El Fiscal General, Roger Mariaca, repite al pie de la letra el discurso judicial que propaló Eduardo del Castillo para encubrir las relaciones de protección y extorsión establecidas por el anterior Gobierno con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset que se refugió en Bolivia huyendo de la justicia paraguaya. | Fotomontaje Sol de Pando

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© Redacción Sol de Pando | Servicio Informativo Datos & Análisis

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Repitiendo al pie de la letra la pantomima judicial montada por el Ministerio de Gobierno bajo la gestión de Eduardo del Castillo, el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, ha reactualizado una serie de falsedades y “verdades a medias” que encubren y tergiversan la realidad jurídica del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset dentro el territorio de Bolivia.

Según la Inteligencia de la Policía Federal del Brasil, el prófugo de la justicia paraguaya se encuentra hoy a buen recaudo y desplazándose en territorio controlado militarmente por el PCC sobre una extensa franja fronteriza que abarca el Pantanal boliviano lindante con Mato Grosso do Sul, la Hidrovía del Paraná en la triple frontera de Paraguay con Brasil y Argentina, y Rio Grande do Sul en la frontera brasileña con Uruguay.

En conferencia de prensa que brindó el lunes, en Sucre, Mariaca lanzó una confusa información al anunciar que “se ha activado el sello rojo de Interpol para proceder a la captura del señor Sebastián Marset”, haciendo referencia a una alerta roja emitida el 5 de febrero de 2024 a pedido del entonces Ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo. Notificación tramitada tardíamente ante la central de Interpol en Lyon, Francia, se emitió siete meses después de que Marset huyera del país —entre el 29 de julio y el 5 de agosto de 2023— con colaboración de agentes del mismo Ministerio de Gobierno.

El Fiscal General soslaya que Interpol emitió una primera alerta roja el 3 de marzo de 2022, a solicitud del gobierno de Paraguay. En ese momento, Sebastián Marset ya se encontraba en territorio boliviano en condición de refugiado, llegando de Dubai, con una visa de residencia laboral que le había entregado la Dirección de Migración en la ciudad de Trinidad, el 11 de diciembre de 2021 (emitida el 3 de diciembre), según la investigación que Sol de Pando publicó en su edición del 5 de agosto de 2023.

La alerta roja emitida por Interpol el 3 de marzo de 2022, para la captura internacional de Marset, en cualquier aeropuerto del mundo. En ese momento el uruguayo ya se encontraba a buen recaudo en Bolivia. | Foto Interpol

Cuando Interpol emitió aquella alerta roja a pedido del Paraguay, el hoy Fiscal General fue Fiscal de Distrito en Santa Cruz, ciudad donde Marset —junto a su mujer, sus hijos y sus guardaespaldas brasileños del PCC— había instalado su refugio concertado con el gobierno de Arce Catacora.

Las primeras transacciones de Marset pagando hospedajes o adquiriendo bienes en Santa Cruz, Bolivia, inmediatamente tras llegar de Dubai con su pasaporte uruguayo en regla, datan desde febrero de 2022.

Surge una pregunta que Roger Mariaca, como Fiscal General del Estado, debería responder con toda claridad ante el país: ¿Por qué, en el año 2022, el Ministerio de Gobierno y la Fiscalía de Santa Cruz no ejecutaron la alerta roja gestionada por Paraguay, siendo que en ese momento el nombre completo y la foto de Sebastián Marset estaban oficialmente registrados en la base de datos de la Dirección Nacional de Migración como residente con visa laboral?

La visa de residencia laboral emitida el 3 de diciembre de 2021, y entregada a Marset mediente acta del 11 de ese mes. | Foto archivo Sol de Pando

DESOPILANTES EUFEMISMOS SOBRE LA VISA DE RESIDENCIA QUE MIGRACIÓN ENTREGÓ A MARSET

El Fiscal General enumeró los procesos judiciales que Marset tiene pendientes en Bolivia. “Todos con acusación formal”, remarcó. Se trata de incriminaciones forzadas por el entonces ministro Del Castillo, con el fin de desviar la atención sobre los vínculos de protección y extorsión que lo relacionan con el narcotraficante uruguayo.

