CONTACTOS LETALES | En su desesperado y solitario afán de adquirir armamento, Rozsa se abrió a múltiples infiltraciones que desembocaron en su trágica muerte…

El alemán Dirk Schmidt compró las mismas armas que quería comprar Eduardo Rozsa

Si las armas halladas en el stand de Cotas después de la matanza del 16 de abril del 2009, son las mismas que salieron de la Octava División como asegura Cardona, no las "sembraron", las entregó a Rozsa, en marzo, un doble agente infiltrado de la CIA y del Gobierno. | Fotomontaje Sol de Pando

Si las armas halladas en el stand de Cotas después de la matanza del 16 de abril del 2009, son las mismas que salieron de la Octava División como asegura Cardona, no las «sembraron». Las entregó a Rozsa, en marzo, un doble agente infiltrado de la CIA y del Gobierno. | Fotomontaje Sol de Pando

© Wilson García Mérida  | Servicio Informativo Datos & Análsis
El informe de Datos & Análisis publicado el 31 de julio del 2010.

El informe de Datos & Análisis publicado en julio del 2010.

Un informe publicado por Datos & Análisis en julio de 2010 tras varios meses de investigación, estableció que Eduardo Rozsa Flores, desesperado por armar a su ejército separatista, mantuvo intenso contacto con un agente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en las semanas previas a su asesinato, informando sobre la interferencia de un espía de la ex Alemania Oriental, Dirk Schmidt, que traficaba armas en Bolivia.

Rozsa se comunicó con la CIA procurando auxilio y asistencia militar ante la orfandad en que había quedado tras su ruptura con el Prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, por una disputa de mando dentro el movimiento “independentista” debido a la cual el grupo de Costas decidió prescindir de Rozsa, negándole el financiamiento comprometido para la compra de armas.

Ese aislamiento político y los problemas en la adquisición del arsenal sofisticado que exigía Rozsa al movimiento cívico cruceño, habrían sido determinantes para que agentes del Gobierno se infiltren en su círculo íntimo, entregándole incluso armas presuntamente extraídas de la Octava División de Ejército, en marzo del 2009.

Por su parte la CIA —dentro una estrategia para estigmatizar al régimen boliviano como genocida— decidió “sacrificar” al miliciano boliviano-croata al constatar la inviabilidad de su sofisticado plan militar, carente de armas adecuadas y de apoyo político real entre la “cruceñidad”, ordenando su asesinato mediante la acción letal de una fuerza policial de élite (la Utarc) que fue creada con recursos de la Embajada norteamericana durante la administración de Sánchez de Lozada. Como es sabido, la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc) gozaba de confianza ciega en las altas esferas del Gobierno de Evo Morales, infiltrado a su vez por aquellas fuerzas siniestras que dispararon a mansalva contra Rozsa y dos de sus correligionarios mientras dormían en sus habitaciones del Hotel Las Américas. Dos años después de la matanza, el ministro de Gobierno Sacha Llorenti condecoró a los policías asesinos, contribuyendo al estigma de un régimen genocida. Aquí la CIA desarrolló un juego hábil de inteligencia y contrainteligencia para matar dos pájaros de un tiro.

Severamente distanciado de Costas y otros dirigentes del Grupo La Torre que lo habían traído de Europa para la “defensa de Santa Cruz”, Rozsa decidió seguir el plan separatista a su manera, corriendo temerariamente un alto riesgo personal y abriéndose a la inminente infiltración. Intentó formar su propio ejército para la Guerra Urbana que era su especialidad, acudiendo al apoyo financiero de Estados Unidos. Tomó contacto directo con la CIA mediante un agente militar de origen húngaro que se comunicaba con Rozsa desde Washington a través del correo electrónico y el chat.

Un veterano militar de la OTAN, el contacto de la CIA

El coronel húngaro Istvan Belovai, el contacto de Eduardo Rozsa en la CIA. | Foto Telegraph

El coronel húngaro Istvan Belovai, el contacto de Eduardo Rozsa en la CIA. | Foto Telegraph

Rozsa envió a la CIA mapas y croquis con las ubicaciones de las brigadas médicas de Cuba en la Amazonia boliviana, así como de los zapadores venezolanos que construían caminos vecinales en Pando y Beni. Mandó una foto del puente Pailas, el más grande de Bolivia en ese entonces, y de un casino instalado por la mafia rusa en el municipio de Cotoca, como los primeros blancos estratégicos a ser dinamitados en el inicio de una guerra civil de larga duración. “Para el 15 de enero quisiéramos alcanzar un nivel de operación militar. Hablando en claro, desde esa fecha vamos a estar listos para la realización de algunas operaciones de tamaño y efectos limitados. La fecha de la conclusión no se puede determinar. Podemos hablar de semanas, pero también, en caso de fragmentación territorial, se podría esperar una crisis de años. Efecto Kosovo”, fue el plan que Rozsa describe al coronel en retiro Istvan Belovai, su contacto de la CIA en Washington, a través de un mensaje enviado por correo electrónico el 18 de noviembre del 2008.

