INVESTIGACIÓN | El grupo Falascina tiene sentencias judiciales en su país desde el 2009, fue acusado de deterioro ambiental y sucumbió ante sus deudas tributarias e hipotecarias. Un año antes se adjudicó la construcción de una millonaria fábrica de papel en Bolivia con turbios avales del Ministerio de la Presidencia. Nos vendió chatarra...

Cerraron y subastaron en Brasil empresa D’Andréa acusada de estafar a Papelbol

La fachada principal de la fábrica de maquinas agrícolas D'Andréa, sobre la avenida Queiroz de Limeira, São Paulo. Este edificio ubicado en la m isma direcciòn consignada en contrato con papelbol, ha sido subastado en un remate judicial del pasado 30 de abril. | Foto Sol de Pando

La fachada principal de la fábrica de maquinas agrícolas D’Andréa, sobre la avenida Queiroz de Limeira, São Paulo. Este vetusto inmueble ubicado en la misma direcciòn consignada en el contrato con Papelbol, ha sido subastado en un remate judicial del pasado 30 de abril. | Foto Sol de Pando

© Wilson García Mérida | Redacción Sol de Pando

En base a “avales técnicos” de la UPRE, unidad especializada del Ministerio de la Presidencia, el año 2008 la empresa brasileña D’Andrea se adjudicó la provisión de maquinaria para la fabrica estatal  de papel “Papeles de Bolivia” (Papelbol) a un costo de 13,571.000 dólares. El plazo de entrega era de 14 meses, pero la compañía incumplió. Luego la Fiscalía determinó que el valor de la maquinaria reciclada era de solo seis millones de dólares.

La maquinaria instalada no funcionaba al momento de ser probada, era tecnológicamente obsoleta, el Estado decidió denunciar a la brasileña y se vio obligado a contratar a una empresa china, Vicstar Shenzhen, que desmontó la planta y la equipó con otra tecnología proveniente de la China, generando al país un importante endeudamiento externo.

Luego de seis años, la obra, desde ya con sustancial sobreprecio, fue inaugurada con algarabía encubridora el 3 de enero de este año por el presidente Evo Morales y hasta la fecha no se han establecido todas las responsabilidades del daño inferido, salvo una tímida y sinuosa persecución judicial contra el principal operador del negocio, el ahora ex viceministro de Mediana,Gran Empresa e Industria, Eduardo Peinado Rivero, un connotado masón protegido personal del Ministro de la Presidencia. D’Andrea por su parte no ha resarcido un sólo centavo al Estado boliviano, pues resulta que no está en condiciones objetivas de hacerlo de acuerdo a lo que Sol de Pando ha investigado en el Brasil. Veamos:

En marzo y abril de este año, autoridades judiciales del municipio de Limeira, en el Estado de São Paulo, ordenaron el remate de equipos e instalaciones de la compañía fabricante de máquinas que estafó a Papelbol, D’Andréa Agrimport, propiedad del empresario Roberto Falascina y su familia, por deudas impositivas e hipotecarias que determinaron su cierre definitivo.

El remate más importante por su valor económico se produjo el 30 de abril pasado, cuando el Juez Primero de Trabajo Renato de Carvalho Guedes procedió a la subasta de las instalaciones industriales de D’Andréa Agrimport en Limeira. Un remate anterior, el 7 de marzo del 2014, puso en subasta maquinaria pesada como grúas y equipos de perforación cuyo embargo restó la capacidad productiva de esta empresa que, según fuentes judiciales consultadas por Sol de Pando en el Brasil, “ya desde hace muchos años venía trabajando a media máquina por su situación de insolvencia”.

La Procuraduría de la Hacienda Nacional del Brasil y el Banco Hipotecario de São Paulo, como acreedores, enjuiciaron a esta empresa fabricante de maquinaria agrícola por deudas impositivas e hipotecarias, estableciendo como base para el remate del edificio principal de D’Andréa un avalúo de 26 millones de reales (R$ 26’ooo.ooo) que equivalen a casi 12 millones de dólares. El embargo de las instalaciones data del año 2009; aunque las deudas de D’Andréa Agrimport en los registros del Impuesto Predial Territorial Urbano (IPTU) y de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) se remontan al año 2003.

