Data: mayo 24, 2020 | 18:19
¿QUIÉN ORDENÓ SECUESTRAR AL JUEZ QUE INVESTIGA EL SOBREPRECIO DE LOS RESPIRADORES? | Fiscalía General deslindó responsabilidad; lo mismo el Ministerio de Justicia. Hay una orden firmada por un edecán del ex-gobernador César Cocarico. El Ministro de Gobierno dice que “fue una coincidencia”. Se espera explicación del Comando de la Policía…

ARTURO MURILLO EN LA CUERDA FLOJA

Fue una urgencia electoral, no una urgencia epidemiológica, la que forzó aquella compra en un proceso desprolijo y apresurado que fue aprovechado por los intermediarios para introducir un escandaloso sobreprecio en la adquisición de respiradores de muy limitada capacidad. Resultaron equipos de apoyo para primeros auxilios, totalmente inapropiados para atender casos de Covid-19 en Terapia Intensiva. | Fotomontaje Sol de Pando

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© Wilson García Mérida | Redacción Sol de Pando

La tarde del viernes, pocos minutos antes de iniciarse la audiencia de medidas cautelares para el ex Ministro de Salud y otros involucrados en el negociado de los 170 respiradores comprados en España, el Juez a cargo de la investigación, Hugo Huacani Chambi, fue aprehendido por funcionarios policiales vestidos de civil y conducido a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc).

Aparentemente, la abrupta detención del Juez se originó en una acusación relacionada con un supuesto prevaricato a favor del ex ministro Juan Ramón Quintana; pero el arresto no se basó en una orden formal de instancia competente. La acción irregular ha sido calificada como secuestro por el Defensor del Pueblo.

El juez Huacani Chambi logró recuperar su libertad a las tres de la madrugada del sábado. Usando un papel de cuaderno y una lapicera para redactar su memorial, Huacani presentó una Acción de Libertad que fue resuelta a su favor en un Tribunal de Garantías de la ciudad de El Alto.

Posteriormente, la tarde del mismo sábado, la Fiscalía Departamental de La Paz emitió un comunicado aclarando que “como institución no tuvo participación ni ha emitido ninguna orden de aprehensión en contra del Juez Onceavo de Instrucción en lo Penal, Hugo Huacani Chambi, en fecha 22 de mayo”.

Similar aclaración fue emitida al promediar las ocho de la noche por el Ministerio de Justicia, activo impulsor del proceso contra los responsables del criminal negociado, cuyo comunicado oficial asegura que esta cartera de Gobierno “no solicitó la aprehensión ni presentó ninguna denuncia contra el Dr. Hugo Huacani, juez designado para llevar adelante la audiencia de medidas cautelares del ex ministro Marcelo Navajas por el Caso Respiradores”.

Se supo luego que la orden de aprehensión contra Huacani fue firmada por el teniente coronel Juan José Millán Estrada, Jefe del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia de la Felcc de La Paz, sin tener competencia para ello.

Según revelaron a Sol de Pando fuentes confiables de la Policía Nacional, el Tcnl. Juan José Millán estuvo preso por violencia intrafamiliar en la cárcel de San Pedro, el año 2013, cuando se desempeñaba como edecán del entonces gobernador de La Paz César Cocarico, durante el gobierno de Evo Morales.

La orden ilegal de Millán para interferir en la audiencia judicial del viernes fue ejecutada por un sub-teniente, a quien el mismo Juez secuestrado identificó como el policía Gustavo Baldivieso.

El Defensor del Pueblo, entidad del Estado Plurinacional dirigida por la defensora Nadia Cruz, exige que aquellos policías involucrados en el secuestro del juez por órdenes de Millán sean procesados y sancionados legalmente.

Según Erbol, Nadia Cruz explicó que se configura un delito penal de uso indebido de influencias e impedimento al ejercicio de las funciones judiciales, al privar de su libertad a dicho Juez minutos antes de tan delicada audiencia judicial.

