Data: diciembre 9, 2019 | 18:46
FAMILIARES PIDEN A AÑEZ LO QUE EVO NUNCA DIO | Tras revisar jurisprudencia internacional en la materia, Sol de Pando halló elementos que establecen la factibilidad de instituir una renta vitalicia, además de indemnización, para las víctimas de los enfrentamientos que se desataron en Huayllani y Senkata...

RENTA VITALICIA PARA VÍCTIMAS ES FACTIBLE

La reparación a víctimas con pensiones vitalicias y otros beneficios que compensan el daño y el dolor irreparables, presentes en toda convulsión social, es una práctica de los Estados modernos. | Foto Sol de Pando

El Decreto que dispone una “ayuda humanitaria” de Bs 50.000 para las víctimas causadas por la caída de Morales y por su tentativa de volver al poder mediante vías violentas, adolece de errores conceptuales que deben ser corregidos para garantizar beneficios a perpetuidad en favor de huérfanos, viudas y mutilados registrados a partir del Decreto que liberó de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas…

© Wilson García Mérida | Redacción Sol de Pando | Servicio Informativo Datos & Análisis
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La dictadura militar argentina produjo entre 1975 y 1983 más de 1.500 muertos civiles, 7.000 desaparecidos, además 10.000 detenidos y torturados. Cuando se restableció la democracia, Argentina se convirtió en el primer modelo de reparación que se implementó en América Latina disponiendo un monto de 750.000 millones de dólares para asistir con pensiones vitalicias a más de 19.000 familias. Junto a la reparación económica se hizo una reparación simbólica conviertiendo el antiguo centro de tortura ESMA en un Museo de la Memoria.

En Chile, donde la dictadura de Pinochet produjo casi 1.000 desaparecidos y 3.000 muertos entre 1973 y 1990, la Comisión de la Verdad publicó un informe con los nombres de las víctimas y se les otorgaron pensiones mensuales vitalicias, beneficios educativos y exención del servicio militar. Recibieron pensiones los ex prisioneros políticos, funcionarios públicos despedidos, las víctimas de tortura y los desplazados. Todas las víctimas fueron incluidas en el sistema gratuito de salud. La reparación económica alcanzó un monto total de 1.600 millones de dólares, y como reparación simbólica se construyó el Muro de los Nombres en el Cementerio de Santiago. El presidente de la transición democrática Patricio Aylwin pidió perdón al país en nombre del Estado chileno.

Tanto en Argentina como en Chile la reparación económica y simbólica para las víctimas corrió a cargo de los gobiernos democráticos; paralelamente los represores de las dictaduras fueron sometidos a sendos juicios criminales.

La reparación a víctimas con pensiones vitalicias y otros beneficios sociales que compensan el daño y el dolor irreparables, es una práctica de los Estados modernos desde el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial.

Alemania, como democracia, se convirtió en ejemplo al instaurar en 1951, durante el gobierno de Konrad Adenauer, una pensión vitalicia para las víctimas de Hitler. Se trata de fondos a perpetuidad —en permanente actualización— para el cuidado de los supervivientes del Holcausto Nazi que padecen enfermedades originadas durante el cautiverio en campos de concentración o que no pueden valerse por sí mismas. Entre 2014 y 2017, Berlín pagó 772 millones de euros que benefician a alrededor de 56.000 personas, de las cuales 22.000 viven en Israel. Como reparación simbólica, la municipalidad de Berlín decidió no ocultar las cicatrices del nazismo convirtiendo sus resabios físicos en museos y monumentos sobre el horror del Holocausto.

Bolivia y sus dictaduras, un caso especial

Strictu sensu, entre 1964 y 1982 Bolivia sufrió cuatro dictaduras militares impuestas mediante sangrientos golpes de Estado: las de Barrientos, Banzer, Natusch Busch y García Meza, períodos en los cuales se cuentan centenares de muertos, mutilados, torturados tras las rejas y desaparecidos.

Pero también surgieron víctimas de violencia estatal durante regímenes constitucionales hasta nuestros días, concretamente los de Gonzalo Sánchez de Lozada (Octubre Negro), Hugo Banzer Suárez en su segundo gobierno (Guerra del Agua) y Evo Morales (Porvenir, Huanuni, Chaparina).

Los únicos gobiernos en democracia donde no se registraron muertos ni heridos a bala fueron los de Hernán Siles Suazo (UDP) y Jaime Paz Zamora (Acuerdo Patriótico).