En marzo y abril del 2012, el juez Josué Cecato ya dispuso el remate de maquinarias y el inmueble principal de D’Andréa. La subasta se consumó dos años después. | Foto Sol de Pando

En marzo y abril del 2012, el juez Josué Cecato ya dispuso el remate de maquinarias y el inmueble principal de D’Andréa. La subasta se consumó dos años después. | Foto Sol de Pando

Dos remates sin postores

El remate del 30 de abril no prosperó, cerró sin postores con una oferta máxima de 11 millones de reales, inferior a su precio catastral de R$ 26 millones, debido al visible deterioro en que se halla la infraestructura que según nuestras fuentes estaría destinada a su inminente demolición.

En marzo del 2012, otro juez Federal del Trabajo, Josue Cecato, ya había ordenando el remate del mismo inmueble, y también de las maquinarias, ante un proceso iniciado por la Unión Federal y un acreedor particular. Los Falascina lograron detener las subastas mediante un refinanciamiento de su deuda que tampoco prosperó en los años siguientes.

Según el Expediente Fiscal Nro. 0147300-67.2009.5.15.0014 al cual Sol de Pando tuvo acceso mediante abogados contactados en el Brasil,  el inmueble rematado este año en la ciudad paulista de Limeira, teniendo como depositario a Alessio Falascina, consta de un predio industrial con su fachada frente a la avenida Souza Queiroz Nro. 267 (Villa Queiroz), que es la misma dirección consignada en el contrato de provisión de maquinaria para la empresa boliviana Papelbol suscrito entre D’Andréa Agrimport y el Gobierno boliviano el 7 de febrero del 2008.

El inmueble rematado abarca una superficie total de 54.000 metros cuadrados —incluyendo lotes baldíos en su interior— donde figuran las siguientes edificaciones que ocupan 19.661 metros cuadrados de área construida: casa de fundición, galpones y cuarto de guardia en la parte posterior; y en la superficie que da a la avenida Souza Queiroz hay cuatro instalaciones habitacionales, equipamiento sanitario y un galpón principal de 102 metros cuadrados que fueron las últimas ampliaciones aprobadas por la municipalidad (“prefeitura”) de Limeira.

También han sido puestos en remate edificaciones más antiguas construidas con anterioridad a 1966, hace casi medio siglo, consistentes en galpones industriales, oficinas, sanitarios y otras dependencias “en regular estado de conservación” según certificación municipal.

Al no haberse presentado postores que cubran el precio real catastral que fue base del remate, los predios pasan a propiedad de los acreedores, el Fisco y del Banco Hipotecario de São Paulo.

Otros acreedores tampoco pudieron recuperar sus capitales con el remate de tres maquinarias en marzo de este año —incluso una de ellas fabricada por la misma D’Andréa Agrimport—, que no tuvieron postores por lo obsoleto de los equipos. Un puente grúa marca D’Andréa y dos equipos de excavación de las marcas Kone y Newton valorados en R$ 18.000 (alrededor de 7 mil dólares) no tuvieron ninguna oferta en la audiencia de remate.

Otros procesos que liquidaron a D’Andréa

Equipos obsoletos hipotecados por D'Andréa que no tienen postores en los remates. | Foto Sol de Pando

Equipos obsoletos hipotecados por D’Andréa que no tienen postores en los remates. | Foto Sol de Pando

En septiembre del pasado año 2013, el “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia” (CREA) del Estado de São Paulo, llevó ante tribunales al propietario de D’Andréa Agrimport, Roberto Falascina, acusando a su empresa de vulnerar normas de seguridad industrial y de preservación del medio ambiente. El Consejo Regional de Ingeniería y Agronomía es una de las más estrictas entidades de fiscalización conocidas en Latinoamérica.

