ESTAFAN EN PANDO CON PLANES DE VIVIENDA INEXISTENTES
La rebelión de los estafados | VIDEO
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© Redacción Sol de Pando en Cobija
El “Grupo Humanitario Bolivia”, una Organización No Gubernamental aparentemente creada para financiar y ejecutar planes de vivienda popular en diversas ciudades del país, enfrenta en Cobija una demanda judicial por el delito de estafa “con agravante de víctimas múltiples” previsto por los artículos 335 y 346 del Código Penal.
Lupe Sossa Zavala, representante legal de dicha ONG, ha sido imputada por la fiscal Blanca Elena Ardaya Vanucci y deberá comparecer a una audiencia de medidas cautelares ante el juez Elvio Bautista Blanco, quien preside el Juzgado de Instrucción Penal Segundo. La audiencia cautelar, en modo presencial, fue marcada para el próximo martes 13 de septiembre, tras la suspensión de una audiencia virtual cumplida el pasado jueves.
El staff de abogados defensores de Lupe Sossa está dirigido por el coronel retirado del Ejército, además Licenciado en Derecho, Mario Almeida Salas, quien es asimismo Coordinador Nacional del “Grupo Humanitario”.
Lupe Sossa Zavala, dirige un masivo plan de vivienda popular para poblaciones vulnerables, en condiciones legalmente cuestionables. | Foto Andrés Mario Canaviri
Sin terrenos ni voluntad real para construir las casas
La dotación de viviendas sociales para dar cobijo a sectores vulnerables de la población —que no es lo mismo a un negocio de compra-venta de casas en el mercado libre inmobiliario—, es una función que compete a la Agencia Estatal de Vivienda. No obstante, la ONG “Grupo Humanitario” usurpó esa función pública ante la ausencia de un efectivo control gubernamental en el sector.
“Esa gente ha cometido una estafa con víctimas múltiples a bajo costo, abusando la buena fe de centenares de humildes trabajadores que lo que más sueñan en sus vidas es tener una casa propia”, afirma el empresario Álvaro Pinedo Suárez, gerente propietario de UNITEL-Pando que respalda la demanda judicial.
Sossa y Almeida realizaron una operación que consistió en sonsacar dineros a los presuntos beneficiarios en montos relativamente pequeños, pero graduales, que se acumularon hasta sumar montos considerables, sin asomo alguno de viviendas sociales en el horizonte. Se estima que en todo el país la estafa supera el millón de dólares. Son casi 13.000 aportantes, a un promedio de 100 dólares por persona, en ciudades capitales y provincias de los nueve departamentos.
En Pando fueron captados 477 aportantes, de un cupo de 900 unidades habitacionales “proyectadas” por el “Grupo Humanitario”.
El Asesor y Coordinador Nacional de la ONG, Mario Almeida Salas, le había garantizado al líder empresarial Álvaro Pinedo que los inversionistas constructores de Pando serían contratados para la edificación de las viviendas. Pero las luces rojas se encendieron cuando se constató que el “Grupo Humanitario” no mostró ningún interés en comprar los terrenos respectivos.
Según confirmó Pinedo a Sol de Pando, cuatro empresarios inmobiliarios de Cobija hicieron ofertas a Sossa y Almeida para venderles terrenos urbanizados, aptos para el equipamiento habitacional. Los vendedores Ciro Villavicencio y Fabiola Justiniano ofertaron terrenos de aproximadamente 350 hectáreas y el arquitecto Dane Weer Ali les ofreció un predio de 900 hectáreas; antes de ellos el propietario Juan Carlos Hurtado Pisco había iniciado tratos con Benjamín Duarte, representante de los 477 aportantes, para asentar la futura urbanización en la zona San Sebastián de Avaroa. Ninguna de aquellas ofertas interesó a la ONG y en respuesta Sossa y Almeida apartaron del esquema a Duarte, bloqueando toda posibilidad de comprar los terrenos imprescindibles para ejecutar cualquier plan de vivienda social.
La figura de estafa se tornó más evidente, cuando los aportantes exigieron a Sossa y Almeida exhibir la personería jurídica de la ONG. Aquel documento legal tampoco ha sido acreditado anta la Fiscalía de Cobija durante la investigación policial de la sospechada estafa.
En septiembre del pasado año 2021, representantes del “Grupo Humanitario” fueron arrestados por la Policía de Potosí, al mando del coronel José Miguel Álvarez, precisamente porque no habían acreditado su personería jurídica cuando se disponían a recaudar fondos en el municipio de Llallagua.
Lupe Sossa enfrenta en Santa Cruz otra querella judicial por estafa, interpuesta por los ciudadanos Guillermo Salcedo Rodríguez y Gladys Moreno Méndez. | Foto Sol de Pando
El depredador e inmoral modus operandi de los acusados
“Somos alrededor de 12.670 beneficiarios en todo el país”, asegura Andrés Mario Canaviri, trabajador por cuenta propia de la ciudad de El Alto, quien, tras haber colaborado con Sossa y Almeida promoviendo el plan de vivienda “humanitario” en sectores populares de la urbe aymara, hoy es un aguerrido denunciante de aquello que está convencido es una gran estafa piramidal.
