Oviedo y Justiniano han caído en el torbellino habitual de la desinformación y las mentiras, que dan el contexto propicio para los reacomodos del narcotráfico tras el cambio de régimen. Igual que Murillo, igual que Del Castillo, disfrazados de Rambo, se solazan exhibiendo operativos de película en el Chapare, mostrando cifras que se diluyen como pompas de jabón, mientras los vuelos que parten del Beni y Santa Cruz hacia Paraguay y Brasil se han incrementado exponencialmente en el último trimestre. | Fotomontaje Sol de Pando

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Aquella esperanza que el país no cocainero depositó en el Gobierno de Paz Pereira, va muriendo mientras la cadena productiva de la cocaína genera —cada día que pasa— un sangriento capital financiero que se expande empresarialmente, con especial intensidad en Santa Cruz.

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El ministro Oviedo y su viceministro Justiniano siguen invariablemente la ruta extorsiva de Murillo y Del Castillo. Desinforman al país y le mienten al Presidente. Veamos:

EL ESTIGMA IRREVERSIBLE DE LAS 32 MALETAS

El escándalo de las “32 maletas” marcó el rumbo sin retorno al abismo, dando saltos entre escabrosas contradicciones y un mar de incoherencias. Fue una precoz e inesperada claudicación.

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En enero, el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo se auto-infligió el estigma con el pánico en su rostro, mientras sostenía con las manos temblorosas una declaración escrita informando que conocía “desde un principio” (o sea en noviembre) aquel contrabando de la diputada “mula” que traficaba armas en sus 32 maletas munida de un pasaporte diplomático con fecha vencida. Oviedo no tuvo escrúpulos al declarar que no intervino para “no interferir” en la investigación policial. El presidente Rodrigo Paz, engañado por Oviedo, siguió ese endeble guion, en una declaración tibia, lejos de su habitual apasionada arenga contra la corrupción y el narcotráfico.

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La tramoya de Oviedo se desmoronó desde su entorno policial. Alrededor de las 32 maletas que salieron de Viru Viru en cámara lenta y con custodia aduanera, afloraron evidencias de que ese contrabando de armas para el narcotráfico estuvo en conocimiento de las autoridades bolivianas mucho antes de que aterrizara ese Gulfstream proveniente de Estados Unidos el 29 de noviembre. Les avisaron oportunamente el FBI, la DEA e Interpol.

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Hasta el día de hoy,  el ministro Oviedo no ha absuelto interrogantes cruciales en el caso:

1)  Por qué la Dirección de Migración, dependiente del Ministerio de Gobierno, mantuvo el status diplomático de las 32 maletas, sellándolas con cintillo rojo en el recinto aduanero, sabiendo que la Cancillería había advertido a Interpol y Migración, una semana antes del 29 de noviembre, que la diputada Rojas hacía viajes entre Miami y Santa Cruz usando un pasaporte diplomático que la Cancillería ya había anulado el 13 de noviembre.

2) Por qué no se ha identificado a la persona con la que Laura Rojas —filmada por la cámara de seguridad del aeropuerto— conversaba por teléfono mientras recogía las 32 maletas en el recinto aduanero de Viru Viru.

3) Por qué no han sido identificados ni convocados a declarar, para saber qué exactamente contenían los equipajes y a quién entregaron, aquellos ocho “hombres de negro” que acompañaban a Laura Rojas y se llevaron las 32 maletas en vivo y directo.

¿Por qué no se ha identificado a la persona con la que Laura Rojas —filmada por la cámara de seguridad del aeropuerto— conversaba por teléfono mientras recogía las 32 maletas en el recinto aduanero de Viru Viru? | Foto archivo Sol de Pando

UNA ETERNA RELACIÓN LUCRATIVA ENTRE  GOBIERNOS Y  NARCOTRÁFICO

El teniente y el capitán, ligados a Oviedo, que sacaron los trapos al sol de las 32 maletas al momento de quedar tras las rejas, revelaron que —al igual que en las nefastas gestiones de Carlos Romero, Arturo Murillo y Eduardo del Castillo— bajo la actual gestión antidroga los señores del aire “tributan” al Ministerio 10.000 dólares por cada vuelo que sale del Beni llevando cocaína peruana al Brasil.