Belovai era una leyenda viviente en la CIA. Un veterano húngaro experto en operaciones militares de alto riego. Tenía el grado de coronel. Jugó un rol decisivo en la Guerra Fría combatiendo al régimen comunista de Hungría como oficial de enlace de la OTAN. Estuvo preso en su país y se refugió en Estados Unidos a mediados de los años 90. Al parecer se conoció con Rozsa durante la Guerra de los Balcanes. Itzván Belovai murió en Denver, Colorado, en noviembre del 2009, cinco meses después del operativo del Hotel Las Américas en Santa Cruz.

A fines del 2009, Datos & Análisis accedió a los emails y chats que Rozsa y Belovai intercambiaron en lengua húngara durante los meses de noviembre del 2008 y principios de abril del 2009, los mismos que concluyeron con el posible arribo del agente de la CIA a Bolivia para ejecutar el plan bélico una vez adquiridas las armas y adiestrado el ejército separatista mediante intensas prácticas de airsoft y paintball.

Según le informó a su enlace de la CIA, Rozsa había logrado reclutar a casi una centena de  jóvenes entre las barras bravas de los  más populares equipos de fútbol de Santa Cruz, miembros además de la Unión Juvenil Cruceñista. También captó algunas adhesiones en el Beni. A pesar de haber perdido la confianza de los principales líderes cruceños como el prefecto Costas, Rozsa logró atraer simpatías en núcleos tradicionalmente duros de Santa Cruz como Falange Socialista Boliviana (FSB) o las mismas logias masónicas locales.

“Averigüen quién es este tal Schmidt”

Entre los varios documentos que Rozsa envía a su contacto en Washington hallamos un reporte redactado en inglés, signado como “Log of Operations (Comunist Enemy)”. El mercenario boliviano-croata ya había estructurado en ese momento un relativamente eficaz servicio de inteligencia, como órgano germinal de su ejército en mente.
Log OperationsLa información que reporta a su contacto de la CIA señala seis acontecimientos significativos en su análisis de la coyuntura, sucedidos entre el 1 y 20 de noviembre del  2008, dos meses después de la matanza de Porvenir, en Pando. Menciona la expulsión del país al embajador norteamericano Philip Goldberg, la intervención gubernamental de las oficinas de la DEA en Santa Cruz, el anuncio de Evo Morales para la expulsión de la CIA, la llegada de empresarios rusos al Hotel Los Tajibos y la ocupación de las tierras del latifundista norteamericano Ronald Larsen en el municipio de Camiri. El quinto punto de aquel informe orientado a suscitar “preocupación del Departamento de Estado” por la situación de los intereses norteamericanos en Bolivia, menciona a Dirk Schmidt identificándolo como un ex agente de la Stasi (la KGB de Alemania Oriental), quien se había cruzado en su camino comprando las armas que ya habían sido reservadas para su ejército balcanizador.
Según informó Rozsa a la CIA, Schmidt habría procedido a comprar esas armas exactamente el día viernes 14 de noviembre del 2008. El texto original del reporte de Rozsa a Istvan Belovai es el siguiente:
“Dirk Schmidt former East-German Stasi agent bought a lot of weapons. The rising forces cannot buy weapons because Schmidt bought them. Maybe he is working for the Interpol too. (Check the identity of Schmidt)”.
Nuestra libre traducción:
“Dirk Schmidt, un granjero que fue agente de la Stasi de la Alemania Oriental, compró un cargamento cuantioso de armas. Nuestra fuerza emergente no podrá comprar esas armas porque Schmidt ya se las compró. Al parecer también trabaja para la Interpol. (Averigüen quién es este tal Schmidt)”.
Es muy probable que Rozsa y Schmidt nunca se conocieran personalmente. Sus sombras se cruzaron casualmente en el mercado negro de armas de uso militar, otro tráfico heredado de las dictaduras de Banzer y García Meza que es una actividad próspera en Bolivia, incluso hoy.
En todo caso, no se descarta que la CIA hubiese usado la información sobre las actividades del alemán para realizar un operativo de contrainteligencia que derivó en la ejecución de Rozsa por una acción llevada a cabo desde el propio Gobierno boliviano, cuando el tema del arsenal era el punto neurálgico del plan balcanizador.
No sabemos a ciencia cierta si el agente húngaro de la CIA, Istvan Belovai, llegó a tomar contacto en Bolivia con el alemán Dirk Schmidt, otro veterano de la Guerra Fría en la Europa del Este.