En El Alto, los aportantes han sido reclutados gremialmente, a través de sus líderes y dirigentes. Figuran como “beneficiarios” del “Grupo Humanitario” afiliados de la Fejuve, de las federaciones de Bandas Folclóricas, de Heladeros, Vendedores de Ropa Americana, Payasitos, Lustrabotas, los Ponchos Rojos, etcétera, según los datos que proporciona Canaviri.
Los “humanitarios” han ideado un mecanismo eficaz para controlar y manipular a sus víctimas, mediante una denominada “Asociación Nacional de Beneficiarios” conocida por la sigla “ASONABE”, con un directorio inicialmente conformado por reconocidos líderes sociales y gremiales, a quienes Sossa delegará la función de recaudar los fondos que serán depositaos a su cuenta personal. Cuando los recaudadores —que a la vez son directivos de las ASONABE locales— descubren la estafa, éstos son destituidos de facto y reemplazados por nuevos directivos leales a Sossa y Almeida, que seguirán recaudando en su avidez de enriquecimiento ilícito. Los directivos destituidos son acusados de haber cometido la estafa que ellos descubrieron, con la calumnia de haberse apropiado del dinero de los aportantes. Los nuevos directivos designados por Sossa y Almeida crearán nuevos grupos de aportantes y en ese reciclaje desalmado el beneficio de la vivienda prometida será una eterna ilusión.
Pero además, curioso dato, Sossa Savala se esmera en vincular calumniosamente a los ex directivos de las ASONABE´s con una organización que ninguno de ellos conoció nunca en su vida; el llamado “Proyecto Solidario Redención”, ligado a unos supuestos mafiosos colombianos prófugos según propala la misma Sossa, y con quienes ella misma habría mantenido una sórdida sociedad en un pasado inmediato. Más curioso aún, Lupe Sossa firma los recibos por el dinero que le entregan los recaudadores, en unos papeles que llevan el membrete de un misterioso “Grupo de Ayuda Mundial Redención”.
Ciudadanos honestos que han caído en aquella red sinuosa mordiendo el anzuelo del sueño de la vivienda propia, y que fueron usados por Sossa y Almeida como vulgares recaudadores de dinero pobre, le han declarado la guerra a esa organización dolosa en todo el país: Andrés Mario Canaviri en El Alto, Guillermo Salcedo y Gladys Moreno Méndez en Santa Cruz, las hermanas Paniagua Rodríguez en Cochabamba, entre los más visibles.
Sin embargo, es en Pando donde la estafa se ha visibilizado mucho más allá de la simple presunción, gracias a la lucidez de los líderes locales que se tropezaron con Sossa y Almeida. “No sólo hemos documentado los pagos que le hemos efectuado a Lupe Sossa centavo a centavo, ni sólo hemos desenmascarado el engaño de habernos hecho creer inicialmente que las viviendas serían gratuitas para los más necesitados; también hemos demostrado que estos estafadores no tienen ningún interés en construir las casas porque se han negado a comprar los terrenos que nosotros habíamos localizado hablando seriamente con los vendedores”, dice el sindicalista Benjamín Duarte Salvatierra, quien fue “destituido” del directorio de ASONABE-Pando por Sossa y Almeida.
“Dicen que el juicio que les hemos entablando es la causa por la cual se está paralizando la construcción de viviendas en todo el país; nos quieren culpar de su estafa de un modo grotesco y ridículo; primero que muestren al país dónde están los terrenos para construir las casas que prometen”, comenta la co-querellante Lenny Roca, prestigiosa activista de los Derechos Humanos en Cobija.
Mario Almeida Salas junto a Lupe Sossa Zavala, en Cobija, durante una asamblea con los aportantes a un plan de vivienda que carece de terrenos requeridos para la construcción. | Foto Sol de Pando
Un amigo militar de Arturo Murillo en la cresta de la ola
El militar y abogado Mario Almeida Salas, principal asesor y socio de Lupe Sossa Zavala, además Coordinador Nacional del “Grupo Humanitario”, cobró notoriedad pública durante el régimen de Jeanine Añez colaborando con el entonces ministro de Gobierno Arturo Murillo, en un plan para impedir las elecciones del 20 de octubre de 2020 y forzar la permanencia indefinida de Añez en el poder. Sin embargo Murillo y Almeida fracasaron en ese afán de regresión política.
Tras el triunfo electoral del binomio Luis Arce – David Choquehuanca, Mario Almeida lanzó un pronunciamiento oponiéndose a la posesión de los nuevos mandatarios electos, a la vez que exigía la clausura del Parlamento Nacional y la entrega del mando gubernamental a las Fuerzas Armadas, mediante una junta cívico-militar.
Se tienen indicios de que Almeida comenzó a desarrollar su “plan de vivienda humanitaria” durante el gobierno de Jeanine Añez con el propósito político de crear una “base social” para sustentar el continuismo fascista de aquel régimen.
