El presidente Arce Catacora ha involucrado a su esposa, Lourdes Brígida Durán Romero, y al vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, en un oscuro movimiento de dinero a través de cuentas “offshore” en el paraíso fiscal de Panamá, para corromper el proceso electoral boliviano, según pruebas que han surgido en el celular del ex Ministro de Justicia, hoy preso, César Siles Bazán. | Fotomontaje Sol de Pando

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© Redacción Sol de Pando | Servicio Informativo Datos & Análisis

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“No lo sé, y aunque lo supiera no podría decirlo”, fue la respuesta del abogado Alberto Javier Morales, cuando el periodista Pedro Saúl Gemio, de la red Erbol, le había preguntado dónde estaba el celular de su cliente Ministro de Justicia, César Siles Bazán, que había renunciado pocos días antes, el 14 de junio, y luego fue encarcelado.

Alberto Morales —que fue Procurador General del Estado en el Gobierno de Jeanine Añez— también defiende al juez Iván Córdova, que presidía el Tribunal Departamental de Justicia “coordinando” los prevaricatos diseñados por el Ministro de Arce. Ambos —Siles y Córdova—, están procesados y los defiende el ex Procurador de Añez.

La grabación de una llamada telefónica en la que Siles Bazán impartía instrucciones a un juez de Coroico para que dicte un fallo según el criterio político del Gobierno que preside Luis Arce Catacora, determinó su estrepitosa caída. La prueba de su delictivo abuso de poder estaba en el celular.

Policías que investigan el cohecho orquestado desde el Ministerio de Justicia, afirman haber confiscado el aparato; pero el abogado del ex Ministro dice lo contrario. El celular ha desaparecido como por arte de magia en medio de la prolongada “reserva” investigativa que mantiene la Fiscalía.

El caso está siendo investigado como un auténtico “secreto de Estado”. Tras la detención de Siles y varios jueces involucrados en la trama corrupta, a mediados de junio, la Fiscalía de La Paz declaró en “reserva” la investigación, encriptando todos los detalles emergentes de la pesquisa, incluyendo lo hallado en el celular del ex Ministro de Justicia.

El plazo de la “reserva” —que legalmente no puede exceder 10 días hábiles—, se cumplió el 27 de junio, día a partir del cual las investigaciones debían ser abiertas al público. Sin embargo el Fiscal de La Paz, Luis Carlos Torres, amplió por segunda vez la declaratoria de reserva, en un plazo que se cumplió el reciente viernes 11 de julio. 

La persistencia del hermetismo con que está siendo encriptada la investigación del llamado “Caso Consorcio” (por la asociación delictuosa de jueces, fiscales y gobierno para fabricar sentencias), se origina en lo que se ha descubierto dentro el celular del ex Ministro de Justicia —hoy recluso—, César Siles Bazán.

La información que contiene aquel celular ha dado un giro dramático al caso. Es mucho más que un habitual “consorcio” de operadores corruptos de la justicia buscando derrocar a una magistrada electa no alineada al régimen. Es algo que tiene que ver con el actual proceso eleccionario y podría hacer rodar cabezas nada menos que en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Incluso podría rodar la cabeza del mismo Arce Catacora, antes de agosto, si el turbio secreto llegase a romperse con la debida transparencia informativa.

Alberto Morales, abogado del ex ministro César Siles y del ex juez Iván Córdova, ha puesto en duda la custodia del celular de Siles. La prolongada reserva fiscal en la investigación ensombrece mucho más el panorama. Ha trascendido que el dispositivo contiene graves incriminaciones de delitos financieros contra el presidente Arce y su mujer. En 2020, el mismo abogado Morales que ejerció como Procurador durante el gobierno de Jeanine Añez, acusó a los esposos Arce-Durán de haber incurrido en similares actos. | Fotomontaje Sol de Pando

EL NOMBRE DE LA MUJER DE LUIS ARCE APARECE EN EL CELULAR DE CÉSAR SILES

Consultando en fuentes policiales allegadas a la investigación, Sol de Pando ha confirmado fehacientemente que el celular de Siles se encuentra en poder del Fiscal de La Paz y ha sido sometido a los peritajes de rigor.

Nuestras fuentes han corroborado las revelaciones que efectuó la ex ministra Teresa Morales Olivera —en base a publicaciones de dos medios argentinos— con relación a los chats y documentos que el entonces Ministro de Justicia había intercambiado con el vocal del TSE Tahuichi Quispe y con el propio presidente Arce.

Según los metadatos que se han filtrado desde la Fiscalía de La Paz, llegando a manos del ex presidente Evo Morales —quien a la vez hizo llegar esa información a los portales argentinos Negocios & Política y Diario Red—, la esposa de Luis Arce Catacora, Lourdes Brígida Durán Romero, se encargó de transferir un total de $us 200.000 a la cuenta de un offshore en Panamá, registrado a nombre de Tahuichi Quispe, vocal del TSE.

