GOBIERNO BOLIVIANO ADELANTA SU CENSO SIETE MESES
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© Wilson García Mérida | Redacción Sol de Pando | Columna Sopa de Maní
El Gobierno de Bolivia adelantó siete meses el Censo Nacional de Población y Vivienda, considerando que organismos internacionales como el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), dependiente de la Cepal, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (Unfpa) recomendaron realizarlo en octubre de 2024, cuando surgió la necesidad de postergar el Censo boliviano originalmente programado para el 16 de noviembre de este año.
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Casi a la medianoche del viernes —en medio de una violenta convulsión fascista desatada por el Gobernador de Santa Cruz exigiendo “si o si” el Censo en 2023—, el presidente Luis Arce anunció que el Censo se realizará el 23 de marzo de 2024; y el sábado oficializó su decisión firmando el Decreto Supremo 4824 que garantiza, además, la distribución de recursos económicos de coparticipación en el mes de septiembre de 2024, seis meses después de realizado el Censo.
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El Celade y Unfpa consideran que un Censo, en cualquier parte el mundo, requiere al menos dos años previos (24 meses) de organización y planificación, para desarrollar más de 700 actividades que deben desembocar en un día de empadronamiento exitoso en sus resultados. Paraguay, que no tomó en cuenta esas recomendaciones, acaba de consumar un improvisado Censo el pasado 9 de noviembre, con un estrepitoso fracaso en sus índices de cobertura.
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La planificación del Censo boliviano para el 16 de noviembre de este año 2022, debió iniciarse durante la gestión transitoria de Jeanine Añez, el año 2020, lo cual no sucedió. El intento fallido del Gobierno de Arce por retomar el cronograma para el 2022 tropezó con las dificultades emergentes de la pandemia y con un error insalvable en el mes elegido, noviembre, en plena zafra castañera. Cuando se posterga un Censo se debe empezar de cero, con un nuevo cronograma, según el estándar internacional.
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La nueva fecha decretada, 23 de marzo de 2024 —ya definitiva— es una tercera reducción del plazo original (octubre de 2024) recomendado por el Unfpa y el Celade.
ACORTANDO EL PLAZO, CON LA SOGA AL CUELLO
El primer acortamiento al cronograma de 24 meses propuesto por los organismos internacionales, se efectuó a través del DS 4760, del 13 de julio de este año, estableciendo una fecha “para mayo o junio de 2024”, considerando que los fines de año, a partir de octubre inclusive, las poblaciones de Beni y Pando emprenden una migración temporal masiva hacia las zonas de recolección de castaña, en los recónditos bosques amazónicos.
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El segundo acortamiento surgió durante la jornada del 5 al 9 de noviembre pasados, cuando, bajo la feroz presión del paro cívico cruceño, unas mesas técnicas instaladas por el Gobierno, en Trinidad, hicieron esfuerzos extremos para acortar aún más el plazo recomendado por Unfpa-Celade, proponiendo abril o marzo de 2024, entre ocho y siete meses antes de octubre de ese año.
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Durante una reunión técnica en Santa Cruz, el pasado 11 de octubre, el especialista del Unfpa Daniel Allende Lizama advirtió que el plazo acortado con el DS 4760, fijando la fecha para mayo o junio de 2024, ya era un preocupante recorte de tiempo “importante de observar”. Carolina Cavada, directora de Censo del Celade, explicó que las recomendaciones de los organismos internacionales “se hacen en base a lecciones aprendidas en países de la región, los países se toman hasta cinco años en preparar y salir a terreno con un Censo porque así se garantiza la calidad; si bien algunos países han tomado atajos, en algún momento, se vieron resultados que son magros”. Allende y Cavada fueron brutalmente descalificados por el Rector de la Universidad Pública de Santa Cruz. “Se muestra claramente, no tienen experiencia en censos estos representantes de los organismos internacionales” —dijo impunemente Vicente Cuéllar en una entrevista con el periódico La Razón—. “Ningún organismo internacional puede imponernos una fecha de realización del Censo”, exclamó en tono fascista el Rector cruceño, un catedrático de Economía en la materia de Finanzas, quien nunca en su vida planificó un censo demográfico y cuya única experiencia extrauniversitaria fue como asesor de bancos.
