Contacto en Cobija para el negociado publicitario en YPFB era un militar de la FAB

El periodista John Arandia, director de la red televisiva Cadena A, confirmó el dato que obtuvo Sol de Pando en Cobija, respecto a la vinculación directa con las FF.AA. del “representante legal” de una de las empresas privadas publicitarias que, según se asegura en denuncias oficiales de YPFB, se habrían beneficiado con contratos dolosos para servicios de Publicidad y Comunicación en la corporación petrolera estatal. Se trata del capitán de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Guido Víctor Alarcón Terrazas, el “contacto” en Pando de una denunciada asociación ilícita que es investigada por el Ministerio Público…

La cédula de identidad de Guido Alarcón. Nacido en Cochabamba el 12 de octubre de 1976, profesiòn militar y domiciliado en el barrio Miraflores de Cobija. | Foto cortesía John Arandia, Cadena A

Guido Alarcón Terrazas tiene un sueldo del Estado como capitán de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), y como todos los militares de su grado no puede quejarse de su situación salarial, ya que la institución armada del país también recibe los beneficios de la bonanza económica en la actual administración del presidente Evo Morales. ¿Qué motivos tuvo este oficial para vincularse con una red organizada entre funcionarios públicos de mando medio y sus familiares para el tráfico de influencias con el fin de obtener contratos publicitarios en la Unidad de Comunicación de YPFB?

Este viernes, Guido Alarcón fue recluido en la cárcel de San Pedro por decisión de una juez que dirige la investigación en La Paz, bajo los cargos de “enriquecimiento ilícito por particulares, afectación al Estado y asociación delictuosa”, informó la agencia estatal ABI.

El capitán Guido Alarcón, asistido por su abogado, durante la audiencia cautelar del 12 de diciembre ante una jueza que dictó su reclusión junto a otros acusados. | Foto Los Tiempos – APG

Pero además, el capitán Alarcón Terrazas deberá dar cuenta ante su institución por qué actuó como “representante legal” de una empresa privada que se benefició con dispendiosos contratos en la Unidad de Comunicación de YPFB, siendo que la Constitución Política, la Ley Safco y el Estatuto del Funcionario Público prohíben a los servidores públicos —incluidos los militares en ejercicio activo— celebrar contratos con el Estado.

El segundo inciso del artículo 237 de la Constitución Política del Estado referido al Servicio Público, estipula claramente que los funcionarios públicos están prohibidos de “actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde prestan sus servicios, y celebrar contratos o realizar negocios con la Administración Pública directa, indirectamente o en representación de tercera persona”.

Además, el artículo 9 de la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público prohíbe a los asalariados del Gobierno (civiles y militares) «ejercer atribuciones o funciones ajenas a su competencia” y “promover o participar directa o indirectamente, en prácticas destinadas a lograr ventajas ilícitas”. El artículo 10 de la misma Ley estipula que “los servidores públicos no podrán dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas individuales o colectivas que gestionen cualquier tipo de trámites, licencias, autorizaciones, concesiones, privilegios o intenten celebrar contratos de cualquier índole, con las entidades de la Administración Pública”.

Un capitán de la FAB vendiendo servicios publicitarios a YPFB

Según un reporte oficial reproducido el jueves por Erbol digital, Guido Alarcón Terrazas se constituyó en “representante legal” de la empresas “Omnimedia (Comunicación y Eventos Corporativos)”, como supuesto socio de Ana Belén Camacho, hermana de Selva Camacho Gonzáles, quien ejerció la dirección de Comunicación de YPFB estatal entre los años 2009 y 2010, y en YPFB Chaco hasta el pasado año.

Como “representante legal” de una de las cinco empresas manejadas por las hermanas Camacho, el capitán Alarcón Terrazas fue quien firmó los contratos de publicidad con la empresa estatal.

¿Puede un militar en servicio activo vender productos publicitarios a una empresa del Estado? ¿Qué experiencia en Comunicación o Marketing tiene este Capitán de la FAB?

¿Por qué YPFB aceptó firmar jugosos contratos publicitarios con un miembro activo de las Fuerza Armadas?

¿Cómo operaba Alarcón desde Pando para proveer sus servicios o productos publicitarios contratados por la empresa petrolera estatal? ¿Cómo compatibilizaba sus obligaciones militares con su actividad de «empresario comunicacional» para cumplir los contratos que firmó con YPFB?