Otro dato que ha podido confirmar Sol de Pando en documentación judicial oficial es que en abril del 2009, un año después de su contrato con Papelbol en Bolivia, un Tribunal Federal de São Paulo condenó al Presidente de la Junta Directiva de Máquinas D’Andréa, Alessio Falascina, junto con otro ejecutivo de la empresa, Arnaldo Castro, a dos años y seis meses de prisión por la evasión de aportes laborales que perjudicaron el acceso a la salud y otros beneficios sociales de sus trabajadores. El Juez dictó una medida sustitutiva —además de una elevada multa por la ilegal expropiación de los aportes laborales cometida por los hermanos Falascina—, obligando a  los empresarios realizar labores de servicio comunitario en asilos y unidades escolares en el mismo lapso de la sentencia dictada.

Durante ese juicio, los empresarios justificaron la retención de los aportes laborales alegando que su empresa se hallaba al borde de la quiebra. “La mala situación económica de su empresa no les da derecho a cometer el crimen de vulnerar los derechos de sus trabajadores”, dijo el Juez en dicha sentencia dictada en abril del 2009.

El misterio de cómo llegó D’Andréa a Bolivia

Roberto Falascina, representante de D'Andréa. Sol de Pando envió a su correo un cuestionario que espera sus respuestas. | Foto Facebook

Roberto Falascina, representante de D’Andréa. Sol de Pando envió a su correo un cuestionario que espera sus respuestas. | Foto Facebook

La Dirección de Sol de Pando intentó comunicarse con el representante de D’Andréa Agrimport, Roberto Falascina. Al negarse a conversar con nosotros desde su bunker en Limeira, Sao Paolo, le remitimos un cuestionario el 22 de octubre aún no respondido. Entre las interrogantes que deben esclarecer los empresarios brasileños y también autoridades bolivianas, queda por establecer las circunstancias en las cuales fue posible que una fabricante brasileña de maquinarias atravesando tan severas dificultades legales, económicas y tecnológicas en su propio país, prácticamente en bancarrota, logró un contrato directo para instalar en Bolivia aquella gigantesca fábrica de papel, considerada una de las empresas estratégicas del Estado.

En círculos políticos y empresariales del Brasil que conocen los conflictos judiciales y financieros del grupo Falascina, se menciona un nombre que habría sido la clave para que D’Andréa haga negocios con el gobierno boliviano buscando salvarla de una inminente quiebra: Andrés Fermín Guzmán Heredia.

Andrés Guzmán y Olacyr de Morães, en el 2012, cuando acompañaron a la presidenta Dilma Rousseff, con una comitiva empresaerial, a un viaje de negocios en Rusia. | Foto Archivo Veja

Andrés Guzmán y Olacyr de Morães, en el 2012, cuando acompañaron a la presidenta Dilma Rousseff, con una comitiva empresarial, a un viaje de negocios en Rusia. | Foto Archivo Veja

Guzmán Heredia fue un habilidoso político y gestor comercial nacido en Cochabamba que se instaló durante los años 90 en el Acre boliviano para realizar negocios con el Brasil, rondando entre el éxito y la muerte.  

Falleció trágicamente el 4 de abril de este año al ser acribillado por el chofer del famoso “rey de la soya” en el Brasil, Olacyr de Morâes, poco después de que Guzmán saliera del palacete del octogenario y corrupto magnate, en São Paulo, con casi 200.000 dólares (en billetes de reales, moneda brasileña) dentro una maleta, dinero que se presume era parte de una extorsión al multimillonario. Andrés Guzmán se jactaba de ser amigo íntimo del viejo Olacyr, viajaban juntos a Europa y alguna vez lo trajo a Bolivia para ver el carnaval de Oruro. La Policía brasileña aún no ha esclarecido cómo y por qué pudo Guzmán extorsionar aquellos $us 200.000 a Morâes; según el chofer que lo baleó no era la primera vez que el boliviano obtenía dinero de ese modo, abusando a su patrón. Se presume que entre ambos empresarios habría existido un vínculo homosexual que se prestó a la extorsión. Olacyr de Morâes no fue imputado ya que su leal chofer asumió toda la responsabilidad penal del asesinato.

