocía personalmente al padre de la joven abogada. | Foto Facebook KRG

LA QUERELLA ELECTORAL POR EL NARCO-EXCEDENTE

El actual sistema electoral boliviano está diseñado para activar financieramente un colosal lavado de dinero de origen dudoso.

Es parte de la cultura electoral en Bolivia, subastar al mejor postor candidaturas dentro las franjas de seguridad, especialmente las primeras senaturías y diputaciones plurinominales, que se cotizan entre $us 100.000 y $us 500.000, sin contar que el candidato correrá con todos sus gastos de campaña en un festín mediático y de marketing cargado de frivolidades.

Es un sistema electoral que abre sus puertas de par en par al dinero del narcotráfico, por tanto a los empresarios de la cocaína y sus familias, o sus palos blancos.

Desde que la coca excedentaria del Chapare comenzó a transformarse masivamente en clorhidrato de cocaína —gracias al régimen de Evo Morales—, Bolivia produce anualmente 500 toneladas de droga cristalizada que en gran parte se exporta a Europa y África a través del Atlántico, y otra parte se destina al enorme mercado brasileño; para Chile y Argentina hay una ruta secundaria por el altiplano sur.

Según investigó Sol de Pando, este negocio trasnacional genera un movimiento estimado de aproximadamente 10.000 millones de dólares anuales dentro la economía boliviana, superando los $us 6.000’000.000 que ingresaban por la exportación de gas natural a Brasil y Argentina en las épocas del auge gasífero.

La monstruosa masa de dinero que genera el narcotráfico en Bolivia, representa un excedente de capital financiero que encuentra en las campañas electorales un paraíso fiscal para desplegarse a sus anchas.

Esto explica por qué los líderes políticos y sus jefes de campaña, en todo el espectro partidario, hacen la vista gorda a la hora de inscribir en sus listas a prósperos y muy solventes candidatos que representan al narcotráfico directa o indirectamente.

Carlos Robledo tiene cargos de narcotráfico en el estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. Luego fue apresado en Estados Unidos por tráfico de cocaína. Su hija intervino en su defensa legal. | Foto Facebook KRG

“DEJEMOS QUE LA HIJA DEL NARCO SEA SENADORA”

“La trajo Luis Fernando Camacho, yo no la conocía, si ella nos decía quién era su padre, yo no habría autorizado”, aclaró Samuel Doria Medina, el jefe y candidato presidencial de Alianza Unidad, en cuyas listas Karla Robledo Guardia, hija mayor del narcotraficante convicto Carlos Robledo, figuraba como candidata suplente para segunda Senadora por Santa Cruz.

Doria Medina, evidentemente, ha sido sorprendido en su buena fe. Su aliado, el ex Gobernador de Santa Cruz, Camacho —como jefe del grupo aliado “Creemos”—, ha introducido elementos perturbadores en la campaña de este frente.

Al escándalo de las “listas negras” que Camacho impuso a Doria Medina para excluir de las listas a postulantes de prestigio en la capital cruceña como Luisa Nayar, se suma su decisión de promover a una candidata “emergente” que representa de manera frontal al narcotráfico.

Voceros de “Creemos” aseguran que desconocían los antecedentes delictivos del padre de Karla Robledo. “Nos dijo que su papá estaba enfermo”, arguyen. Sin embargo, según Tomás Monasterio —del frente Libre que destapó la jugada— Camacho sabía a plenitud que la “joven abogada” es hija del narcotraficante actualmente preso en una cárcel de Estados Unidos. Ella además participó en la defensa legal de su padre.

Cuando estalló el caso del narco uruguayo Sebastián Marset el 2023, en círculos de la “alta sociedad” cruceña se comentaba —tanto en redes sociales como en tertulias de café— que personajes de la farándula “jailona” de esa ciudad formaban el círculo íntimo de Marset; al mismo tiempo eran también muy amigos del gobernador Camacho y del ex alcalde de Warnes Mario Cronenbold. En ese círculo social de adinerados, brillaba por su ostentación de lujo y belleza la hija del narco Robledo.