En marzo de 2004 —gobierno interino de Carlos Mesa— la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd, creada en 1983) había conseguido la aprobación de la Ley 2640 de “Resarcimiento Excepcional a Víctimas de la Violencia Política en Periodos de Gobiernos Inconstitucionales” que establece procedimientos para resarcir a las personas contra quienes se hubiera cometido actos de violencia política en las dictaduras militares de 1964 a 1982.

Dicha Ley define como beneficiarios a las víctimas directas, así como viudas o viudos de víctimas fallecidas y herederos “siempre y cuando no existan los causahabientes”. Los hechos resarcibles abarcan detención y prisión arbitraria; tortura; exilio o destierro; lesiones e incapacidad calificadas; muerte en el país o en el exterior por razones de violencia política; y desaparición forzada.

Sin embargo, más allá de brindar atención médica gratuita dentro el sistema del seguro social, no existe la figura de una renta vitalicia sino un “resarcimiento excepcional y definitivo máximo de 300 salarios mínimos nacionales”, además de una cobertura tardía por “gastos de sepelio”.

En abril de 2012 —Gobierno de Evo Morales— la Ley 2640 fue modificada fijando un monto de 3,6 millones de dólares para el “resarcimiento excepcional”, de los cuales un 20% deben ser cubiertos con fondos públicos y un 80% con donaciones de la cooperación internacional.

Sin embargo el régimen de Morales no cumplió con el pago de aquel “resarcimiento excepcional”, oponiendo trabas burocráticas y extorsivas que obligaron a las víctimas y sus familias a movilizarse en protesta, instalando una carpa de vigilia permanente en El Prado de La Paz, instalación que, aún cuando Evo cayó, en noviembre pasado, no se había levantado durante más de siete años.

Irónicamente, el pasado 29 de octubre la carpa de Asofamd fue intervenida por militantes del partido gobernante movilizados para defender al presidente Morales tras evidenciarse el fraude electoral del 20 de octubre, en un acto violento donde fue agredido el activista Julio Llanos Rojas, un ciudadano de 78 años, víctima de la dictadura de García Meza. Un mes después, el 28 de noviembre, Julio Llanos falleció a consecuencia de los golpes que le propinaron los seguidores de Evo Morales. Murió sin recibir ningún resarcimiento.

Durante aquel ataque vandálico a la carpa de las víctimas de las dictaduras, en El Prado de La Paz, fue visto Raul García Linera, el hermano del entonces Vicepresidente, controlando la marcha de cientos de mineros que hacían explotar cachorros de dinamita en la vía pública. La Policía había recibido órdenes del entonces Ministro de Gobierno, Carlos Romero, para no intervenir ni dispersar la agresiva incursión minera acompañada por supuestos indígenas que habrían llegado desde Oruro.

En el siguiente video, Julio Llanos, asesinado bajo el gobierno de Evo Morales después del fraude electoral del 20 de octubre, brinda su testimonio como sobreviviente de la dictadura militar de García Meza, desde su carpa de El Prado:

Cómo Añez puede diferenciarse de Evo

El Gobierno de Evo Morales, a partir de su segundo mandato, fue una dictadura de corte neo-estalinista, también estrechamente vinculada al narcotráfico como la de García Meza.

El Estado Plurinacional al mando de Morales y García Linera ejerció represión sistemática para anular reclamos sociales y regionales; durante tres lustros de prorroguismo dejó más de cien muertos y cientos de heridos y mutilados en episodios trágicos como los de Huanuni en 2006 y 2008, La Calancha en 2007, Caihuasi y Porvenir en 2008, Hotel Las Américas en 2009, Caranavi en 2010, Mallku Khota y Chaparina en 2011, Yapacaní en 2012 y Apolo en 2013. El 24 de mayo de 2018 murió el estudiante de la UPEA Jhonatan Quispe, con el pecho destrozado por unos proyectiles de vidrio («canicas») que disparó un policía durante una manifestación de universitarios de El Alto. Ninguna de esas muertes conmovió a Evo Morales, quien en su primera campaña electoral de 2005 había prometido renunciar si se producía «un sólo muerto» en su Gobierno.

Además la dictadura de Morales desató una escalada persecutoria mediante juicios amañados contra líderes opositores, activistas y periodistas, obligándoles al destierro y la clandestinidad, entre ellos el Director de Sol de Pando.

