Data: junio 14, 2026 | 12:15
EL NARCO-CAPITALISMO BOLIVIANO | El desarrollo capitalista de la cocaína boliviana ha formado un bloque histórico con dos hitos fundamentales en la evolución empresarial de su cadena productiva: la dictadura fascista de García Meza y la autocracia estalinista de Evo Morales. En el régimen militar surgió la oligarquía aviadora exportadora camba, y durante el prorroguismo cocalero se formó una burguesía chola cocainera…
ENTRE EL URUBÓ Y EL CHAPARE: LOS DOS NARCOTRÁFICOS
García Meza revolucionó la cadena productiva de la cocaína imponiendo la cristalización de la droga en laboratorios como Huanchaca. Evo Morales dio el salto a la transformación de la hoja de coca en clorhidrato, directamente en el Chapare. | Fotomontaje Sol de Pando
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© Wilson García Mérida | COLUMNA SOPA DE MANÍ
Los “narco-madereros”, además de ser empresarios de alcurnia, son personas muy reputadas y estimadas en sus entornos sociales, gozan el prestigio de ser buenos tipos, abnegados padres de familia y pulcros benefactores. La Cámara Forestal de Bolivia los cuenta entre sus socios más ponderados. Varios de ellos ya son de la tercera edad, sobrepasan los 70 años.
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¿Merecen estos ilustres empresarios ir tras las rejas?, será la duda crucial de los jueces si llegaran a tenerlos en el estrado para aplicarles la obsoleta y corrompida Ley 1008. Lo más probable es que tendrán el beneficio de la detención domiciliaria y los casos —como siempre— quedarán sutil y paulatinamente en el olvido, judicial y mediáticamente. Y los jueces serán afortunados nuevos ricos, si no lo son ya, en su rutina prevaricadora, como siempre.
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36 empresarios “narco-madereros” —de los muchos más que hay entre afiliados y directivos del gremio forestal— pillados in fraganti en Arica, son un festín para el sistema policiaco, judicial y político que, en Bolivia, convirtió la lucha contra el narcotráfico en un eficaz mecanismo de extorsión estatal contra los inversores de la cocaína.
“LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO” COMO MECANISMO DE EXTORSIÓN
Luchar contra el tráfico de drogas, en el Estado boliviano, es el camino más expedito para el veloz enriquecimiento de policías, fiscales, jueces, magistrados, vice ministros, ministros e incluso presidentes. Los funcionarios y gobernantes corruptos —en todos los regímenes desde los años 70— son un eslabón decisivo dentro la cadena productiva del narcotráfico.
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Aquellos 36 empresarios que están en la lista negra de Arica, han destinado parte de su inversión de capital en “propinas” para la ABT, Senasag, la FELCN y las gestoras portuarias del Estado para hacer fluir sus cargas en todas las rutas. Sus socios que les proveen la cocaína para ser impregnada en los tablones, tienen arreglos bien establecidos con la DGAC. Ahora que les viene la Ley encima, abrirán el paraguas “tributando” a los investigadores policiales, al Ministerio Público y a los juzgados respectivos —mediante sus avezados abogados— para que la justicia esté de su lado. Y todos felices, como siempre.
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Tiene que cambiar este enfoque extorsivo en la querella por el excedente del narco-capital. El caso de los 36 empresarios “narco-madereros” descubiertos en Arica, que sin duda están arrepentidos, debería ser más bien una oportunidad para joderles el negocio a los jerarcas estatales de turno. Es el momento de debatir una Ley del Arrepentimiento, como en los tiempos de Saavedra Bruno —esta vez sin fallar—, para que estos empresarios destinen parte de sus utilidades a la lucha contra la extrema pobreza en el país.
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Bolivia necesita rescatar a miles de indígenas, mujeres, niños y ancianos mendigos que deambulan en nuestras ciudades bajo cruel abandono estatal, y no más despreciables nuevos ricos surgidos de la institucionalizada extorsión “anti-droga”.
En la moderna cadena productiva de la cocaína, tenemos dos clases sociales: la antigua oligarquía camba que desde los días de García Meza controla el comercio exterior con su flota aérea y una sofisticada infraestructura empresarial con su base social en los condominios del Urubó, y la nueva burguesía chola cocainera organizada en las seis federaciones cocaleras bajo control vitalicio de Evo Morales. | Fotomontaje Sol de Pando
DE GARCÍA MEZA A EVO MORALES: CLASES SOCIALES, MÁS QUE CARTELES
Esta transversalización de la cocaína, como un fenómeno propio del capitalismo boliviano, hizo que los productores y vendedores de la droga se constituyan en verdaderas clases sociales, más que simples clanes o carteles. En casi medio siglo de imbricación con el poder político corrupto, la actividad ilícita se legitimó al punto en que hoy fabricar cocaína es una de las industrias con más alto poder de efecto multiplicador y capacidad tributaria. Reducir el problema a un mero asunto policiaco, anti-mafia y represor (por tanto extorsivo), sin comprender su dimensión estructural, sólo da lugar a un sicariato latente en la querella por el excedente de ese capital.