Dirk Schmidt y la banda de Blas Valencia

Armas halladas en una hacienda de Schmidt el 8 de julio del 2010. | Foto El Día

Armas confiscadas en una hacienda rural de Dirk Schmidt el 8 de julio del 2010. | Foto El Día

Personaje fascinante, como salido de alguna novela negra de Graham Green.
El nombre del alemán fue vinculado públicamente en el caso del asalto y asesinato cometidos el 14 de diciembre del 2001 por una banda de atracadores liderada por los coroneles de la Policía Blas Valencia y Freddy Cáceres, cuando la remesa de un millón de dólares de la empresa Prosegur fue asaltada en la avenida Kantutani de La Paz, con un saldo de dos guardias uniformados y un civil muertos. Ese mismo grupo perpetró —48 horas después del asalto a Prosegur— un atentado dinamitero contra el comando policial de Santa Cruz.
Cuando cayeron Blas Valencia y sus secuaces, se halló en poder de los policías atracadores un arsenal oculto en Santa Cruz que incluía granadas de guerra y fusiles con mira telescópica de uso militar. Se sospechaba de Dirk Schmidt como el proveedor del arsenal; pero esa eventualidad no puso ser probada en la investigación policial. Aquellas armas incautadas a la banda de Blas Valencia pasaron a custodia de la Octava División del Ejército, tal como dispone la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de Bolivia.
Aunque negó su participación en el atraco terrorista, Schmidt admitió que efectivamente conocía a miembros de la banda de Blas Valencia, que el coronel Freddy Cáceres le había facilitado una autorización para portar armas y que le vendió terrenos al propio Blas Valencia en un lugar próximo a las colonias menonitas, en Santa Cruz. El alemán confesó que conoció a este personal policial a mediados de la década de los 90 a través de una funcionaria del entonces Ministerio del Interior (hoy de Gobierno) y activa militante del MNR, Karina Flores Villa, con quien luego se casó adquiriendo nacionalidad boliviana.
Durante el actual régimen, tras las elecciones del 2010, la esposa del alemán fue concejala del MAS en el municipio cruceño de Porongo, se afirma —entre la militancia masista— luego de haber entregado “miles de dólares” al jefe de la campaña electoral del MAS en esa zona, el entonces senador Isaac Ávalos (quien en la misma campaña del año 2010 sorprendió al país aliándose con connotados integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista que formaban parte del ejército germinal de Eduardo Rozsa Flores).
Isaac Ávalos admitió tener amistad con el alemán y su esposa; pero aseguró que la decisión de postular a Karina Flores de Schmidt como concejala de Porongo “no fue suya, sino de las instancias políticas del MAS”.

El padrinazgo de Sánchez Berzaín

El alemán llegó a trabajar como agente del Ministerio de Gobierno en el actual régimen, bajo la gestión del ministro Sacha Llorenti. | Foto El Deber

El alemán llegó a trabajar como agente del Ministerio de Gobierno en el actual régimen, bajo la gestión del ministro Sacha Llorenti. | Foto El Deber