Ninguna de las víctimas de este periodo ha sido resarcida ni reparada en los daños y perjuicios causados.

Pero la mayor dosis de muerte inyectada por el anterior régimen se produjo tras el fraude electoral del pasado 20 de octubre, cuando Evo Morales y su ministro Juan Ramón Quintana intentaron imponer su “victoria en las urnas” mediante un plan armado para convertir a Bolivia en un “Vietnam moderno”. Lanzó a las calles hordas asesinas que, tras la caída de Morales, forzaron al gobierno transitorio disponer el uso de fuerza armada en el objetivo de preservar patrimonios del Estado bajo amenaza del terrorismo neo-estalinista.

Los muertos y heridos producidos especialmente en los sucesos de Huayllani y Senkata, si bien fueron efecto de los ataques premeditados que organizó Quintana, son de inexcusable responsabilidad constitucional de la presidenta interina Jeanine Añez al haber liberado a las FF.AA. de toda responsabilidad penal para abrir fuego oficialmente.

Atender positivamente el reclamo de renta vitalicia para los familiares de aquellas víctimas, sería un inequívoco gesto democrático y una evidencia auténtica de que el Gobierno de Transición de Añez no es una “dictadura” fruto de un “golpe de Estado”, como insisten calumniosamente Evo Morales y los suyos.

Es evidente que bajo la adminstración transitoria de la senadora Jeanine Añez, el Estado boliviano se ha visto obligado a repeler las acciones vandálicas promovidas por  Evo Morales en diversos actos de hostilidad armada (con uso de dinamitas, bombas molotov y armas largas) que incluso tuvieron presencia de las FARC desplazadas desde Venezuela hacia territorio boliviano.

La respuesta estatal a la provocación neo-estalinista, en fuego cruzado, causó muertes y heridos que bien pueden atribuirse a una responsabilidad penal de Evo Morales que será establecida mediante una demanda ya en curso ante el Tribunal de La Haya. Más ello no exime de responsabilidade civil y constitucional a la presidenta Jeanine Añez. La Presidenta de la Transición debe asumir esa responsabilidad que Evo Morales habría evadido, sin duda, como ya lo hizo con los genocidios perpetrados durante sus 14 años de prorroguismo.

La renta vitalicia que merecen las víctimas de Senkata y Huayllani, además de la indeminzación, deberá abarcar un bono a perpetuidad para viudas y/o padres de los fallecidos, seguro de salud permanente y gratuita para los familiares en primer y segundo grado de consanguinidad, y un bono de educación en el sistema escolar y universitario público para los huérfanos, hasta su profesionalización.

Aquellas víctimas —del “bando enemigo”— tal vez no fueron masacradas por ejercer su derecho a la protesta. Fueron, quizá, inmoladas por una causa absurda (el “Vietnam moderno”). Son víctimas igual, ante la responsabilidad del Estado como promotor tutelar de los Derechos Humanos.

Renta Vitalicia viable por Huayllani y Senkata

El cuestionado Decreto Supremo 4078 que la presidenta Jeanine Añez dictó el 15 de noviembre liberando constitucionalmente a las FF.AA. de toda responsabilidad penal por las consecuencias de su accionar en defensa del patrimonio estatal, es, paradójicamente, la base legal que hace factible e ineludible complementar la indemnización con la renta vitalicia.

La indeminización de Bs 50.000 ($us 7.200 aproximadamente) como única compensación por las muertes y mutilaciones aprobada el 5 de diciembre mediante el Decreto Supremo 41000, evade las responsabilidades que Jeanine Añez asumió voluntariamente cuando puso en práctica el DS 4078.

Basándose en los artículos 11 y 12 del Código Penal boliviano que establece el uso de la fuerza como legítima defensa (o “en defensa propia”) excento de pena “cuando proviniere de una excitación o turbación justificables por las circunstancias concomitantes en el momento del hecho”, la presidenta Añez se vio obligada a firmar dicho Decreto 4078 para frenar la expansión de aquella ola de vandalismo, promovida por los operadores de Evo Morales, que tomó las calles haciendo gala de un uso letal de armas y explosivos, 

El artículo 4 del Decreto del 15 de noviembre establecía que “las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante Decreto Supremo 27977 de fecha 14 de enero de 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionales al riesgo de los operativos, conforme a los presupuestos de la Ley 400 de 18 de septiembre de 2013 de Control de Armas de Fuego, municiones, explosivos y otros materiales”.