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En la moderna cadena productiva de la cocaína, tenemos dos clases sociales: la antigua oligarquía camba que desde los días de García Meza controla el comercio exterior con su flota aérea y una sofisticada infraestructura empresarial con su base social en los condominios del Urubó, y la nueva burguesía chola cocainera organizada en las seis federaciones cocaleras que controla vitaliciamente Evo Morales. En esta misma cadena productiva, se ubica la casta política que se alterna en el poder del Estado para legitimar empresarialmente a los productores y exportadores, compartiendo las ganancias.
LA REVOLUCIÓN DE GARCÍA MEZA
Los 36 “narco-madereros” forman parte de una estirpe empresarial que se formó en el oriente boliviano durante la dictadura fascista de García Meza y Arce Gómez, cuando el régimen narco-militar decidió que Bolivia debía cristalizar la cocaína, quitándoles el monopolio de esa fase al Cartel de Cali que refinaba la pasta base elaborada, desde tiempos de Banzer, por algodoneros y ganaderos de Beni y Santa Cruz (haciendo pisar en sus haciendas las hojas de coca que salían del Chapare). Arce Gómez bloqueó ese flujo de la hoja de coca.
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El régimen de García Meza obligó al Chapare dar el salto de sólo cultivar coca a fabricar pasta base, y las “cocinas pisacocas” de Beni y Santa Cruz fueron desplazadas por laboratorios de refinación como Huanchaca. Fue una primera revolución de la cocaína. Entonces los hacendados crearon una casta de aviadores (con instructores que piloteaban los Curtis DC-3 llevando carne del Beni a las minas) encargados de transportar la pasta base del Chapare al laboratorio de Huanchaca. Esta fuerza aérea se fortaleció empresarialmente, transportando la cocaína cristalizada del Perú hacia el Brasil surcando el norte amazónico de Bolivia. Hasta que vino Evo Morales.
LA REVOLUCIÓN DE EVO MORALES
Instaurando una segunda revolución de la cocaína, la Ley de la Coca de Evo Morales disparó el incremento de los cultivos excedentarios, de 14.000 hectáreas iniciando este siglo, a más de 40.000 en la actualidad. El 95% de esa coca no apta para el acullico se transforma en cocaína, no sólo sulfato base sino, cada vez más, clorhidrato cristalizado. Surgió así aquella burguesía chola dedicada a industrializar la hoja de coca produciendo cocaína refinada de alta calidad. Hoy cada cato de coca en el Chapare, tiene su Huanchaca.
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En su oprobiosa autocracia neo-estalinista, Evo Morales profanó la sacralidad de la coca cometiendo el más corrupto acto de colonialismo capitalista: promovió la transformación de la sagrada hoja en cocaína, droga imperialista que simboliza la decadencia de occidente. La única manera de revertir este boom cocainero y erradicar el excedente cocalero evista, será instaurar una Ley de Descolonización de la Hoja de Coca.
CADA AÑO 500 TONELADAS DE COCAINA PURA Y $US 10.000 MILLONES EN EL SISTEMA
A partir de Evo Morales, y sobre la base del esquema gestado por García Meza, Bolivia es uno de los productores y exportadores más importantes de cocaína cristalizada. El país produce y exporta cada año alrededor de 500 toneladas de cocaína —más clorhidrato que sulfato— generando internamente un movimiento anual de $us 10.000’000.000 (diez mil millones de dólares), cifra superior a los $us 6.000 millones que genera la venta de gas a Brasil y Argentina.
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La querella por el excedente de este narco-capital, es compleja y dramática: pasa desde el sicariato por ajustes de cuentas en negocios que salen mal, una guerra silenciosa por los precios internos de la droga que enfrenta al Urubó con el Chapare (no sólo por sus antagonismos raciales, políticos e ideológicos que Quintana y García Linera supieron conciliar), y el asedio constante del Estado corrupto extorsionando a ambos actores bajo la forma de una falsa “lucha contra el narcotráfico”.
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¿Qué hacer ante esta realidad histórica y estructural de estos dos narcotráficos? ¿Será factible echar al incinerador diez mil millones de dólares que están impregnados en todos los pliegues de la economía y generan tanta fortuna mal habida en medio de la creciente miseria en el país? ¿Habrá cárceles que contengan a dos clases sociales que prosperan bajo este capitalismo triunfante, comenzando por los 36 empresarios “narco-madereros” denunciados en Arica?
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Tal vez la respuesta legal a este dramático dilema nacional, sea una Ley del Arrepentimiento para encaminar constructivamente ese excedente financiero bajo la racionalidad de una adecuada política económica, erradicando la endémica corrupción anti-droga, y una Ley de Descolonización de la Hoja de Coca para dejar de producir tanta maldita cocaína que ungió a Evo Morales en ese nefasto Pol Pot pedófilo amenazando con desvertebrar territorialmente al país.
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Esperemos que un nuevo Ministro de Gobierno designado por el presidente Paz, comience reflexionando bajo estos criterios, evitando incurrir en los dislates de Oviedo que usó sus conferencias de prensa como desvergonzados actos de encubrimiento al narcotráfico del Urubó.
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La tercera revolución de la cocaína —después de la de García Meza y la de Evo Morales— deberá basarse en el arrepentimiento concertado, en la descolonización de la hoja de coca y en la honestidad acrisolada de la función pública. Y no en madera cocainizada ni el pijcheo degenerado en boleo. El Urubó y el Chapare deben dejar de ser los epicentros de la vergüenza nacional.
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