Asesinos seriales en el Gobierno de Pando protegidos por Quintana y Flores Roberts

Sicarios vuelven a Pando con apoyo oficial y el Defensor del Pueblo hace show en Cobija

El Defensor del Pueblo, en mayo, durante una de sus habituales visitas al Palacio de Gobierno.

En las últimas semanas el sicariato ha retomado las calles de Cobija y la inseguridad que se vive en esta ciudad es indescriptible. El reciente asalto al Banco FIE y una serie de horrendos crímenes y desapariciones que están enlutando a las familias acreanas son señales inequívocas de que el crimen organizado se viene rearticulando con inusitada fuerza en Pando, ante la complacencia de las autoridades de la Gobernación y del Gobierno central.  Al Defensor del Pueblo no parece interesarle esta retrógrada situación de indefensión en que nos encontramos los ciudadanos que vivimos de nuestro trabajo honesto y nos sentimos obligados a andar con el testamento bajo el brazo…

© Wilson García Mérida

El Defensor de Pueblo no realiza un adecuado diagnóstico sobre la coyuntura en Pando.

Después de la incautación de 2.000 ejemplares sufrida por Sol de Pando el 11 de julio del 2011, la Dirección de este medio presentó sucesivas quejas ante el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, exigiendo la investigación de aquel ilegal y abusivo hecho que involucra a funcionarios de la Gobernación de Pando y al Gobernador mismo, Luis Flores Roberts. Villena no respondió a ninguna de nuestras quejas, ni nadie de la entidad que dirige, ni en Pando ni en La Paz.

Durante ese lapso de impunidad, se estableció que el actual Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en ese entonces director de la “Ademaf”, antes y después de la incautación de los 2.000 ejemplares  fue el principal promotor de varias acciones de sabotaje, discriminación y campañas difamatorias contra Sol de Pando (calumniándonos como “agentes de la derecha”, entre otras cobardes insidias que pusimos formalmente en conocimiento del entonces ministro de Comunicación Iván Canelas). A pesar de no haber sido respondidas nuestras quejas por escrito, nosotros insistimos en sostener, ya hace más de un año, una reunión personal con el señor Villena, gestión que emprendimos, infructuosamente, mediante un ejecutivo del Capítulo Boliviano del Observatorio de Derechos Humanos. Le hicimos saber a Villena que nos interesaba entregarle evidencias sobre unas extrañas conexiones de conocidos sicarios en Pando con los entornos más directos del señor Quintana; pero Villena nunca quiso recibirnos.

Nuestra investigación identificó no solo a cierto personal de la Gobernación de Pando y de “Ademaf” que cumplía instrucciones expresas de Quintana dirigidas a proscribir a toda costa a Sol de Pando, impidiendo su circulación especialmente en la ciudad de Cobija. También pudimos establecer que en esta estrategia fascista ejercitada contra un periódico autogestionario y libre como el nuestro, se venían involucrando antiguos sicarios del narcotráfico ahora vinculados con el esquema gubernamental a cargo de Quintana en la Amazonia. El temor de que pudiésemos sufrir algún daño físico en manos de estos asesinos a sueldo se patentizó la noche del pasado 12 de octubre cuando decidimos ponernos a buen recaudo en el Brasil. Nos sobraban razones. Conocemos al menos dos casos concretos de vinculación directa de sicarios con el peculiar esquema de poder de Quintana.

El primer caso es el de un conocido narcotraficante que articula el ingreso de cocaína peruana hacia el Brasil, vía Bolpebra y Cobija, quien tiene entre sus antecedentes registrados en los juzgados y la Felcc de Cobija el haber dirigido, por lo menos hasta el año 2008, una banda de asesinos a sueldo que ensangrentaban las calles de la capital pandina realizando ejecuciones a plena luz del día con no menos de diez disparos a quemarropa en cada víctima, siempre comenzando por la cabeza.  El sicario involucrado en esos crímenes recibió los favores del actual Gobierno para librarse de varios juicios con sentencia de cárcel y es hoy un estrecho colaborador de los aparatos de inteligencia del Estado en Pando; mientras a gente inocente que vivimos honradamente de nuestro trabajo defendiendo la transparencia en el proceso de cambio, nos persiguen con abusivas querellas judiciales, nos proscriben cual peligrosos criminales y nos difaman cobarde e impunemente pretendiendo acallarnos como si detentar el poder absoluto fuera suficiente para tapar el sol con un dedo.

