Data: julio 19, 2017 | 11:39
DOSSIER | ASI SE GESTÓ LA TRAGEDIA DE EUROCHRONOS: BOLIVIA PROTEGIÓ AL ATRACADOR DURANTE TRES AÑOS SIN DEPORTARLO | El Ministro de Gobierno oculta al país información sobre el tiroteo de Guayaramerín en marzo del 2014, cuando dos cómplices de "Xingú" murieron en un intento por sacarlo de la cárcel, pocos meses después de haber asaltado la mina aurífera de un influyente narcotraficante de Mato Grosso...

Romero desinforma, acusa al PCC de muertes causadas por su propia negligencia

En torno al brasileño Antõnio Adão da Silva Costa, alias «Xingú», que estuvo preso en Guayaramerín y Chonchocoro por delitos que el Ministro de Gobierno encubre sistemáticamente, tuvo insólitas facilidades para cometer el atraco del 13 de julio junto a cuatro cómplices bolivianos. | Fotomontaje Sol de Pando

El cabecilla brasileño del fallido y letal atraco debió haber sido deportado a su país cuando fue atrapado en Guayaramerín hace más de tres años con una carga de cocaína y armas. Era un prófugo buscado en los estados de Pará y Mato Grosso desde septiembre del 2013. A pesar de los reclamos de policías y fiscales del Brasil, el gobierno boliviano lo retuvo en el país brindándole el generoso beneficio de “detención domiciliaria”. Debido a esa irresponsabilidad del Ministro a cargo de la Seguridad Ciudadana en Bolivia, perdieron la vida de modo absurdo inocentes jóvenes bolivianos como la economista Ana Lorena Tórrez y el teniente Carlos Gutiérrez Valenzuela…

VERSÃO DISPONÍVEL EM PORTUGUÊS

© Wilson García  Mérida | Redacción Sol de Pando en Brasilia© D.R.| Prohibida la reproducción total o parcial de esta investigación, salvo autorización expresa

En la conferencia de prensa convocada para explicar la tragedia del 13 de julio que puso en evidencia la extrema fragilidad de la Seguridad Ciudadana en Bolivia, el ministro Carlos Romero puso énfasis en denunciar que el país está siendo invadido por la organización brasileña PCC, a la cual califica como “cartel del narcotráfico”. | Foto ABI

Los recurrentes grados de irresponsabilidad y negligencia del Ministerio de Gobierno boliviano en el tratamento informativo de casos criminales tan sangrientos como el atraco del  jueves 13 de julio, con saldos trágicos, son observados por expertos del Brasil con severa preocupación.

Guiado por una fuente altamente confiable de la Policía Federal contactada en Brasilia, Sol de Pando ha verificado que el cabecilla brasileño ejecutado durante el atraco a la joyería EuroChronos, Antônio Adão da Silva Costa —cuyo alias verdadero era «Xingú» y no «el Negro»— de ninguna manera fue un “emisario del PCC” como declaró apresuradamente el ministro Carlos Romero el mismo día la tragedia.

La familia de Ana Lorena Tórrez pone en duda la versión del Gobierno sobre el origen de la bala que cegó su inocente vida. La joven era la gerente de EuroChronos que murió al ser tomada como rehén en el momento de la intervención policial. | Foto La Razón

Da Silva Costa era un prófugo que ingresó a Bolivia hace tres años huyendo de su país después de perpetrar un atraco también fallido, con el saldo de un muerto, a una empresa minera aurífera en el Estado de Pará, propiedad de un presunto narcotraficante que reside en el Estado de Mato Grosso.

Aquella versión obtenida por Sol de Pando en el destierro contradice la información oficial boliviana en sentido de que “’Mono’ y ‘Bahiano’(sic), presuntos integrantes de una célula del Primer Comando Capital (PCC), ingresaron de Brasil hace unos días y se reunieron con Antônio Adão da Silva Costa, que hace 20 días recuperó su libertad de Chonchocoro, cárcel de máxima seguridad de La Paz” según publicó El Deber de Santa Cruz en su primera plana del 14 de julio.

El sepelio del teniente Carlos Gutiérrez Valenzuela, en Cochabamba. Fue la primera víctima mortal en el tiroteo desatado por la banda del brasileño Antônio Adão da Silva Costa. | Foto Los Tiempos

Según el mismo periódico cruceño, da Silva estuvo recluído en Chonchocoro durante 30 meses “por golpear a un policía”.

Ese lapso transcurrido (dos años y medio), más el delito leve de “golpear a un policía”, habrían sido el justificativo por el cual el juez de La Paz Fernando Rivadeneira resolvió otogarle el beneficio de detención domiciliaria y en un domicilio señalado nada menos que en Santa Cruz, donde al poco tiempo «Xingú» perpetró el trágico asalto a mano armada en el cual murieron la joven Lorena y el teniente Gutiérrez, además de dos de sus cómplices bolivianos junto a él que, en rigor de verdad, fue el único brasileño en ese atraco.

Secuencia de la caótica balacera en el atraco del 13 de julio | VIDEO

https://youtu.be/iSFQQzV24CE

La tramoya de Romero ante el plan de «Xingú» para comprar cocaína

El brasileño Antônio Adão da Silva Costa, alias Xingú, subió esta foto al Facebook, sonriente, durante su corta permanencia en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, pocos días antes de salir en libertad con el beneficio de detención domiciliaria. | Foto Sol de Pando

Además, la investigación realizada por Sol de Pando en el Brasil establece que la banda boliviana encabezada por «Xingú» en el atraco a EuroChronos, no tuvo ningún vínculo real con el Primer Comando de la Capital (PCC). Tal información propalada con inusitado énfasis por el ministro Carlos Romero no es más que una inescrupulosa tramoya dirigida a desinformar a la opinión pública y a encubrir las verdaderas responsabilidades administrativas y judiciales del Estado Plurinacional de Bolivia en aquella tragedia que bien pudo evitarse, de no mediar la corrupción funcionaria imperante dentro el Gobierno que preside Evo Morales.

