A un año del juicio de Quintana por delito de “sedición” contra el periodista García Mérida
El periodista Edgar Ramos Andrade, representante legal en Bolivia de Reporteros sin Fronteras, se presentó ante la Fiscalía de La Paz exigiendo transparentar la querella por “sedición” contra el periodista Wilson García Mérida, desterrado en el Brasil por esa causa. | Foto RSF-Bolivia
García Mérida está desterrado gracias a que el Ministerio Público admitió, en lugar de desestimar, la querella de Quintana en un insólito acomodo de un delito de seguridad del interior del Estado en derechos de participación en democracia como son la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la comunicación, derechos tutelados por el artículo 137 de la Constitución Política del Estado, incluso en estados de excepción. Quintana optó, con la ayuda de un Fiscal, por llevar a García Mérida a un terreno donde pesa el poder y no la razón…
Texto original publicado el 10 de mayo, 2017, en el portal RimayPampa
El periodista Andrés Gomez, Director de RimayPampa, pide al gobierno del Presidente Evo Morales “garantizar los derechos del ciudadano boliviano Wilson García Mérida para que retorne al país; y convoca a las organizaciones de periodistas y derechos humanos a defender la libertad de expresión, cuya función democrática la convierte en una condición necesaria para prevenir el arraigo de sistemas autoritários”. | Foto Archivo
Hace un año como hoy, 10 de mayo, el periodista Wilson García Mérida recibía una “citación para imputado” y dos días después se refugiaba en Brasil, donde permanece hasta la fecha. Su decisión fue asumida después de que el entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, le inició un proceso judicial por sedición, figura penal no aplicable a casos de libertad de expresión.
«El ministro Quintana celebró el Día del Periodista iniciándome hoy un juicio por sedición. El muy cobarde hizo entregar el comparendo a mi madre. Debo presentarme este 11 de mayo ante la Fiscalía de Cochabamba. Veré si le doy gusto al mentor de Gabriela Zapata», escribió ese día el periodista en su muro de Facebook.
Desde entonces, García Mérida está desterrado gracias a que el Ministerio Público admitió, en lugar de desestimar, la querella de Quintana en un insólito acomodo de un delito de seguridad del interior del Estado en derechos de participación en democracia como son la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la comunicación, derechos tutelados por el artículo 137 de la Constitución Política del Estado, incluso en estados de excepción.
El artículo 123 del Código Penal tipifica la sedición como el hecho de alzarse “públicamente y en abierta hostilidad para deponer a algún funcionario o empleado público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes, decretos o resoluciones judiciales o administrativas, ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de los particulares o trastornar o turbar de cualquier modo el orden público”. ¿En qué momento hizo todo esto Wilson García Mérida?
Lo que hizo García Mérida fue interpretar, opinar e informar. Si el exministro Quintana se sintió afectado por alguna de las publicaciones del periodista, tenía y tiene a disposición los mecanismos establecidos por normas nacionales e internacionales, entre ellas el artículo 106.II de la Constitución que establece el derecho a la rectificación y a la réplica; y el artículo 14.1 y 14.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que también estipula el derecho de rectificación o respuesta.
Pero, Quintana optó, con la ayuda de un Fiscal, por llevar a García Mérida a un terreno donde pesa el poder y no la razón, al menos desde hace 11 años. De este modo, desconoció que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos protege de manera especial “el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones” por su importancia para la consolidación, funcionamiento y preservación de la democracia.
En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que la libertad de expresión es una de las formas más eficaces de denuncia de la corrupción; y ha señalado que en el debate sobre asuntos de interés público, “se protege tanto la emisión de expresiones inofensivas y bien recibidas por la opinión pública, como aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos”.
En el aeropuerto «Plácido de Castro» de Rio Branco, partiendo la noche del 28 de noviembre, siendo evacuado con rumbo a Brasilia. | Foto Sol de Pando
En consecuencia, las informaciones y opiniones referidas a asuntos de interés público y al Estado gozan de mayor protección bajo la Convención Americana, lo cual implica que un gobierno debe abstenerse de establecer limitaciones, y “los funcionarios, en razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, deben tener un mayor umbral de tolerancia ante la crítica”.
