Data: abril 21, 2016 | 15:31
¿CUÁNTOS JERARCAS DEL ESTADO HABLAN QUECHUA O AYMARA? | Ley 269 rige para funcionarios en ejercicio, no para quienes postulan a cargos por primera vez…

Imponen confabulación impidiendo habilitar a John Arandia como Defensor del Pueblo

El periodista no sólo defendió ciudadanos ante los abusos del poder político; también tomó posición militante en temas de interés nacional como la defensa de nuestra soberanía marítima ante el Tribunal de La Haya. | Fotomontaje Sol de Pando

El periodista no sólo defendió ciudadanos ante los abusos del poder político; también tomó posición militante en temas de interés nacional como la defensa de nuestra soberanía marítima ante el Tribunal de La Haya. | Fotomontaje Sol de Pando

© Wilson García Mérida | Redacción Sol de Pando

El conocido periodista John Ernesto Arandia que hasta hace pocas horas se destacaba como  aspirante con mejor perfil para desempeñar el cargo de Defensor del Pueblo en los próximos cinco años de gestión, fue virtualmente inhabilitado por la comisión legislativa encargada de seleccionar a los postulantes con el argumento de que el periodista no practica un idioma nativo junto al castellano.

Similar objeción excluyó del proceso selectivo a la activista feminista María Galindo, quién advirtió que acudirá al Tribunal Constitucional en Sucre para denunciar la inconstitucionalidad al haber además enfrentado dificultades formales en la presentación de sus declaratorias juradas.

Por su parte John Arandia anunció un recurso legal solicitando la reconsideración del controvertido requisito, al considerar “discriminatorio” el hecho de apartar del proceso a las personas que no practican un idioma nativo en su vida diaria. Cuestionó que ese requisito instaurado en la Ley General 269 de Derechos y Políticas Lingüísticas atente al derecho al trabajo. Dicha ley que rige desde el 2 de agosto del 2012, exige a los servidores públicos aprender idiomas nativos durante el desempeño de sus funciones oficiales en plazos perentorios; pero no es requisito previo y esencial para acceder a un trabajo hablando dos idiomas necesariamente.

Doble moral del Estado ante los idiomas nativos

"Una cosa es que el postulante designado se comprometa a aprender fluidamente un idioma nativo en el plazo perentorio fijado por ley, y otras que se le obligue a nacer hablando dos idiomas para tener derecho al trabajo”.

Arandia: «Una cosa es que el postulante designado se comprometa a aprender fluidamente un idioma nativo en el plazo perentorio fijado por ley, y otra que se le obligue a nacer hablando dos idiomas para tener derecho al trabajo”.

“Existen recursos que se pueden presentar en este tema. El primer recurso del cual estoy haciendo uso es pedirle muy amablemente y encarecidamente a la comisión de Constitución reconsideren la inhabilitación de todos aquellos candidatos que han sido apartados por no hablar un idioma nativo”, anunció Arandia en entrevista con la Red Uno.

Según el diputado Milton Barón —presidente de la Comisión de Constitución que mostró notables deficiencias al expresarse forzadamente en lengua quechua— Arandia fue uno de los 163 inscritos ante dicha comisión que desde el martes comenzó a verificar el cumplimiento de los 13 requisitos para luego presentar la lista final de habilitados.

Arandia, en entrevista al programa No Mentirás, de la red PAT,  admitió que lo obrado en la comisión parlamentaria que lo inhabilitó como Defensor del Pueblo es correcto, pero injusto.

“Sigo siendo postulante, porque oficialmente no se me ha comunicado la noticia, aunque ya es una suerte cantada. Hablar un idioma significa tener un mínimo de fluidez. Es loable que el Gobierno trate de implementar un idioma a los funcionarios. Lo que no es acertado, es como se pretende hacer, cosa que no estoy de acuerdo”, dijo periodista al remarcar el exceso de la comisión parlamentaria que pone el idioma como requisito esencial e inflexible: Una cosa es que el postulante designado se comprometa a aprender fluidamente un idioma nativo en el plazo perentorio fijado por ley, y otra que se le obligue a nacer hablando dos idiomas para tener derecho al trabajo”.