EL “OPERADOR” CLAVE DE LOS NEGOCIOS CON BRASIL
Con el talento de un próspero pastor evangélico para los diezmos, Guzmán Hererdia trabajó para el Gobierno de Sánchez de Lozada en su priomer mandado (1993-1997) y asesoró al entonces ministro de Capitaliaazación Alfonso Revollo para entregar la administración del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) a la familia Canhedo, propietaria de la quebrada empresa VASP (qué sorprendente similitud con el caso D’Andréa). Con los buenos dividendos obtenidos del inescrupuloso Wagner Canhedo por esa intermediación que marcó el triste destino del LAB, Andrés Guzmán se compró un curul como Senador suplente por Pando, en las elecciones de 2002, dentro la bancada del partido Podemos que lideraba el entonces presidente conservador Jorge Quiroga Ramírez (sucesor del general Banzer tras el fallecimiento del ex dictador).
Cuando Evo Morales asumió la Presidencia, el senador podemista, fiel a su premisa de que “el poder es para hacer negocios”, se pasó a las filas del Movimiento al Socialismo (MAS) que jefaturiza Evo Morales, y dio su voto en favor de la Ley de Reconducción Comunitaria del Inra, en noviembre del 2006. Con ese paso se abrió un camino expedito hacia el Palacio Quemado y se hizo amigo de mucha confianza de Juan Ramón Quintana, el Ministro de la Presidencia, quien gracias a Guzmán Heredia que trajo un grupo de “consultores” brasileños a Pando, pudo desarrollar una estrategia de alianzas en las elecciones generales del 2010, con un sector de la élite conservadora pandina que abandonó al ex prefecto Leopoldo Fernández por cuestión de negocios precisamente.
Guzmán Heredia fue el puente para que Quintana establezca un pacto político con el principal líder de la vieja escuela banzerista de Pando, Miguel “Chiquitín” Becerra, quien rompió con Leopoldo Fernández que era respaldado por Tuto Quiroga. El frío pragmatismo con que Quintana, Guzmán y Becerra hicieron la “toma de Pando”, facilitó que sicarios vinculados al narcotráfico en la ruta de la cocaína del Perú al Brasil y que dispararon contra campesinos del propio partido gobernante, el MAS, durante la masacre de Porvenir, sean bienvenidos en los aparatos de seguridad e inteligencia controlados por el Ministro de la Presidencia.
A Andrés Guzmán se lo vincula también con las gestiones realizadas por la empresa constructora brasileña OAS para adjudicarse la construcción del camino asfaltado entre Cochabamba y Beni, en el polémico proyecto que pretende atravesar el territorio indígena y parque nacional del Tipnis, dentro la amazonia boliviana.

Gestando la gran estafa del papel

El 3 de septiembre del año 2007, el Ministro de la Presidencia anunció oficialmente una reunión con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) para exponerles el plan gubernamental de crear un conjunto de “empresas estratégicas” en el área productiva. Quintana, según decía la crónica informativa“anunció que se discutirá en forma democrática y respetuosa todos los puntos de vista, y las objeciones a la política oficial”. Fue entonces cuando Eduardo Peinado Rivero, el Viceministro de Industrias, hizo su estelar aparición anunciando que “el Ejecutivo prevé impulsar industrias estatales de papel, cartón y vidrio”. El presidente de la CEPB, Roberto Mustafá, expresó sus reparos. “Los empresarios no estamos de acuerdo que existan empresas estatales, todo debe estar en manos privadas para evitar temas de corrupción, favoritismo político. Todo se debe manejar con visión clara y gestión empresarial”, declaró Mustafá premonitoriamente.

Dos días después de la reunión con los empresarios privados, el 5 de septiembre del 2007 —con un enfático impulso del Ministro de la Presidencia— el Gobierno crea simultáneamente las empresas para fabricar papel y cartón, Papelbol en Cochabamba y Cartonbol en Oruro, mediante los sucesivos decretos supremos 29255 y 29256 respectivamente.