Esa corrupción institucionalizada impuesta por proveedores de cocaina (además de contrabandistas, proxenetas y otros sectores delincuenciales) que detentan importantes cuotas de poder dentro la administración pública en Bolivia, es la que mató a Ana Lorena Tórrez y al teniente Carlos Gutiérrez; y al mismo «Xingú» junto a sus cómplices bolivianos.

Los encubridores gubernamentales de Adão da Silva Costa —jueces, fiscales, abogados, policías y el propio Ministro de Gobierno— ortorgaron plenas facilidades al brasileño para que pueda organizar dentro el sistema carcelario una nueva banda con pandilleros bolivianos y ejecutar aquel atraco del 13 de julio, en un tenebroso plan para la obtención de un capital de inversión con el fin de financiar la compra de cocaína (con destino al Brasil) de influyentes proveedores bolivianos de la droga con quienes Xingú estuvo en contacto desde finales del año 2013, cuando el brasileño huyó a Bolivia tras cometer otro fallido atraco en el Estado de Pará.

Carlos Romero sabe todo esto, pero no lo dice; y echa la culpa de la tragedia al PCC.

Ministro de Gobierno de Bolivia asegura que los atracadores fueron «miembros del cartel brasileño PCC» | VIDEO

¿Un sistema funcional a la libertad de delincuentes?   

El juez Rivadeneira se lavó las manos acusando a los policías y fiscales por no haber aportado pruebas que impidan la medida sustitutiva de la detención domiciliaria, además de no haber asistido a la audiencia respectiva donde «Xingú» fue liberado de su reclusión en el altiplano de Chonchocoro. Los fiscales y policías acusados por el juez rechazan la sindicación y le retrucan responsabilizando a Rivadeneira por forzar una indebida audiencia de medidas sustitutivas, el 23 de junio pasado, donde el brasileño obtuvo su salida de la cárcel de máxima seguridad. No obstante, nadie de la Fiscalía ni de la Policía apeló esa ilegal excarcelación de Chonchocoro, ni se preocupó por vigilar los pasos del brasileño una vez que se instaló en la casa alquilada en Santa Cruz, muy cerca a la joyería EuroChronos.

Y lo más extraño es la privilegiada y eficiente defensa legal que se prodigó a da Silva, inaccesible para una gran mayoría de los bolivianos. El juez Rivadeneira que dice haber pisado el palito cuando dictó la detención domiciliaria, denunció que el defensor del brasileño era un abogado con estratégicas influencias dentro el Palacio Quemado.

Xingú en la celda número 511 de la cárcel de máxima seguridad en Chonchocoro, de donde salió libre con el beneficio de detención domiciliaria el pasado 23 de junio. | Foto Sol de Pando

Iván Perales, el influyente abogado que incluso habría falsificado certificaciones para facilitar el doloso domiciliamiento de «Xingú» en Santa Cruz —sacándolo cómodamente de Chonchocoro—, es hoy, nada menos, Juez Anticorrupción en La Paz. Aún después de su nombramiento como Juez, Perales no abandonó el caso y delegó la defensa del brasileño a una abogada de su mismo bufete que mantiene una abierta «relación sentimental» con el mismo ahora Juez Anticorrupción. 

Lo cierto es que fiscales, polícias e «influyentes» abogados con credenciales del partido gobernante conspiraron al unísono ocultando los antecedentes de «Xingú», facilitando así todos los argumentos necesarios para que el juez Rivadeneira libere sin más trámite al contumaz y valioso ladrón brasileño.

Incluso, según reveló el mismo juez Rivadeneira (cuya esposa resultó ser casualmente funcionaria de alto nivel en la Direción de Migración del Ministerio de Gobierno), “la resolución fiscal de imputación devela que Adão da Silva Costa no tenía antecedentes penales en Bolivia”.

El 17 de marzo de 2014 la Policía Boliviana abortó en Guayaramerín una acción armada para rescatar a Xingú. Un oficial boliviano fue herido y los dos cómplices brasileños del reo murieron. Curiosamente el Ministro de Gobierno nunca habló de este antecedente vinculado al atraco del 13 de julio. | Foto cortesia Polícia Federal

Es inconcebible la inexistencia de antecedentes que esgrimió la defensa de Xingú con semejante éxito” —protesta el agente de Inteligencia de la Policía Federal que dialogó con Sol de Pando en Brasilia, luego de revisar el expediente del caso que dispone ese organismo en este país vecino—. “La información que disponemos indica que Xingú cayó preso en la localidad de Guayaramerín a principios del año 2014, cuando intentaba ingresar a Rondonia con una carga de cocaína y armas que compró en Bolivia. Ya entonces era un prófugo del Estado de Pará donde la Policía Civil lo buscaba, junto a dos de sus cómplices, por el asalto realizado en septiembre de 2013 a una compañía minera aurífera, hecho en el que mataron a una persona e hirieron a otra. Dos de sus cómplices de ese asalto intentaron sacarlo de la cárcel de Guayaramerín a punta de bala y ahí fueron ambos acribillados por los policías bolivianos. Por esa razón Antônio Adão da Silva tuvo que ser trasladado a la prisión de máxima seguridad en Chonchocoro. Que a pesar de semejantes antecedentes le hubieran favorecido con detención domicialiaria, nos parece una locura”.

