Data: septiembre 24, 2012 | 21:08
CÓMPLICE POR ENCUBRIDOR | El informe del Defensor del Pueblo omitió deliberadamente la presencia decisiva de Maldonado, entonces Jefe Nacional de Inteligencia al mando de Quintana, en la brutal acción policial del 25 de septiembre de 2011...

Villena desinforma sobre la represión a indígenas en Chaparina

Omisiones deliberadas en el Informe del Defensor del Pueblo encubren a Maldonado.

Funcionarios subalternos de la oficina del Defensor del Pueblo tuvieron que lanzar un comunicado desmintiendo y desautorizando a Rolando Villena sobre sus declaraciones efectuadas el 22 de mayo cuando aseguró en las puertas del Palacio Quemado que el coronel Víctor Maldonado, actual Comandante General de la Policía, es uno de los principales responsables de la represión cometida contra la marcha indígena en Chaparina ejerciendo entonces la función de Jefe Nacional de Inteligencia. La verdad es que el Informe Defensorial emitido en noviembre del 2011 encubre burdamente a Maldonado, no lo menciona siquiera, para evitar que la investigación llegue a “JR” Quintana, el eslabón perdido en la “cadena de mando” que se rompió con violencia fascista aquel nefasto 25 de septiembre…

© Wilson García Mérida | Redacción Sol de Pando
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El Informe pasa por alto las acciones del entonces Jefe Nacional de Inteligencia que efectuó una «avanzada» minutos antes de la feroz intervención policial.

El pasado martes 22 de mayo, tras reunirse con el Ministro de la Presidencia en el Palacio de Gobierno al día siguiente de la posesión del nuevo Comandante General de la Policía, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, fue abruptamente interceptado por varios periodistas que requirieron su posición sobre la polémica designación del coronel Víctor Maldonado.

Villena no estaba preparado para aquella imprevista rueda de prensa, y tuvo que improvisar, mintiendo con desenfado. En una confusa declaración donde intentó poner énfasis en la “novedad” de que la policía está atravesada por “mafias” (una obviedad con que Quintana pretende justificar el avasallamiento político sin reales perspectivas de una efectiva reforma ética en la institución policial), el Defensor del Pueblo se vio obligado a admitir que Víctor Maldonado era uno de los principales responsables de la violación de los derechos humanos en la razzia anti-indígena de Chaparina el pasado 25 de septiembre, y que dicho antecedente “consta” en el Informe Defensorial emitido al respecto por Villena, en noviembre, lo cual es falso.

Villena incriminando a Maldonado el martes 28 de mayo.

La red Erbol reprodujo las declaraciones del Defensor del Pueblo, informando que “según Villena, en el Informe Defensorial se constata que la recién posesionada autoridad policial, en su condición de Jefe de Inteligencia, estuvo presente en Chaparina el día 25 de septiembre del 2011, cuando se registró la brutal represión a marchistas en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis)”.

Y citó Erbol, textualmente, lo que Villena afirmó ante varios canales de televisión:

“El informe fue categórico en esto, él ha sido identificado como uno de los funcionarios que tiene que ver mucho en la represión de la Policía el 25 de septiembre de 2011, estos hechos no pueden quedar en la impunidad”.

Villena desmentido mediante un comunicado de su misma oficina defensorial.

A pocas horas de aquella declaración, el mismo martes, contradiciendo flagrantemente a Villena, la misma oficina del Defensor del Pueblo emitió un comunicado para desmentir lo que Villena afirmó en la conferencia de prensa al salir del Ministerio de la Presidencia.

La revista digital Oxígeno dio cuenta de aquel extraño comunicado para “aclarar” que cuando Villena se refería a la presencia de una autoridad policial en la represión del 25 de septiembre de 2011 contra la marcha indígena del Tipnis, “no se refería al nuevo comandante de la Policía, Víctor Maldonado, sino al retirado general Jorge Santiesteban”.

La impunidad de aquella brutal represión se impone desde el Estado nada menos que con la complicidad del Defensor del Pueblo.

El comunicado de la oficina del Defensor del Pueblo que deja mal parado a Villena dice textualmente:

“Ante versiones difundidas por algunos medios de comunicación en sentido de que el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, ‘confirma’ que el recién posesionado Comandante de la Policía, coronel Víctor Maldonado, estuvo en la represión de la marcha indígena el 25 de septiembre de 2011 en Chaparina, la Defensoría del Pueblo aclara que las declaraciones que su Máxima Autoridad realizó hacían referencia al ex Comandante, general Jorge Santiesteban y no a su actual sucesor”.

Una imagen de Maldonado visto en Chaparina.