Una reunión con técnicos de la UPRE, en agosto del 2009, en instalaciones de la empresa maderera Mabet sobre el territorio indígena Pacahuara de Pando. Figuran en esta imagen Mauricio Etienne, propietario de Mabet, Cliver Rocha, director de la ABT, y el Ministro de la Presidencia. | Foto Archivo Sol de Pando

Una reunión con técnicos de la UPRE, en agosto del 2009, en instalaciones de la empresa maderera Mabet sobre el territorio indígena Pacahuara de Pando. Figuran en esta imagen Mauricio Etienne, propietario de Mabet, Cliver Rocha, director de la ABT, y el Ministro de la Presidencia. | Foto Archivo Sol de Pando

Esas empresas instaladas en el occidente del país, además de Lacteosbol en el Chapare, junto a otras en el norte amazónico (Riberlta, Beni) como la Empresa Boliviana de Almendras (EBA) y la Cooperativa de Zafreros y Fabriles castañeros (Zafabri), proyectadas y diseñadas con la intervención personal del Ministro de la Presidencia a través de un organismo técnico bajo su directa dependencia, la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) que fue creada en abril del mismo año 2007. Esta unidad técnica se desdobló en el Servicio de Desarrollo Productivo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), creado por el mimo Quintana cuando éste fue apartado temporalmente del Ministerio de la Presidencia el año 2010, para dirigir un organismo creado a su medida por el presidente Morales: La Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Fronteras (Ademaf), un sui géneris órgano estatal desde donde los hombres de Quintana despliegan labores de inteligencia y seguridad del Estado encubiertas como actividades de desarrollo económico en base a las teorías clásicas de la “guerra de baja intensidad”. Cuando Quintana volvió al Ministerio de la Presidencia en el año 2012, el SEDEM pasó a tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo, administrando hoy las “empresas estratégicas” creadas por Quintana en el 2007.

La UPRE, por su parte, continúa dentro la estructura del Ministerio de la Presidencia “direccionando” —según los criterios personales, políticos y electorales de Quintana— recursos del programa Evo Cumple que es financiado con fondos venezolanos. Desde el año 2011, esta unidad “técnica y económica” del Ministerio de la Presidencia tiene las manos libres para realizar contrataciones directas, sin necesidad de licitación alguna (aun cuando los montos en juego sean mayores a Bs 20.000), que es exactamente lo que Peinado ya hizo desde su Viceministerio en el 2007 favoreciendo a D’Andréa al margen de toda licitación.

Las fábrica Papelbol nació el año 2007 amarrada a D’Andréa Agrimport que —de manera idéntica a la quebrada VASP en los tiempos de Sánchez de Lozada— llegó a Bolivia para obtener ganancias ilícitas buscando salir de su bancarrota; y también tenía entre sus gestores más activos y convincentes a Andrés Guzmán Heredia, estrecho colaborador del ministro Quintana además de miembro connotado de la Cámara Boliviano Brasileña de Comercio.

Peinado en una cárcel dorada y Falscina muy bien gracias en Brasil

El pasado 20 de octubre, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a insistencia de la ministra de Transparencia Nardy Suxo, revocó la “detención domiciliaria” de la que gozaba el ex viceministro de Mediana Gran Empresa e Industria, remitiéndolo a la Cárcel de San Pedro; aunque su staff de diez abogados apeló la decisión y no se descarta una nueva excarcelación del conocido masón asociado al ministro Quintana.

En el caso de Papelbol el tráfico de influencias políticas para encubrir a los responsables del desfalco hizo que la Ministra de Transparencia se atrinchere de manera casi insólita. Denunció ante el Ministerio Público el año 2010 a los principales responsables del negociado perpetrado con la proveedora brasileña de maquinaria, el viceministro Eduardo Peinado Rivero y el gerente Antonio Camberos Bolaños, hermano este último de un conocido policía en retiro que colaboró con la dictadura de García Meza. Hoy el ex gerente Camberos Bolaños también está libre.

La planta de Papelbol se creó el 5 de septiembre de 2007 instalándose en Villa Tunari, provincia Chapare, en Cochabamba. La empresa Cartonbol se instaló simultáneamente en la ciudad altiplánica de Oruro, afortunadamente con otro proveedor.