Guayaramerín, 17 de marzo, o lo que Romero no dijo

En efecto, en su edición del 17 de marzo del 2014, paradójicamente el mismo periódico El Deber de Santa Cruz lanzaba este titular: “Brasileños que intentaron rescatar a un compatriota terminaron victimados”. Uno de los muertos era el propio hermano de «Xingú». Narraba el diario cruceño lo siguiente:

Luiz da Silva Costa, el hermano de Adão, muerto en Guayaramerín al intentar sacar de la cárcel al jefe de la banda que había atracado a una empresa aurífera en el Estado de Pará antes de huir a Bolivia. | Foto cortesia Polícia Federal

“La Policía de Guayaramerín (frontera con Brasil) victimó esta madrugada a dos ciudadanos brasileños en el interior de la institución policial. Según las autoridades los extranjeros intentaron rescatar a otro ciudadano brasileño que debía ser cautelado este lunes. Además de los fallecidos fatales un oficial boliviano se encuentra herido (en cuidados intensivos).

Las víctimas fatales son Luiz da Silva Costa (21) y Raimundo Nonato da Costa Almeida (35), mientras que el sargento boliviano de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Milton Peredo Lafuente, terminó herido a causa de un disparo en el abdómen. ‘Estaban con tres armas largas y unos 500 proyectiles en un morral. Hicieron 40 disparos antes de ser dados de baja’, informó el teniente coronel Freddy Roca, comandante de frontera policial de Guayaramerín.

Raimundo Nonato da Costa Almeida, otro de los cómplices de Adão da Silva Costa que también murió en Guayaramerín el 17 de marzo. | Foto cortesia Polícia Federal

La autoridad agregó que el asalto a la Policía fue planificado, ya que en primera instancia los brasileños llamaron por teléfono indicando que había una pelea en un lugar alejado del comando. Minutos después ocurrió la balacera.

Pensaron que nos fuimos todos y que en la Policía no quedó nadie y por eso llegaron directo a matar para llevarse al otro brasileño (Antônio Abdón{sic} da Silva Costa, hermano de una de las victimas)’, informó Roca a EL DEBER Digital.

Los cuerpos de las víctimas se encuentran en la morgue del hospital de Guayaramerín; sin embargo, cerca de las 10:00 agentes de la Policía Federal de Brasil llegaron para tomar las huellas digitales e investigar si estas personas estaban involucradas en otros casos en su país de origen”.

Y de acuerdo a lo informado por la agencia Erbol en la misma fecha, “los dos hombres armados, de nacionalidad brasileña, según la policía, intentaron rescatar a su cómplice retenido desde el pasado viernes (Adão, nr), tras ser detenido y acusado por narcotráfico. La mañana de hoy se debía dictar sus medidas cautelares”.

Brasil entregó información que Bolivia está ocultando 

«Xingú» en la cárcel de Guayaramerín, fotografiado por el delegado Julio Mitsuo Fujiki de la Policía Federal de Rondonia, después del frustrado intento armado de sus cómplices para liberarlo, el 17 de marzo. | Foto cortesia Polícia Federal

Según nuestra fuente en Brasilia, el delegado Julio Mitsuo Fujiki, jefe de la Policía Federal en Guajará-Mirim (municipio en el Estado de Rondonia), fue la autoridad brasileña que se apersonó oficialmente en el lado boliviano para confirmar la identidad de los asaltantes fallecidos, así como para entregar a las autoridades de Bolivia toda la información sobre los antecedentes de esta banda en su país de origen. “El colega Julio Mitsuo tomó incluso fotografías de los dos cuerpos acribillados y del propio Adão que todavía estaba semi encapuchado en su intento de fuga”, nos dice el experto policial mientras vemos en su computadora las mencionadas fotos.

Xingú preso en Chonchocoro a donde fue transferido después de la violenta acción de Guayaramerín cuando su banda quedó diezmada. Una vez que obtuvo detención domiciliaria organizó una nueva banda con pandilleros bolivianos que reemplazaron a sus cómplices brasileños caídos en Guayaramerín. Y volvió a fracasar en su último atraco. No fue ningún «emisario del PCC». | Foto Sol de Pando

Antônio Adão da Silva Costa, su hermano Luiz y su primo Raimundo Nonato da Costa Almeida habían llegado a Guayaramerín atravesando el Estado de Rondonia tras huir del vecino Estado de Pará, donde habían cometido un accidentado atraco a la Minera Maney, a la cual intentaron robar 50 kilos de oro el 12 de septiembre del 2013. 

Al saberse en Brasil que Adão o «Xingú», el cabecilla de ese atraco, había sobrevivido a la masacre de Guayaramerín, las autoridades estaduales y federales solicitaron a Bolivia la extradición del criminoso. “Bolivia dijo que el reo debía cumplir su pena de cárcel por los delitos que había cometido en su territorio, creíamos que estaría bajo un régimen de alta seguridad y de ningún modo con un simple arresto domiciliario que le ayudó a cometer el atraco de la semana pasada”, lamenta el oficial que habló con Sol de Pando con las reservas del caso.

La desinformación al servicio del crimen organizado

Otra escena registrada el 17 de marzo por el delegado policial de Rondonia que viajó a Guayaramerían para intercambiar información pertinente con las autoridades bolivianas que, después, ocultaron este hecho. | Foto cortesia Polícia Federal

A pesar de aquel antecedente de Guayaramerín tan contundente, y que fue de dominio público en ambos países,  el Gobierno de Bolivia —en medio de la tragedia de la joyería EuroChronos—  hizo gala de un indisimulado esfuerzo por ignorar  y minimizar ese hecho, incurriendo en un manejo irresponsable e inescrupuloso de la información.