Y al respecto puso el dedo en la llaga: “Las autoridades que no hablen otro idioma nativo tienen que renunciar ¿Qué autoridad o empleado público habla a nivel comunicativo, otro idioma nativo? Puede haber excepciones, lo hay.  En tres años no ha funcionado está ley, ningún ministro, jerarca del Legislativo o del Ejecutivo ha aprendido en los últimos años ningún idioma nativo; y por tanto aplicar esta ley 269 a ciudadanos que postulamos por primera vez a un cargo público —cuando no se lo aplica en autoridades que están en pleno ejercicio durante los últimos 10 años— es violatorio contra nuestros derechos humanos y contra la Constitución Política del Estado”.

El pronunciamiento de la Iglesia

En la víspera, la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) manifestó que el requisito de hablar idioma nativo para los postulantes a Defensor del Pueblo es importante, “pero se debería dar tiempo a la nueva autoridad que sea electa para aprender otra lengua”.
“Yo creo que sería importante dar un tiempo suficiente, porque un idioma nativo no se aprende así rapidito, sino que sería importante contar con tiempo suficiente. Lo mismo que a algunas autoridades el Estado se les da tiempo, también el Defensor del Pueblo debería contar con esta posibilidad”, dijo monseñor José Fuentes, secretario general adjunto de la CEB.
El sacerdote exhortó a “nunca usar este requisito importante y constitucional para estar en contra de la oposición, sino que se verdaderamente sea para servir mejor a todos los bolivianos”.

Conjura legislativa contra Arandia

El desempeño periodístico de John Arandia tuvo las características de un Defensor del Pueblo no oficial, lo cual demuestra una vez más que los periodistas, no sólo los abogados, tienen un perfil natural para tal responsabilidad. | Fotomontaje Sol de Pando

El desempeño periodístico de John Arandia tuvo las características de un Defensor del Pueblo no oficial, lo cual demuestra una vez más que los periodistas, no sólo los abogados, tienen un perfil natural para tal responsabilidad. | Fotomontaje Sol de Pando

Tras la negativa formal del sacerdote jesuita Xavier Albó para postularse a Defensor del Pueblo pocas horas después de haber recibido la Condecoración del Cóndor de Los Andes, la figura de John Arandia sde perfilaba como una opción válida para ocupar ese cargo vital para la defensa de los derechos ciudadanos dentro y desde el Estado Plurinacional.

Durante los últimos diez años, el periodista John Arandia —simultáneamente a Amalia Pando aunque en medios y programas diferentes—, vino acompañando el proceso de cambio bajo el gobierno del presidente Evo Morales con un nivel de rigurosa profesionalidad que en ese lapso le valió diversos premios y galardones por su desempeño informativo, que lindó por las escabrosas arenas del periodismo investigativo y no menos de una confrontación con poderosas autoridades de turno.

Tocó temas de gran sensibilidad nacional y social para el país con aportes inéditos, por ejemplo, parala defensa de la Soberanía Marítima en la demanda boliviana ante el Tribunal de La Haya.

Dio curso a reclamos y denuncias de gente común de la sociedad civil, atendiendo reclamos de diversos colectivos de género y generacional, movimientos indígenas, trabajadores, empresarios o funcionarios de bajo rango, para interpelar a las autoridades cuestionadas de manera cordial y educada, siempre manteniendo el derecho a réplica entre las partes enfrentadas. Su trato frente a las cámaras de televisión y micrófonos de radio donde prestó sus servicios, fue de la misma amabilidad y respeto para denunciantes y denunciados, siempre con una sonrisa conciliadora a flor de labios. En más de una ocasión, logró concertar posiciones y propiciar acuerdos de beneficio directo para los ciudadanos afectados y de buena gestión para las autoridades interpeladas.

El desempeño periodístico de John Arandia tuvo las características de un Defensor del Pueblo no oficial, lo cual demuestra una vez más que los periodistas, no sólo los abogados, tienen un perfil natural para tal responsabilidad. Lo prueban la gestión de la primera Defensora del Pueblo en Bolivia, Ana María Romero de Campero, y la del actual representante del Defensor del Pueblo en Santa Cruz, el también periodista Hernán Cabrera.

Una entrevista esclarecedora entre Amalia Pando y John Arandia| VIDEO

LINKS RELACIONADOS
coronavirus



sopa de mani



desastre total



Reporteros Sin Fronteras



CPJ



Knigth Center