Cinco empresas de un mismo grupo para competir entre sí en licitaciones

El momento en que Selva Camacho es trasladada de Santa Cruz a La Paz, el pasado miércoles, junto a otros miembros de su grupo. Fue recluída llevando en brazos a su inocente bebé. | Foto El Día

La acusada de articular este esquema desde sus funciones en YPFB, Selva Camacho, atraviesa un trágico via crucis encarcelada con su bebé de tres meses, poniéndose en alto riesgo la salud de la niña.

Según los datos difundidos por la propia YPFB, Selva Camacho —quien alega haber sido parte del entorno íntimo del actual Presidente de la empresa petrolera, su principal acusador— habría organizado junto a su hermana y otros miembros de su familia, incluido un hijo, la novia de éste y una comadre, un total de cinco empresas similares a la representada por Guido Alarcón para “hacer negocios” con YPFB disputándose entre sí suculentas licitaciones.

Una fuente vinculada a la investigación del Ministerio Público aseguró a Sol de Pando que las cinco empresas controladas por la familia Camacho tenían, para sus onerosos contratos, como único cliente a YPFB. «No hay otra empresa del Estado, ni del sector privado, que las hubiese contratado al menos con los montos tan sustanciosos con que les contrataba YPFB», afirma la fuente.

Estas empresas fueron creadas entre los años 2011 y 2014 con un simple trámite del NIT y con declaraciones falsas sobre sus patrimonios de capital ante Fundempresa, razón por la cual caen en la categoria de «empresas fantasmas». Ninguna cumplía el requisito esencial de experiencia suficiente en el rubro.

«Yalile Bravo, supuesta enamorada de Alejandro Bell Camacho (hijo de Selva Camacho), conformó en marzo del 2014 la empresa Bravo con un patrimonio de 27 mil bolivianos y posteriormente se adjudica una licitación para el colocado de Vallas en la ciudad de Santa Cruz por aproximadamente medio millón de dólares», afirma un boletín oficial de YPFB.

Curiosamente tres de estas empresas, «Structura», «Omnimedia» y «Bell», se crearon entre febrero y septiembre del 2011 («Colibrí» se creó el 2012), después de que Selva Camacho dejara la Unidad de Comunicación de YPFB Corporación para ser transferida a YPFB Chaco y reemplazada por su inmediato subalterno, Ever Terán.

El sucesor de Camacho en la Unidad de Comunicación de YPFB, Terán, según la denuncia «direccionaba» y recomendaba las contrataciones en favor de alguna de las cinco empresas del clan, invariablemente. «El que fungía como jefe de la Unidad de Comunicación, Ever Terán, sugería a las empresas a cotizar los servicios para que estas participen de procesos licitatorios, y luego una de estas se adjudicaba para prestar sus servicios», dice otro boletín oficial de YPFB.

Con esa «metodología», las cinco empresas organizadas por la familia Camacho y sus socios, según estimó la ministra de Transparencia Nardy Suxo, obtuvieron un ingreso de aproximadamente cinco millones de bolivianos (Bs 5’000.000) que implican daño económico al Estado.

“No tenemos un cálculo determinado» —dijo el fiscal Leopoldo Ramos a El Deber—. «Pero haciendo sumas, en un contrato tenemos 480.000 dólares; y en otros contratos bordeamos unos dos millones de bolivianos”.

La empresa que obtuvo varios de los contratos más costosos —entre ellos para la organización de eventos con servicio de catering en ciudades como Santa Cruz y Cochabamba, sin tener la experiencia suficiente para prestar tales servicios—, fue precisamente «Omnimedia» representada por el captán Guido Alarcón.

El Jefe de Comunicaciones de YPFB, Ever Terán, tendría que reponder ante la Contraloría y ante la justicia ordinaria porqué viabilizó y firmó esos contratos de publicidad y catering, a nombre de la empresa estatal, con un militar en ejercicio de la función castrense.

De acuerdo al artículo 36 de la Ley Safco (Sistema de Administración Fiscal y Control del Estado), la Contraloría deberá revisar aquellos contratos con tales empresas fantasmas, y el contratista, Cap. Alarcón, junto al contratante, Ever Terán, están obligados a “exhibir la documentación o información necesarias para el examen y facilitar las copias requeridas, con las limitaciones contenidas en los artículos 510, 520 y 560 del Código de Comercio”.