En los informes hacia la opinión pública que emite el Ministerio de Gobierno sobre este y otros casos afines, se observa un grado espantoso de especulaciones e imprecisiones pergreñadas al calor de cálculos políticos y de un frívolo afán propagandístico. Sobre la reciente tragedia del EuroChronos, ni siquiera se ha trazado una coherente línea de tiempo que es elemental en estos casos.  

Incluso admitiendo post mórtem la alta peligrosidad de Antônio Adão, autoridades policiales a cargo mostraron tener pistas bastante desubicadas del brasileño, confundiendo incluso su nombre. Y lo peor, atribuyendo el origen de la desinformación a las autoridades brasileñas: “Tuve contactos con nuestros pares en Brasil y me han manifestado que evidentemente, uno de ellos está buscado allá por el asesinato a un miembro de la Policía en Brasil, estamos hablando de Antônio Abdón (sic) da Silva Costa“, aseguró el coronel Gonzalo Medina que ejerce la dirección de la Fuerza Especial Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz. Y no es verdad que Antônio Adão da Silva hubiese matado a un policía en Brasil. Resulta incomprensible y altamente sospechosa la abierta acción desinformativa del coronel Medina.

El manejo desprolijo de la información oficial sobre el caso mantiene en duda la identidad real de todos los integrantes de la banda que sufrió tres bajas en la balacera. Al parecer el único brasileño de origen fue Adão da Silva Costa. | Foto Archivo

Es tal la desproligidad informativa en altas esferas del Gobierno, que aún hoy no se ha esclarecido a plenitud la identidad real de los otros dos cómplices de «Xingú» acribillados el 13 de julio. Durante cuatro días se los señaló apenas con sus alias de “El Mono” y “El Baiano”, endilgándoles ser “importantes miembros brasileños del PCC” que habrían cometido otros atroces atracos, debido a lo cual eran “buscados”; cuando, por sus apellidos típicamente bolivianos revelados tardíamente (Ronny Suárez y Camilo Maldonado), no parecen ser más que ladronzuelos nativos reclutados a última hora por el brasileño que perdió a su pandilla original en la balacera de Guayaramerín (y es posible con apoyo de algunos policías que también habrían proveido las armas usadas el 13 de julio). Incluso uno de ellos, «El Mono», Ronny Suárez, ya estuvo preso en la cárcel de Palmasola (Santa Cruz) como reincidente de robo agravado que perpetró como parte de una pandilla local a la cual pertenecía antes de conocer a «Xingú»; pero recobró su libertad en una maniobra leguleyesca muy similar a la que benefició al brasileño (en este caso los fiscales, policías y jueces pasaron por alto que «Mono» Suárez era reincidente, lo cual lo inhabilitaba para beneficiarse con detención domiciliaria, que de todos modos obtuvo quedando disponible para perpetrar el atraco del 13 de julio).

Ninguno de ellos tuvo en vida vínculo alguno con el PCC.

El cadáver de Xingú, acribillado en el caótico enfrentamiento con los policías durante el atraco del 13 de julio a la joyería EuroChronos, en Santa Cruz. El capanga brasileño se llevó a la tumba ciertos «secretos de Estado» sobre sus negocios con influyentes proveedores bolivianos de cocaína destinada al Brasil. | Foto Notivisión

Los únicos sobrevivientes de la banda son también bolivianos reclutados por «Xingú» desde la cárcel (mediante algún misterioso enlace entre Chonchocoro y Santa Cruz): El beniano Erick Edwin Landívar Dorado, de quien se afirma en su pueblo de Roboré era la oveja negra de una familia de prósperos ganaderos, y Sandra Guzmán Vaca, la amante de Xingú, quien entre sollozos asegura haber pecado por amor consiguiendo el alquiler de la casa en Santa Cruz, donde el brasileño cumpliría su «detención domiciliaria» bien acompañado. 

El broche de oro en este caos desinformativo lo pone el ministro Carlos Romero con solemne desparpajo: “Consultado sobre cómo se puede dar libertad a un supuesto delincuente sin verificar sus garantías, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó el hecho de inexplicable, pero adelantó que aún se investigan hechos más graves que podrían ligar al atracador abatido con el juez que le dio su libertad”, publicó El Deber.

Resulta que el “supuesto delincuente” ciertamente cometió “hechos más graves” que, en el Ministerio de Gobierno, “aún se investigan”.

Veamos entonces qué es lo que averiguamos aquí en Brasil desde nuestro destierro:

Un atraco fallido en el Estado de Pará: septiembre del 2013

El avión de la empresa minera aurífera en el que la banda de Adão intentó secuestrar al empresario de la compañía asaltada el 12 de septiembre del 2013. | Foto cortesia Polícia Federal

El 12 de septiembre del 2013, una pandilla de cinco asaltantes armados irrumpieron en la empresa minera aurífera Mineração Maney, atracando una avioneta que acababa de aterrizar sobre su pista privada en el municipio de Itaituba, Estado de Pará, con un supuesto cargamento de 50 kilos de oro. Los líderes de la banda eran los hermanos Antônio Adão y Luiz da Silva Costa.

Al momento de apoderase de la nave, se produjo un forcejeo con el piloto, uno de los asaltantes, Luiz, el hermano de «Xingú», disparó hiriendo a dos a bordo, uno de ellos, el co-piloto Sancler da Luz, quedó agonizando con una bala incrustada en el cuello y moriría días después.  

Según informó el Delegado estadual de la Policía Civil de Pará, Silvio Maués, la avioneta asaltada no traía esa carga de oro esperada por la banda de los Silva Costa; entonces los ladrones se dirigieron a la oficina de la empresa y lograron apoderarse de apenas un kilo que es todo lo que allí había.