Dirk Schmidt había llegado a Bolivia huyendo de su país. En septiembre de 1997, cuatro años después de su ilegal ingreso a Bolivia, agentes de la justicia alemana lo detectaron trabajando para la Interpol en La Paz y Santa Cruz (tal como informó Rozsa en su reporte a la CIA en noviembre del 2008). Aquella vez la Embajada de Alemania dirigió una carta al Comandante Nacional de la Policía, general Tomás Asturizaga, reclamándole por la irregular situación de Schmidt.
El actual Gobierno de Bolivia confirmó que antes de su llegada al país en 1993, Schmidt era perseguido por la justicia de Alemania bajo cargos de falsificación de documentos, apropiación indebida y crímenes de estafa «cometidos contra una delegación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Alemania”.
El alemán llegó a Bolivia el 30 de julio de 1993, una semana antes de la posesión de Gonzalo Sánchez de Lozada. El entonces ministro de la Presidencia Carlos Sánchez Berzaín movió todos los hilos para proveer los documentos de radicatoria del alemán, con “permanencia indefinida”.
Ya a buen recaudo, el alemán se dedicó a la compra y venta de ricas tierras agrícolas en el Oriente del país, detentando vastas propiedades en comunidades indígenas chiquitanas como Urubú y Tarumatú, en vecindad con las colonias menonitas. Simultáneamente prosiguió con su negocio de compra y venta de armas (que se presume en esferas del Gobierno eran destinadas al narcotráfico), aprovechando sus contactos directos con organismos de inteligencia policiales y militares a los cuales accedió mediante los puentes que le tendía su esposa Karina Flores Villa desde el Ministerio de Gobierno.
En noviembre del 2008 el servicio de inteligencia activado por Eduardo Rozsa Flores informa al coronel Belovai que Dirk Schmidt les privó de las armas que se iban a comprar para la “defensa de Santa Cruz”; el alemán les ganó de mano y se compró esas mismas armas, para otros fines.
Parece evidente que Rozsa y Schmidt nunca se conocieron; por eso el mercenario pide a la CIA investigar al alemán. Pero, con toda seguridad, el intermediario que ofreció el armamento a Rozsa y se lo vendió a Schmidt es el mismo sujeto clave para desentrañar el mercado negro de material bélico tan activo aún en el país, y podría ser también la pieza clave para entender por qué mataron a Rozsa y a sus lugartenientes del modo en que los mataron. Este punto relativo al vendedor de armas que estuvo en contacto por separado con Rosza y Schmidt, jamás se investigó. Nadie le preguntó a Schmidt quien le vendió esas armas que también le fueron ofrecidas a Rozsa en noviembre del 2008. ¿Quién fue exactamente ese proveedor de armas? ¿Fue un civil o fue un militar?
Mas la historia no termina ahí…

Dirk Schmidt, Sacha Llorenti y los menonitas

Llorenti y su asesor jurídico Fernando Rivera redactaron en junio del 2010 una Resoluciòn Ministerial destinada a extorsionar a los menonitas con la colaboración de Dirk Schmidt.

Llorenti y su asesor jurídico Fernando Rivera redactaron y emitieron en junio del 2010 una ilegal Resolución Ministerial destinada a extorsionar a los menonitas, contando con la colaboración del alemán Dirk Schmidt.

En julio del año 2010 el alemán vuelve a aparecer en los titulares de la prensa nacional, esta vez como funcionario del Ministerio de Gobierno, trabajando bajo las órdenes del ministro Sacha Llorenti y el viceministro Gustavo Torrico. Dirk Schmidt portaba credenciales oficiales como agente de Inteligencia de dicho Ministerio (en una situación similar a la del empresario pandino Mauro Vásquez Guerra, acusado de narcotráfico y sicariato, a quien, a fines del 2008, el ministro Sacha Llorenti le había facilitado incluso una credencial que le autorizaba oficialmente a “Mauro” portar armas en operativos encubiertos).
Dirk Schmidt se vio involucrado en una extorsión contra la comunidad menonita que fue denunciada por el entonces ministro de la Presidencia Oscar Coca y la entonces directora nacional de Migración María René Quiroga. Según lo investigado, la red extorsiva fue montada por el propio Sacha Llorenti a partir de una Resolución Ministerial que redactó el abogado Fernando Rivera, con la cual se había anulado un Decreto Supremo de 1998 que otorgaba a los menonitas una Tarjeta de Regulación Migratoria con Permanencia Indefinida. Llorenti anuló ese Decreto con una Resolución Ministerial (norma de menor jerarquía) emitida por ese Ministro el 15 de junio del 2010 eliminando la Tarjeta de Residencia Permanente para los menonitas; la nueva regulación migratoria les permitía una permanencia temporal de solamente dos años, además de imponer la obligatoriedad, incluso para los residentes menonitas más antiguos, de tramitar y actualizar pasaportes; los menonitas que incumplan esa nueva norma serían multados y además deportados. Con esa Resolución Ministerial Sacha Llorenti creó un esquema “legal” de extorsión permanente contra los menonitas. Oscar Coca y María René Quiroga echaron un grito al cielo ante semejante desfachatez del Ministro de Gobierno y sus secuaces, entre los que figuraba el alemán Dirk Schmidt oficiando como intermediario de los menonitas extorsionados.
Cuando aquel caso llegó a conocimiento del Ministerio Público, Dirk Schmidt se defendió a través del abogado Otto Ritter (dirigente y ex concejal de FSB que en los años 90’ ganó notoriedad como defensor del italiano Marco Marino Diodato). El alemán alegó que era un subordinado de Sacha Llorenti y Gustavo Torrico, insinuando que ambas autoridades eran los cerebros principales de la extorsión a los menonitas. Sacha Llorenti eludió la sindicación difundiendo a los cuatro vientos los antecedentes de Schmidt en el trámite de extradición del gobierno alemán; y lo acalló ordenando el allanamiento de sus haciendas, en una de las cuales fue confiscado un cuantioso arsenal militar. Al mismo tiempo, Llorenti se deshizo de Torrico descargando sobre su Viceministro toda la responsabilidad de la extorsión a los menonitas.
Dirk Schmidt y Gustavo Torrico juntos en una audiencia judicial por el caso de los menonitas, en agosto del 2010. | Foto La Prensa