En la memoria del celular de Siles (Nro. 77557226), se han hallado mensajes de whatsaap dirigidos desde el móvil de Quispe (Nro. 69947740) adjuntando prints de los comprobantes electrónicos por dos transferencias que Lourdes Durán le remitió a una cuenta secreta en Panamá. Ambas operaciones se efectuaron de modo sincronizado a la misma hora: promediando las cinco de la tarde en el horario panameño.

La primera transferencia, por $us 30.000, se efectuó el pasado 12 de marzo desde una cuenta offshore de Lourdes Durán en el National Bank de Panamá, al offshore del Tower Bank a nombre de Tahuichi Quispe en el mismo paraíso fiscal. Cuatro días antes de esa operación, el 8 de marzo, el TSE había habilitado al Partido de Acción Nacional Boliviano (Panbol) pese a que el mismo no superó el 2% de votos en las elecciones anteriores, por lo que correspondía su inhabilitación, para lo cual el presidente Arce —que en ese momento alistaba su candidatura para la re-elección— pagó al TSE aquellos $us 30.000 a través de su mujer y con intermediación del entonces Ministro de Justicia, César Siles. La suerte de Panbol estaba sellada. Era un partido con el que Evo Morales pretendía postular.

La segunda transacción, mediante los mismos offshores de Lourdes Durán y Tahuichi Quispe en Panamá, se realizó el pasado 28 de mayo, por un monto cinco veces más elevado que el realizado en marzo: $us 170.000. Llama la atención que, en ese momento, Luis Arce ya no era candidato presidencial. El 13 de mayo, Arce renunció a su re-elección, forzado por el Grupo de Puebla (Maduro, Ortega, Díaz Canel, et al) que promovía la postulación de Andrónico Rodríguez como factor de reunificación del MAS (cuya sigla está en poder del Gobierno de Arce en virtud a una resolución del TSE); lo cual implicaba que Evo Morales, igual que Luis Arce, también debía declinar su postulación. El 26 y 27 de mayo, una Sala Constitucional del Beni emitió sucesivamente una resolución y un auto disponiendo “el inicio del procedimiento de cancelación de personalidad jurídica de oficio” del Movimiento Tercer Sistema (MTS), partido que postulaba a Andrónico Rodríguez, quien se había negado a ser candidato por el MAS “unificado”. En un modus operandi ya observado en la causa que precipitó la caída de Siles Bazán, el Poder Judicial funcionaba como una maquinaria extorsiva mediante “instrucciones” que daban los magistrados “prorrogados” a jueces inferiores y distritales, para emitir fallos a gusto del mejor postor, que luego serían ratificados o revocados en la instancia superior, previo pago. En este caso el pago se produjo el 28 de mayo, en Panamá. Es en esa trama judicial-electoral corrupta que se fraguó la candidatura de Andrónico Rodríguez. El rechazo de Evo Morales a ser parte del proyecto unificador urdido por el neo-estalinismo internacional, dejó neutralizado a Andrónico Rodríguez y desbarató el plan. El 16 de mayo, el MAS “oficialista” ya había designado como su candidato presidencial al entonces ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Sin embargo, Arce decidió jugar sus dados a favor de Andrónico Rodríguez, a quien considera un obstáculo eficaz, mejor que Del Castillo, para bloquear las aspiraciones de Evo Morales. El 5 de junio, una semana después del depósito en Panamá, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en base a un alegato de “preclusión” emitido por el TSE que arguyó públicamente el vocal Quispe, revocó y contradijo sorpresivamente la resolución y el auto constitucional del Beni que habían inhabilitado al MTS, ordenando la habilitación de aquel partido con su candidato Andrónico Rodríguez. Así pues, la habilitación de esta candidatura costó un mínimo de $us 170.000 depositados por Lourdes Durán en una cuenta offshore de Panamá.

La pregunta que surge es: ¿Cuál es el origen del dinero que maneja en las cuentas offshore la esposa del presidente Arce? ¿Ofició en este caso como intermediaria del grupo de Andrónico Rodríguez? Si fuera así, no olvidemos que el cocalero autoproclamado “heredero” de Evo Morales, recibe financiamiento del narcotráfico cruceño: sector económico ligado a la aviación y al lavado de activos que se halla en un estelar momento de ascenso político y legitimación social, con personajes como Mario Cronenbold en la cresta de la ola.

LA OPERACIONES SOSPECHOSAS DEL VOCAL TAHUICHI QUISPE

Tahuichi Quispe ha negado todo trato financiero con la esposa del presidente Arce. Pidió a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), haga públicas sus cuentas bancarias “dentro y fuera del país”. Sin embargo la Asfi, entidad estatal, no tiene capacidad operativa ni competencia legal para desencriptar cuentas en el paraíso fiscal de Panamá. Es un trámite que sólo se podría intentar desde la Cancillería.