Hugo Huacani retomó sus funciones la tarde del sábado, dictando detención preventiva de tres meses para el ex ministro Navajas, y de seis meses para los el ex director jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela y el director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Giovanni Pacheco, y detención domiciliaria para las funcionarias Ana Espinoza (quien advirtió a Pacheco sobre la inutilidad práctica de los respiradores) y Gabriela Pérez; mientras se investigan los delitos relacionados con el sobreprecio de los equipos comprados de España.

La mano oculta de Murillo

El Ministro de Gobierno, bajo cuya autoridad se halla subordinada la Policía Boliviana, se apresuró en lavarse las manos.

Según Los Tiempos, Murillo dijo no saber quién emitió la orden para aprehender al juez Huacani en el momento de la audiencia de Navajas, pero aseveró que su despacho “está siguiendo la pista de varios jueces y fiscales que no cumplen con su labor y se dedican a conformar consorcios corruptos”.

El portal ExitoNoticias informó que, en todo caso, Murillo respaldó la aprehensión del juez, dando más importancia (que al asunto de los respiradores) a una anterior decisión del juez Huacani considerada“ilegal” por el Ministro, cuando otorgó detención domiciliaria a la ama de llaves del exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, prófugo en un caso por terrorismo que se procesa en el mismo juzgado.

Murillo dijo que la detención del Juez por el caso de Quintana, en el momento de la audiencia por los respiradores, “fue sólo una coincidencia”. Insistió en que él no dio la orden, pero admitió que existía una denuncia contra ese juez y que la Policía actuó en consecuencia ante un delito en flagrancia. “No se necesitaba orden del Fiscal”, aseguró.

Sin embargo Nadia Cruz, la Defensora del Pueblo, contradice a Murillo: “No era un tema de delito infraganti, no había orden fiscal; entonces hubo alguien que dio una orden y que no tenía competencia para aquello”.

Cruz demanda al Fiscal General determinar la responsabilidad penal en aquel hecho al haberse infringido el artículo 227 del Código Penal, el cual estipula que un policía sólo puede aprehender a un supuesto delincuente si éste es hallado en flagrancia, y en cumplimiento de una orden de Juez o Fiscal cuando el acusado se hubiese dado a la fuga. Ninguna de esas circunstancias era aplicable al juez Huacani.

El Tcnl. Millán Estrada, junto al subteniente Gustavo Baldivieso y los policías de civil que secuestraron al juez Hugo Huacani Chambi, serán procesados administrativa y penalmente; pero son los eslabones menores en la cadena de mando que encaminó el secuestro. Corresponderá al Alto Mando Policial a través de su Comandante Nacional, y al mismo Ministro de Gobierno, aclarar las responsabilidades jerárquicas en el caso.

Jaime Bayly y el escándalo del coronavirus boliviano | VIDEO]

Revelador descargo de Navajas

El ex ministro Marcelo Navajas, durante su declaración en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz registrada el jueves, reveló que a pesar de haber firmado la orden de compra cumpliendo una instrucción de la presidente Añez, ni él como máxima autoridad del área, ni la Aisem como entidad contratante, recibieron los 170 respiradores comprados de España. Se encargaron de la recepción el ministro Arturo Murillo y la presidente Añez, sin cumplir los protocolos de recepción previstos por la norma.

Navajas manifiesta en su declaración informativa que durante una reunión de gabinete advirtió que los respiradores no habían sido entregados formalmente mediante un acta de recepción.

Fuentes que respaldan la declaración de Navajas afirman que Murillo presionaba para acelerar la adquisición, debido a premuras de orden electoral. “Su constante preocupación es hacer proselitismo con todo lo referido a la pandemia para promocionar la candidatura de Jeanine Añez”, comenta un funcionario del Ministerio de Salud cercano a Navajas.