Dirk Schmidt y Gustavo Torrico juntos en una audiencia judicial por el caso de los menonitas, en agosto del 2010. | Foto La Prensa

El 8 de julio del 2010, luego de que la Policía por órdenes de Sacha Llorenti incautara un arsenal en su hacienda de Tarumatú, en el municipio de Porongo, Dirk Schmidt fue imputado bajo los cargos de “Alzamiento Armado, Sedición y Organización Criminal”, por lo que fue encarcelado en el penal de Palmasola donde estuvo recluido hasta diciembre del 2012.
Al salir de la cárcel Schmidt reiteró que el plan de extorsión a los menonitas fue una idea de Sacha Llorenti, junto a su asesor jurídico Fernando Rivera, quien dirigió similar extorsión contra el norteamericano Jacob Ostreicher un año después del caso de los menonitas. (Es indudable que si el presidente Evo Morales hubiese destituido a Sacha Llorenti cuando Dirk Schmidt lo acusó en el 2010 por lo de los menonitas, lo de Ostreicher jamás hubiera sucedido).
Gustavo Torrico renunció a su cargo de Viceministro de Régimen Interior una semana después del encarcelamiento de Schmidt; el caso de la extorsión a los menonitas quedó sin esclarecerse y Sacha Llorenti continuó siendo el Ministro favorito de la Presidencia.
Las armas confiscadas a Dirk Schmidt en julio del 2010 quedaron bajo custodia de la Octava División del Ejército, en Santa Cruz, igual que las armas incautadas a Blas Valencia nueve años antes, en diciembre del 2001.

El jefe de la Utarc entregó las armas a Rozsa

Eduardo Rozsa Flores en esta foto tomada en marzo del 2009,  junto a dos infiltrados en su entorno íntimo: a su izquierda Ignacio Villa Vargas, del Ministerio de Gobierno, y a su derecha el capitán Walter Andrade, jefe de la Utarc, que recibía órdenes de la Embajada norteamericana. | Foto Archivo

Eduardo Rozsa Flores en esta foto tomada en marzo del 2009, junto a dos infiltrados en su entorno íntimo: a su izquierda Ignacio Villa Vargas, del Ministerio de Gobierno, y a su derecha el capitán Walter Andrade, jefe de la Utarc, que recibía órdenes de la Embajada norteamericana. | Foto Archivo

Rozsa le negaba al prefecto Rubén Costas el mando político en el movimiento insurgente para “independizar” a Santa Cruz. El mercenario exigía concentrar para sí el mando político y militar del movimiento; mientras Costas exigía detentar el mando civil aceptando el mando militar de Rozsa. El mercenario que llegó de los Balcanes decía que en una guerra de guerrillas urbana, mando político y mando militar no podían estar separados y en todo caso “lo político se subordina a lo militar”.

Este hombre está loco”, dijo Rubén Costas en una reunión decisiva del grupo La Torre. Los más  cautos de esa organización local que articulaba la «oposición cívica» al régimen de Morales comenzaban a arrepentirse de haber propiciado la llegada del mercenario.