Del segundo caso tomamos conocimiento a pocos días de haberse producido la incautación de Sol de Pando, en julio del 2011. Unas voces amigas, desde la misma Gobernación de Pando, se nos acercaban advirtiéndonos en tono muy atemorizante que el plan del gobernador Luís Flores Roberts, siempre en consulta con Quintana, no sólo era hacer desaparecer físicamente nuestro periódico, sino también a quienes lo editamos. Ya nos habían destruido nuestra red de canillitas, luego agredieron e intimidaron a los periodistas que nos colaboraban en Cobija  destruyendo nuestro equipo de corresponsales; lo último que falta es que se deshagan de nosotros definitivamente, encarcelándonos (como pretende el hermano del Gobernador mediante un arbitrario juicio ordinario apoyado y promovido tras bambalinas por Quintana) o asesinándonos, si es que antes no nos dan “muerte civil” con agresiones a nuestra dignidad moral como la proferida por un empresario de medios, propietario de Radio Pando,  vinculado al gobernador Flores, quien aseguró impúdica y públicamente el pasado 16 de octubre que el Director de Sol de Pando “es narcotraficante” (no extrañe que en nuestras valijas “encuentren” droga).  Todas estas opciones para eliminar nuestro trabajo informativo, incluyendo el asesinato, siguen latentes según pudimos evidenciar antes de refugiarnos en Brasiléia el pasado 14 de octubre. El “trabajo sucio” habría sido encomendado, ya en julio del pasado año, inmediatamente después de la incautación, a un sicario que anteriormente trabajaba para el ex prefecto Leopoldo Fernández y que luego se habría incorporado al grupo de seguridad personal del gobernador Luis Flores Roberts. Nos resistimos hasta donde la razón lo permitía a aceptar la posibilidad de que hubiese un sicario en los entornos de Flores Roberts (y por tanto de Quintana) dispuesto a atentar contra nuestra integridad física; nuestra sospecha inicial fue que podía tratarse de un matón que fue visto el 2 de abril del 2010 cuidándole las espaldas al candidato a Gobernador Flores en un cuartel en Cobija; el hombre se parecía mucho a uno que vimos en las imágenes de Porvenir con una ametralladora en mano, matando campesinos en nombre de Leopoldo Fernández. Y sí, era verdad, era él.  Nuestras fuentes nos informaron que este sicario intentaba averiguar, durante los días en que se produjo la incautación, cuándo nosotros llegaríamos a Cobija y dónde nos hospedábamos habitualmente; se lo vio con un ejemplar de aquella edición de Sol de Pando que había sido incautada el 11 de julio por órdenes del Gobernador y Quintana. Nuestra suerte fue que el hombre terminó asesinado mucho antes de que nosotros volviésemos a Cobija. De algún modo la providencia nos salvó al haber suspendido nuestros viajes quincenales en el último semestre del 2011, privándonos de nuestro derecho al trabajo y de llevarles el pan a la boca de nuestros hijos, pues inmediatamente después de la incautación se atentó contra nuestra red de canillitas por lo cual tuvimos que re-estructurar nuestro sistema de producción y distribución del periódico impreso en un largo receso que duró hasta octubre de este año. Huyendo al Brasil nos enteramos que el sicario encomendado para hacernos desaparecer apenas pisemos suelo pandino, tras la incautación de julio del 2011, había muerto en un ajuste de cuentas entre narcotraficantes brasileños y peruanos que actualmente  se disputan el control de Bolpebra y Cobija como rutas de tránsito de la droga que pasa del Perú al Brasil. Le habían cortado los cinco dedos de su mano derecha en típica señal mafiosa y su cuerpo fue hallado descuartizado en Porvenir, cerca al río Tahuamanu, donde hace cuatro años este mismo sicario disparaba su fusil contra indígenas del MAS. No sabemos si el Gobernador de Pando, a quien el sicario converso le sirvió en el último año de su vida, envió flores a su tumba.