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Finalmente, el tercer y definitivo acortamiento que marca el 23 de marzo de 2024, fue resultado de una violenta presión del fascismo organizado en las calles de Santa Cruz pretendiendo usurpar la competencia presidencial para imponer un Censo a toda costa en 2023. El último decreto de Arce reduce siete meses del cronograma propuesto por los especialistas de Naciones Unidas y la Cepal. La nueva fecha está más cerca del plazo exigido por el Comité Cívico de Santa Cruz, octubre de 2023, mes sin fecha exacta sobre el cual jamás existió un sustento técnico más riguroso que el de los expertos internacionales y de los peritos del INE.
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La consigna del “Censo 2023 si o si” fue nada más que un colosal fake news concebido para generar muertes y sembrar odio racista en las calles de Santa Cruz, atenazando una vez más a Bolivia entre los polos autoritarios del neo-fascismo encabezado por el gobernador Camacho y el neo-estalinismo que acaudilla el ex presidente Evo Morales.
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En lo hechos el Censo boliviano, a partir del decreto 4824 de ayer, se realizará en un plazo de 16 meses y no en los 24 meses establecidos por el estándar internacional, poniendo en evidente riesgo la calidad del resultado censal. Tal, la victoria pírrica del fascista Gobernador de Santa Cruz y sus secuaces políticos y mediáticos.
OTROS SEIS PAÍSES POSTERGARON SUS CENSOS POR DOS AÑOS
Bolivia, no es el único país que decidió postergar su Censo programado sin poder prever los efectos de la pandemia sobre la normalidad de las gestiones públicas. Varios otros países de Latinoamérica se vieron obligados a tomar esa misma medida, siguiendo las rigurosas recomendaciones técnicas de los organismos internacionales especializados, Unfpa y Celade.
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El pasado 10 de agosto, la periodista Paola Palacios Negrete, del portal Bolivia Verifica, confirmó una información —puesta en duda por la propaganda fascista— que el Gobierno boliviano había difundido a través del Ministerio de Planificación, acerca de otros países que también postergaron sus censos demográficos por idénticas razones a las de Bolivia, y por un lapso similar de dos años. Paola Palacios corroboró, por ejemplo, que “Brasil, Chile y Panamá reprogramaron sus censos hasta en dos ocasiones por diferentes causas”.
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Según la periodista especialista en desmentir noticias falsas (“fake news”), era cierto que el gobierno de Bolsonaro pospuso el Censo Demográfico previsto para abril de 2020 hasta julio de 2021 en primera instancia, debido a que la pandemia llegó en marzo de 2020. Posteriormente, el Censo a cargo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (Ibge) fue nuevamente aplazado por razones presupuestarias para el 1 de agosto de 2022, cuando finalmente iniciaron las visitas a 75 millones de hogares.
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En Chile, su Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Censo de Población y Vivienda previsto para abril del 2022 fue reprogramado para marzo de 2023, debido a que las actividades contempladas para los dos años previos no pudieron realizarse con normalidad debido al covid-19. Luego de esa reprogramación se sumó una nueva, esta vez hasta el primer semestre de 2024 (marzo-junio).
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Del mismo modo, el Gobierno de Panamá determinó la postergación del XII Censo de Población y el VIII de Vivienda 2020 que debía realizarse el 24 de mayo de ese año, también debido pandemia. Se decidió realizar el censo el último trimestre de 2022.
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En Argentina se pospuso el Censo Nacional de Población de Hogares y Viviendas 2020 debido a que la pandemia del coronavirus afectó directamente en las actividades censales. Finalmente, el Censo se realizó el 18 de mayo de 2022.
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En Ecuador fueron reprogramadas las actividades del VIII Censo de Población y VII de Vivienda, que debían efectuarse en el año 2020, para dos años después. Actualmente se ha previsto realizarlos en este noviembre de 2022.
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En República Dominicana el X Censo Nacional de Población y Vivienda se viene efectuando estos días, del 10 al 23 de noviembre, tras una postergación de dos años, pues debió realizarse en 2020.
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La periodista investigadora de Bolivia Verifica brinda un dato relevante sobre el Censo en Uruguay: será en 2023, pero después de tres años de organización y planificación censal, no sólo dos. El Gobierno uruguayo, según el informe de Paola Palacios, “realizará el noveno Censo de Población, el quinto de hogares y el séptimo de Vivienda durante el primer semestre de 2023. El INE inició su cronograma de actividades censales el 2020, realizando pruebas pilotos en 2021 y realizando una etapa de registro experimental el 2022, para concretar el trabajo de campo en 2023”.