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Con indisimulado desparpajo, el mismo Oviedo contó en una entrevista cierta “anécdota” ocurrida tras su posesión cuando un policía se le acercó queriéndole entregar una maleta con miles de dólares, obsequio que el flamante Ministro de Gobierno simplemente rechazó de modo cortés, según relató. Ya no es anecdótico el hecho de que el Ministro no ordenó detener al emisario para saber quién le envió tal regalito de estreno. Oviedo parece gozar del cargo, no lo sostiene con el rigor y la alta responsabilidad de tan delicada función pública.

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Como si fuera otra anécdota, el 27 de marzo el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, “reportó” que una avioneta incautada alzó vuelo desde El Trompillo llevando cuatro pasajeros y posiblemente cocaína a bordo, en las narices de la Dirección de Bienes Incautados (DIRCABI). La narco-avioneta se perdió en las brumas de la negligencia y ninguna cabeza rodó.

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Las cosas que están sucediendo hoy en la “lucha contra el narcotráfico”, más que descontrol muestran un vacío de voluntad real por acabar con el problema. Seguimos en lo mismo de hace más de 40 años y con la misma corrupta Ley 1008 que en la mitad de ese lapso el narco-estalinismo usó para enriquecer a sus Quintanas, a sus García Lineras, sus Romeros y sus Del Castillos.

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Oviedo y Justiniano han caído en el torbellino habitual de la desinformación y las mentiras, que dan el contexto propicio para los reacomodos del narcotráfico tras el cambio de régimen. Igual que Murillo, igual que Del Castillo, disfrazados de Rambo, se solazan exhibiendo operativos de película en el Chapare, mostrando cifras que se diluyen como pompas de jabón, mientras los vuelos que parten del Beni y Santa Cruz hacia Paraguay y Brasil se han incrementado exponencialmente en el último trimestre.

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En el colmo de la impostura, responsabilizan a Evo Morales de la ola sicaria que campea en el Urubó, cuando la verdad es que esta coyuntura de sangrienta transición —dentro el narco-empresariado cruceño— tiene sus raíces estructurales en Banzer y García Meza.

LAS HUELLAS FRESCAS DEL MULTIMILLONARIO SEBASTIÁN MARSET

Y la mentira mayor se llama Marset. Sin diferenciarse de modo alguno con los extorsionadores Del Castillo y su viceministro Aguilera, Oviedo y su viceministro Justiniano le chantan a Marset delitos que cometen narco-empresarios-aviadores cercanos al régimen. Y tienen el plus de auto-atribuirse la “captura” de Marset, cuando en los hechos esa caída cantada del narco uruguayo fue una entrega pactada con la DEA. Se dejó agarrar. Marset retornó a Santa Cruz al no lograr la excarcelación de su mujer en Paraguay, buscando negociar ese asunto con los gringos auto-extraditándose a territorio norteamericano, donde no existen cargos de peso en su contra como los tiene en Paraguay.

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A Oviedo le cayeron en plomada las cajas fuertes de Marset, y otras cosas más de tipo aeronáutico. No hay retorno de tal ridículo. En esta materia, Oviedo es la continuidad pura y simple de Del Castillo; si no lo fuera, debería aclarar desde su poderoso Ministerio estas interrogantes que no hallan respuesta desde hace tres años:

1)  ¿Por qué este Gobierno mantiene un manto de silencio sobre la entrega de una Visa de Residencia Laboral, en el Gobierno de Arce Catacora, que le permitió a Marset refugiarse en Santa Cruz tras salir de una cárcel en Dubai, en febrero de 2022?

