Data: septiembre 27, 2022 | 17:37

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COMISIÓN FEMENINA DE LA OEA INVESTIGÓ MATANZA ORDENADA POR MORALES | Antonia Urrejola, actual Canciller en el gobierno socialista de Gabriel Boric, presidió la CIDH conformada por otras cuatro mujeres que establecieron la responsabilidad penal del ex Presidente boliviano en aquella sanguinaria operación armada ejecutada por los hermanos García Linera…

SOCIALISTA CHILENA ACUSÓ A EVO POR ASESINATO A MERCENARIOS

Antonia Urrejola, militante del Partido Socialista de Chile, asumió el cargo de Ministra de Relaciones Exteriores de su país el pasado 21 de enero. Su último acto en la CIDH fue elaborar el informe que pone en el banquillo a Evo Morales. La hoy Canciller chilena goza de plena confianza del presidente Gabriel Boric. | Fotomontaje Sol de Pando

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Cinco mujeres —prestigiosas profesionales del Derecho al servicio de la OEA—, la peruana Julissa Mantilla Falcón, la brasileña Flavia Piovesan, la jamaiquina Margarette May Macaulay y la panameña Esmeralda Arosemena, todas ellas presididas por la chilena Antonia Urrejola, son quienes firmaron el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aprobado el 21 de diciembre pasado, responsabilizando al ex presidente Evo Morales por la ejecución y torturas a un grupo de mercenarios que llegaron de Europa en un plan separatista opositor.

Según el informe de las cinco abogadas latinoamericanas (documento al que accedió el periódico El Deber y aún no disponible en el sitio oficial de la CIDH), la masacre perpetrada la madrugada del 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas de Santa Cruz —donde fueron asesinados tres mercenarios que se encontraban durmiendo— se produjo a partir de una orden presidencial expresa, emanada por el entonces mandatario Evo Morales.

Ante esa constatación jurídica, la norma del Derecho Internacional establece que Morales y quienes cumplieron su orden criminal deben ser sometidos a un proceso penal dentro el país; o en su defecto el Estado boliviano podría ser enjuiciado ante un tribunal internacional en pos de los resarcimientos legales.

Cuando se produjo la matanza, Morales se hallaba en Caracas reunido con los presidentes de Venezuela y Cuba, desde donde impartió la orden letal. El gobierno en Bolivia estaba a cargo del vicepresidente Álvaro García Linera, quien delegó en su hermano Raúl García Linera, jefe militar del llamado Ejército Guerrillero Tupak Katari (EGTK), poderes plenos para disponer extrajudicialmente de personal represivo y recursos logísticos del Estado con el objetivo de eliminar, como un acto de guerra, a un grupo de mercenarios extranjeros provenientes de Hungría, Irlanda y Croacia, quienes se disponían a provocar una guerra civil en el país para derrocar al gobierno constitucional.

La respuesta estalinista a una evidente conjura fascista fracturó la institucionalidad democrática del Estado Plurinacional de Bolivia, y rompió las bases constitucionales de la justicia boliviana. Al ser ejecutados sumariamente, los mercenarios traídos al país haciendo gala de sus antecedentes de violencia ultraderechista en Europa, no llegarían a comparecer ante los tribunales nacionales e internacionales por su tentativa terrorista.

Por si fuera poco, el mismo gobierno de Evo Morales desató una persecución caótica contra los oligarcas cruceños que propiciaron y financiaron la llegada de los mercenarios. Los separatistas criollos fueron esterilmente perseguidos mediante investigaciones a cargo de un Fiscal venal, Marcelo Soza, instrumentadas para extorsionar a acusados y acusadores; y con una ola de juicios convertidos en actos de vendetta política y en mecanismos de tortura judicial.

Como resultado de aquella práctica estalinista, los líderes fascistas que promovían la balcanización de Bolivia se sintieron victimizados y elevaron su queja ante la misma CIDH que no tuvo más remedio que brindarles amparo y medidas cautelares. Dentro ese contexto, la democracia en Bolivia quedó enfangada y la política polarizada entre las permanentes arbitrariedades del estalinismo evista y las constantes conspiretas del fascismo separatista.

Cinco abogadas latinoamericanas no hacen un “lawfare”

Aunque Evo Morales alega que dicho informe responde a un “lawfare” destinado a desacreditar su “liderazgo revolucionario” como parte de una “maniobra del imperio y la derecha”, lo cierto es que las cinco autoras del documento son mujeres con una larga trayectoria de apoyo a los movimientos sociales en el continente, promoviendo las libertades civiles bajo regímenes autoritarios.

La presidente de aquella Comisión, la abogada chilena Antonia Urrejola Noguera, de 54 años, es nada menos que la actual Canciller en el gobierno socialista de Gabriel Boric. Colaboró en el gobierno de Michelle Bachelet gestionando el reconocimiento del Derecho Consuetudinario Indígena en el contexto internacional, defendiendo además la territorialidad mapuche. Se incorporó a la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2011, como miembro de la CIDH, habiéndose destacado por denunciar la violación de derechos humanos bajo la dictadura neo-estalinista de Nicaragua. En 2018 elaboró un informe impecable estableciendo responsabilidades de los esposos Ortega Murillo en la masacre de estudiantes durante una escalada represiva en abril de ese año.