Eximir de responsabilidad penal a las FF.AA. sobre lo que pudo haber acontececido en el marco del Decreto 4078, no implicaba ausencia de responsabilidad civil y constitucional por parte del Estado Plurinacional, más aún si en el curso de los acontecimentos hubieron muertos y heridos. Aquel Decreto implica que la responsable de la situación no era nadie más que la presidenta Añez.

Es por todos sabido que tras la sucesión constitucional de la senadora Jeanine Añez (ante el vacío de poder generado por la renuncia escalonada en las directivas camarales), el ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana y el hermano de vicepresidente, Raúl García Linera, organizaron ataques vandálicos muy violentos intentando dañar criminalmente instalaciones petroleras —como la planta de gas en Senkata, El Alto—.

Los neo-estalinistas usaron como carne de cañón a humildes ciudadanos que arriesgaron su integridad física provocando deliberadamente a las fuerzas del orden público (FF.AA. y Policía), las cuales hasta antes del 15 de noviembre venían siendo rebasadas por su pasividad. Era el “Vietnam moderno” con que Quintana pretendía encubrir su responsabilidad activa y directa en el espantoso fraude electoral del 20 de octubre.

El mismo 15 de noviembre, pocas horas después de dictarse el DS 4078, se produjo el primer choque entre los llamados “grupos vandálicos” de Quintana y las fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas, en la localidad de Huayllani, Sacaba, desde donde miles de cocaleros armados con escopetas y explosivos (dinamitas, “cazabobos” y bombas molotov) se aprestaban a tomar violentamente la ciudad de Cochabamba, siguiendo instrucciones expresas de Evo Morales para cercar las ciudades y “dejar sin comida” a los habitantes urbanos. El saldo del inminente choque, según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, fue de nueve muertos, todos del “bando evista”.

Imágenes que difundió el Comando de la Policía mediante las redes sociales, mostraban vehículos de las Fuerzas Armadas con impactos de bala que perforaron los parabrisas cuando intentaban despejar el Puente Huayllani, “Nuestros servidores policiales y miembros de las FFAA fueron atacados con armamento letal y armas de fuego improvisadas en el puente”, se informaba junto a fotografias exibiendo armas incautadas a los violentos militantes evistas.

#SacabaInformamos a la población en general que un vehículo de las #FFAA recibió impactos de armas de fuego en el…

Publicado por Cj Mar Cuaquira en Viernes, 15 de noviembre de 2019

#UnidosPorBolivia#SacabaNuestros servidores policiales y miembros de las #FFAA fueron atacados con armamento letal y armas de fuego improvisadas en el puente #Huayllani.

Publicado por Policia Boliviana, Tukuy Rikhuy en Viernes, 15 de noviembre de 2019

Cuatro días después, el 19 de noviembre, la planta engarrafadora de gas licuado en Senkata (El Alto) fue tomada e incendiada por grupos también afines a Evo Morales, en una acción de alta peligrosidad que podia haber causado, según el Gobierno, un mega incendio de consecuencias imprevisibles para la población civil de la ciudad satélite.

Detrás de aquel ataque fueron identificados dirigentes desaforados del Movimiento al Socialismo (MAS) como el asambleísta Gustavo Torrico. La retoma de la instalación petrolera por parte de la Policía y las FF.AA. provocó una docena de fallecidos debido a impactos de bala, en su mayoría jóvenes pobres e indígenas aymara, engañados por el discurso belicista de los prorroguistas expulsados del Gobierno.

Se espera que las responsabilidades políticas y penales de esas muertes recaigan sobre los agitados Quintana, García Linera y Evo Morales. Se lo establecerá en los juzgados ordinarios del país y en el Tribunal La Haya.

Pero el responsable constitucional y civil por la vida y seguridad de todos los ciudadanos bolivianos es el Estado Plurinacional, y en este caso la jefa interina de ese Estado, Jeanine Añez, quien voluntariamente tomó esa responsabilidad al momento de firmar el DS 4078.

Asumir una responsabilidad en ese marco no es aceptar ninguna culpabilidad; sino sólo proceder responsablemente en ajuste a la Constitución que consagra en primer orden la preservación de los Derechos Humanos.

Los defectos conceptuales DS 41000

El pasado 5 de diciembre, la presidenta interina Jeanine Añez emitió el Decreto Supremo 41000 que “autoriza otorgar asistencia humanitaria e indemnización a los familiares de los fallecidos y heridos que dejaron los hechos de violencia surgidos tras las elecciones del 20 de octubre”.