2) ¿Por qué Eduardo del Castillo y su Directora de Migración no han sido procesados por impedir que se cumpla la alerta roja emitida por interpol el 3 de marzo de 2022, cuando Marset se hallaba oculto en Santa Cruz gracias a esa Visa de Residencia Laboral que le entregó el Gobierno de Arce Catacora?

3) ¿Por qué no se ha establecido la responsabilidad de Jhonny Aguilera en la entrega de la Visa a Marset, que desde su cargo como Comandante General de la Policía facilitó la entrega de certificaciones favorables al narcotraficante uruguayo por parte de la FELCN e Interpol-Beni?

 4) ¿Por qué hasta hoy no se ha esclarecido ni investigado el asesinato del tramitador que gestionó, junto a funcionarios de Migración en Trinidad, la Visa de Residencia Laboral mientras Marset permanecía preso en Dubai?

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En menos de dos años, Marset exportó a Europa más de 20 toneladas de cocaína producida en el Chapare. Es el volumen incautado, se desconoce cuánto cruzó los puertos de Amberes y Amsterdam. Tuvo una ganancia de casi 500 millones de dólares convertidos en bitcoins. Esa es una punta del ovillo del capital financiero que mueve la cocaína boliviana. Pero aún no hay una cuantificación oficial exacta para saber a ciencia cierta de qué tamaño es el monstruo que tenemos al frente.

La Visa de Residencia Laboral emitida el 3 de diciembre de 2021, y entregada a Marset mediente acta del 11 de ese mes. ¿Por qué el Gobierno de Paz Pereira mantiene un manto de silencio sobre la entrega de esa visa , en el Gobierno de Arce Catacora, que le permitió a Marset refugiarse en Santa Cruz tras salir de una cárcel en Dubai, en febrero de 2022?| Foto archivo Sol de Pando

LA ACUMULACIÓN ORIGINARIA DEL NARCO-CAPITALISMO BOLIVIANO

A mediados de diciembre de 2025, el viceministro Ernesto Justiniano anunció que el Gobierno realizaría un estudio para cuantificar el volumen de coca excedentaria que se destina a producir cocaína. Es decir, sabríamos con precisión cuánta droga produce el país exactamente. Casi medio año después, no sabemos en qué quedó dicho estudio. Se “lucha” contra el narcotráfico sin saber cuánta droga es producida y exportada, y cuánto de capital genera ese negocio.

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En nuestra edición del 15 de agosto de 2025, publicamos en Sol de Pando el informe titulado “La cocaína y el futuro del capitalismo boliviano” estableciendo que Bolivia produce actualmente 500 toneladas de cocaína al año, generando un movimiento anual de casi 10.000 millones de dólares, cifra que supera el ingreso por la venta de gas a Brasil y Argentina. 

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Un monitoreo realizado en Colombia por expertos ligados a la ONU, establece como parámetros para calcular ese boom de la cocaína:

1) El porcentaje de droga incautada (que habitualmente no sobrepasa el 15% del volumen total producido, el Viceministro informó que la efectividad en Bolivia no pasa del 10%).

2) La cantidad de hojas de coca necesarias para producir el sulfato y el clorhidrato que ingresan al circuito comercial, estimada en cien kilos de hoja para un kilo de cocaína, dependiendo si la coca es chapareña o yungueña.

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En marzo, tras la entrega de Marset a la DEA, Justiniano afirmó que “probablemente” la producción actual de cocaína en el país alcance las 300 toneladas este año. Ese volumen se producía hasta antes de la pandemia.

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Durante los gobiernos del MAS, con Evo Morales y Arce Catacora, la producción de coca excedentaria no apta para el acullicu (hoy cercana a las 45.000 hectáreas), ha disparado de modo particular la producción de clorhidrato de cocaína (cristal) en una proporción mayor al 50% respecto al sulfato base, con un nivel de sobreproducción que impactó en la caída interna del precio de la droga, pero con fabulosas ganancias para los exportadores. Los $us 10.000 millones anuales que arroja esta actividad, implican una fuerza capitalista irresistible.

