Carlos D. Mesa Gisbert | VIDA, PASIÓN Y AGONÍA DEL IDH
La lucidez de la Participación Popular (PP), diseñada y ejecutada en el primer gobierno de Sánchez de Lozada como el proceso de autonomías más innovador de nuestra historia, marcó un mapa de la descentralización que condicionó la construcción del proceso autonómico departamental. Más allá de lo político, que sin duda fue crucial, el gran desafío no resuelto hasta hoy tenía que ver con las competencias económicas de cada departamento, referidas a la esencia de la toma autónoma de decisiones que permita la planificación y la gestión en favor de la gente.
En lo político, el proceso arrancó con nuestra decisión de convocar a elecciones directas de prefectos, que se ejecutó en las elecciones generales de 2005 y se hizo realidad con los referendos de 2006, 2009 y la nueva Constitución. En lo económico, el Referendo de Hidrocarburos de 2004 dio lugar al incremento de impuestos sobre estos productos y la redacción de una nueva ley que se aprobó en 2005. La citada norma creó el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que, en principio, fue uno de los pilares más importantes de alimentación de los ingresos departamentales.
Las gobernaciones viven de cinco fuentes: 1. Las regalías por hidrocarburos (RH), minería (RM) y explotación forestal (RF); 2. El IDH; 3. El Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD); 4. El Fondo de Compensación (que sale del 10% del IEDH) y 5. Impuestos (especialmente el impuesto por sucesiones y transferencias hereditarias). El gran desafío de esta estructura era lograr una distribución justa en función de un factor crucial, el demográfico. Es de sentido común lograr que cada ciudadano reciba un ingreso per cápita de obras e inversiones de su gobernación que sea equivalente, viva éste en Pando, en Tarija, en Santa Cruz o en La Paz.
Ese fue el secreto del éxito de la PP con el mecanismo de reparto por población. Para lograrlo en este caso había que atenuar el primer factor de distorsión que es el de las regalías. Los departamentos productores de hidrocarburos reciben cifras mucho más altas que los productores de minerales o de madera.
Para comprobarlo veamos los mejores ingresos por regalías en los tres rubros: En 2014 (año estrella de la economía boliviana), Tarija recibió 3.625 millones de bolivianos por RH; Potosí 587 millones por RM y Santa Cruz 2,5 millones por RF. Hidrocarburos otorga seis veces más dinero que minería y 100 veces más que madera.
Esta desproporción llevó a que Tarija –sumados todos sus ingresos– con una población de poco menos de 500 mil habitantes, recibiese ese año seis veces más dinero para su gestión que La Paz, que tiene una población de 2.800.000 habitantes. La ecuación se invierte. Con cinco veces más población, La Paz recibe seis veces menos ingresos que Tarija. Esa brecha es algo menor hoy con la caída de precios, pero sigue siendo abismal.
La única forma de equilibrar un escenario tan desproporcionado era el factor potencial de balance que podría haber significado el IDH. La acertada decisión de Rodríguez Veltzé de establecer que el 57% de los ingresos del IDH fueran a las gobernaciones, fue alterada por Morales que la redujo al 24%, dándoles mayores ingresos a los municipios (67% del IDH) por una línea poco proclive a darles poder a las gobernaciones que consideraba focos de oposición a su administración, mientras que los municipios eran mayoritariamente dominados por el MAS.
Pero lo que estuvo mal desde el principio (una de las razones por las que no promulgué la Ley de Hidrocarburos), es que el IDH no cumplió un objetivo básico: compensar a los departamentos no productores de hidrocarburos otorgándoles un monto mayor de esa recaudación para equilibrar en algo las gigantescas cantidades de dinero que producen las regalías.
La realidad hoy día es que el IDH corre el riesgo de convertirse en un factor irrelevante como eje de articulación de los ingresos departamentales por tres razones: La primera, por la caída de los precios internacionales que ha provocado ya un desmoronamiento del espejismo del periodo 2010-2014.
La segunda, porque incrementa, no reduce, la injusta distribución demográfica que provocan las regalías. La tercera, porque la Renta Dignidad vive en gran medida del IDH que les come a las gobernaciones el 30% de sus ingresos por ese impuesto.
En este punto vale la pena recordar que lo único que nacionalizó el Decreto del 1 mayo de 2006 fue la propiedad de las acciones de las empresas capitalizadas que estaba en manos de los bolivianos en un fideicomiso con el que se pagaba el Bonosol. De ese modo, el bono más caro de los tres que otorga el gobierno de Morales, la Renta Dignidad, es un peso que en buena parte cae sobre las espaldas de las gobernaciones.
La realidad es que el IDH languidece y está ya muy lejos de resolver el gran entuerto planteado de una modificación del Pacto Fiscal, por el que claman las gobernaciones y que el Gobierno central no está dispuesto a cambiar más allá de su retórica vacía.
