Villena encubre atentados de Quintana contra Sol de Pando

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Sol de Pando ha comprobado fehacientemente una actitud abiertamente encubridora de los atentados perpetrados contra este medio, por parte del Defensor del Pueblo Rolando Villena. Según el Director de este medio, Wilson García Mérida, dicha autoridad defensorial “carece de la autonomía institucional necesaria para ejercer con transparencia y eficacia las atribuciones que le confiere la Constitución, pues hemos notado que Rolando Villena está sometido a una dependencia vergonzosa del poder político central, y nada menos que de personajes como el actual ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana».

Luego el periodista aclara: «No hallo otra explicación al maltrato que el Defensor del Pueblo nos ha dispensado en nuestra condición de ciudadanos y trabajadores de la prensa agredidos por el poder ejercido con abuso e intolerancia”.

Rolando Villena, el Defensor del Pueblo, y detrás de él Jaime Quiroga Carvajal, uno de los más obsecuentes “operadores” del ministro Quintana.

A partir de dicho antecedente —y considerando que a raíz del escándalo de un soborno pagado por agentes de Inteligencia a un infiltrado en el caso Rozsa, Jaime Quiroga ya había sido denunciado por El Deber de Santa Cruz, el 20 de enero del 2011, como un “infiltrado de Quintana” en el Defensor del Pueblo—,  el Director de Sol de Pando solicitó a Rolando Villena separe a este funcionario en el tratamiento de las denuncias sobre los recurrentes atentados perpetrados contra este periódico precisamente por Quintana y sus dependientes estatales.

En esa segunda carta dirigida a Villena el 7 de diciembre del 2011, la Gerencia y Dirección de Sol de Pando le expresan lo siguiente:

“Asimismo molestamos su atención para solicitar a su digna autoridad, muy encarecidamente, tenga a bien apartar al señor Jaime Quiroga Carvajal —funcionario bajo vuestra dependencia— de cualquier conocimiento de nuestra reiterada queja ante el Defensor del Pueblo, pues en caso de ser así se estaría incurriendo en conflicto de intereses, entre otras anomalías, debido a antecedentes y nexos del señor Quiroga que son de pleno conocimiento suyo”.

Hasta la fecha, Villena no se ha dignado en responder ninguna de las dos quejas formalmente presentadas por Sol de Pando el 28 de julio y 7 de diciembre; y tampoco los directivos de este periódico, en su condición de damnificados, han sido convocados para aportar en las investigaciones ni menos notificados con los resultados (inexistentes) de la investigación que era deber constitucional del Defensor del Pueblo llevar adelante respecto a las agresiones y discriminaciones que este medio periodístico se ve obligado a resistir estoicamente y sin claudicar en aras de la transparencia de la gestión pública.

Una Defensoría sin independencia

Debería ser ilegal e inconstitucional que aspirantes a Defensor del Pueblo, Fiscal General y Contralor negocien previamente concesiones políticas en sus futuras gestiones a cambio de votos para lograr los dos tercios en el Congreso, lo que equivale al más ruin “cuoteo” en una zona de la administración pública que jamás debería ser parcelada partidariamente por un elemental sentido de eficiencia y transparencia. Villena va mucho más allá de romper la institucionalidad del Defensor del Pueblo al permitir que políticos y ministros tengan su “cuota de control” en la entidad. Villena llega al extremo de violar la ley e incurrir en flagrante Incumplimiento de Deberes procediendo en muchos y delicados casos (no en todos, es verdad)  como un simple funcionario subalterno del Gobierno y no como una autoridad estatal con competencias estrictas para proteger los derechos ciudadanos en la sociedad por encima incluso del Estado. En hechos que quedaron  impunes por sus “buenos oficios”,  como es el encubrimiento a responsables claves de la represión de Chaparina, o la incautación de 2.000 ejemplares de Sol de Pando en Cobija, abundan pruebas sobre lo afirmado.

En tanto simple funcionario subalterno del Gobierno, Rolando Villena tiende a desempeñar sus funciones con el mismo sentido de proselitismo pre-electoral con que otras autoridades gubernamentales se esmeran entregando “obras” y anunciando rimbombantes proyectos  en el mero afán de maquillar la imagen cada vez menos tolerante de un régimen cada vez más partidocrático, excluyente y corruptible.

La Ley 1818 aprobada el 2 de diciembre de 1997 creando el Defensor del Pueblo en Bolivia, define su naturaleza en el artículo 1º como “una Institución establecida por la Constitución Política del Estado para velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas en relación a la actividad administrativa de todo el sector público; asimismo, vela por la promoción, vigencia, divulgación y defensa de los derechos humanos”.

El artículo 4 de esa Ley estatal fija con claridad la autonomía del Defensor del Pueblo frente al poder político: “El Defensor del Pueblo es independiente en el ejercicio de sus funciones y no recibe instrucciones de los poderes públicos”. Villena viola estos preceptos de la ley que rige sobre su cargo al desempeñarlo bajo una total subordinación al poder político y partidario, al menos en los casos que han sido denunciados reiteradamente por Sol de Pando.

No puede ser más envilecida una institución como la del Defensor de Pueblo que se ve obligada a actuar al influjo de consignas políticas y partidarias, y no bajo los preceptos éticos de la ley que la creó.