Antonia Urrejola Presidió la CIDH desde el 15 de marzo de 2021, encabezando la primera junta directiva de la Comisión integrada exclusivamente por mujeres, hecho sin precedentes de la historia de la OEA. Dejó el cargo en diciembre de 2021, siendo uno de sus últimos informes el referente al operativo ilegal ordenado por Evo Morales para abortar brutalmente la conspiración fascista que se gestaba contra su régimen.

Urrejola, militante del Partido Socialista de Chile, asumió el cargo de Ministra de Relaciones Exteriores de su país el pasado 21 de enero. Goza de la confianza absoluta del presidente Gabriel Boric, cuya política exterior se caracteriza por una ruptura frontal con el régimen neo-estalinista de Nicolás Maduro, con la cuestión nicaragüense en el primer plano de la crítica chilena. La canciller Urrejola oficializó asimismo el rechazo tajante de su gobierno a la invasión rusa en Ucrania.

Las otras integrantes de la CIDH que responsabilizaron a Evo Morales son militantes de larga trayectoria en la defensa integral de los derechos humanos: Julissa Mantilla Falcón, con un posgrado en Londres, fue encargada de género en la Defensoría del Pueblo del Perú. Flavia Piovesan, con post grados en la Escuela de Leyes de Harvard y en la Universidad de Oxford, fue Secretaria Especial de Derechos Humanos durante el gobierno del presidente brasileño Inacio Lula da Silva. Margarette May Macaulay participó en las reformas legales de Jamaica y es conocida en su país como una férrea defensora de los derechos de las mujeres y del pueblo afrocaribeño. Esmeralda Arosemena fue magistrada y Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, además magistrada del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia en su país de origen.

La pesadilla del ‘‘Plan Negro”

Tras haberse hecho público el informe interamericano del 21 de diciembre, Evo Morales eludió referirse a las autoras de aquel documento y soslaya deliberadamente el hecho de que fue la actual Canciller socialista de Chile quien presidió aquella Comisión de la Verdad de la OEA. El tipo prefiere mirar a otro lado.

La reacción del ex Presidente ante el Informe de la CIDH que lo incrimina, fue culpar por la difusión de dicho documento al “Plan Negro” que Evo Morales atribuye a un importante sector del Gobierno del MAS (partido del cual es eterno jefe con el rango de “comandante”), sector que se va desmarcando del fundamentalismo estalinista profesado por el jerarca cocalero.

Para Evo Morales y su entorno, el actual vicepresidente indígena David Choquehuanca sería el promotor de una serie de acusaciones públicas contra el ex Presidente que van desde recaudaciones al narcotráfico hasta estupro y pedofilia comprobada, incluyendo el reciente reporte de la CIDH que lo responsabiliza por la ejecución extrajudicial de los mercenarios europeos. Según Morales, los operadores de Choquehuanca “aliados con la derecha y el imperio norteamericano” buscan defenestrarlo para impedir su “candidatura del Bicentenario” a la que aspira desde hoy para volver al poder en 2025.

Sin embargo, el candidato madrugador parece estar sobre-estimando la fuerza contestataria de Choquehuanca y su grupo. Ni el Vicepresidente aymara ni su precario entorno poseen aún una real capacidad discursiva ni mucho menos voluntad estratégica para administrar la información disponible sobre los “pecados” de Evo Morales con un sentido transformador, capaz de modificar la correlación de fuerzas en el seno del MAS, fuertemente dominado por un estalinismo cocalero-partidocrático y silenciador de voces.

La vinculación electoral de Evo Morales con el narcotráfico, por la vía del financiamiento de sus campañas presidenciales desde la coca excedentaria, es un asunto real que —más que a Choquehuanca— preocupa a la DEA y especialmente a la Policía Federal del Brasil, país víctima de la sobreproducción de clorhidrato de cocaína en el subtrópico de Cochabamba y Santa Cruz, donde Morales está construyendo cotidianamente un verdadero poder dual.

Sus comprobados actos de pedofilia en el ejercicio del poder, usando la Casa del Pueblo (el palacio presidencial) y bienes del Estado como avionetas y helicópteros para corromper sexualmente a menores de edad, forman parte de un ampuloso expediente policial y consta en archivos del Ministerio Público. Esa información, sin embargo, fue desjudicializada durante el régimen fascista de Jeanine Añez. El caso se desmoronó en favor del presunto pedófilo cuando el entonces Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, entregó el expediente policial a un sicario español que se encargó de tergiversar políticamente los hechos, re-victimizando a una de las amantes infantiles de Evo Morales al propalar datos que son judicialmente protegidos por la Ley del Niño y Adolescente en Bolivia.