Data: septiembre 30, 2019 | 22:02
MÁS CONSECUENCIAS DEL LAVA JATO | El presidente Martín Vizcarra disuelve al Congreso como hizo Fujimori en 1992; por su parte el Congreso fujimorista con diputados denunciados por recibir los sobornos de Odebrecht destituye a Viscarra y nombra una sucesora: la vicepresidenta Mercedes Aráoz...

PERÚ CON DOS PRESIDENTES EN SU MAYOR EMBROLLO POLÍTICO

Martín Vizcarra y Mercedes Aráoz fueron vicepresidentes de Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció por recibir los sobornos de Odebrecht. El mismo escándalo distancia a ambos gobernantes que ahora ejercen la Presidencia del Perú en forma de un poder dual. | Foto archivo Sol de Pando

© Redacción Sol de Pando | Agencias
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La decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso Nacional, si bien fue celebrada en las calles del país, de inmediato fue replicada por sus opositores, quienes lo suspendieron ‟temporalmente” y nombraron como sucesora a la Vicepresidenta en ejercicio Mercedes Aráoz, acusándolo de haber dado un golpe de Estado. De ese modo, la lucha de poderes en el seno de las instituciones peruanas llega a un crítico punto de no retorno.

En Perú, la disolución del Congreso tiene un precedente lamentable. En 1992 el entonces presidente Alberto Fujimori aplicó la misma medida, lo que dio inicio a una de las épocas más oscuras en la historia del país. Pero lejos de esta semejanza formal existen diferencias sustanciales entre ambos momentos, según observó el ex canciller Diego García Sayán en entrevista con el portal alemán Deutsche Welle.

‟Lo primero que se debe decir es que Vizcarra no dio un golpe. Aquí estamos ante una coyuntura inevitable” —afirma García Sayán, ex Canciller y ex Ministro de Justicia peruano—. ‟Estamos en un contexto en el cual el Congreso le da la espalda a toda legitimidad ciudadana. Y al Gobierno no le quedó otra opción que este resquicio constitucional; de lo contrario el país se dirigía hacia la ingobernabilidad, donde se violentaban principios democráticos básicos como la designación de los miembros del Tribunal Constitucional”.

En horas de la noche, los máximos jefes de las fuerzas armadas de Perú acudieron a darle su respaldo al presidente. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional «reafirman en Palacio de Gobierno su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente Vizcarra”, informó la Presidencia de la República en su cuenta de Twitter.

Dos presidentes, ¿poder dual?

Paradógicamente dominado por la oposición fujimorista, el Congreso disuelto aprobó este lunes suspender «temporalmente” al presidente Martín Vizcarra por «incapacidad moral” y nombrar en su reemplazo a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como «presidenta en funciones”.

Aráoz prestó juramento ante el Presidente del Poder Legislativo, Pedro Olaechea, quien adelantó que el viernes el Congreso votará la moción para destituir definitivamente a Vizcarra.

Esta medida del Congreso abre interrogantes en Perú, que pasa a tener dos presidentes.

Aráoz se había distanciado del actual gobernante, aunque ambos fueron elegidos como compañeros de fórmula de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Kuczynski se vio vorzado a renunciar em marzo del pasado año al haberse comprobado que recibió $us 300.000 de la constructora brasileña Odebrecht en 2011. Es investigado al igual que los ex presidentes Alan García (quien se suicidó por esa causa), Ollanta Humala y Alejandro Toledo.

Varios congresistas de oposición que destituyeron a Vizcarra tienen abiertas causas penales en su contra. Algunos están también vinculados a la Operación Lava Jato, acusados de recibir sobornos de Odebrecht. Pero estos procesos se encuentran detenidos, dado que actualmente los investigados gozan de inmunidad parlamentaria. Un privilegio que perderán en 2021, cuando termine el período constitucional. Entonces se retomarán sus casos ante la Justicia.

Una larga tensión en su fase terminal

El Ejecutivo y el Legislativo se mantenían en pugna constante desde hacía tres años, pero la situación alcanzó su clímax cuando el Congreso, de mayoría opositora, anunció el inicio de un proceso para elegir dos nuevos magistrados al Tribunal Constitucional. Esto, sin convocar previamente un concurso público, como se hace usualmente en el Perú.

El presidente Vizcarra, quien solicitó al Parlamento, bajo el rótulo de ‟Urgente”, que se detuviera el proceso y se abriera un período de postulaciones a nivel nacional, amenazó al Congreso con disolverlo si se desestimaba su demanda. Una solicitud que formalizó este lunes como una ‟cuestión de confianza”. Sin embargo, el Parlamento le dio prioridad a la elección de un primer magistrado, y eso derivó en la drástica medida anunciada por Vizcarra.

En el fondo de aquella disputa por el control del Tribunal Constitucional, se mueven los intereses de políticos vinculados con el escándalo del Lava Jato.

‟Al nombrar magistrados adeptos al fujimorismo, ellos (los congressistas) querían garantizar su impunidad futura, pues sus casos podrían llegar ante el Tribunal Constitucional, y en esa instancia los nuevos magistrados les iban a devolver el favor”, explica Julio Panduro, politólogo y periodista del diario El Peruano.

Ambas partes acuden debilitadas a este escenario de la lucha de poderes. Mientras el Parlamento ha perdido gran parte del apoyo popular (70% apoyaba su disolución en abril, según el Instituto de Estudios Peruanos), Martín Vizcarra ejerce un liderazgo falto de solidez, principalmente a causa de una presidencia sin resultados relevantes, que gira monotemáticamente en torno a su confrontación con el Congreso.

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