Un policía y un fiscal hacen desaparecer pruebas de García Mérida
García Mérida ingresó al país clandestinamente usando un disfraz de sacerdote para abordar un vuelo de Cobija sin ser detenido, ante a una orden de aprehensión librada por la Fiscalía de La Paz en mayo de 2016. | Foto Sol de Pando
El periodista Wilson García Mérida, Director de este medio informativo, denunció ante el Tribunal Primero de Sentencia de Cochabamba que un agente policial y un fiscal hicieron desaparecer pruebas de descargo que presentó dentro un proceso en su contra, recientemente reabierto “de oficio” por el Ministerio Público.
“La Policía y la Fiscalía han hecho desaparecer tres pruebas fundamentales que entregué formalmente a la Fiscal Dra. Cynthia Prado antes de mi audiencia cautelar el 31 de agosto del 2013” —señala el periodista mediante un memorial de Defensa Material presentado cinco años después, el pasado 30 de agosto. El responsable de esa irregularidad, afirma, “es el fiscal Edwin Iriarte Terrazas, en concomitancia con el policía asignado al caso Sebastián Valverde Cardozo”.
Entre las pruebas desaparecidas, especifica “la Factura emitida por la aerolínea BOA constando el envío hacia la ciudad de Cobija de un paquete con 100 ejemplares de Sol de Pando, remitido por mi persona al promediar las 18:30 horas; luego de lo cual, aprovechando la salida de mi domicilio (que evito por razones de seguridad) me dirigí a hacer las entregas entre mis distribuidores habituales”.
También denuncia la desaparición de “la montura de mis lentes que fueron destruidos, con los vidrios rotos, cuando fui agredido físicamente por un policía en dependencias de la Felcc, en presencia del camarógrafo de ATB, siendo pateado y revolcado en el piso, causándome severos daños en las costillas y el abdomen. Denuncié esa agresión a la misma fiscal Cynthia Prado, quien emitió una orden de Examen Forense que la Policía se negó a hacer cumplir”.
Hace cinco años, según narra en su memorial de Defensa Material, García Mérida fue interceptado por una patrulla de Migración cuando el director del periódico pandino se encontraba entregando ejemplares de Sol de Pando (que se imprime en esta ciudad) entre sus distribuidores de Cochabamba, tras remitir un paquete a Cobija desde el aeropuerto Jorge Wilstermann. Al momento de interceptarlo, dicha Patrulla de Migración le exigia identificarse como si se tratase de un “súbdito extranjero”.
Tras negarse a mostrar su pasaporte alegando que era ciudadano y periodista boliviano, los funcionarios de Migración ordenaron su arresto con uso de fuerza pública y se produjo un altercado con el policía encargado de detenerlo, a raiz de lo cual, según consta en el expediente, el entonces viceministro Jorge Pérez, “operador” de Quintana em el Ministerio de Gobierno, instruyó al entonces Comandante Departamental de la Policía, Edgar Suárez Balderrama, y a la Directora Regional de Migración, Aleza Mishel Núñez, querellarse contra el periodista bajo los cargos de “resistencia a la autoridad y lesiones graves”.
El periodista tuvo que salir desterrado al Brasil en mayo del 2016 a raiz de una otra querella por “sedición” que le instauró en La Paz el entonces ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, habiéndose librado un mandamento de aprehensión cuando se encontraba trabajando en Cobija, motivo por el cual se refugió en Rio Branco. Recientemente ingresó al país en forma clandestina para asumir defensa y exigir que el caso sea derivado al Tribunal de Imprenta. En respuesta, el Ministerio Público reactivó “de oficio” el juicio de Migración iniciado en Cochabamba el 2013.
El Director de Sol de Pando asume su Defensa Material (sin abogado), permitido por el Código de Procedimiento Penal, debido a que la abogada de Defensa Púbica designada puso como condición que se someta a juicio abreviado (admitiendo culpabilidad a cambio de pena leve). Pide al juez se regularice su derecho irrenunciable a contar con una defensa técnica que el Poder Judicial provee. “No estoy en condiciones económicas para contratar un abogado privado en este absurdo asunto, ni lo voy a hacer, porque tendría que quitarles el pan a la boca de mi hijos”, afirma García Mérida.
“Recuerden señorías que interferir en el desempeño de la labor periodística impidiendo la circulación de un periódico es un delito tipificado por los artículos 296 y 303 del Código Penal (CP); y que la supresión y destrucción de documentos y pruebas judiciales es un delito tipificado por el artículo 202 del mismo CP”, afirma el Director de Sol de Pando en el memorial redactado por él mismo.
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