Lo que ahora necesitamos saber es la identidad de aquellos intrusos que fueron a buscarnos a nuestro hotel en Cobija la noche pasado del 12 de octubre fingiendo ser agentes de la Fiscalía, sin serlo, y de quién dio la orden para que la paz de nuestro hospedaje sea alterada arbitrariamente con tan torpe irrupción, a lo cual se sumó la persecución a que fuimos sometidos al día siguiente cuando desconocidos nos fotografiaban y filmaban en las calles de Cobija. Mientras el Defensor del Pueblo y el Gobierno mismo (aunque en esto exigimos tajantemente  la abstención de agentes del Ministerio de la Presidencia y de la Gobernación de Pando) no muevan un dedo para esclarecer estos hechos, las ediciones impresas de Sol de Pando seguirán buscando refugio en el Brasil para circular sin miedo alguno desde el otro lado del río Acre.

El retorno del sicariato

En las últimas semanas el sicariato ha retomado las calles de Cobija y la inseguridad que se vive en esta ciudad es indescriptible. El reciente asalto al Banco FIE y una serie de horrendos crímenes y desapariciones que están enlutando a las familias acreanas son las señales inequívocas de que el crimen organizado que pisaba fuerte en estas tierras hace más de diez años, está rearticulándose con inusitada fuerza e impunidad. El miedo que se respira en Cobija es asfixiante, deprimente, y apena constatar que esta situación es generada por un influyente sector del Gobierno que le viene abriendo puertas a la delincuencia a medida que la avidez de poder se convierte en un factor decisivo del retroceso que sufre el llamado “proceso de cambio”. Da más pena aún constatar que el Defensor del Pueblo, por omisión e incumplimientos de deberes, termina siendo cómplice de este esquema de inseguridad y miedo que se promueve desde el propio Estado (o al menos desde su más “influyente” Ministerio que conculca incluso todas las autonomías en Pando), violando los más elementales derechos ciudadanos y el derecho a la vida misma.

Seguimos esperando una respuesta de Rolando Villena a nuestras quejas reiteradas y estamos dispuestos a colaborar con toda investigación oficial que es su ineludible deber impulsar, pues le brindaremos todas las evidencias necesarias para establecer hasta qué punto las rearticulaciones sicarias en Pando están siendo parte constitutiva de un nuevo Estado delincuencial en Bolivia, como sólo pudo darse en las tenebrosas épocas de García Meza y Arce Gómez cuando los bolivianos dignos y honestos éramos obligados a caminar por las calles —de día y de noche— con el testamento bajo el brazo.

¿Qué defiende el Defensor?

Cuán lejos se encuentra la gestión del Defensor del Pueblo bajo el actual gobierno, Rolando Villena. Si cabe una comparación con la gestión de Ana María Romero de Campero durante el gobierno de Sánchez de Lozada, se verá que el retroceso es espantoso.

Anamar fue elegida por consenso en el cargo con dos tercios de votos del MNR, del MIR, ADN, NFR y otros partidos de la derecha dominante en ese periodo “neoliberal”; pero aquella Defensora del Pueblo, cumpliendo fielmente lo que estipula la Ley del Defensor, no tenía nada que agradecer a los políticos que la designaron en el Congreso Nacional, por sus méritos, nada menos que para velar los derechos y libertades de la sociedad civil frente a los excesos del Estado, para defender a la comunidad de los abusos y negligencias gubernamentales, no para encubrir el desgobierno de quienes ejercen el poder abusando impunemente a indefensos ciudadanos. Fue por eso que Ana María Romero de Campero terminó en las filas de los que exigieron la renuncia de Sánchez de Lozada después de la masacre de El Alto, en octubre del 2003, y no es que militaba en un partido de izquierda ni era opositora, sino que cumplía celosamente un deber funcionario al ejercer la Defensoría del Pueblo por un periodo  constitucional de cinco años; por algo el sueldo del Defensor es similar al de los diputados.