Dicho decreto, genérico e impreciso, dispone una indemnización de Bs 50.000 (que equivalen a $us 7.200 aproximadamente), por una única vez, para familiares de los fallecidos y heridos “tras las elecciones del 20 de octubre”.

El decreto ha sido rechazado especialmente por los familiares de las víctimas de Huayllani y Senkata. Denuncian que dicha norma no fue consensuada con sus representantes.

El DS 41000 adolece, entre otros defectos jurídicos, de una omisión al DS 4078 que deslindando responsabilidad a las FF.AA. especialmente en los hechos de Hayllani y Senkata, derivó dicha responsabilidad hacia el actual Gobierno interino que preside la senadora Añez.

Durante las reuniones con los familiares de las víctimas, el entonces Ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, negaba la responsabilidad del Gobierno arguyendo que aún estaba “en investigación” si las balas halladas en los cuerpos de los fallecidos y heridos “eran o no del Ejército”. Aquí no importa quién disparó. Importa que el Estado es el primer responsable para la vida y la seguridad de sus habitantes. Como efecto de la aplicación del DS 4078 hay una Responsabilidad Constitucional del Estado Plurinacional que el Gobierno no puede eludir por lo menos en lo de Huayllany y Senkata. Las responsabilidades penales de los ex gobernantes que promovieron el vandalismo para volver al poder, corresponden ser definidas en las instancias de investigación judicial.

Otro defecto grave del DS 41000 es su concepción paternalista y señorial que devela el carácter conservador de los funcionarios que ejercen el Gobierno transitorio, al otorgar la indemnización como si se tratase de un favor a las víctimas (casi todos jóvenes pobres, estudiantes, obreros e indígenas) y no una obligación inexcusable del Estado, reduciendo la compensación a una humillante “ayuda humanitaria”.

“Estos 50.000 bolivianos no es factible, porque la plata se va a acabar. Pediríamos una renta vitalicia (…) la presidenta Añez debería conversar directamente con las familias de los afectados, que son 10, 12 muertos”, afirmó el suegro de una de las personas muertas en Senkata, Mano Ramírez, según publicó Página Siete el sábado.

Por su parte David Inca, funcionario de la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto que asesora a las víctimas de Senkata, observó que “lo perverso (del DS 41000) está en el expreso chantaje a las víctimas (fallecidos y heridos) al disponer que al recibir la indemnización y la atención médica, expresamente estaríamos renunciando a reclamos internacionales”.

En efecto, la norma estipula que “los familiares de las personas fallecidas heridas tendrán por reparado su derecho ante cualquier instancia internacional, una vez hecha efectiva la indemnización”.

“Eso es un chantaje inadmisible”, protesta David Inca.

De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano judicial de la OEA, coincide con el activista boliviano al afirmar que la indemnización dispuesta por el DS 41000 “no puede jurídicamente cerrar ni obstruir el acceso de las víctimas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

“La reparación administrativa es un avance y no exime a los organismos internacionales de analizar la responsabilidad estatal, ni de la obligación que tiene el Estado de adoptar otras medidas para reparación integral”, sostiene la CIDH en un comunicado emitido el pasado sábado, 7 de diciembre.

Según este órgano de la OEA, la compensación monetaria “es sólo uno de los componentes del derecho a la reparación integral que tienen las víctimas en Bolivia”; y que “el derecho a la reparación también incluye medidas de satisfacción, rehabilitación, verdad, justicia y garantías de no repetición”.

En todo caso, la aceptación de la presidenta Añez a la demanda de los familiares para proceder con una Renta Vitalicia enaltecería a la democracia boliviana en esta coyuntura crucial de la transición post-neoestalinista. Ya no sería necesario llevar el asunto a tribunales internacionales, al menos en los casos puntuales de Huayllani y Senkata.

Sólo quedarían pendientes de tratamento en las cortes de La Haya y la CIDH —y en los juzgados bolivianos— aquellas matanzas ocurridas antes de la sucesión constitucional de Jeanine Añez y al margen del DS 4078. Es decir las muertes y mutilaciones por balas y explosivos acaecidas despúes del fraude electoral del 20 de octubre, a instigación de Quintana, los hermanos García Linera y Evo Morales en su desquiciado afán de retomar el Gobierno con métodos violentos.

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