Con dicha “aclaración”, el Defensor del Pueblo, como institución, echa toda la carga de la responsabilidad en el defenestrado Comandante General, Jorge Santiesteban, quien no estuvo presente en Chaparina, e insiste en encubrir a Maldonado, quien sí estuvo en Chaparina en el momento mismo de la criminal represión cumpliendo su función como Jefe Nacional de Inteligencia, tal cual evidencian varias imágenes televisivas registradas el 25 de septiembre a la hora exacta de la arremetida policial, con Maldonado en persona visto y filmado públicamente en el lugar de los hechos.
El general Jorge Santiesteban fue instrumentado para envilecer la, desde ya, corrompida matriculación de postulantes «interculturales» que pretendìan ingresar a la Academia Nacional de Policías pagando sobornos y traficando con «avales» ministeriales y partidarios, lo cual le costó el cargo ahora ocupado por el coronel Víctor Maldonado. Santiestéban, según declaró tras su destitución, desconocía que Maldonado estuviera presente en Chaparina el 25 de septiembre, lo cual abre más dudas sobre quién realmente manda sobre los aparatos represivos del país. Pero al Defensor del Pueblo, que confunde roles y responsabilidades, no parece importarle tales antecedentes.

Los tentáculos de la impunidad

El funcionario Jaime Quiroga Carvajal.

Sol de Pando pudo confirmar que el funcionario encargado de redactar aquel comunicado que desautoriza vergonzosamente a Villena fue el jefe de la Unidad de Atención al Ciudadano del Defensor del Pueblo, Jaime Quiroga Carvajal, hombre de estrecha confianza del ministro Juan Ramón Quintana, al que sirvió como jefe de gabinete en anterior gestión ministerial.

Se sabe que Jaime Quiroga detenta mayor autoridad que el propio Villena en la estructura administrativa del Defensor del Pueblo, habiendo incluso ejercido el cargo de Villena interinamente en varias oportunidades, orientando las acciones de la institución defensorial según las instrucciones directas que recibe de Quintana.

En este caso concreto, se ratifica que el Defensor del Pueblo se obstina en encubrir las verdaderas responsabilidades sobre lo acontecido en Chaparina, y el propósito es claro: proteger a Maldonado para proteger a Quintana. No cabe duda alguna que Quintana y Maldonado planificaron, coordinaron y ejecutaron en Yucumo y Chaparina aquella feroz violación de los derechos humanos contra el pueblo indígena amazónico.

Evo Morales posesionando al coronel Víctor Maldonado como Comandante General de la Policía, el pasado 21 de mayo.

Sol de Pando ha constatado que Rolando Villena incurre en una especie de prevaricato para encubrir la participación de Quintana en varios hechos represivos orquestados por esa autoridad y sus “operadores”. Uno de aquellos “operadores”, el más obsecuente en el entorno íntimo de Quintana, es precisamente Jaime Quiroga, por cuyo “filtro” pasan los informes que suscribe el defensor Villena; y ahora también sus declaraciones públicas.

Los procedimientos y resoluciones que desarrolla el Defensor del Pueblo para proteger los derechos humanos y los derechos constitucionales de los ciudadanos comunes ante abusos de autoridades gubernamentales e instituciones estatales, tienen carácter de «cosa juzgada»; y cuando estas atribuciones jurídicas son ejercidas de mala fe o con un sentido de injusticia y corrupción política, la anomalía tiene las mismas características de un prevaricato cometido por un juez. En el mejor de los casos esta conducta recurrente en las actuaciones de Villena, administrativamente, es tipificable como incumplimiento de deberes.

El «prevaricato» de Villena

Rolando Villena vigilado por Jaime Quiroga.

El comunicado de la oficina del Defensor del Pueblo emitido el martes desmintiendo y desautorizando a Villena, es una nueva constatación de que el Informe Defensorial sobre los hechos de Chaparina, firmado por Villena (y por lo visto sin haberlo leído adecuadamente, pues el martes supuso que Maldonado figuraba en dicho Informe), ha sido redactado y corregido por una de las manos negras extendidas de Quintana, cuyos tentáculos inducen al Defensor del Pueblo a bloquear toda posibilidad de esclarecer la torpe presencia del Jefe Nacional de Inteligencia en aquella operación represiva indudablemente concebida, planificada y llevada a cabo bajo el mando directo de “JR” Quintana. En ello, Villena comete un flagrante prevaricato al incumplir sus deberes señalados por la Constitución.

Dicho Informe Defensorial no menciona en ninguna de sus páginas el nombre de Víctor Maldonado Hinojosa, ni en relación a los requerimientos informativos elaborados por el Defensor para obtener los informes oficiales de la Policía, ni durante las entrevistas con los actores involucrados, mucho menos en las conclusiones estableciendo responsabilidades.