El contrato doloso con Papelbol abarcaba la provisión de maquinaria, instalación y montaje, puesta en marcha y capacitación de los operadores de una máquina para la fabricación de papel de escritura e impresión, papel prensa y papel kraft, con una capacidad de producción de 100 toneladas día. El plazo de instalación era de 14 meses, para comenzar a funcionar en marzo del 2009; pero la maquinaria entregada por un precio de casi 14 millones de dólares, jamás funcionó al evidenciarse que se trataba de chatarra reciclada.

A pesar del evidente desfalco, la empresa brasileña no ha sido hasta hoy conminada a resarcir el daño y el proceso penal correspondiente quedó a medias. Se dio el extremo de que la fiscal asignada al caso, Edna Montoya, recibía invitaciones de “viaje de inspección” por parte de la empresa brasileña que estafó al Gobierno, y cuando la Ministra se opuso a ello, la fiscal asignada paralizó la investigación.

Los acusados, Eduardo Peinado y Antonio Camberos, intentan desviar sus responsabilidades penales involucrando maliciosamente el nombre del vicepresidente Álvaro García Linera, a quien endilgan una supuesta aprobación del contrato doloso con la empresa brasileña.

Según la documentación que dispone el Ministerio de Transparencia, Peinado tiene vinculaciones familiares con la empresa boliviana “Jumampi”, representante exclusiva en el país de D’Andrea Agrimport.

El 12 de abril del 2012, el juez que procesó a Peinado determinó su detención domiciliaria en La Paz. “El señor Peinado pasea por las calles, tiene una oficina por lo que sabemos de lujo en la residencial zona sur”, denunció Suxo en septiembre del año pasado, exigiendo su reclusión en una cárcel pública. También se pudo establecer que el ex Viceministro, a pesar de su detención domiciliaria, seguía cumpliendo misiones oficiales por encargo del Ministerio de la Presidencia. En junio del 2011, el ministro Quintana designó a Peinado como Gerente de Relaciones Institucionales del Proyecto Siderúrgico Mutún en el departamento de Santa Cruz, y desempeñó esa función desde su oficina privada de La Paz, incluso durante su detención domiciliaria que se dictó el año 2012.

La viceministra de Lucha Contra la Corrupción, Jessica Saravia, explicó a Sol de Pando que una de las razones para la reciente revocatoria de la medida sustitutiva a la cárcel, fue que Peinado no cumplía las restricciones propias de una detención domiciliaria. “Todo el mundo lo veía caminando feliz por las calles y realizando los negocios de su empresa privada familiar como si nada”, dijo Saravia con similar argumento al de la ministra Suxo. Era indudable que podía fugar del país en cualquier momento.

Peinado arrasó con todo para imponer el contrato de Papelbol a favor de D’Andréa, vulnerando las reglas de licitación internacional que rigen en Bolivia y contando con la complicidad de su propio padre —Eduardo Peinado Terán— encaramado entonces como Presidente de la Cámara Nacional de Industrias, entidad que avaló el contrato doloso.

Sin embargo, Falscina no fue citado a Bolivia para aclarar su participación en el negociado, ni existe trámite alguno por parte del Estado boliviano para extraditarlo y procesarlo como corresponde bajo las leyes del país. Suxo recibió presiones para “enfriar” el caso.

Eduardo Peinado Terán, Presidente de la Cámara Nacional de Industrias de Bolivia, junto a su hijo el viceministro Eduardo Peinado Rivero, en la recepción social ofrecida por miembros de un capítulo de la Logia Masónica en La Paz, el pasado 2 de abril, cuando el viceministro se hallaba en "detención domiciliaria" | Foto La Razón.

Eduardo Peinado Terán, Presidente de la Cámara Nacional de Industrias de Bolivia, junto a su hijo el ex viceministro Eduardo Peinado Rivero, en una recepción ofrecida por miembros de un capítulo de la Logia Masónica en el Club Social La Paz, el pasado 2 de abril, cuando el ex Viceministro se hallaba cumpliendo “detención domiciliaria” | Foto La Razón.

