Data: septiembre 29, 2015 | 12:07
COLUMNISTA INVITADA | En Cochabamba se ensaya una nueva estrategia para garantizar la impunidad de los delitos cometidos contra mujeres y niñas. Para este fin se ha iniciado un proceso penal contra una médica forense que el año 2009 certificó la violación de tres niñas que se hallaban internas en uno de los mal llamados “hogares”…

Julieta Montaño defiende a Miriam Rocabado | ESTRATEGIAS PARA LA IMPUNIDAD

La Dra. Julieta Montaño Salvatierra, Directora de la Oficina Jurídica de la Mujer con sede en Cochabamba. Como reconocida activista y promotora de los derechos de las mujeres y niñas, recibió este año el Premio Internacional Mujer Coraje.

La abogada Julieta Montaño Salvatierra, Directora de la Oficina Jurídica de la Mujer con sede en Cochabamba. Como reconocida activista y promotora de los derechos de las mujeres y niñas, recibió este año el Premio Internacional Mujer Coraje en Washington. | Foto Los Tiempos

La médico forense Miriam Rocabado Carvajal, enjuiciada cobardemente por un violador sentenciado.

La médico forense Miriam Rocabado Carvajal, enjuiciada cobardemente por un violador sentenciado.

Los sindicados de violación, feminicidio, trata de mujeres y otros delitos aberrantes, a lo largo del proceso recurren a estrategias diversas para salir airosos aun sabiéndose culpables; algunas son parte de los recursos que la ley pone a disposición de todo acusado/a para que a partir del principio de Presunción de Inocencia desvirtúe los fundamentos de la acusación. Sin embargo, si una vez agotadas todas las estrategias, unas veces legales y muchas no tanto, se llega a una sentencia condenatoria, por lo que se espera que el condenado cumpla con la sanción impuesta por la autoridad judicial.

Tenemos conocimiento de que en la ciudad de Cochabamba se intenta ensayar una nueva estrategia para garantizar la impunidad de los delitos cometidos contra mujeres y niñas. Para este fin se ha iniciado un proceso penal contra una médica forense que el año 2009 certificó la violación de tres niñas que se hallaban internas en uno de los mal llamados “hogares”. A lo largo del proceso, con estudios psicológicos, testigos y el testimonio de la más pequeña de las víctimas (que fue la única a la que las autoridades pudieron proteger de la manipulación y presiones del agresor y su familia) se logró demostrar la existencia del ilícito y el tribunal condenó al violador a 15 años de cárcel, sin derecho a indulto, condena que por razones que se desconocen no está siendo cumplida.

El violador condenado y prófugo de la justicia, a través de apoderada acusa a la profesional que durante muchos años ejerció el cargo de médica forense de haber introducido en el certificado datos falsos porque, según afirman, “La violación es imposible en menores de 6 años y, de darse, la consecuencia es la muerte de la niña”. Lamentablemente esta nueva estrategia para burlar la acción de la justicia fue secundada por una funcionaria y un funcionario del Ministerio Público, quienes dieron lugar a la pretensión de burlar a la justicia ensañándose contra quien fuera su colega con el riesgo de que todos los agresores (violadores, asesinos, etcétera) busquen por esa vía la revisión de sus condenas.

Las motivaciones para este indigno proceder de secundar nuevas estrategias para que los delitos de violencia contra las mujeres queden en la impunidad no las conocemos, pero lo que queda claro es que lo que se busca es, sobre todo, que una vez invalidado el certificado de la forense (una más de las pruebas que determinaron la condena del violador), lo que se buscará es la revisión extraordinaria de la sentencia para que se le declare inocente al violador.

Ante estas nuevas estrategias para la impunidad pergeñadas por el patriarcado, se requiere que la justicia actúe con claridad y coherencia cumpliendo las leyes y tratados de protección a las víctimas de violencia machista.

Artículo publicado originalmeente en el diario Opinión, 27 de septiembre, 2015
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