La ex ministra Teresa Morales le ha conminado al vocal someterse bajo la lupa de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Sus transacciones con la mujer de Arce, evidenciadas en el celular de Siles, ameritan un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que Quispe y Durán deben despejar ante esa instancia.

Además, la Dirección de Migración tendría que informar las veces que Lourdes Durán y Tahuichi Quispe viajaron a Panamá, si lo hicieron, y el Ministerio Público debería analizar los flujos de llamadas realizadas desde sus celulares durante los últimos seis meses, requiriendo los respectivos extractos de las telefónicas.

En el celular de Siles Bazán, hay constancias inobjetables de que Quispe ha subordinado su función como vocal del TSE a instrucciones y decisiones del Ministro de Justicia. Coordinaba la redacción de resoluciones del TSE —para habilitar o inhabilitar candidaturas— directamente con el Ministro, quien elaboraba en su computadora los tenores en borrador. Este sólo hecho, debería causar su procesamiento y destitución en la instancia pertinente del mismo TSE. Quispe ha traficado procazmente con instrumentos legales del poder electoral boliviano, un uso indebido de bienes del Estado.

Hay un boleto del BOA que le pagó Siles a Quispe en la ruta La Paz-Cochabamba, de fácil verificación en la aerolínea. No está en tela de juicio el motivo de aquel viaje el 28 de mayo (curiosamente el mismo día en que Lourdes Durán hizo la transferencia bancaria en Panamá), sino por qué un print del pase a bordo a nombre del vocal del TSE está guardado en el celular del ex Ministro.

Luis Arce también intervino personalmente en las conjuras tramadas desde el Ministerio de Justicia. Desde su celular (Nro. 72001400), el Presidente se comunicaba con César Siles para impartir directrices en los fallos negociados. En uno de sus mensajes, el Presidente observa que el comprobante de una de las transferencias en Panamá muestra errores de typeo que podrían haber invalidado la transacción. “Esta transferencia está errónea… Le comunicaré a Lourdes”, le escribe Arce Catacora a Siles Bazán.

Desde el Gobierno, se ha negado rotundamente la veracidad de esta información. El actual Ministro de Gobierno, Roberto Ríos, descalifica las denuncias que promueve Evo Morales tachándolas de “falsas”. Según los organismos de Inteligencia gubernamental, “la página web Negocios & Política, que supuestamente correspondería a un medio argentino, tiene sus servidores instalados en Cochabamba y La Paz”. Dicha página web, dijo Ríos, fue creada el 7 de junio de 2025, “tiene menos de un mes de creación. La misma tiene un dominio privado y se adquirió por la empresa Gold Dady, que tiene sus servidores en Estados Unidos”.

Evidentemente, un equipo de periodistas e informáticos del neo-estalinismo argentino y español, auspiciados por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y el magnate izquierdista Pablo Iglesias, tiene en sus manos los metadatos que Evo Morales recibió de una fuente oculta de la Fiscalía de La Paz, y esa información se ha procesado rigurosamente en el portal argentino, sin que la filiación ideológica del mensajero mate al mensaje, necesariamente.

Todos esos datos están objetivamente ahí, en el celular de César Siles, y la Fiscalía tiene en su poder ese aparato ocultando dolosamente su contenido bajo total secreto sumario, es decir encubriendo al presidente Arce y su mujer, la Primera Dama de la Nación.

En octubre de 2020, pocos días antes de las elecciones, el Procurador General de Estado, Alberto Morales, hoy abogado defensor del ex ministro César Siles, reveló un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que detectó varias operaciones sospechosas en las cuentas bancarias del ex Ministro de Finanzas y entonces candidato presidencial Luis Arce Catacora y de su esposa Lourdes Brígida Durán Romero, incurriendo ambos en enriquecimiento ilícito junto a sus hijos. | Fotomontaje Sol de Pando

ARCE, SU MUJER Y SUS HIJOS: UNA VIEJA COSTUMBRE FAMILIAR BANQUERA

Lo que ha trascendido desde el móvil del ex Ministro de Justicia, desmiente lo afirmado por su abogado Alberto Javier Morales. El celular no ha desaparecido, está oculto en manos de la Fiscalía.

Que el abogado Morales haya sido autoridad jerárquica en el Gobierno ultraderechista de Jeanine Añez, y ahora asuma defensa de un estrecho colaborador del presidente “izquierdista” Arce Catacora, no tiene relevancia dada la profunda crisis ideológica y moral que impera en Bolivia.