¿Malintencionada carta a García Linera?

LA MISTERIOSA CARTA QUE DEBE SER INVESTIGADA Luego de "filtrarla" a importantes medios de comunicación, Eduardo Peinado negó haber firmado esta carta dirigida irregularmente al vicepresidente García Linera pidiendo su "aval" para suscribir el contrato doloso con D'Andrea. En la carta hay varias firmas difíciles de falsificar, y existe un número de CITE que debe ser revisado en los archivos de la oficina de Peinado. Esclarecer las verdaderas intenciones de esta carta permitirá descubrir a los responsables del millonario desfalco. | Foto Erbol

LA MISTERIOSA CARTA QUE DEBE SER INVESTIGADA
Luego de “filtrarla” a importantes medios de comunicación, Eduardo Peinado negó haber firmado esta carta dirigida irregularmente al vicepresidente García Linera pidiendo su “aval” para suscribir el contrato doloso con D’Andrea. En la carta hay varias firmas y sellos difíciles de falsificar, y existe un número de CITE que debe ser revisado en los registros de la oficina de Peinado. Esclarecer las verdaderas intenciones de esta carta permitirá descubrir a los responsables del millonario desfalco. | Foto Sol de Pando

En previsión a la eventualidad futura de una posible fiscalización por parte del Ministerio de Transparencia (tal cual sucedió), se sabe fehacientemente que por instrucción de Quintana según una fuente reservada y muy confiable del área que se comunicó con Sol de Pando, Peinado remitió el 23 de noviembre del 2007 una absurda carta al vicepresidente Álvaro García Linera intentando abusar de un presunto parentesco lejano entre ambos,  y legitimar el negociado pidiéndole su “visto bueno” para firmar el contrato con D’Andréa, pese a que el Vicepresidente no tenía competencia administrativa ni legal para intervenir en el asunto. El Decreto de creación de Papelbol no dice que el Vicepresidente debe aprobar los contratos de esa empresa, sino el Directorio respectivo. Quien sí tenía conocimiento del contrato doloso desde su gestación, a través de los técnicos de la UPRE que monitoreaban a Papelbol y Cartonbol, era el ministro Quintana; pero había que meter en el baile a García Linera para “cubrirse las espaldas”.

El propio Peinado hizo “filtrar” esa carta a García Linera hacia la prensa cuando estalló el escándalo y el Ministerio de Transparencia lo había denunciado penalmente; pero luego negó haberla firmado, lo cual es un importante punto pendiente de investigación y esclarecimiento oficial.

La idea era ocultar las responsabilidades de Peinado y Quintana en el indudable desfalco perpetrado en favor de la empresa brasileña D’Andréa Agrimport, cuando este se descubriera, para cargar el bulto en las espaldas del Vicepresidente y por tanto del mismo presidente Evo Morales.

Esa carta original, dejada el 23 de noviembre del 2007 en la Ventanilla Única de la Vicepresidencia, se encuentra en el despacho del Vicepresidente, lleva la firma original del viceministro Peinado; y aunque no fue respondida por García Linera con el “aval” solicitado por Peinado, curiosamente tal prueba tampoco sido entregada por la Vicepresidencia a las autoridades que investigan esta millonaria estafa. Se nos ha negado en esa instancia toda información al respecto.

Entonces el caso se cerró ahí, con la información bloqueada al acceso público. El estafador brasileño no ha comparecido antes la justicia boliviana y el cómplice viceministro Peinado, sin haber perdido sus privilegios, continúa gozando de protección por parte del Ministro de la Presidencia.

La Ministra de Transparencia, Nardy Suxo, detuvo su investigación en este punto clave de la carta de Peinado a García Linera, hay presiones para su renuncia desde el Ministerio de la Presidencia. Nuestra fuente asegura que Suxo podría renunciar en los próximos días y saldría del país al exilio dorado de una Embajada.

LINKS RELACIONADOS

datos-y-analisis

columna-carlos-mesa
Knigth Center
Reporteros Sin Fronteras
CPJ