EN BOLIVIA EXISTEN CASOS DE TRÁFICO HUMANO QUE EL GOBIERNO NO ACLARÓ

Al fondo de la composición, el domicilio de una diputada donde funciona un lenocinio ofreciendo servicios sexuales de jóvenes brasileñas. En esa misma vivenda el ministro Quintana montó la casa de campaña por el “Si” para el Referéndum Constitucional en febrero de 2016 | Fotomontaje Sol de Pando

Bolivia apunta a convertirse en una meca de la prostitución trasnacional en Sudamérica, contradiciendo el discurso ético y revolucionario del gobierno plurinacional. | Foto Policía Federal
Estados Unidos «no tiene la autoridad moral ni legal para certificar o descertificar a ningún Estado soberano. Bolivia rechaza enérgicamente el intento de ese país de pretender mellar nuestro compromiso en contra de la trata y tráfico de personas”, expresó en la víspera el presidente Evo Morales mediante su cuenta de Twiter, en respuesta a la decisión del Gobierno norteamericano de incluir a nuestro país, junto con Birmania, en una lista de Estados que no hacen lo suficiente para combatir un delito tipificado por Naciones Unidas de lesa humanidad.
Según la información oficial, Estados Unidos asegura que el Gobierno del presidente Evo Morales «no financió suficientemente» su plan nacional contra el tráfico de personas y, además, «no dedicó los recursos necesarios al enjuiciamiento de los culpables de esos crímenes y la protección de sus víctimas«. El documento observa también que «Bolivia no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación del tráfico de personas y no demostró un aumento general en sus esfuerzos para hacerlo en comparación con el periodo anterior”.
Una denuncia periodística no esclarecida por el Gobierno
Durante las últimos años vinieron surgiendo en el país persistentes denuncias sobre tráfico y trata de personas, con desaparición de las víctimas en varios casos, especialmente en el ámbito de la esclavización sexual de mujeres nativas de Bolivia y de países vecinos, las mismas que además son utilizadas para el tráfico local e internacional de cocaína.
El 19 de diciembre de 2016, Sol de Pando publicó una investigación en el destierro estableciendo una red de trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual, organizada por una banda ligada al narcotráfico, encabezada por el empresario de la vida nocturna Franklin Iván Mendoza Doria Medina y la diputada de Pando Eva Humérez Alvis.
Se descubrió que jóvenes vulnerabilizadas por la crisis económica del Brasil son transportadas a Bolivia desde la ciudad de Rio Branco, capital del Estado do Acre, mediante un circuito de prostíbulos establecidos en las ciudades bolivianas de Cobija, Santa Cruz y La Paz, y Arica en Chile. La investigación halló que la red, dentro el territorio boliviano, tiene una punta de ovillo en un establecimiento propiedad familiar de la citada diputada, apoyada y protegida por el entonces ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, actual Embajador del Estado Plurinacional.
La investigación también realizada en Rio Branco, halló que las muchachas acreanas trasladadas a Bolivia, además de sufrir esclavización sexual, son utilizadas por los proxenetas para el micro-tráfico de cocaína dentro los establecimientos, así como para el tráfico de la droga hacia Europa, siendo usadas como «mulas» embarcadas desde el aeropuerto internacional de Santa Cruz, una actividad criminal que es especialidad de Franklin Mendoza Doria Medina.
BRASILEÑAS EN MIRAFLORES | Prueba audiovisual obtenida durante la investigación de Sol de Pando
Ministro de Gobierno conoce el caso y no hizo nada
El 24 de enero de 2017, desde nuestro destierro en Rio Branco, Sol de Pando hizo llegar el contenido de la investigación al Ministro de Gobierno y a su asesor de prensa, a través de la ministra de Comunicación Gisela López y del periodista Franz Chávez, encargado de la Unidad de Monitoreo de la Libertad de Prensa de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP). Sol de Pando ofreció al Gobierno entregar todas sus pruebas generadas en un trabajo conjunto con la Policía Federal del Brasil, y brindar toda la cooperación requerida para el desmantelamiento de aquella red criminal en la frontera.
Ninguna de las autoridades interpeladas dio respuesta alguna. Los proxenetas y narcotraficantes denunciados en nuestra investigación (dos de los cuales tienen una sentencia del año 2008 en Rio Braco por el secuestro de adolescentes brasileñas que eran esclavizadas sexualmente en lenocinios de La Paz) continúan operando en un lujoso prostíbulo de la zona de Miraflores, conocido como «Avalón». Recientemente, Sol de Pando tomó conocimiento de una denuncia en sentido de que el propietario de dicho prostíbulo de «cinco estrellas» estaría siendo extorsionado por agentes del Ministerio de Gobierno y de la Alcaldía de La Paz para no ser investigado y seguir desarrollando sus actividades «con normalidad».
Aquella actitud negligente del Ministro de Gobierno no sólo favorece a la impunidad de los criminales que Sol de Pando denunció, sino que ha puesto en alto riego nuestra seguridad física, desde ya vulnerabilizada en extremo a raiz de los intentos de encarcelamiento con que somos perseguidos por fiscales del Ministerio Público dentro un juicio por «sedición» (terrorismo y conspiración para derrocar al Gobierno), que Juan Ramón Quintana activó ilegalmente en mayo del 2016, obligándonos a buscar refugio en el Brasil.
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