Aunque suene paradójico, el Defensor del Pueblo es una institución creada y promovida por el Estado y desde el Estado para actuar legal y legítimamente contra ese mismo Estado cuando se pone en vilo la más elemental de las libertades ciudadanas, a fin de imponer el equilibrio y la armonía indispensables entre la sociedad civil y la sociedad política como requisito de paz en toda democracia que se precie de tal.

Otro fue el cantar con los sucesores de Anamar en este cargo tan delicado; y el caso de Rolando Villena es en extremo deplorable.

El “show” de Villena en Cobija

Durante la primera semana de noviembre, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, llegó a Cobija para encabezar algunas actividades “defensoriales” que no mostraron más propósito que el de una propaganda institucional sin mayores impactos profundos para la comunidad, sólo marketing, imagen aparente, proselitismo puro.

Esforzados policías en Cobija combatiendo un grave incendio con baldes de plástico, el pasado mes de septiembre.

En ninguna de aquellas actividades se tocó a fondo, por ejemplo, el problema de la creciente inseguridad ciudadana que es una de las preocupaciones principales entre los vecinos de Cobija y las poblaciones aledañas como Porvenir, Puerto Rico, Filadelfia, etcétera.   Villena no anunció ninguna iniciativa defensorial para fortalecer la logística policial exigiendo al poder central mayores recursos para el Comando Departamental de la Policía que debe apagar incendios recurriendo a baldes de agua ante la carencia de un carro bomba, o debe mantener a su tropa con un rancho cocinado en fogones a leña. La Policía de Pando es una de las más abandonadas por el Estado y debe enfrentar en pobreza casi extrema de recursos a una sofisticada criminalidad que opera sobre la triple frontera donde vuelven a campear narcotraficantes y saqueadores de los recursos naturales de nuestra Amazonia.

El “taller” de “intercambio de saberes indígenas” inaugurado la semana pasada en Cobija por Villena.

Siguiendo la misma línea gubernamental de proyectar una falsa imagen oficial de defensa de los derechos indígenas, sin tocar a fondo la real problemática indígena en Pando, Villena propició  un “encuentro” de 40 líderes indígenas para un “intercambio de saberes” bajo el repetitivo y demagógico discurso que venimos escuchando desde hace siete años en que este gobierno  despliega ingentes recursos económicos en la Amazonia para “foros” y “seminarios” que no pasan de ser placenteras jornadas de turismo para la burocracia paceña. “Los pueblos indígenas han vivido procesos de exclusión y resistencia histórica, fruto de ello han mermado su presencia, participación del quehacer del Estado y de la sociedad boliviana”, fueron las bonitas palabras de Villena. Sin embargo, el Defensor del Pueblo se contradecía flagrantemente al haber excluido deliberadamente de aquel encuentro indígena a representantes de la etnia Pacahuara, que como sabemos sufre un destierro obligado desde la dictadura de Banzer y nadie en este Gobierno, mucho menos el Defensor del Pueblo, hizo nada por restituir los conculcados derechos territoriales de esta  nación emblemática de la identidad pandina que atraviesa una etapa terminal de extinción. Al “encuentro” organizado por Villena, y que se inició con un “ritual andino” según daba cuenta un boletín defensorial,  sólo fueron invitados, además de miembros del Conamaq, representantes de los pueblos Tacanas, Cavineños, Yaminagua, Machineri y Esse Ejja, dando por sentado que los Pacahaura ya no existen para los dispendiosos presupuestos de este tipo de presuntuosos, monótonos e improductivos foros, talleres y seminarios.

La mala atención que sufren los pacientes de Pando se origina en severas deficiencias de la infraestructura hospitalaria.