Al ver frustrado su objetivo, intentaron secuestrar al propietario de la mina, Valdinei Mauro de Souza, llevándoselo a bordo del avión para negociar un rescate. Pero la nave no tenía combustible suficiente para salir de Pará con rumbo a Rondonia o Mato Grosso. Aterrizaron en medio del bosque amazónico cuando el combustible se agotó. Los asaltantes abandonaron la avioneta y a sus víctimas, separándose en dos grupos para escapar por rumbos distintos una vez que se repartieron el esmirriado botín.

Una dislocación desde Itaituba hasta Guayaramerín

Sancler da Luz llegó agonizando al hospital de Itaituba. Fue la primera víctima mortal de la banda de Adão da Silva,en territorio brasileño. El copiloto fallecido no era policía tal como propala erróneamente el Gobierno de Bolivia. | Foto cortesia Policía Federal

La muerte del infortunado copiloto Sancler da Luz, a los pocos días del asalto, desató una búsqueda policial intensa e implacable hasta que, en el município de Apuí, Estado de Amazonas, el 23 de septiembre cayó el primer prófugo: un garimpeiro llamado José Mariano de Souza, alias “Paulão”, sertanejo oriundo de Colinas, Estado de Maranãho. En su declaración informativa, el nordestino confesó  haber sido reclutado en las garimpas por los hermanos Antônio Adão y Luiz da Silva Costa. Completaban la banda Rubervaldo da Silva Brito y Raimundo Nonato da Costa Almeida, primos de los Silva Costa.

Un mes después de la captura de “Paulão”, Rubervaldo fue atrapado en el município de Baixo Amazonas, jurisdicción del Estado de Pará. Cuando fue interrogado, el primo se acogió al derecho de silencio.

El garimpeiro José Mariano de Souza, “Paulão”, uno de los dos cómplices sobrevivientes de Adão da Silva, fue atrapado en el Estado de Amazonas y cumple pena de cárcel en el Estado de Pará. | Foto cortesia Polícia Federal

Según la confesión del garimpeiro “Paulão”, cuando los forajidos huyeron al abandonar la avioneta de la empresa aurífera, él y Rubervaldo tomaron rumbo al norte con dirección al Estado de Amazonas, mientras los hermanos da Silva Costa —Adão y Luiz—, junto a su primo Raimundo Nonato da Costa, tomaron rumbo sur hacia el Estado de Rondonia, dirigiéndose a Porto Velho, ciudad que se encuentra a 300 kilómetros de Guayaramerín en la provincia Vaca Diez del Beni, Bolivia.

Rubervaldo da Silva Brito, otro miembro sobreviviente de la banda original de Adão da Silva Costa. Está preso por su participación en el asalto del 12 de septiembre. | Foto cortesia Polícia Federal

Salvo la versión brasileña que apunta a una causa por narcotráfico y tráfico de armas, no existe en Bolivia una explicación oficial y detallada sobre el motivo por el cual Antônio Adão da Silva Costa, alias «Xingú», fue recluído preventivamente en la cárcel de Guayaramerín, donde se produjo el sangriento y violento intento de excarcelarlo. Es una explicación pendiente de toda transparencia que el ministro Carlos Romero le debe a su Presidente y al país entero. Al contrario de lo que pretende el Gobierno mediante una sistemática desinformación, esta historia no empieza en Chonchocoro, donde Adão se dio el gusto de tomarse unas fotos que subió en su Facebook, sonriendo, como si estuviera en una corta vacación.

Esta historia comenzó en Itaituba, pasó por Rondonia para entrar a Guayaramerín, luego La Paz y después Santa Cruz. Y tiene alguna importante ramificación en Mato Grosso.

Y por lo visto, —también esto es parte de la historia— hay una instituída negligencia estatal que le permitió al malandra de Pará reincidir en su rutina delictiva con absoluta e insólita libertad en nuestro país, hasta precipitar la muerte injusta de dos inocentes como Ana Lorena Tórrez y Carlos Gutiérrez Valenzuela durante aquel fallido atraco a EuroChronos, que jamás habría sucedido si la ley en Bolivia estuviera del lado del bien (mientras bolivianos que vivimos de nuestro trabajo sin robar ni causar dolor ajeno, sufrimos destierro y cobarde persecusión judicial de un régimen que va cayendo en picada hacia una inexorable gestión criminosa).

Nos aterra pensar que el Estado Plurinacional de Bolivia pueda estar yendo en vías de convertirse en un Estado Delincuencial.

Por Rondonia y Mato Grosso, atravesando los peajes de Quintana

El ex alcalde de Cuiabá Marco Mendes, socio del garimpeiro Valdinei Mauro de Souza. Ambos son investigados por la justicia federal en el Estado de Mato Grosso al adjudicarse dolosamente concesiones auríferas, en un supuesto esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico en la frontera con Bolivia. | Foto Sol de Pando

La verdad es que la banda de Xingú era un objetivo intermedio para llegar a una meta que la Policía Federal considera mucho más importante por su peso delictivo y económico, incluso político en un cierto sentido” —nos dice en Brasilia nuestra fuente de la agencia federal—. “Creemos que el propietario de la empresa minera asaltada el 12 de septiembre en Itaituba no es un pan de Dios. Existen sospechas de que él mismo habría tramado ese atraco e incluso pretendió fingir un intento de secuestro y asesinato”.

