EBO y EBA bajo sospechas de corrupción, las investiga un Senador del MAS
© Wilson García Mérida | Redacción Sol de Pando El senador Manuel Limachi del Movimiento al Socialismo (MAS) inició la investigación sobre presuntos hechos de corrupción en dos empresas públicas que funcionan en la ciudad de Riberalta, como son la Empresa Boliviana del Oro (EBO) y la Empresa Boliviana de la Almendra (EBA), creadas a iniciativa del actual ministro de la Presidencia y anterior ejecutivo de “Ademaf”, Juan Ramón Quintana.Profesionales de EBA y EBO que defienden estas empresas como un patrimonio público para beneficio del norte amazónico y no como un feudo personal de Quintana, denuncian que los recursos de dichas empresas y el presupuesto de Ademaf han sido desviados ilegalmente hacia el Tipnis, en una alejada jurisdicción, para la adquisición de motores fuera de borda y otros gastos no presupuestados con el fin de corromper y dividir a los pueblos indígenas…
El senador Limachi, representante de Pando, explicó que son reiteradas las denuncias sobre el desempeño de EBA y EBO, afirmando que “es obligación de los ejecutivos de estas empresas brindar toda la cooperación e información a objeto de aclarar la situación y desvirtuar dichos comentarios”.
El parlamentario señaló que presta además especial atención a las denuncias realizadas por los transportistas de Riberalta, quienes exigen que los vehículos que fueron detenidos y decomisados en el proceso de nacionalización y que se encuentran en dependencias militares sean inspeccionados para verificar denuncias sobre presuntos robos de autopartes.
Masistas de Riberalta apoyan a Limachi
El senador pandino, que es miembro del Comité de Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, anunció que con las organizaciones sociales se verificará la ejecución de obras públicas y si éstas han cumplido su respectivo proceso de concreción, cuidando que los recursos del Estado hubiesen sido bien empleados y estén alejados de hechos de corrupción.
Ante tales anuncios el dirigente regional del MAS en Riberalta, Saúl Suárez, señaló que este partido está apoyando la labor de fiscalización que realiza el parlamentario Limachi con relación a EBO y EBA. ”Es obligación de los parlamentarios hacer un permanente seguimiento al manejo institucional de las empresas que dependen del Estado nacional. Todas los responsables de las unidades dependientes de las oficinas del gobierno nacional asentadas en Riberalta tienen la obligación de informar, de dar la cara y aclarar las denuncias”, declaró Suárez.
Limachi es un parlamentario crítico de la gestión del Poder Ejecutivo en la región del norte amazónico del país. En mayo pasado, el senador de Pando reveló que en este departamento, sobre el punto fronterizo “Puerto Evo Morales” el contrabando se viene incrementando “alarmantemente”.
«Yo vivo en Pando y allá el mayor flujo de contrabando es por el Puerto Evo Morales, antes se llamaba Montevideo y se contacta con Brasil, entra a la ciudad de Río Branco. En Puerto Evo Morales no hay Aduana, no hay COA (Control Operativo Aduanero), no hay Comando Conjunto, no hay Impuestos Internos ni Defensor del Pueblo, no existe ninguna clase de autoridad», denunció el legislador pandino en una entrevista con la ANF publicada el pasado primero de mayo.
Las “empresas” de Quintana
Tanto la Empresa Boliviana del Oro (EBO), así como la Empresa Boliviana de la Almendra (EBA) en Riberalta, donde las malversaciones saltan a la vista, o el antiguo Puerto Montevideo en Pando, hoy llamado “Puerto Evo Morales” donde el contrabando recrudece, tienen denominaciones que aluden el nombre del presidente Morales y fueron impuestas por el ministro Quintana en el afán de congraciarse con el jefe del Estado.
Pero además de sus propios fines de adulación a Evo Morales, Quintana creó esas entidades como una “caja chica” para las actividades encubiertas de su “Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Fronteras” (Ademaf), oficina que en los hechos funciona como una agencia de Inteligencia a su disposición personal, realizando labores de seguimiento y control político en la región.