Otro acto de impostura realizada por Villena durante su última “ofensiva defensorial” en Pando, fue la creación de una oficina del “Defensor del Paciente”, otra nueva entidad burocrática que absorberá insulsamente recursos del erario público para poner en jaque a médicos y trabajadores de salud que reclaman hasta el cansancio, en Cobija, por una sustancial mejora en la infraestructura hospitalaria de esta capital. “Hasta ahora los derechos del paciente no han estado en la agenda de quienes están en calidad de servidores públicos en los centros de salud, por eso es necesario explicitar estos derechos mediante un convenio que permita a los profesionales  renovar su vocación de servicio al interpretar las necesidades de la población que demanda atención y ponerse en el lugar de los pacientes”, fueron las recurrentes palabras bien hilvanaditas pero siempre demagógicas y falsas de Villena. No es un descubrimiento que el mal trato a los pacientes, en especial a ciudadanos de la tercera edad, con las excepciones del caso, es un mal recurrente en todos los centros de salud pública en Bolivia, no sólo en Cobija; pero, aquí, éste no es precisamente el principal problema que sufren los ciudadanos que acuden al Hospital Roberto Galindo Terán, el único hospital de segundo nivel para todo el Departamento, donde los médicos y trabajadores en salud hacen milagros para atender en condiciones muy precarias a una población creciente de pacientes. Los derechos de estos pacientes pandinos son vulnerados cotidianamente por unas carencias presupuestarias y logísticas que debían merecer la atención prioritaria del Defensor del Pueblo. Equipos de quirófano y de Emergencias se encuentran sin funcionar por falta de insumos y mantenimiento; la capacidad del hospital colapsa con un personal cada vez más reducido ante la creciente mortalidad materno-infantil; y la inseguridad ciudadana produce heridos de gravedad que fallecen por falta de una adecuada atención originada en las falencias de instrumental quirúrgico, insumos y medicamentos. Una “defensoría del paciente” al estilo superficial de Villena no es solución efectiva a estos problemas urgentes y estructurales que enfrenta la población pandina en su elemental derecho a la salud y la vida.

Una Defensoría sin independencia

Debería ser ilegal e inconstitucional que aspirantes a Defensor del Pueblo, Fiscal General y Contralor negocien previamente concesiones políticas en sus futuras gestiones a cambio de votos para lograr los dos tercios en el Congreso, lo que equivale al más ruin “cuoteo” en una zona de la administración pública que jamás debería ser parcelada partidariamente por un elemental sentido de eficiencia y transparencia. Villena va mucho más allá de romper la institucionalidad del Defensor del Pueblo al permitir que políticos y ministros tengan su “cuota de control” en la entidad. Villena llega al extremo de violar la ley e incurrir en flagrante Incumplimiento de Deberes procediendo en muchos y delicados casos (no en todos, es verdad)  como un simple funcionario subalterno del Gobierno y no como una autoridad estatal con competencias estrictas para proteger los derechos ciudadanos en la sociedad por encima incluso del Estado. En hechos que quedaron  impunes por sus “buenos oficios”,  como es el encubrimiento a responsables claves de la represión de Chaparina, o la incautación de 2.000 ejemplares de Sol de Pando en Cobija, abundan pruebas sobre lo afirmado.

En tanto simple funcionario subalterno del Gobierno, Rolando Villena tiende a desempeñar sus funciones con el mismo sentido de proselitismo pre-electoral con que otras autoridades gubernamentales se esmeran entregando “obras” y anunciando rimbombantes proyectos  en el mero afán de maquillar la imagen cada vez menos tolerante de un régimen cada vez más partidocrático, excluyente y corruptible.

La Ley 1818 aprobada el 2 de diciembre de 1997 creando el Defensor del Pueblo en Bolivia, define su naturaleza en el artículo 1º como “una Institución establecida por la Constitución Política del Estado para velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas en relación a la actividad administrativa de todo el sector público; asimismo, vela por la promoción, vigencia, divulgación y defensa de los derechos humanos”.

El artículo 4 de esa Ley estatal fija con claridad la autonomía del Defensor del Pueblo frente al poder político: “El Defensor del Pueblo es independiente en el ejercicio de sus funciones y no recibe instrucciones de los poderes públicos”. Villena viola estos preceptos de la ley que rige sobre su cargo al desempeñarlo bajo una total subordinación al poder político y partidario, al menos en los casos que han sido denunciados reiteradamente por Sol de Pando.

No puede ser más envilecida una institución como la del Defensor de Pueblo que se ve obligada a actuar al influjo de consignas políticas y partidarias, y no bajo los preceptos éticos de la ley que la creó.

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