PERIODISTAS CORROMPIDOS DURANTE LA GESTIÓN DE AÑEZ Y MURILLO
La designación de Jorge Vacaflor, hermano de la periodista, en un cargo de Viceministro el mismo mes en que Nancy Vacaflor realizaba una consultoría de 14 días cobrando Bs 30.000 para reforzar la campaña electoral de Jeanine Añez, indica que la relación de la Jefa de ANF con el ministro Yerko Núñez no era sólo contractual sino esencialmente política. | Fotomontaje Sol de Pando
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© Wilson García Mérida | Redacción Sol de Pando | Columna Sopa de Maní
Una acusación dirigida inicialmente a los periodistas Nancy Vacaflor y Juan Carlos Arana —quienes además de beneficiarse con apetecibles y fáciles ingresos mediante contratos con el Estado en la gestión de Añez, favorecieron a sus entornos familiares—, ha sido utilizada por los “guerreros digitales” que actúan bajo el mando del ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, para “ampliar” y tergiversar la denuncia original hacia otros periodistas, propalando “memes” en las redes sociales de manera injuriosa, haciendo escarnio institucional del gremio en su conjunto.
Desde el Viceministerio de Comunicación, el Gobierno de Luis Arce ha incurrido en manejo irresponsable de una delicada información, al delegar la difusión de documentos oficiales al canal privado ATB que orquestó un “operativo” con los medios estatales y los “guerreros digitales” de Quintana. Lo correcto, en este caso, era que la Viceministra de Comunicación o la Ministra de la Presidencia, o ambas, o incluso el propio presidente Arce, convoquen oficialmente a una conferencia de prensa para poner en conocimiento de la opinión pública, y de la misma prensa, cada uno de los contratos con periodistas que pudiesen ser dolosos y prebendales, informando al país con solvencia y la más absoluta transparencia, sin ruidos.
La Presidencia de Arce ha optado obrar en esta materia de un modo exactamente similar al Gobierno de Añez, cuando el infame Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, “operó” en el caso de la pedofilia palaciega de Evo Morales desajenando las pruebas halladas en el celular de la víctima, Noemí Meneses, en favor de un activista extranjero vinculado a la ultra-derecha española, quien por intermedio de Murillo se apropió indebidamente de aquellos valiosos insumos informativos, re-victimizando a la menor violada por Morales y propinándole muerte civil al exhibir su intimidad en franca vulneración de la Ley de Protección del Niño-Nina y Adolescente vigente en Bolivia. Y lo peor, Murillo restringió al periodismo boliviano, en especial a Sol de Pando, su derecho de acceso a dicho expediente. Aquella información tan sensible para la dignidad nacional, monopolizada por el pasquín fascista “Ok Diario” de Madrid, se convirtió en un carnaval de escarnios que sólo dieron “fama mundial” al sicario español de Murillo y no contribuyeron en absoluto al esclarecimiento y la sanción penal de los delitos sexuales de Morales; pues el caso se desjudicializó dramáticamente al convertirse en un show en las redes sociales manejado desde España. Para colmo, Murillo empeoró la contaminación de aquellas pruebas de estupro tergiversando y falsificando piezas claves del expediente, en el afán de “agravar” ficticiamente las culpas de Morales como parte de la campaña electoral de la entonces candidata Jeanine Añez, quien no vaciló en usar bienes del Estado —incluyendo el expediente de Noemí Meneses y contratos prebendales con ciertos periodistas venales del país—, para su propósito prorroguista.
El Gobierno de Arce está actuando en el caso de los periodistas “independientes” vinculados orgánicamente al régimen de Añez, exactamente igual que su predecesora, fomentando el “sicariato mediático”, desajenando documentación oficial en favor de un personaje que en este caso utilizó el contrato de Nancy Vacaflor para ventilar su vendetta personal contra todo el gremio e intentar “lavar” su enturbiada imagen ante las bases del partido gobernante.
Nos referimos al empresario Jaime Iturri Salmón, uno de los más “eficaces” operadores de Juan Ramón Quintana y de los hermanos García Linera en el campo periodístico bajo control del rearticulado neo-estalinismo. Como Director Ejecutivo y propietario de la red ATB, Iturri fue el encargado de “encender el ventilador” para escandalizar al país con memes y verdades a medias sobre el rol de periodistas ligados a Murillo.