DOS CLASES SOCIALES ANTAGÓNICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LA COCAÍNA

Hallamos en nuestra investigación que la cadena productiva de la cocaína boliviana está formada por clases sociales regionales, y no carteles, en sus eslabones de producción y de comercialización.

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Bolivia tiene dos narcotráficos étnicamente diferenciados e incluso separados: La oligarquía aeronáutica exportadora que se arraigó desde los regímenes de Banzer y García Meza en el oriente boliviano (principalmente Santa Cruz y Beni); y la burguesía chola del Chapare que industrializa el binomio coca-cocaína en gran escala y con alta calidad, a partir del régimen cocalero de Evo Morales.

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Durante el régimen narco-estalinista, Quintana, García Linera y Romero procuraron armonizar ambas clases sociales enriqueciéndose en el intento, extorsionando a clanes familiares (los Lima Lobo fueron sus “chivos” favoritos) y promoviéndolas con candidaturas para alcaldes y alcaldesas en municipios de la Chiquitania y Moxos. Pero el eslabón se rompió con Añez y Murillo, y más aún con Del Castillo, que usaron la fuerza represora del Estado atacando los laboratorios del Chapare para forzar una brusca caída en el precio del clorhidrato, favoreciendo a los exportadores aeronáuticos de Santa Cruz.

¿QUÉ HACER EN ESTA HORA DE TRANSICIÓN?

Pretender erradicar esta economía subterránea abriendo fuego y recargando el sistema judicial corrupto, más aún con una policía irremediablemente cooptada por este poderoso narco-sistema fortalecido bajo el régimen del MAS, no tiene otro desenlace que la extorsión, el enriquecimiento ilícito de gobernantes y funcionarios públicos corrompidos ante el menor “maletazo”, y por consiguiente la legitimación empresarial de narcotraficantes que pactan con el Estado “tributando” por debajo de la mesa.

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Bolivia, como uno de los principales productores mundiales de cocaína refinada, tiene que resolver por sí mismo este problema que hemos heredado de García Meza y Evo Morales, por supuesto sin prescindir de la cooperación internacional (mas ninguna intromisión externa es solución). Son cuatro simples pasos:

1.- Juicio de Responsabilidades a Evo Morales y sus ministros, por haber convertido al Chapare en un importante productor mundial de cocaína cristalizada a costa de separar ese territorio cochabambino del resto de país para transformar masivamente la sagrada hoja de coca en una droga que ha destruido la dignidad nacional, al extremo del desmembramiento interno del Estado.

2.- Bloquear el flujo financiero que se desplaza del narcotráfico hacia la función pública mediante la extorsión y el soborno creando permanentemente nuevos ricos entre autoridades corruptas. Se debe formalizar ese dinero, para combatir la extrema pobreza mediante una amnistía pactada con productores y exportadores de cocaína dispuestos a redimirse. Los arrepentidos, tendrán la oportunidad de contribuir a un desarrollo empresarial formal y honesto en el país. En esa perspectiva, el enfoque de la lucha contra el narcotráfico debe dejar de ser represivo, extorsivo y abogadil, para reorientarse en su dimensión estructural de política económica. Hay precedentes: durante el gobierno de Paz Zamora, un economista, Carlos Saavedra Bruno, fue Ministro del Interior (de Gobierno) con una idéntica percepción.

3.- Abrogar la Ley 1008, que en 38 años de vigencia sólo ha enriquecido a gobernantes corruptos y ha legitimado los capitales de la droga a escala empresarial, en medio de una recurrente espiral de violencia institucional y criminal.

4.- Ley de Descolonización de la Hoja de Coca, que penalice drásticamente la transformación de coca en cocaína, tipificando ese delito como traición a la Patria. Evo Morales es el responsable de una profana colonización de la sagrada de hoja de coca para convertirla en aquella droga que simboliza de la decadencia capitalista en el mundo.

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