Se sospecha con fundamentos que Valdinei Mauro de Souza, el  dueño de la empresa asaltada, habría tramado por segunda vez un “auto-atraco” pactando con la banda de los ladrones paraenses para evadir una investigación por fraude fiscal, enriquecimiento ilícito y posible lavado de dinero que la Policía Federal inició precisamente ese año 2013. Se cree que Valdenei era un promotor y protector de la banda liderada por Antônio Adão da Silva Costa, alias «Xingú». Varios atracos, secuestros y extorsiones contra empresarios mineros que son competencia incómoda  para las empresas auríferas de Valdenei Souza en los garimpos de Mato Grosso, Rondonia y Pará, habrían sido perpetrados por la banda de «Xingú» a pedido del mismo Valdenei. 

La principal novedad aquí es que Valdenei resultó además socio principal del empresario Mauro Mendes, quien hasta el año pasado fue Alcalde muncipal (Prefeito) de la ciudad Cuiabá, capital del Estado de Mato Grosso, frontera con Bolivia.

El Ministerio Público, apoyado por la Policía Federal, consiguió que el Tribunal Regional Federal de Mato Grosso revierta una concesión aurífera obtenida mediante tráfico de influencias en favor de la sociedad Mineração Salomão, cuyos principales acionistas son el ex alcale Mendes y el garimpeiro Valdenei de Suoza, también dueño de Minerão Maney que opera en Itaituba. Mendes habría utilizado sus amistades políticas para obtener dolosamente esas concesiones, corrompiendo incluso al Gobernador del Estado de Mato Grosso, con la presunta finalidad de lavar dinero proveniente del narcotráfico (cocaína que ingresa de Bolivia).

Se trata de una trama escabrosa donde se juega el control de la intensa explotación de oro que viene creciendo a medida que la actividad matriz, el narcotráfico, se expande rompiendo las fronteras en un monstruoso holding que abarca atividades como el robo de autos en Brasil con destino a Bolivia, y tráfico de cocaína y de armas de Bolivia con destino al Brasil. Las fronteras que se están abriendo como brechas sangrantes entre ambos países se vienen focalizando especialmente en el Estado de Rondonia que limita con el departamento del Beni, y el Estado de Mato Grosso que conecta los mercados del sur brasileño con el narcotráfico organizado desde Santa Cruz.

En ambas fronteras se han estructurado esquemas territoriales de poder político binacional articulados hábilidosamente por el  ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana (actual Embajador en Cuba), a través de pactos entre factores de poder empresarial (como por ejemplo la venta de gas natural de manera directa a las empresas del magnate mafioso Joesley Batista que tomó control energético del Mato Grosso, marginando a Petrobras de los nuevos contratos previstos para el 2019 con YPFB; o la construcción de mega represas en la cuenca del Madera, Iténez y Guaporé, con empresarios constructores de Rondonia).

Bajo esa gigantesca cobertura «empresarial» y “formal”, en las flamantes carreteras recién asfaltadas que atraviesan estas ardientes fronteras van prosperando fluidamente los intercambios de droga, armas, oro, autos robados, sexo y muerte.

Se debe puntualizar que la frontera del departamento de Pando con el Estado do Acre, por donde hasta hace poco atravesaba una  intensa ruta de la cocaína peruana con rumbo al Brasil, eventualmente está libre de aquel azote por dos razones coyunturales:

1. Quintana ha sido expulsado  del territorio pandino por la conciencia pública autonomista pandina aún adolorida tras la masacre de Porvenir, obligado a desplazar su dominio político y territorial al Beni y Santa Cruz sobre las fronteras con Rondonia y Mato Grosso.

2. Facciones disidentes de las FARC en Colombia dispersas después de los acuerdos de paz en ese país, se han desplazado hacia la frontera con el Estado de Roraima en Brasil, por donde ahora también, bajo el control de esas facciones, transita la cocaína proveniente del Perú que antes usaba como puente la ruta Bolpebra-Cobija

Sin embargo, la frontera de Pando y Acre todavía estaba siendo usada hasta hace pocos meses para el tráfico sexual a través de un grupo de narcotraficantes vinculados a Quintana, que secuestraban mujeres jóvenes y vulnerables de Rio Branco en un esquema minuciosamente investigado por Sol de Pando en el destierro; y que el ministro Carlos Romero —en otro acto de obstinada, prepotente e irresponsable negligencia, encubriendo a Quintana— se niega a desarticular en territorio boliviano donde esa banda aún opera impunemente en sus antros de prostitución, explotando a mujeres brasileñas para traficar cocaína boliviana. 

Carlos Romero y su astuta fijación con el PCC

Carlos Romero, Ministro de Gobierno de Bolivia: «Toda la culpa la tiene el cartel del Primer Comando Capital, el PCC». | Foto ABI

«Podemos trabajar con la hipótesis de que son personas que tienen vinculación al atraco producido a la joyería Imperio, son prófugos de ese atraco y consiguientemente están vinculados al Primer Comando de la Capital, el cartel de Brasil PCC”, fue una de las primeras declaraciones efectuadas por Romero a pocas horas de la tragedia del 13 de julio en Santa Cruz.

Con esa calculada altisonancia, el Ministro de Gobierno logró desinflar el repudio ciudadano y de los propios policías institucionalistas de Bolivia, que han asisitido en vivo y directo a la exhibición descarnada de una Policía Nacional disminuída, incapacitada y humillada por la subordinación política y partidaria que la degradó a unos niveles indignantes de mediocridad, ineficiencia y vulnerabilidad.