LA RAZONABLE RECOMENDACIÓN TÉCNICA DEL UNFPA-CELADE
Bolivia es el séptimo país que postergó su censo demográfico; aunque no exactamente por los 24 meses que recomiendan el Unfpa y el Celade, sino por sólo 16 meses, “gracias” al paro cívico de Santa Cruz.
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El 12 de julio de este año, una reunión del Consejo Nacional de Autonomías (alcaldes y gobernadores) decidió reprogramar el Censo que debía efectuarse este mes de noviembre, inicialmente tomando en cuenta el reclamo de las organizaciones campesinas sobre la zafra castañera que empieza en esta época.
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La planificación del Censo del 2022 debió iniciarse el año 2020, en el gobierno de Jeanine Añez, pero ese régimen transitorio, infestado de corrupción y latrocinio, jamás tuvo noción de que parte de la transición era el inicio de las actividades pre-censales. A pesar de ello y no obstante los frenos impuestos por el coronavirus, el Gobierno de Luis Arce intentó re-encaminar el cronograma fijando como fecha el 16 de noviembre este año; craso error, el Censo se cruzaba con la multitudinaria zafra castañera que aleja de sus hogares a miles de trabajadores rurales de Pando y Beni. Entonces vino el dúo asesor del Unfpa y el Celade recomendando: “si se va a postergar el Censo, tendrá que ser por dos años por lo menos, igual que en Brasil, Chile, Argentina, Panamá, Ecuador y República Dominicana”. En el nuevo cronograma censal, en rigor técnico, la fecha correcta era octubre de 2024, septiembre en el peor de los casos.
UN FAKE NEWS FASCISTA QUE MATÓ Y DESTROZÓ LA UNIDAD DE BOLIVIA
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se opuso irracionalmente a la postergación técnica el Censo, con el argumento de que esa medida ocultaba un “afán de fraude electoral en 2025”. No asistió a la reunión del 12 de julio, se negó deliberadamente a participar en mesas técnicas instaladas durante octubre en Santa Cruz y Cochabamba, y en Trinidad durante los primeros días de noviembre.
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Camacho boicoteó permanente toda posibilidad de diálogo técnico e institucional, arrastró a la población cruceña y a instituciones como el Comité Cívico y la Universidad Gabriel René Moreno, con apoyo abierto de los monopolios periodísticos, a una arremetida fascista bajo el argumento de que el Censo debe realizare “sí o sí” en 2023, incluso a la fuerza, desatando una razzia que produjo cuatro muertos, decenas de heridos, y una nueva cicatriz de odio y racismo entre bolivianos.
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El Gobierno, incapaz de poder comunicar eficazmente sus argumentos y razones técnicas, sólo atinó a responder con prepotentes acciones de represión policiaca, siguiendo la línea estalinista de Evo Morales, enardeciendo mucho más a la efervescencia fascista. “El gobierno central, mientras más nos ataca más nos fortalece (sic)”, se lee en un cartel digital de la Unión Juvenil Cruceñista, fuerza de choque del Gobernador.
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La propaganda fascista logró “viralizar” el fake news de que el Censo en 2023 era “posible”, a plan de consignas racistas, desde una afiebrada subjetividad regionalista y sin reales bases técnicas, propalando una injuriosa ola de desinformación para desacreditar a instituciones técnicas como el INE. “Tenían diez años para organizar el Censo y no hicieron nada”, gritaba Camacho, torciendo la verdad. En realidad eran suficientes dos años, a partir de la gestión de Añez, y el gobierno de Añez no hizo nada además de robar.
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La mentira fascista alcanzó un nivel de extrema mala fe y perversidad cuando se acusó al Gobierno de un intento por abolir el Censo indefinidamente. “Nos quieren privar del derecho a saber cuántos somos”, dijo un dirigente cívico cruceño; lo cual era falso si se toman en cuenta los decretos de Arce para avanzar en el Censo del 2022 y para reducir los plazos de la postergación propuestos por los organismos internacionales.
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Corresponde iniciar una acción penal contra el gobernador Camacho y sus secuaces, por interferir en una función estatal como es la organización de un Censo demográfico, por boicotear criminalmente los persistentes intentos de diálogo técnico y de concertación institucional, por desinformar dolosamente a la población con fines conspirativos ocultando un plan “federalista” (es decir separatista), y por causar muertes y violencia física en las calles de Santa Cruz con el único resultado final de reducir el plazo técnico del Censo de 24 a 16 meses.
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Ahora, Camacho tendría que demostrar judicialmente que su “Censo 2023” es más viable que el Censo propuesto por el INE, por el Unfpa y el Celade.
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