En forma conexa, la jurisprudencia interamericana ha explicado, en este sentido, que “la libertad de expresión otorga, tanto a los directivos de medios de comunicación como a los periodistas que trabajan en ellos, el derecho de investigar y difundir por esa vía hechos de interés público; y ha explicado que el procesamiento de personas, incluidos periodistas y comunicadores sociales, por el mero hecho de investigar, escribir y publicar información de interés público, viola la libertad de expresión al desestimular el debate público sobre asuntos de interés para la sociedad y generar un efecto de autocensura”.
En cualquier caso, subraya el Sistema Interamericano sobre Derechos Humanos, “si se presenta un abuso de la libertad de expresión que cause un perjuicio a los derechos ajenos, se debe acudir a las medidas menos restrictivas para reparar dicho perjuicio: en primer lugar, al derecho de rectificación o respuesta consagrado en el artículo 14 de la Convención Americana; si ello no bastare, y se demuestra la existencia de un daño grave causado con la intención de dañar o con evidente desprecio por la verdad, podría acudirse a mecanismos de responsabilidad civil que cumplan con las condiciones estrictas derivadas del artículo 13.2 de la Convención Americana”.
“Finalmente, respecto a la utilización de mecanismos penales, resulta relevante mencionar que tanto la CIDH como la Corte Interamericana han considerado, en todos los casos concretos que han sido objeto de su estudio y decisión, que la protección de la honra o reputación de funcionarios públicos, políticos o personas vinculadas a la formación de las políticas públicas mediante el mecanismo penal —a través del procesamiento o condena penales de quienes se expresan bajo los tipos penales de calumnia, injuria, difamación o desacato— resultaba desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática”, fundamente el Sistema Interamericano que ni siquiera contempla como una lejana posibilidad el delito de sedición.
Por tales razones, RimayPampa pide al gobierno del Presidente Evo Morales garantizar los derechos del ciudadano boliviano Wilson García Mérida para que retorne al país; y convoca a las organizaciones de periodistas y derechos humanos a defender la libertad de expresión, cuya función democrática la convierte en una condición necesaria para prevenir el arraigo de sistemas autoritarios.
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MENSAJE DIRIGIDO AL EMAIL DE JUAN RAMÓN QUINTANA
La campaña emprendida por Edgar Ramos de RSF-Bolivia
“Estuve en la Fiscalía de La Paz que atiende tu caso por ’Sedición’ (Fiscal a cargo Dra. Lilian Calderón). No me permiten ver el Cuaderno de Investigaciones porque debo apersonarme. Hablé brevemente con la Fiscal, y me dijo dos cosas: 1) El proceso está vigente, sin embargo está como “abandonado” porque querellado-querellante no impulsan su avance; 2) Se mantiene la Orden de Aprehensión contra ti porque aparentemente nadie la revocó…”
La citación judicial enviada por Quintana desde La Paz a Cochabamba y no a Cobija, el 10 de mayo del 2016. “En caso de desobediencia se emitirá Mandamiento de Aprehensión“, advierte. | Foto Sol de Pando
Este 10 de mayo de 2017, Día del Periodista Boliviano se cumple un año del exilio del periodista Wilson García Mérida, director del periódico “Sol de Pando” de Cobija (extremo norte) quien se vio forzado a salir al Brasil por una Orden de Detención emitida por la Fiscalía de La Paz, a denuncia penal del Gobierno de Bolivia.
Ya en octubre de 2012, el periodista Wilson García Mérida tuvo que salir al Brasil (autoexilio) debido a que sus Reportajes incomodaban al Ministerio de la Presidencia. El 4 de septiembre de 2013, el Comando departamental de Policía de Cochabamba, interpuso ante la Fiscalía una denuncia por “Intento de Homicidio” contra el periodista Wilson García Mérida. La Policía y Migración lo denunciaron a su vez como “extranjero indocumentado”.
El 10 de mayo de 2016, el Ministerio de la Presidencia presentó en La Paz una denuncia contra el periodista Wilson García Mérida, por supuestos delitos de “Coacción”, “Amenazas”, “Sedición” y otros, por publicaciones en el periódico “Sol de Pando”. La Fiscalía emitió la Orden de Detención contra el periodista García (Caso 4210/2016).