La desinstitucionalización de los mandos policiales, también obra de Quintana ante la vista gorda de Romero, consistió básicamente en desarmarla profesional y moralmente, marginando y avasallando a sus cuadros mejor capacitados, suplantándolos con efectivos mucho menos calificados pero obsecuentemente “leales” al  régimen. Decenas, sino centenares, de oficiales de elite y con singulares cualidades intelectuales que recibieron capacitación y especializaciones técnicas y operativas en países que son vanguardia en materia de Seguridad anti-crimen como Francia, Estados Unidos o Israel, fueron “castigados” privándoles de su legítimo derecho a ascensos o asumir puestos de mando y de liderazgo, en represalia por su insumisión política. 

El Ministro responsable de esta situación pretende maquillar la faz demacrada de una Policía Boliviana en crisis, interpolándose a sí mismo con “el cartel de Brasil PCC”. Suena al hidalgo don Quijote batallando heroicamente contra molinos de viento.

Debería informarse el doctor Romero que ni el PCC ni el Comando Vermelho no fueron, no son, ni serán un “cartel”.

“Existen estudios desde la criminalística académica y desde la ciencia antropológica incluso, que definen a organizaciones como el PCC más como un movimiento que como una organización estructurada al clásico estilo de los carteles colombianos”, explica nuestro entrevistado en Brasilia. Además que prefieren enfrentarse al Estado y a la autoridad constituída, por un principio inherente a su doctrina fundacional casi anarquista.

Son estructuras abiertas que actúan mediante afiliaciones y aportaciones como en un club de fútbol, en zonas donde efectivamente se requiere mostrar su identidad colectiva. “Por ejemplo en el control de la distribución de droga en varias ciudades del Brasil, sus territorios están nitidamente demarcados. Su principal negocio y fuente de ingresos es precisamente la distribución, no tanto la producción, en el caso concreto de la cocaína”. Es decir que los traficantes de drogas que logran introducir la mercancía de Bolivia al Brasil, “sólo pueden hacerla circular pactando con el PCC o el Comando Vermelho, dependiendo de la ciudad o zona donde va a entrar la droga”.

La avioneta cuyo vuelo de Mato Grosso a Gioás fue interferida por una patrulla de la Fuerza Apérea del Brasil el pasado 26 de junio, incautando 650 kilos de cocaína proveniente de Bolivia. La nave cayó y se partió al ser forzada a aterrizar. | Foto G1Globo

El gran salto que están dando estos grupos es tomar control del tráfico internacional, sobre todo en las estradas fronterizas, adquiriendo capacidad de compra a gran escala, dice el experto. “Ahí es cuando suceden esos mega asaltos como el que se produjo en la frontera de Paraguay en abril de este año, cuando tomaron los caudales de Prosegur al estilo de una guerrilla urbana. Es el capital de inversión que procuran mediante ese método guerrillero muy sofisticado para incrementar su capacidad de compra y venta”.

En ese sentido, el interés concreto del PCC o del CV en países como Bolivia es abrir líneas comerciales en el Brasil para la cocaína boliviana. “O sea, al PCC, por su estatuto mismo, no le interesa tener una presencia activa y permanente en un país como Bolvia al estilo de un cartel controlando todas las fases del negocio; su negocio principal es la distribución de cocaína dentro del Brasil, no la producción de coca en Bolivia; por tanto lo más apropiado es hablar de una alianza del PCC o del Comando Vermelho, o de ambos incluso, con los productores de cocaína bolivianos”.

A la cárcel de Goiás, el piloto y copiloto de la avioneta que fue capturada el 26 de junio introduciendo al Brasil 650 kilos cocaína boliviana. | Foto G1Globo

Entonces, no son “emisarios” que manda el PCC a Bolivia, como dice Romero. Son grupos autónomos de traficantes brasileños que llegan a Bolivia para comprarles la cocaína a los productores bolivianos, e incluso prefieren no tener vinculación directa ni con el PCC ni con el Comando Vermelho para tener la opción de negociar con ambos según la zona de operaciones comerciales, una vez que vuelven al Brasil con la “merca” comprada en Bolivia, de cocaineros bolivianos.

Por ejemplo, el pasado mes de junio una avioneta con sospechosa matrícula boliviana fue interceptada por una patrulla en vuelo de la Fuerza Aérea del Brasil (FAB) cuando se disponía a aterrizar en el Estado de Goiás (cerca a Brasilia), habiéndose reabastecido en una hacienda del Estado de Mato Grosso. La patrulla aérea pidió que los sospechos aterricen, éstos desoyeron la orden intentando huir dando vuelta a Mato Grosso; y entonces el patrullero de la FAB abrió fuego de alerta derribando a la avioneta que cayó partida en dos. “A Força Aérea ordenou que o bimotor mudasse a rota e pousasse no Aeródromo de Aragarças, em Goiás. Inicialmente, o piloto obedeceu às ordens, mas ao invés de pousar, desviou o curso. Com isso, o avião da FAB «executou um tiro de aviso» para fazer a aeronave cumprir as ordens. O órgão esclareceu que o disparo não atingiu nenhuma parte do bimotor. A aeronave então pousou na zona rural de Jussara. Na aterrissagem, a asa da aeronave e a cauda ficaram danificadas”, informó O Globo el 27 de junio.

En tierra, los tripulantes, ilesos, huyeron y dejaron en la nave un cargamento con 650 kilos de cocaína. «Essa foi a maior apreensão de cocaína da história por parte da PM em Goiás«, informó el teniente coronel Ricardo Mendes, de la Policía Militar. Se estableció que la narco-avioneta hacía vuelos de ida y venida en la ruta a Bolivia conectada por el Mato Grosso. “A Polícia Federal informou que a aeronave saiu de Cuiabá às 4h de domingo (25) e chegou à Bolívia às 6h40. Ainda segundo a corporação, o avião decolou uma hora depois com destino a Jussara, no noroeste goiano, onde foi interceptado pela FAB”, escribió la periodista Vanessa Martins, de la redacción de G1Globo. 

