ALAN GARCÍA ES EL QUINTO MUERTO POR ODEBRECHT
© Wilson García Mérida | Redacción Sol de PandoLa sorpresiva muerte del líder aprista es la quinta baja relacionada directamente a Odebrecht. El de Alan García tampoco fue el primer suicidio causado por los sobornos brasileños. Todo indica que García se suicidó ante la inminencia de su muerte civil en caso de ser recluído, lo cual sería un escarnio para su imagen pública. Al parecer, otro aspecto que volcó el peso de la balanza hacia el suicidio forzoso como opción política, fue el hecho de que todos los ex presidentes peruanos están en los umbrales del encarcelamiento…
Las pruebas y los indicios de que el gobierno de Alan García Pérez habría favorecido a la constructora brasileña Odebrecht permitiendo el festín sobornos en su inmediato entorno palaciego, le llevó a la auto-ejecución ante la inminencia de su encarcelamiento y su muerte civil. La sorpresiva muerte del líder aprista, la madrugada de este miércoles, es la quinta baja relacionada directamente a Odebrecht, en la trama del Lava Jato brasileño que estalló hace tres años.
El de Alan García tampoco fue el primer suicidio causado por los suculentos sobornos brasileños puestos al descubierto mediante el procedimiento judicial de las delaciones pactadas.
La última entrevista horas previas al suicidio | VIDEO
La muerte oportuna del juez Zavascki
La primera muerte vinculada al caso se produjo en el mismo país que exportó este drama corrupto a toda Latinoamérica.
El 19 de enero de 2017, el juez federal Teori Albino Zavascki falleció en accidente aéreo horas previas a dictaminar la apertura de la causa contra el entonces presidente Michel Temer, en base a las delaciones de 77 ejecutivos de Odebrecht que involucraban a un centenar de políticos brasileños en la danza de sobornos, entre ellos la ex presidenta Dilma Rousseff que fue destituída por esa causa y el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, actualmente encarcelado.
La investigación oficial determinó que la caída al mar de la avioneta que conducía al Juez y cuatro de sus colaboradores hacia la costa atlántica para un descanso de fin de semana, fue un accidente causado por una tormentosa lluvia registrada en el momento del siniestro. Sin embargo del hijo del magistrado, Francisco Zavascki, insiste en la versión de un asesinato “bastante oportuno”.
También en Brasil, el pasado 25 de marzo fue encontrado sin vida el financista Antonio Claudio Albernaz Cordeiro, quien se había acogido al procedimento de la delación pactada para testificar contra políticos que se habrían favorecido con el desvío dineros de Petrobras hacia un esquema de legitimación de ganancias ilícitas. Albernaz, identificado como “doleiro” (lavador de dólares) ya había estado preso en dos oportunidades como parte de las investigaciones. La Policía Federal concluyó que el empresario se suicidó en su domicilio de Porto Alegre. Este caso no tuvo relación directa con Odebrecht, mas se produjo en el contexto del expediente Lava Jato que abarca otras empresas como OAS, JBS, Camargo-Correa y Andrade-Gutiérrez.
Suicidio, infarto y envenenamiento
Colombia es un escenario donde los sobornos develados por Odebrecht causaron las más trágicas y misteriosas muertes.
En diciembre del pasado año Rafael Merchán, exsecretario de Transparencia del presidente José Manuel Santos y excónsul de Colombia en Londres, se suicidó días después de que un juez lo admitiera como testigo en la investigación contra el exdirector de la estatal Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, quien es indagado por dolos en el contrato de concesión de la red caminera Ruta del Sol II, obra en la que participó Odebrecht junto con su socia local Corficolombiana. Según la Fiscalía de Bogotá, la empresa brasileña reveló haber pagado unos 29 millones de dólares en coimas para funcionarios colombianos.
Menos de dos meses antes del suicidio de Merchán, otras dos muertes vinculadas a Odebrecht sacudieron a Colombia.