Aquí, lo llamativo es que Alberto Javier Morales, como ex Procurador del Estado, tiene una querella latente nada menos que con la familia del actual presidente Luis Arce Catacora. ¿No lo sabía César Siles Bazán cuando contrató al abogado Morales para su defensa?

En octubre de 2020, durante una coyuntura muy similar a la actual, faltando pocos días para las elecciones, el procurador Alberto Morales hizo público un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que había detectado varias operaciones sospechosas en las cuentas bancarias del ex Ministro de Economía y Finanzas (entonces candidato presidencial del MAS), Luis Arce Catacora, y de su esposa Lourdes Brígida Durán Romero, así como de sus hijos. La denuncia no prosperó debido a que Arce ganó las elecciones.

El informe oficial reveló que Luis Arce y Lourdes Durán recaudaban dinero en sus cuentas bancarias, por “aportes” partidarios que exigían a funcionarios del Ministerio de Finanzas y del Banco Unión. También se encontraron depósitos de dinero cuyo origen era desconocido.

Por ejemplo, los investigadores se sorprendieron al encontrar que, entre 2011 y 2019, la esposa del ex Ministro, Lourdes Durán, “depositó en su cuenta más de Bs 700.000, sin registrar retiros ni préstamos”, decía el informe.

Durán fungía como subgerente del Banco Unión y en su cuenta se registraron Bs 216.000 correspondientes a depósitos de funcionarios de la misma entidad, que fueron obligados por la mujer del entonces Ministro a aportar como un “diezmo” inexplicable. La UIF detectó, además, traspasos de fondos a las cuentas de Lourdes Brígida Durán Romero por Bs 1’700.000 y por otros $us 50.000, sin precisar el origen de ese dinero.

El marido, por su parte, recibió entre 2011 y 2019 “aportes” de seis funcionarios públicos por un total de Bs 310.647, vulnerándose la Ley Safco que prohíbe la entrega de dineros por parte de servidores subalternos a ninguna autoridad jerárquica.

En una de las maniobras —decía aquel reporte— el 3 de marzo de 2018, Germán Villarroel, Gerente Distrital del Servicio Nacional de Impuestos (dependiente del Ministerio de Finanzas), le depositó un total de Bs 198.670, más $us 15.000, “sin ningún tipo de justificación”. Se estableció asimismo que la cuenta de Arce Catacora recibió un depósito por Bs 120.000 por una supuesta “venta de ganado”, pese a que el entonces Ministro nunca declaró ser empresario ganadero. También se detectaron depósitos realizados a su cuenta desde la petrolera Shell Bolivia, YPFB Transporte, la Judicatura y otras entidades por un total de Bs 276.343 y más de $us 14.000.

Según el reporte de la UIF, el patrimonio de Arce y su cónyuge aumentó en más del 500% desde que Arce asumió el Ministerio de Economía y Finanzas, en 2006, nombrando a su mujer Subgerente del gubernamental Banco Unión. Sus hijos, aún menores de edad, fueron ubicados en puestos claves de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y también, ya entonces, fueron beneficiados con enormes créditos bancarios.

La fortuna personal de Arce se había disparado de Bs 472.299 en 2006, a Bs 2’473.271 en 2019. Ese nivel de ingreso no cuadraba ni aun con su sueldo de Ministro, según la investigación financiera. Entre las ganancias mal habidas, Arce cobró por consultorías que había realizado siendo Ministro, actividad incompatible con el Estatuto del Funcionario Público. Ganó como “ministro-consultor” un total de Bs 1’132.496 que no se han podido justificar como parte de sus ingresos personales ni fueron declarados ante el sistema tributario, incurriendo en una miserable evasión impositiva. Utilizó a su secretaria, Helory Deysi Soria Soto, como “palo blanco” para el traspaso de otros Bs 700.000 de fuente desconocida.

Desde su cargo ministerial, Arce Catacora estaba habituado a favorecer a sus hijos con créditos bancarios excesivamente blandos y dispendiosos. Luis Marcelo Arce Mosqueira y su hermano menor Rafael Ernesto Arce Mosqueira, entre 2017 y 2019 habían obtenido préstamos —del Banco Unión por supuesto— con importes de Bs 334.560 y Bs 537.248, para una supuesta “compra de inmuebles”. La UIF advirtió que ambos hijos eran menores de edad cuando realizaron esas transacciones bancarias, aportando un capital propio en efectivo de origen no aclarado.

El reporte fue emitido por la UIF el 24 de septiembre de 2020, a solicitud del entonces Procurador General del Estado, Alberto Javier Morales, quien lo hizo público el 9 de octubre de ese año. Las elecciones se realizaron el 18 de octubre, cuando Arce Catacora fue elegido Presidente en actual mandato.

Los delitos financieros señalados en aquel informe oficial de la Unidad de Investigaciones Financieras, según la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, no han prescrito.

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