Data: agosto 22, 2022 | 20:41

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NO FUERON CONSULTADOS EN DECISIÓN DE APOYAR POSTERGACIÓN AL 2024 | El acta del 19 de agosto faltó a la verdad, el cronograma del Gobierno no tiene consenso pleno en Pando. La ciudad de Cobija, de mayor crecimiento en el país junto a El Alto, duplicó su población desde 2012 enfrentando una asfixiante crisis de gestión y planificación…

EMPRESARIOS DE PANDO PIDEN EL CENSO PARA 2023

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La Federación de Empresarios Privados de Pando (FEPP) anuncia que en las próximas horas emitirá un pronunciamiento fijando su posición sobre la postergación del Censo de Población y Vivienda, planteando la realización del relevamiento estadístico durante el año 2023, y no postergarlo hasta el 2024 “salvo que se demuestre que es técnicamente imposible efectuarlo el próximo año”, dijo una fuente empresarial a Sol de Pando. “Si nos convencen con razones totalmente demostrables que sólo es posible hacer el Censo en 2024, no quedará sino acatar esa fecha; pero nuestro criterio institucional es que puede y debe realizarse en 2023”.

Asimismo, los empresarios de Pando proponen declarar la realización del Censo como una necesidad de urgencia y prioridad nacional, declaratoria que —según opinión de algunos miembros de su directiva— debería emitir el Congreso Nacional mediante una Ley que evite su innecesaria postergación en detrimento del desarrollo de las regiones emergentes.

En el caso de Pando, la postergación del Censo se torna asfixiante cada día que pasa, sostienen los empresarios. Según una estimación oficial del INE, la población departamental de 120.000 habitantes registrados en el Censo del 2012 se habría elevado, 10 años después, a casi 160.000 habitantes. Sin embargo el dato resulta conservador, pues según estimaciones extraoficiales sólo la ciudad de Cobija —que en 2012 registró poco más de 46.000 habitantes— tendría actualmente más de 100.000 habitantes como efecto de la intensa migración desatada desde otros puntos del país durante la última década. Junto al municipio de El Alto, Cobija es la ciudad con mayor aumento poblacional del país.

La necesidad de planificar el desarrollo urbano y productivo en Pando de acuerdo a la nueva realidad poblacional dentro este territorio del norte amazónico boliviano, exige la realización urgente de un Censo de Población y Vivienda que le permita a la región administrar sus recursos con mayor efectividad frente a una virtual explosión demográfica. La postergación del acto censal agudiza una crisis de planificación y de gestión que está frenando drásticamente el desarrollo en esta parte de Bolivia.

Aquella posición empresarial que será oficializada tras una reunión del directorio de la FEPP a realizarse durante la tarde de este lunes, contradice la información difundida el pasado viernes asegurando que “Pando acepta que el censo sea en 2024”. Según aclaró el economista Daniel Ardaya Vargas, la noticia se refería a un acuerdo arribado por el sector municipal y la Universidad Amazónica de Pando (UAP) con el Gobierno central, “que no refleja el consenso pleno de la institucionalidad pandina”.

Ardaya, quien es vocal de la FEPP y asesor del Concejo Municipal de Cobija, participó en dicha reunión del viernes 19 de agosto. Reveló que el acta de cinco puntos firmado por los representantes municipales de Pando, el Rector de la UAP y el ministro de Planificación Sergio Cusicanqui, no reflejó las voces discordantes que se manifestaron en dicha reunión. “No fue una mesa técnica de trabajo sino un simple traslado de información del INE sin un amplio debate, no hubo un temario previamente establecido, restringieron el uso de celulares e hicieron firmar un acta que ya estuvo redactada un día antes, fue una jugada política sin un real sustento técnico”, denunció el académico.

Según Ardaya Vargas, el punto dos del acta donde se sostiene que “los participantes manifestaron su compromiso para apoyar el cumplimiento del cronograma propuesto”, falta a la verdad. No todos estuvieron de acuerdo con aquel cronograma que posterga cerradamente el Censo hasta junio del 2024.