Según observan profesionales amazónicos, Quintana ha dispuesto millonarios recursos públicos para crear empresas supuestamente productivas, y todas ellas fracasaron porque tales empresas degeneraron en agencias prebendales de empleo y aparatos de proselitismo político y clientelismo personal de Quintana.
Varios técnicos y profesionales de EBA y EBO que defienden estas empresas como un patrimonio público para beneficio del norte amazónico y no como un feudo personal de Quintana, denuncian que los recursos de dichas empresas y el presupuesto mismo de Ademaf han sido desviados ilegalmente hacia el Tipnis, en una alejada jurisdicción sobre el límite de Cochabamba y Beni, para la adquisición de motores fuera de borda y otros gastos no presupuestados con el fin de corromper y dividir a los pueblos indígenas.
El Tipnis no estuvo nunca en los planes de Quintana ni en los presupuestos de Ademaf. Hasta antes del conflicto generado por las ONG’s que fueron desplazadas del Gobierno en una disputa interna de cuotas de poder con el partido gobernante, Quintana concentraba todas sus “estrategias” en “desarrollar” especialmente las zonas auríferas en el norte amazónico entre Pando y Beni, además de consolidar su poder personal creando una serie de empresas productivas que las comenzó a manejar como propietario absoluto. Ninguna de esas empresas fue concebida para impulsar el desarrollo del Tipnis específicamente.
Sin embargo, una vez desatado el conflicto por las ONG’s en agosto del 2011, el entonces director de “Ademaf” aprovechó esa coyuntura en su propio beneficio para retornar al Ministerio de la Presidencia utilizando recursos de las mismas empresas de “Ademaf” en una estrategia represiva y calumniosa contra los defensores del parque indígena Isiboro Sécure, congraciándose una vez más con Evo Morales.
“Crearon una empresa textilera, crearon la Empresa Boliviana de la Almendra, la Empresa Boliviana de la Biodiversidad, la Empresa Boliviana Forestal, la Empresa Boliviana del Oro, la Empresa Boliviana de Transporte Fluvial, la oficina de Sustentar y finalmente la Ademaf, entidades estatales para lograr el desarrollo de la región conforme a la visión del ‘iluminado’ Quintana…; pero esas empresas públicas terminaron antes de empezar, los amigos a cargo eran políticos no empresarios, Ademaf tuvo presupuesto mientras necesitaba justificar la presencia del Jefe, ahora es una oficina sin razón de ser, sin agenda y sin programa que más parece una casa de campaña inaugurada con demasiada anticipación”, afirma Mario Ojopi, un técnico beniano que conoce estos manejos de Quintana muy de cerca.
Ojopi es más puntual y específico cuando señala que los funcionarios de Ademaf y de las empresas bajo control de esta oficina «estuvieron desplegados en el Tipnis por mas de 5 meses, encuestando, regalando motores y sacando fotografías. La Agencia dedicada al desarrollo de las fronteras enfocada en las actividades políticas del Tipnis; esto muestra como una fotografía la desorientación programática de esta oficina. Ahora ya no tienen plata ni razón de existir, se van a acabar así inútilmente como empezaron dejando sólo gastos».
“Dueño y señor” de vidas y haciendas
El poder amasado por el ex mayor de Ejército Juan Ramón Quintana, gracias a las empresas creadas a su antojo con recursos del Estado que autorizó el Presidente, se torna compulsivo y demasiado ostensible para la salud democrática del país.
“Desde su paso triunfal por Porvenir derrotando y encarcelando a su más fuerte rival político regional, don Juan Ramón Quintana ha sido amo y señor de los designios de esta nuestra Amazonia”, escribió Mario Ojopi en un extenso documento difundido el pasado 9 de agosto.