El comandante Rozsa exigía dos millones de dólares para equipar un ejército especialista en Guerra Urbana, con indumentaria de última generación, visores nocturnos con rayos laser, localizadores GPS y el armamento más sofisticado que incluía misiles y tanquetas. Se halló en su computadora registros de visitas a portales de la web especializados en la venta de ese tipo de material bélico.

La posición de Costas se impuso en el grupo La Torre. Decidieron apartarlo. Pesó en esa decisión el temperamento del propio Rozsa. Se lo veía excedido en tragos en ciertas reuniones sociales hablando más de lo debido, jactándose de la magnificencia de su plan bélico. El guión ya estaba escrito antes de su llegada a Bolivia: filmaría la segunda parte de su película “Chico” con él de héroe épico en medio de un baño de sangre real, con extras muertos de verdad. Santa Cruz en guerra contra Evo Morales sería su gran set. Y no dejaba de despotricar contra el Prefecto de Santa Cruz, que frenó la locura. Más que eso. Según testificó  Juan Carlos Guedes Bruno, Rozsa había manifestado se deseo de asesinar a Rubén Costas para apartarlo de su camino. “Más vale un cojudo mártir que un maricón vivo”, habría dicho, según Guedes.

En otros episodios, se lo ve a Rozsa en tremendos líos personales por conseguir armas. “No saben con quién se están metiendo”, le amenaza telefónicamente a Alcides Mendoza Mazabe, un integrante de la Unión Juvenil Cruceñista que le había vendido una Brenon 9 milímetros, a medio uso, sin su caserina. El arma pertenecía a un capitán del Ejército. Según Mendoza, la caserina estaba siendo reparada en una armería ubicada en el Mercado Mutualista y Rozsa, que se presentaba con el alias de “Germán”, se desesperó por la tardanza.

En varios emails, así como en sus mensajes a Istvan Belovai, Rozsa celebra haber tomado contacto con jefes de las FF.AA. y de la Policía Boliviana que le prometieron conseguirle armas.

A mediados de marzo del 2009, el jefe de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), capitán de Policía Walter Andrade, logra infiltrarse en el entorno íntimo de Eduardo Rozsa con ayuda de un agente de la Embajada norteamericana, un portorriqueño que se hace llamar “El Diablo», quien los presenta. El policía adiestrado por instructores norteamericanos en los tiempos de Sánchez de Lozada y el mercenario que vino a balcanizar Bolivia se hicieron muy amigos y hablaban de armamentos permanentemente. Esta fue una de las más letales de las infiltraciones que penetró en el esquema íntimo de Rozsa con el pretexto de proveerle armas.

Según un otro infiltrado, Ignacio Villa Vargas que oficio como chofer personal del mercenario, el policía Walter Andrade —que el 16 de abril al mando de la Utarc es quien ejecuta a Rozsa en el Hotel Las Américas— es también quien provee al grupo mercenario un importante lote de armas de uso militar, y son las mismas armas halladas tanto en el dormitorio de Rozsa como en el stand de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos de Santa Cruz (Cotas) donde el mercenario instaló su “cuarto de guerra”.

Si es cierto lo que afirma el coronel Germán Cardona, hoy autoexiliado en España, sobre las armas que el Ministro de la Presidencia habría extraído de la Octava División de Ejército el 9 de marzo del 2009, es poco probable que ese material bélico hubiera sido “sembrado” en el stand de Cotas con posterioridad a la muerte de Eduardo Rozsa Flores, Michael Martin Dwyer  y Arpad Magyarosi; pues hay testigos, como el mismo Ignacio Villa Vargas, que aseguran haber visto esas armas en dicho recinto mucho antes de la matanza del 16 de abril.

Si Cardona no miente y demuestra haciendo público el inventario que dice tener (hasta hoy no lo hizo), que las armas recogidas de la Octava División por Quintana son las mismas halladas en el stand de Cotas y en las habitaciones del Hotel Las Américas, lo más probable es que esas armas fueron entregadas a Rozsa, el mismo mes de marzo, por el capitán Walter Andrade, el jefe de la Utarc. Es decir, Quintana sacó las armas de la Octava División el 9 de marzo, se las dio a Andrade, y el infiltrado las entregó a Rozsa. No hacía falta “sembrar” nada. Luego Andrade lo mató en abril arguyendo un enfrentamiento armado que nunca ocurrió.

PRÓXIMA ENTREGA: ¿POR QUÉ LA CIA ORDENÓ A LA UTARC MATAR A ROZSA?

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