Esta evidente vinculación de Camacho, y por ende de un frente electoral, con la mafia del narcotráfico, pretende ser, sin embargo, minimizada y procazmente soslayada por voceros de “Creemos”. El diputado Edwin Bazán asegura con cínica arrogancia que la candidata Robledo hizo un “sacrificio de mujer íntegra” al renunciar para impedir una “guerra sucia” emprendida por el frente Libre, y “prefiere preservar su dignidad antes que estar en la boca del cochino de Tomás”.

Los delitos de narcotráfico, al ser de naturaleza mafiosa y de permanente búsqueda de legitimación social, económica y política hasta tomar el poder, involucran a todos los miembros de una familia en distintos grados de participación casi empresarial. De hecho el narcotráfico es una empresa de tipo familiar. Pero esa verdad es soslayada por quienes hacen apología del solapado vínculo actual del proceso electoral con el narcotráfico. Apelan al clásico y manido lugar común de que los delitos “son intuito personales”, como si ser hijo beneficiado de un narcotraficante, fuese lo mismo que ser hijo inocente de un asesino.

“Intuito personal”. Es exactamente el mismo ardid que solía utilizar Juan Ramón Quintana para imponer candidaturas de familiares de narcotraficantes en las listas del MAS. Durante la elección de 2009, Quintana sustituyó en las listas de Pando el nombre de una candidata indígena para el Senado por el de una abogada cuyo esposo había caído preso en Brasil con una carga de 10 kilos de cocaína. Mientras contaba los billetes que le entregó la candidata, esposa del narco, Quintana dijo: “la señora no tiene la culpa por los delitos del marido, los delitos son personales; además al marido ya le dieron el sobreseimiento, todo está legal, y ella es muy buena gente, bien leal al partido”.

El narcotraficante y su hija hacían ostentación pública de la fortuna que el progenitor había amasado traficando droga. (NdR: los rostros de los músicos mariachis han sido encubiertos digitalmente en esta fotografía) | Foto edición Sol de Pando

EL SILENCIO CÓMPLICE QUE DOMINA EN LA CASTA POLÍTICA

El caso de la desafortunada candidata de Creemos, no es el único en el actual escenario electoral donde miembros de familias narcotraficantes están postulando para senadores y diputados plurinominales en las franjas de seguridad.

La Dirección de Sol de Pando ha hecho llegar a voceros, jefes de campaña e incluso candidatos de varios frentes políticos, evidencias de nombres en las listas ligados al narcotráfico, con antecedentes inobjetables en la FELCN, pero a ninguno de ellos le interesa mover el avispero, especialmente en Santa Cruz.

Por ejemplo, el periódico El Deber alertó hace más de un año sobre la incursión pública de un ex convicto por narcotráfico —vinculado familiarmente a un conocido narco-policía— que hoy ostenta una fortuna de dudoso origen y figura como candidato en la franja de seguridad de Alianza Popular encabezada por el cocalero Andrónico Rodríguez. Es la “cuota” de Cronenbold.

En las listas habilitadas del MAS-IPSP, bajo control del gobierno de Arce, figura un candidato denunciado por mantener sórdidos vínculos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Esta información ha sido trasmitida en detalle al jefe de campaña de Tuto Quiroga, Luis Vásquez Villamor; al vocero de Doria Medina en Santa Cruz, Gary Prado; también al grupo de Reyes Villa; así como a candidatos parlamentarios y asesores de estas fuerzas, tanto en La Paz como en Santa Cruz. Nadie respondió.

Del mismo silencio cómplice ante esta sexy incursión del narcotráfico en la escena electoral, hacen gala a gritos famosos y famosas “influencers” y periodistas, especialmente en Santa Cruz.