En su edición del pasado 12 de enero, Sol de Pando publicó un informe que muestra con sobradas evidencias el turbio papel que desempeña Iturri en la articulación del multimillonario aparato propagandístico del régimen neo-estalinista. Que se erija como fiscalizador moral del periodismo boliviano, es un gran despropósito que sólo favorecerá a los desventurados periodistas que estuvieron al servicio del régimen neo-fascista, el otro yo del recurrente autoritarismo en que se halla atenazada la frágil democracia boliviana.
Juan Carlos Arana se constituyó en un promotor a ultranza de la gestión de Añez, llegando a justificar con sofisticados sofismas la compra irregular y con sobreprecios de 170 respiradores que resultaron inservibles y fueron causa de cientos de muertes por el coronavirus. | Foto archivo Sol de Pando
El drama prebendal de Nancy Vacaflor y Juan Carlos Arana
No existe nada más angustioso para una personalidad de fama, o un servidor público (como somos los periodistas), que convertirse en el centro de un escándalo de graves acusaciones, carne de escarnio, más aún si las incriminaciones son falsas o tergiversadas con “medias verdades”. Sin embargo, a diferencia de otros colegas incriminados por los “memes” del quintanismo, los casos de los periodistas Nancy Vacaflor y Juan Carlos Arana no responden a dicha premisa. Desde ya no se trata de “periodistas independientes”, al haberse comprometido de modo orgánico y militante con la ilegal campaña electoral de la entonces Presidente transitoria.
Nancy Vacaflor Gonzáles, poderosa Jefa de Prensa de la influyente Agencia Noticias Fides (ANF) desde el año 2017, es una periodista cuyo carisma de “buena gente” y reconocida profesionalidad le han permitido contar con reacciones de solidaridad a su favor en amplios círculos del periodismo boliviano, incluyendo las asociaciones de empresarios mediáticos (ANP) y de trabajadores colegiados de la prensa (ANPB), además de la emblemática APLP.
La denuncia vertida por la red ATB de Iturri y repercutida por la red de medios estatales junto a los “guerreros digitales” de Quintana —sobre un contrato que le generó un ingreso de Bs 30.000 (alrededor de $us 4.500) por una cuestionada consultoría ejecutada entre enero y febrero del pasado año—, fue desvirtuada por la misma periodista, admitiendo que firmó ese contrato ejerciendo su derecho laboral al hallarse desempleada en ese momento. No era exactamente Jefa de ANF, como remarcó ATB erradamente, cuando trabajó para el Gobierno de Añez. Todos quienes asumen defensa de la señora Vacaflor toman ese su descargo como válido y definitivo.
Además, la supuesta infamia fue gestada y propalada por Jaime Iturri en un acto de “sicariato periodístico” como define la misma señora Vacaflor, lo cual ciertamente resta solvencia a una información que habría tenido mejor destino y credibilidad si el Gobierno la habría difundido por iniciativa propia con el mayor rigor formal, mediante una conferencia de prensa por ejemplo, o a través de un boletín oficial del Viceministerio de Comunicación.
“No vendo ni venderé mi conciencia ni por 30 mil bolivianos ni por 107 millones que los ejecutivos de ATB recibieron del gobierno de Evo Morales, en sólo tres años…”, contratacó la Jefa de ANF ante la ovación de sus simpatizantes, que no son pocos.
Periodistas ejerciendo Tráfico de Influencias y Nepotismo
Sin embargo, advertimos que la señora Nancy Vacaflor ha sorprendido en su buena fe a los gremios que la defienden. La periodista omitió deliberadamente el hecho de que en el mismo mes en que ejecutó la consultoría para la Unidad de Proyectos Especiales (Upre) del Ministerio de la Presidencia, su hermano, el abogado Jorge Luis Vacaflor Gonzáles, era designado Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, dependiente del mismo Ministerio de la Presidencia.
Ese hecho —que no es menor y más grave incluso que la consultoría en sí— no sólo es evadido en los descargos de Nancy Vacaflor, sino premeditadamente omitido en las publicaciones de medios como Página Siete y la misma ANF que cargan tintas en acusar al Gobierno de “desprestigiar a periodistas independientes”.