Fue una urgencia electoral, no una urgencia epidemiológica, la que forzó aquella compra en un proceso desprolijo y apresurado que fue aprovechado por los intermediarios para introducir un escandaloso sobreprecio en la adquisición de respiradores de muy limitada capacidad. Resultaron equipos de apoyo para primeros auxilios, totalmente inapropiados para atender casos de Covid-19 en Terapia Intensiva, según observaron varias sociedades científicas de Bolivia, entre ellas la Asociación de Médicos Intensivistas.

El gobierno transitorio de Jeanine Añez adquirió cada uno de los ventiladores, producidos por la empresa catalana GPAInnova, a un precio de $us 28.088, siendo que su precio de fábrica es de $us 6.540. En el negociado se dispuso un fondo de casi cinco millones de dólares de un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los intermediarios y sus socios dentro el Gobierno de Bolivia obtendrían una ganancia líquida de aproximadamente tres millones de dólares.

Participaron en la intermediación empresarios y funcionarios del gobierno del MAS, pero vinculados a la actual administración. El ministro Murillo pretende atribuir el negociado a una “infiltración masista” para «dañar la imagen» de Jeanine Añez, pero a pesar de ello la presidente-candidata “mantendrá la mayor preferencia electoral”, según declaró el Ministro a Los Tiempos.

No obstante muchos de aquellos ex funcionarios y “consultores” masistas son ahora activistas del partido gobernante y aportantes para la campaña electoral de Añez.

El negociado de los respiradores es un negociado asesino. Cada paciente que en estos momentos está muriendo asfixiado…

Publicado por Wilson García Mérida en Domingo, 24 de mayo de 2020

La cuestión del MAS en el Gobierno de Transición

De hecho el primer Ministro de Desarrollo Rural y Tierras en el Gobierno transitorio de Añez, Mauricio Ordoñez, era militante activo del MAS incluso en el momento de su posesión. En febrero pasado, el gobierno de Añez posesionó al narcotraficante Fernando Gustavo Álvarez Peralta, también vinculado al MAS —más específicamente al ex ministro de Gobierno Carlos Romero—,como Director General de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria, dependiente del mismo Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Murillo no supo, ni sabe hasta hoy, cómo explicar esa narco-designación.

El sobreprecio de los respiradores fue gestado por el Director Jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, quien fue colaborador estrecho de la exdiputada y exministra del MAS Gabriela Montaño; el abogado Walter Zuleta, uno de los amantes de la tristemente célebre Gabrela Zapata; y el ex dirigente del Federación Boliviana de Fútbol (FBF) Fernando Humérez, amigo personal de Evo Morales.

Este mismo grupo de ex masistas coordinó la adquisición de los respiradores para primeros auxilios con otros funcionarios que forman parte del entorno íntimo de la presidente Jeanine Añez, como el actual “Embajador de Ciencia y Tecnología” en Nueva York (cargo de nueva creación) Mohammed Mostajo-Radji, y el cónsul general en Madrid, David Alberto Pareja.

Mohammed Mostajo es “novio” de la hija de Jeanine Añez (investigada actualmente por el uso indebido de aviones del estado para fines familiares), y un primo suyo, Eduardo Claros Mostajo, es un empresario vinculado al negocio de la bioseguridad, “tiene tres empresas que importan equipos e insumos médicos”, según denunció el ex diputado cochabambino Bernardo Montenegro.

Por su parte el Cónsul General en Madrid, David Alberto Pareja Lozada —quien según las primeras pesquisas habría concertado el sobreprecio de los respiradores con el intermediario español Iñaki García—, es hijo de la candidata a diputada por “Juntos”, Ruth Lozada, y sobrino del actual presidente de la Aduana Nacional, Alberto Lozada, todos ellos amigos personales de Jeanine Añez.

Es en ese entorno íntimo de la presidente Añez donde se gestó el negociado, como una forma más, entre varios otros casos de corrupción conocidos públicamente, de obtener financiamiento para impulsar la campaña electoral que dirige el ministro Arturo Murillo promoviendo cotidianamente una imagen “glamorosa” de la Presidente-candidata, incluso a pesar de la pandemia.

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