Un juicio por el “secuestro” de policías que intentaron atraparlo en la fallida redada del 29 de julio de 2023; acusaciones de falsedad material por usurpar identidad de un ciudadano beniano en 2019, para llegar a Paraguay de manera encubierta tras salir de una cárcel en Uruguay; hasta un cargo por narcotráfico sin evidencia de un solo gramo de droga que lo vincule directamente (su empresa transportadora de cocaína era operada por una empresaria paraguaya vinculada al grupo Lima Lobo), es todo lo que la justicia boliviana tiene contra Marset. Un centenar de ciudadanos en Santa Cruz han sido acusados de ser “cómplices” de Marset y encarcelados por órdenes de Del Castillo, pero pronto todos quedaron libres por falta de pruebas en medio de una malversación de fondos judiciales. Desde febrero de 2022, Marset no estaba en Bolivia moviendo droga hacia el Atlántico ni lavando dinero como hizo en Paraguay. Era un refugiado con visa de permanencia temporal, huyendo de la justicia paraguaya con protección de Bolivia.

Al evidenciarse desde la investigación periodística que Marset recibió aquella visa de residencia laboral por parte de Migración, del Castillo ordenó a la Fiscalía direccionar un proceso contra funcionarios subalternos de la regional en Trinidad, y el mismo Marset se halla imputado en ese proceso, además del tramitador de la visa que desapareció y fue asesinado en agosto de 2022; la Fiscalía declaró “prófugo” al tramitador asesinado.

Pero las autoridades jerárquicas que ordenaron ese trámite, lucrando a manos llenas, no han sido tocadas por el Ministerio Público. La Directora Nacional de Migración, Katerine Calderón, protegida de Del Castillo, ha sido señalada por los subalternos hoy presos en la cárcel de Mocovi de haber firmado y encaminado personalmente la visa entregada a Marset el 11 de diciembre de 2021, mientras el uruguayo aún estaba preso en Dubai. Armaron la ficción de su ingreso por el puesto fronterizo de Guayaramerín, para llenar el requisito de presencia física del solicitante, según la investigación que publicó Sol de Pando el 1 de septiembre de 2023.

En la conferencia del lunes, el Fiscal General se refirió al proceso por la visa migratoria en Trinidad como un detalle de menor importancia, con un desopilante malabarismo de palabras y eufemismos, sin mencionar en ningún instante la palabra “visa”. Transcribimos textualmente esa parte de su declaración:

“En el departamento del Beni también se tiene un proceso penal en contra del señor Sebastián Marset, emergente de un proceso que se inició a funcionarios de Migración, por cierta correspondencia que se le dio en su momento a esta persona con relación también a una documentación…” (sic).

Lo que Mariaca no dijo es que esa “cierta correspondencia” consiste en certificados de la FELCN acreditando que Marset no tiene cargos de narcotráfico en Bolivia, de Interpol-Beni certificando que no está perseguido internacionalmente, del Consejo de la Judicatura emitiendo un Rejap con un prontuario penal limpio, un certificado de trabajo contratado como mesero en un restaurante de Trinidad e incluso un certificado médico acreditando su buena salud. En base a esas certificaciones con firmas reales, la Directora de Migración le entregó a Marset la visa de residencia laboral, gracias a la cual el narcotraficante pudo evadir la alerta roja de Interpol y jugar fútbol libremente en el campeonato cruceño metiendo goles con el nombre de un jugador brasileño, pero sin ocultar sus tatuajes.

Si el Ministerio Público no viene siendo instrumentado para encubrir las extorsiones que ejercitó impunemente el entonces Ministro de Gobierno a partir de la visa entregada a Marset, para resguardarlo de la alerta roja internacional, corresponde que el Fiscal General demuestre su buena fe iniciando de oficio la investigación a Eduardo del Castillo y sus operadores de Migración y la Policía, con relación a este caso.

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