El 8 de noviembre de 2018, el ex supervisor especial de la concesión Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, testigo clave en la investigación, murió de un infarto. Pizano, quien había sido diagnosticado con un cáncer linfático y no tenía según sus médicos muchas expectativas de vida, fue encontrado desmayado en su hogar en Bogotá y murió camino al hospital. El diagnóstico fue paro cardíaco fulminante, y el cuerpo de Jorge Pizano fue cremado.
Tras la muerte de Jorge Pizano, se difundieron unas grabaciones que había realizado en 2015 y las entregó a periodistas con el encargo de divulgarlas tras su muerte o si lograba convertirse en testigo protegido en EEUU. En dichos audios se escucha a Pizano informando de sus sospechas de sobornos al actual fiscal general Néstor Humberto Martínez, por entonces asesor jurídico de Corficolombiana, la socia local de Odebrecht.
Tres días después, su hijo Alejandro Pizano, que había regresado de España para asistir al funeral del padre, bebió agua saborizada de una botella que estaba en el escritorio de Jorge Pizano y falleció por envenenamiento con cianuro. Tras una serie de errores de los forenses, que dependen de la Fiscalía, la investigación de la muerte de Alejandro Pizano fue archivada y considerada accidental por el Juez.
El suicidio como última opción política
En base a pruebas certificadas por Odebrecht, la Fiscalía del Perú informó que un inmediato colaborador de García, el ex secretario de la Presidencia Luis Nava, recibió cuatro millones de dólares de la constructora brasileña. En la recepción del soborno participó un hijo de Nava. Se desconoce si los Nava, ahora prófugos, dieron cuenta a Alan García de aquella cuantiosa transacción; se presume que sí.
También se informó que Odebrecht efectuó un extraño pago directo a Alan García, siendo ya ex-Presidente, consistente en $us 100.000 (cien mil dólares) como “honorario” por una disertación que el ex mandatario peruano dictó en São Paulo.
“No tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos…”, escribió el ex Presidente peruano en una carta póstuma justificando su suicidio.
Todo indica que García se suicidó ante la inminencia de su muerte civil en caso de ser recluído, lo cual sería un escarnio para su imagen pública. De hecho, mientras agonizaba en Terapia Intensiva tras darse un tiro en la cabeza para impedir su arresto, ocho de sus más estrechos colaboradores políticos estaban siendo conducidos a la Fiscalía en base a las delaciones de Odebrecht.
Al parecer, otro aspecto que volcó el peso de la balanza hacia el suicidio forzoso del carismático político, como una última opción política, fue el hecho de que todos los ex presidentes peruanos, incluída la familia de Alberto Fujimori, están en los umbrales del encarcelamiento, junto a políticos de menor rango entre ex ministros, asesores y candidatos emergentes.
La élite peruana corrompida por Odebrecht
Odebrecht logró contratos con todos los gobiernos peruanos desde el año 1979 hasta 2016, incluidos veintiocho proyectos licitados durante la década de la dictadura de Alberto Fujimori (actualmente preso por delitos de lesa humanidad) mediante coimas destinadas a financiar campañas electorales en todos los bandos.
Durante el segundo gobierno de Alan García, entre los años 2006 y 2011, la constructora brasileña obtuvo licitaciones, entre contratos y concesiones, por más de 6.000 millones de soles (un poco más de $us 1.800 millones).
A lo largo de los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), la empresa brasileña obtuvo contratos por unos 5.400 millones de soles (aproximadamente $us 1.600 millones) y recibió concesiones por unos 29.000 millones de soles (unos $us 8.700 millones).
El último Presidente electo del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se vió forzado a renunciar en marzo del pasado 2018, al haberse comprobado que recibió $us 300.000 en 2011, siendo Ministro, por favorecer a varias subcontratistas de Odebrecht. Kuczynsky se encuentra hoy tras las rejas bajo la misma figura de detención preventiva a la que debía someterse Alan García.
Kuszynski recibió el soborno (“propina” en la jerga brasileña) cuando se desempeñaba como Ministro de Economía del entonces presidente Alejandro Toledo, quien se encuentra prófugo en Estados Unidos por la misma razón, al evidenciarse que recibió $us 20 millones para beneficiar a Odebrecht con un mega-contrato carretero.