Según aclararon las autoridades encargadas de ese caso, la droga boliviana era de alta pureza y podia multiplicarse varias veces su cantidad original, con aditamentos locales, para circular en forma de crack. «Ainda poderia ser misturada, e a quantidade, multiplicada”, dijo el delegado de la Policía Federal, Bruno Gama.

El piloto y copiloto, capturados luego en un hotel de Goiana donde se escondían, son dos jóvenes brasileños que fueron por primera vez a Bolivia.

Los dueños de esa nave no eran necesariamente miembros del PCC ni del Comando Vermelho, sino un consorcio entre simples y a veces inexpertos traficantes brasileños y avezados cocaineros bolivianos que proveen la droga en territorio boliviano.

Polícia procura tripulantes de avião que levava 650 kg de cocaína, em Goiás | VIDEO

Bolivia: ¿un Santuario para los criminales prófugos del Brasil? 

Marcelo Gómez de Oliveira, Zoi Verde, el principal narcotraficante de Goiás que el 2015 fugó a Bolivia donde obtuvo rápidamente identidad boliviana. Murió asesinado el pasado mes de abril en Santa Cruz, en un hecho hasta hoy no esclarecido oficialmente. | Foto Archivo

No hay que perder de vista, además, que muchos traficantes o asaltantes brasileños que van a Bolivia son prófugos, huyendo más bien algunos de los comandos en pugna, u otros escapando de la propia justicia brasileña” —aclara nuestro entrevistado—. «Los casos recientes del grupo de Adão da Silva Costas, Xingú, que fue huyendo de su fallido robo a la aurífera de Pará, o el de Marcelo Gomes de Oliveira, Zoi Verde, un capo del narcotráfico que escapó de la cárcel de Goiás para refugiarse en Santa Cruz, representan esa idea de que Bolivia es para los criminosos brasileños, por encima de su filiación al PCC o al Comando Vermelho, una especie de santuario seguro”.

Gomes de Oliveira prontuariado en el tribunal de Goiás que lo sentenció en enero del 2015. Zoi Verde no pudo justificar el origen de su fabulosa riqueza. Huyó a Bolivia donde murió llevándose a la tumba el secreto de sus vínculos con los proveedores bolivianos de cocaína que detentan poderosas influencias mafiosas dentro el Gobierno de La Paz. | Foto Polícia Civil de Goiás

Y una vez que se instalan en Bolivia poniéndose a buen recaudo de sus perseguidores, no pueden dejar de aprovechar que están en una meca de la producción de cocaína; aunque en el caso de Zoi Verde algo escabroso se cruzó en su camino.

Dedicado al comercio de droga desde inicios de los años 2000, Gomes de Oliveira cayó preso por segunda vez el año 2014 en el Estado Goiás recibiendo una condena de 40 años de cárcel por enriquecimiento ilícito; ostentaba entre sus propiedades una masión avaluada en 10 millones de dólares y una flota de decenas de autos de lujo, siendo el rico más famoso de la ciudad de Goiana, capital de Goiás. Logró revertir esa sentencia, obtuvo su libertad, pero antes que la Fiscalía apele la absolución procurando su retorno a prisión, en enero del 2015 se escapó a Bolivia, donde sus antiguos e influyentes proveedores de cocaina le facilitaron una cédula de identidad con nacionlidad falsa de boliviano. Dos años después de haber consolidado su refugio en el país exhibiéndose como un próspero empresario, el pasado 20 de abril Zoi Verde fue asesinado en las calles de Santa Cruz, en un hecho hasta hoy no esclarecido por el Ministerio de Gobierno. Su familia en Goiana sospecha de policías bolivianos que sabrían sobre su condición de prófugo de la justicia brasileña, le extorsionaban y decidieron ejecutarlo cuando Gomes amenazó con denunciarlos entre sus amigos de alto nivel en el Gobierno boliviano.  

En el caso de «Xingú», Adão da Silva Costa, no es aventurado colegir que al asaltar la gran joyería de Santa Cruz pretendía capitalizarse para adquirir cocaína en Bolivia (no olvidemos que en abril del 2014 el mismo Adão ya había caído en Guayaramerín con una carga de cocaína y armas que intercambió con el oro robado en Pará), y tal vez también una avioneta buscando explotar la misma ruta que usan habitualmente traficantes como Zoi Verde. Es una ruta muy activa, actualmente, que nace en el Chapare o Yapacaní, pasa por San Ramón o San Matías hasta ingresar al Brasil haciendo escalas en Mato Grosso o Goiás, y de ahí a São Paulo y Rio de Janeiro como destino final, sin dejar de pagar los peajes respectivos al PCC o al Comando Vermelho allí donde corrresponda.

Entonces, los narcotraficantes bolivianos que van a vender su cocaína de alta pureza con destino al Brasil para que la droga se desdoble en el crack que inundará las favelas, ponen todo su poder estatal al servicio del comprador brasileño, desde facilitarle un carnet de identidad boliviano en menos de 24 horas cuando busque refugio en el país (huyendo de la justicia brasileña o de la guerra interna entre bandas) hasta proveerle abogados «eficientes» que le sacarán de Chonchocoro y le pondrán en detención domiciliaria. Y así entonces, para conseguir el capital necesario a ser invertido en la compra pactada de la cocaína ofrecida, será pan comido asaltar una gran joyería como EuroChronos, a no ser que el plan falle por algún azaroso imprevisto, amarres defectuosos o simple falta de mejor experiencia criminal.

O qué dice usted, doctor Romero.

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