Desde entonces, el periodista Wilson García Mérida, está exiliado en Brasil. La Orden de Detención está vigente y el proceso de investigación en curso, en el despacho de la Fiscal Dra. Lilian Calderón.
“Sol de Pando” publicó varios reportajes, sobre el destierro de la etnia Pacahuara (en Pando) y vinculaciones del narcotraficante Mauro Vásquez con autoridades del gobierno central.
Por ello, Reporteros sin Fronteras y otros organismos de defensa de periodistas exigieron al Ministerio de la Presidencia REVOCAR la Orden de Detención contra el periodista Wilson García Mérida, porque su denuncia por presunto delito de Sedición es PENAL, originada en PUBLICACIONES DE PRENSA y su tratamiento debe ser mediante Tribunal de Imprenta, de acuerdo con la Ley de Imprenta.
El periodista Wilson García Mérida tiene derecho a vivir, y a trabajar en su país, como manda la Constitución Política del Estado.
El documento emitido por Reporteros Sin Fronteras-Latinoamérica
Según un informe elaborado por los representantes de RSF para América Latina, Emmanuel Colombié y Artur Romeu, García Mérida, periodista de investigación, articulista comprometido y crítico, señaló en sus textos que existía una red criminal de tráfico humano y prostitución entre Bolivia y Brasil, en la que estaría implicado Quintana. Por otra parte, el Ministro acusado debe aclarar los motivos de esta acusación de sedición mostrando pruebas. De lo contrario, la acusación debe ser retirada, para que no se sume a la larga lista de maniobras gubernamentales efectuadas para hacer callar a la prensa crítica…
Los periodistas Emmanuel Colombié y Artur Romeu en Rio de Janeiro, diciembre del 2015, cuando se inauguró el despacho para América Latina de Reporteros sin Fronteras, organización no gubernamental con sede en París, Francia. | Foto RSF
El 10 de mayo de 2016 el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, acusó de sedición al periodista Wilson García Mérida, director del diario Sol de Pando, sin mostrar un motivo válido. Entonces, el abogado de García Mérida intentó aplazar la fecha de la comparecencia para obtener más información sobre el proceso y, sobre todo, para conocer los cargos presentados por Quintana. Fue en vano. Tras esa denegación de la justicia, el periodista se vio obligado a huir a Brasil, donde se encuentra exiliado desde hace seis meses, pues esta acusación dio lugar a una orden de arresto, dictada el 16 de mayo.
García Mérida, periodista de investigación, articulista comprometido y crítico, señaló en sus textos que existía una red criminal de tráfico humano y prostitución entre Bolivia y Brasil, en la que estaría implicado Quintana.
“Reporteros sin Fronteras hace un llamado a la justicia boliviana para que anule lo antes posible la orden de arresto dictada contra García Mérida”, señaló Emmanuel Colombié, responsable del Despacho América Latina de RSF. “Por otra parte, Ramón Quintana debe aclarar los motivos de esta acusación de sedición mostrando pruebas. De lo contrario, la acusación debe ser retirada, para que no se sume a la larga lista de maniobras gubernamentales efectuadas para hacer callar a la prensa crítica”, añadió.
García Mérida, con quien RSF está en contacto desde que salió de Bolivia, desea ante todo regresar a su país y volver a ver a su familia. Los abogados de La Paz con los que se puso en contacto le señalaron que padecieron presiones y que intentaron intimidarlos para que no se hicieran cargo de su caso. Pese a estas dificultades, actualmente el periodista lucha desde el norte de Brasil para anular la orden de arresto dictada contra él, y presentar un recurso legal por inconstitucionalidad para demostrar que la querella no cumple los preceptos constitucionales del régimen democrático boliviano.
No es la primera vez que la actividad periodística de García Mérida se ve perjudicada por acciones del gobierno. En 2011, Quintana ordenó a todas las entidades estatales retirar la publicidad de Sol de Pando. En 2012 ordenó que se confiscaran 2.000 ejemplares impresos de Sol de Pando y desmanteló su red de distribuidores de periódicos en la ciudad de Cobija.
Bolivia se encuentra en el lugar 97, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa publicada por RSF en 2016.
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