“Desde diciembre de 2019 hasta el 17 de febrero de 2020 yo estaba desempleada”, afirma la periodista al contextualizar el lapso en el cual se vinculó laboralmente con el Ministerio de la Presidencia para obtener Bs 30.000 por dos semanas de trabajo efectivo, antes de reasumir sus funciones en ANF.
Y da la casualidad que el 17 de febrero su hermano asumía un cargo jerárquico con una elevada remuneración, dentro el mismo Ministerio de la Presidencia. Aquello indica que la relación de Nancy Vacaflor con el ministro Yerko Nuñez no era circunstancial ni se limitaba a una relación meramente contractual y profesional. Era una relación esencialmente política que impuso el nombramiento de su hermano, nada menos que en el cargo de Viceministro. Por tanto el asunto va más allá de una cándida periodista que, siendo muy buena persona, empeñó su pluma y sus influencias en ANF forzada por su condición de desempleo para generar un ingreso de Bs 30.000 por 14 días de labor. Estamos más bien ante un caso inobjetable de Tráfico de Influencias y Nepotismo, delitos sancionados no sólo por el Código de Ética Periodística sino también por normas legales como la Ley Safco, el Estatuto del Funcionario Público y la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, además del Código Penal.
Existe la posibilidad de que el abogado Jorge Vacaflor haya sido designado por mérito propio, quizá por ser amigo de infancia de Yerko Núñez, y sin que medie la influencia de su hermana dentro el despacho del Ministro fascista; es posible que ambas prebendas se hayan cruzado por mero azar. Es por ello, precisamente, que la ANP, la ANPB y la APLP, y todos quienes ponen las manos al fuego por la colega Vacaflor con genuina buena fe, deben permitir y promover una investigación seria, honesta y responsable al respecto. El sólo hecho de que el corrupto Iturri haya sido quien lanzó la “primicia”, no la hace a la periodista consultora, per se, víctima inocente.
Por cierto, el ministro Yerko Núñez ha inferido un daño económico al Estado designando a dos hermanos (parentesco en primer grado de consanguinidad) en un mismo mes, pagándoles un emolumento (honorario o salario), en ese mismo mes. Los reglamentos de la administración pública vigentes en Bolivia, estipulan que familiares hasta tercer grado de consanguinidad sólo pueden acceder a cargos dentro una misma unidad administrativa después de 90 días (tres meses) de finalizada la relación laboral o contractual del pariente más cercano. Cuando se vulnera esta norma y se incurre en Nepotismo, uno de ellos debe devolver en su totalidad el ingreso mal habido.
La ejemplar “independencia” de Juan Carlos Arana
La situación del periodista Juan Carlos Arana —además empresario que postuló como candidato a Alcalde de La Paz en las recientes elecciones subnacionales—, es muy similar a lo que sucedió con la periodista Nancy Vacaflor; es decir abusó de su pericia en el manejo de influyentes medios de comunicación para obtener una relación privilegiada con el poder político, mejorar sustancialmente sus ingresos económicos y de paso generar empleo para su entorno familiar dentro la administración pública. Se repite la doble figura: Tráfico de Influencias y Nepotismo.
De acuerdo a las fuentes oficiales, Arana emitió varias facturas por publicidad emitida en su programa televisivo, y además fue contratado como “consultor” y “asesor de imagen” en la campaña electoral de la presidente Jeanine Añez. Sol de Pando conoce que Arana fue permanentemente apoyado por el “secretario privado” de Añez, Erick Foronda, antiguo relacionista público de la Embajada norteamericana que lo encumbró como el “entrevistador oficial” de la Presidente.
Como resultado de aquella privilegiada vinculación económica con el régimen fascista, Juan Carlos Arana se constituyó en un promotor a ultranza de la gestión de Añez, llegando a justificar con sofisticados sofismas la compra irregular y con sobreprecios de 170 respiradores que resultaron inservibles y fueron causa de cientos de muertes por el coronavirus, muertes que eran evitables si los respiradores hubiesen funcionado. Arana llegó al extremo de atacar e intimidar a medios y periodistas que denunciaban la corrupción rampante en el régimen de la glamorosa Presidente transitoria.
Las fuentes del Gobierno indican que Arana movió sus influencias en el Ministerio de Obras Públicas para la designación de una hermana suya en la Gerencia de la empresa Mi Teleférico.