“Él decidió alcaldes, postuló diputados, gremialistas, líderes indígenas y apadrina liderazgos regionales de toda clase” —afirma Ojopi—. “Por ejemplo postuló y encumbró al alcalde de El Sena, a pesar de su pasado de estrecha relación con Leopoldo Fernández. Él le sentó la mano a Macarena y también él le paga el locro a Tolo Ribera para que hable boludeces todas las noches. Él postuló a Alfredo Rodríguez como diputado, y después fue él mismo el que le bajó el pulgar y lo borró de la arena política. Fue también Quintana el que puso a un ex mirista como gobernador de Pando y será el también muy pronto el que lo saque de su puesto. Es así de fuerte y determinante el poder que nosotros le permitimos a este ciudadano”.
EBA y su Gerente recién destituido
Ojopi reconoce que de todas las iniciativas empresariales de Quintana la única que merece algún comentario positivo es EBA, que “con muchos errores y demasiada orientación política, por lo menos sacó la cara por las empresas públicas” afirma. En efecto, el pasado 27 de febrero medios no afines al Gobierno publicaron que “de las empresas públicas, EBA es la más exitosa con 47 millones de bolivianos en ventas en 2011, seguida muy de lejos por Lacteosbol, con 6,6 millones de bolivianos en ventas y Cartonbol, con 2,4 millones”.
El éxito de EBA, favorecido en gran medida por los altos precios internacionales de la castaña que hoy están en caída, animó al presidente Evo Morales incrementar el capital de esta empresa inyectando un fondo adicional de 50 millones de bolivianos. Según Ojopi, Quintana “le echó el ojo” a ese dinero pretendiendo desviarlo hacia tareas de Inteligencia y de control político que desarrolla Ademaf mediante actividades encubiertas, especialmente ahora en el Tipnis, lo que provocó una crisis interna en EBA ante la reacción de profesionales de esta empresa que cuestionan semejante desprolijidad administrativa impuesta por Quintana.
“Las noticias últimas dan cuenta de que el Gerente de EBA, el ingeniero riberalteño Herlan Gamarra, fue destituido de su cargo de una manera poco amigable” —revela Ojopi—. “En su lugar ha sido posesionado un compatriota del occidente que de la amazonia solo debe conocer el patio del hotel Campos, y de la almendra solo los brigadeiros”.
EBO o la descontrolada fiebre del oro
Tras la promulgación, en octubre del pasado año, de la Ley 175 de Comercialización de Oro que habilita a la Empresa Boliviana del Oro (EBO) intermediar en la compra del mineral tanto de productores formales como informales para incrementar las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB), los territorios indígenas de Pando están recibiendo los impactos de una inusitada y descontrolada “fiebre de oro” que se le estaría yendo de las manos al propio Estado que desató la creciente demanda.
Dentro su política económica el gobierno de Evo Morales pretende, además de reducir el contrabando de oro hacia Brasil y Perú, sustituir la reservas internacionales en dólares por el patrón oro, por ser más estable monetariamente, a fin de alcanzar una disponibilidad de mil millones de dólares de las reservas internacionales “para inversiones en el sector hidrocarburos y el pago de bonificaciones sociales y pensiones”, según declaró el propio Presidente a tiempo de promulgar la Ley 175.
Esa inusitada fiebre del oro ha dinamizado las actividades de intermediación y acopio por parte de EBO, sin que esta empresa con sede estratégica en Riberalta sea auditada como corresponde por la Contraloría General del Estado; su manejo administrativo y financiero es tan prebendal y clientelar como el de EBA y mucho más cuando, a través de EBO, Quintana se arroga potestades personales para decidir las concesiones auríferas en la Amazonia boliviana por encima de la autonomía indígena y la consulta previa en los territorios de Beni y Pando donde los yacimientos de oro están bajo control de grupos empresariales, incluso brasileños, vinculados al círculo íntimo de este autoritario “hombre de Estado”.
En mayo pasado, la dirección de Sol de Pando remitió una solicitud informativa al Ministro de la Presidencia, solicitando a la autoridad información actual y detallada sobre las gestiones de Ademaf para el desarrollo aurífero de las fronteras amazónicas, y sobre las concesiones autoriadas por dicho personero en los últimos cinco años. Quintana, en un soberbio y previsible acto de discriminación contra nuestro medio, se negó a responder tal requerimiento informativo.
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