Además de Daniel Ardaya como asesor del Concejo Municipal, el secretario de Planificación de la Alcaldía de Cobija, Andrés Valenzuela Becerra, se opuso a ese punto del acta, considerando que dicho cronograma aún debe mantenerse abierto dando lugar a la posibilidad técnica de realizar el Censo en 2003. “El decreto 4760 que fija como fechas tope mayo o junio de 2024, abre una temporalidad que no excluye la posibilidad de adelantar el cronograma para agosto o septiembre de 2023, y eso no está reflejado en el acta del pasado viernes”, dice Ardaya.

Respecto a la apoyo ofrecido por la UAP, Ardaya aclaró que la universidad pandina intervino en dicha reunión de buena fe, comprometiéndose a dar el respaldo técnico y logístico que le corresponde a la entidad educativa, sin que ello implique comprometerse con un cronograma que sigue siendo cuestionado por la mayoría de las instituciones de Pando.

El economista advirtió asimismo que la fundamentación del Gobierno central para postergar el Censo por un lapso tan prolongado, se basa en unas recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que establecen un plazo mínimo de tres años para organizar los actos preparativos de un Censo poblacional.

“¿Por qué recién ahora se basan en las recomendaciones de la CEPAL y la UNFPA si tenían tantos años para seguir esos lineamientos técnicos y organizativos con la debida anticipación? ¿Por qué tuvieron que postergar el Censo que debía realizarse este año, semanas antes de la fecha establecida por la Constitución?”, cuestionó Ardaya sin recibir una respuesta clara por parte de los representantes gubernamentales en la reunión del 19 de agosto.

El experto pandino sostiene que el Gobierno central pretende encubrir la impericia técnica de sus operadores, “acudiendo a maniobras políticas que sólo están causando enfrentamiento entre bolivianos”.

Exclusión a pando, se frena el desarrollo local

Los empresarios de Pando asumen que no han sido consultados respecto a la postergación del Censo, en tanto gremio estratégico para el desarrollo económico de la región, en consonancia con una sistemática política de exclusión al sector empresarial por parte de algunos operadores del Gobierno central.

Uno de los voceros de la FEPP recordó que durante una reciente reunión sostenida con técnicos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), los empresarios de Pando fueron informados que la mora bancaria en el comercio y la industria local se redujo en un significativo 13%, lo cual pone en evidencia que los empresarios de Pando tienen una arraigada vocación para pagar sus deudas. “Sin embargo no somos atendidos de la mejor manera en los bancos, no hay créditos ni fomentos para el sector empresarial, trabajamos bajo una asfixia permanente y aun así cumplimos nuestras obligaciones financieras y tributarias sin ninguna reciprocidad”, reclaman.

La misma ASFI informó que Pando tiene una reserva de Bs 420 millones en poder del Estado central, y sin embargo esos recursos constantes y sonantes no se traducen en la mejora y construcción de caminos o en infraestructura productiva, ni muchos menos en salud y educación.

La desatención y discriminación al sector empresarial pandino se puso en evidencia cuando se inauguró en Cobija una agencia del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), entidad financiera estatal que inició sus operaciones en Pando el pasado mes de julio otorgando un crédito de Bs 6 millones a un empresario castañero, vinculado al partido gobernante, que tiene su base de operaciones en Riberalta, Beni.

Pando es el principal productor de castaña en Bolivia, pero su procesamiento y exportación (la primera a escala mundial por encima de Perú y Brasil), se concentra en Riberalta con más de 20 plantas fabriles frente a no más de seis procesadoras asentadas en Pando.

La FEPP se propone revertir aquella desigualdad fortaleciendo industrialmente la Zona Franca de Cobija, propósito en el cual invoca un “imprescindible cambio de timón” desde la actual gestión gubernamental.