Indígenas de Madre de Dios cuestionan plan para combatir minería ilegal en la Amazonia peruana
El panorama en Puerto Maldonado es desolador: calles llenas de basura, piedras, palos, bloques de cemento, llantas quemadas y cenizas por todas partes, luego de 20 días de huelga indefinida en Madre de Dios contra las medidas tomadas por el Ejecutivo para combatir la minería ilegal y el narcotráfico…
Unos dos mil indígenas de diversas comunidades de Madre de Dios se suman hoy a las protestas en Puerto Maldonado, informó el secretario de la Federación Nativa de Madre de Dios (Fenamad), César Augusto Jojaje. Agregó que los nativos no permitirán que el «gobierno se siga burlando de su pueblo», según informó hoy el diario La República de Lima.
La Fenamad dirigió una carta al gobierno de Ollanta Humala convocar a un Consejo de Ministros para modificar la lucha contra la minería ilegal y el narcotráfico sin vulnerar los derechos indígenas de la región.
Desde hace veinte días, las organizaciones sociales y autoridades de Madre de Dios se declararon en huelga para exigir la derogatoria del Decreto Supremo 015 que controla la venta de combustible y que, según afirman, coloca a esa región como productora de coca.
Jojaje sostuvo que la norma, aprobada para combatir la minería ilegal, no ha tomado en cuenta la realidad en que viven aquellos que no practican esa actividad como las comunidades nativas.
«No somos narcotraficantes, pero nos quieren tratar como si lo fuéramos», dijo.
Jojaje cuestionó la norma porque, dijo, obliga a las comunidades a empadronarse como consumidores de combustible para recibir una cuota, sin considerar que este elemento es vital en la selva para movilizarse, ya que no hay carreteras.
«Ese decreto es una idea de locos. No podemos aceptar. Vamos a radicalizar la huelga. Si el presidente quiere muerte, va a haber muerte como en Bagua», advirtió Jojaje, quien desde hace una semana –junto a otros dirigentes– mantiene una huelga de hambre en la plaza de armas de Puerto Maldonado.
EL CONFLICTO
Según detalla el diario digital Actualidad Ambiental Desde hace veinte días Madre de Dios está paralizada debido a la huelga de diversas organizaciones (entre ellas el Gobierno Regional). Negocios, colegios, oficinas del Estado y otros locales públicos permanecen cerrados debido a las constantes marchas.
Los manifestantes reclaman la derogatoria de los decretos supremos 015-2013 y 016-2013. El primero tiene como objetivo controlar insumos químicos para la minería, y el segundo mide la dotación de combustible en Madre de Dios, también materia importante para la extracción de minerales.
Según Inforegión, el sábado el grupo de manifestantes estaba conformado por pobladores de los distritos de Tres Islas, Laberinto, Diamante y La Pampa, así como transportistas, trabajadores de empresas privadas, comerciantes de los mercados de abastos, trabajadores estatales y hasta estudiantes universitarios.
En conversación con el periódico digital Actualidad Ambiental, algunos propios pobladores señalaron que el día de hoy algunos negocios abrieron parcialmente pero volvieron a cerrar debido a los diversos grupos que se movilizan por la ciudad de Puerto Maldonado.
Asimismo, informaron que hay escasez de alimentos y artículos de primera necesidad, debido a que el Mercado Central se mantiene cerrado. Debido a ello, algunos precios han subido y están afectando los bolsillos de los pobladores (el pollo subió hasta 15 soles).
Gobierno intensificará operativos
El alto comisionado para la Interdicción y Formalización Minera, Daniel Urresti, indicó que el Gobierno continuará con los operativos para erradicar la minería ilegal en el país y aseguró además que en julio próximo se tendrían avances palpables en la lucha contra esta actividad.
Estos operativos se concentrarán en las regiones de Madre de Dios, Cusco y Puno, donde actualmente se desarrolla el 50 por ciento de la minería ilegal en el país. En Madre de Dios, explicó, se tienen zonas como La Pampa y Huepetuhe; en Cusco, Quincemil; y en Puno, las partes altas de la cuenca de los ríos Ramis y Suches.
Urresti también resaltó que la minería ilegal es aquella que se ejecuta en zonas prohibidas, que contaminan, depredan los recursos y afecta la salud pública. Por ello, pidió no confundir los términos y aclaró que el proceso de formalización no comprende a los ilegales.
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