Otro ex Presidente, Ollanta Humana, es acusado de haber recibido tres millones de dólares como aporte de Odebrecht para su campaña en 2011, junto a su mujer Nadine Heredia que intermedió en el pago del soborno. Ambos se encuentran procesados con la medida cautelar de arraigo. Humala fue recluido preventivamente durante nueve meses entre 2017 y 2018.
Por su parte la hija del ex presidente encarcelado Alberto Fujimori, Keiko, candidata presidencial del fujimorismo, se encuentra en prisión preventiva desde hace tres años. Según la confesión del representante de Odebrecht Jorge Barata, Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular habrían recibido 1.2 millones de dólares en aportes para la campaña electoral de 2011.
Sin embargo, las investigaciones alcanzan no solo a los cuatro expresidentes de la democracia y a la hija de Fujimori, sino a varias decenas de exfuncionarios, incluidos los dos últimos alcaldes de Lima, Susana Villarán (quien cuenta con impedimento de salida del país) y Luis Castañeda Lossio, además del exgobernador regional del Callao Félix Moreno. Este último se encuentra prófugo desde que, a finales de enero, un juez le dictaminó prisión preventiva por dieciocho meses.
Continentalización del escándalo
Acaso junto con Perú, Brasil, como país sede de Odebrecht, ha enfrentado el mayor desastre político causado por la trama corrupta. El encarcelamiento desde hace dos años del ex presidente Lula Inacio da Silva, la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, la amenaza de cárcel para el también ex presidente Michel Temer, así como el enjuiciamiento de casi 300 dirigentes políticos que ejercieron funciones de ministros, gobernadores, alcaldes (“prefeitos”), diputados y senadores —decenas de ellos encarcelados también—, son el saldo catastrófico de las cuentas pendientes.
En Argentina se estableció que los gobiernos de la familia Kirchner recibieron entre 2007 y 2014 alrededor de $us 35 millones. Funcionarios vinculados a las actual administración de Macri también están siendo indagados.
En Ecuador el monto de los pagos irregulares a funcionarios estatales se estima en $us 33,5 millones entre 2007 y 2016. El caso se suma al caso de corrupción que afecta a la compañía local Petroecuador, acusada de desviar millonarias sumas a ex funcionarios del gobierno de Rafael Correa.
En Guatemala bailaron $us 18 millones entre 2013 y 2015; el actual gobierno guatemalteco anunció en enero la presentación de querellas en contra de varios ex funcionarios que trabajaron en la administración del ex presidente Otto Pérez Molina, entre ellos un ministro y dos viceministros, además de otras autoridades. En República Dominicana, Odebrecht admitió haber pagado sobornos por 92 millones de dólares entre 2001 y 2014.
En Panamá, Odebrecht admitió haber sobornado con $us 59 millones entre 2010 y 2014, coincidiendo con el mandato de Ricardo Martinelli. La compañía brasileña ya se habría comprometido a pagar otros 59 millones de dólares en compensación. En diciembre se presentaron cargos contra 17 personas, entre los que se encuentran dos hijos y un hermano del ex presidente Martinelli.
En México Odebrecht desembolsó $us 10,5 millones para sobornos pagados entre 2010 y 2014, durante los Gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Específicamente la compañía admitió haber sobornado a una compañía estatal para ganar contratos. Los sobornos podrían apuntar a Pemex (Petróleos Mexicanos), que otorgó millonarios contratos a Odebrecht durante los períodos investigados.
En Venezuela, Odebrecht desembolsó $us 98 millones para asegurarse contratos de obras públicas entre 2006 y 2015, la suma más alta después del propio Brasil. La Asamblea Nacional de Venezuela anunció que citará a los representantes de la empresa en el país para obtener respuestas acerca del caso, asegurando que los contratos que tiene la compañía en el país ascienden a 20 mil millones de dólares en obras inconclusas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
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