Aquel Informe presenta omisiones técnicas notables que reflejan una espantosa falta de profesionalidad o excesiva mala fe, o ambas, entre quienes lo elaboraron. La carga investigativa se concentró en establecer las acciones realizadas por el Jefe Nacional de Operaciones, Tcnl. Franz Alvarado Hoyos, quien informó sobre la cantidad de efectivos desplazados a la zona para tomar parte del operativo, o por el Jefe Nacional de Planificación, Tcnl. Henry Terrazas, quien se encargó del apoyo logístico a la tropa policial con “la compra de alimentos para 76 efectivos, 1.000 litros de combustible, 1.200 litros de agua, 20 tenazas cortafrío y 10 docenas de cinta adhesiva masquín (…) compradas de la Ferretaría Alan”. Pero en ningún momento el Defensor del Pueblo osa investigar las actividades del Jefe Nacional de Inteligencia, Víctor Maldonado, como si los investigadores defensoriales ignorasen que en toda operación policial con las características de Chaparina, el trabajo previo de Inteligencia es determinante incluso para los desenlaces de la operación.

En este punto, llama la atención que otro funcionario del Defensor del Pueblo en el entorno íntimo de Villena, como es el encargado de la unidad de prevención de conflictos Gregorio Lanza (otrora candidato a Alcalde de La Paz por la NFR de Manfred Reyes Villa), haya permitido que se incurra en esta omisión que encubre burdamente las graves responsabilidades de Maldonado en su calidad de Jefe Nacional de Inteligencia.

El 3 de noviembre, Maldonado se presentó en Sucre para prestar su declaración a requerimiento del agente fiscal asignado por el Ministerio Público, Orlando Riveros, siendo el primero (de todo el contigente policial involucrado) en acudir a la citación fiscal; aunque de forma muy sigilosa y casi clandestina, como para «zanjar» el tema de una vez por todas.

El Defensor del Pueblo no movió un dedo para hacer el respectivo seguimiento de aquellas declaraciones que sin duda incriminan a Maldonado por las incoherencias que sostiene, contradiciendo sus inocultables acciones en Chaparina. El entonces Jefe Nacional de Inteligencia se negó a hacer públicas las declaraciones que efectuó ante el fiscal Riveros, huyendo de la prensa sucrense, lo mismo que el fiscal Riveros que guarda como un verdadero “secreto de Estado” tales declaraciones de Maldonado.

Cerrando este círculo de impunidad, en las conclusiones del informe emitido por Villena, este Defensor del Pueblo “recomienda” al Fiscal General del Estado iniciar acciones penales por violación a los derechos humanos, a varios funcionarios del Ministerio de Gobierno y de la Policía, menos al Jefe Nacional de Inteligencia.

El coronel Maldonado tras declarar en la Fiscalía de Sucre, el 3 de noviembre.

En la página 120 del informe de marras, Villena pide al Fiscal General “que instruya proseguir las acciones penales por la violenta intervención policial acaecida el 25 y 26 de septiembre de 2011, en especial contra los ciudadanos Sacha Sergio Llorenti Soliz, Marcos Jaime Farfán Farjat, Boris Villegas Rocabado, Ramiro Delgado, Karolina Vertiz Arancibia, Edwin Contreras, Diego Pérez, Jorge Arzabe, Adalit Rivero, Ernesto Castro; así como contra los funcionarios policiales Jorge Santiesteban Claure, Oscar Muñoz Colodro, Edwin Foronda Franco, Modesto Palacios Cruz, Oscar Chávez Ruedas, Alberto Aracena, Henry Terrazas Verduguez y otros…”.

Como se puede ver, el nombre de Víctor Maldonado Hinojosa fue omitido deliberadamente por los redactores de este Informe Defensorial, ya que investigar a Maldonado con el rigor del caso habría implicado llegar hasta «JR» Quintana, el eslabón perdido en la “cadena de mando” misteriosamente rota en medio de aquella violencia fascista que estremeció al país y a los pueblos indígenas del mundo.

¿Por qué el Poder Legislativo y las organizaciones populares de Derechos Humanos no toman la iniciativa de exigir una auditoría técnica y legal sobre el comportamiento del Defensor del Pueblo en éste y otros asuntos? ¿Quiénes son los funcionarios dependientes de Villena, además de Jaime Quiroga Carvajal, que redactaron cada una de las páginas de aquel Informe?

Nadie se digna en aclarar tan fundamentales cuestiones, mucho menos la Asamblea Legislativa Plurinacional, que hace tiempo dejó de fiscalizar al órgano ejecutivo como corresponde.

El presente artículo fue originalmente publicado el 24 de mayo del 2012 en el blog de Sol de Pando
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