Carlos D. Mesa Gisbert | ZARANDEANDO LA HISTORIA
«Zarandear la historia a gusto del cliente no es éticamente aceptable por muy intensa que sea la lucha política…». | Foto Archivo Histórico de Alfonso Gumucio
Lo central del debate tiene que ver con un antes y un después explicado de manera sesgada como una antinomia irreconciliable. Esa es la trampa del discurso oficial. La conquista de la democracia en 1982 producto de la combinación de las luchas populares y la acción de los partidos políticos comprometidos con una visión antidicatorial, es una logro mayor que cambió al país sin el que la construcción de los movimientos sociales que hicieron posible el cambio no sería siquiera pensable…
Estamos atravesando las fuertes turbulencias de una desmesurada campaña para el Referendo de modificación de la CPE, que se mueve también en las tormentosas aguas de la “interpretación” del pasado.
Como si la pregunta del 21 de febrero tuviera algo que ver con volver o no atrás, los protagonistas, especialmente las altas autoridades del Poder Ejecutivo, se empeñan en afirmar que todo tiempo pasado fue peor y que si gana el No la sombras de los “neoliberales” se cierne sobre los bolivianos. Cualquier referencia que valore en su justa dimensión ese pasado, alinea la opinión en el maniqueísmo de “buenos” contra “malos”.
Es en momentos como estos que se necesita la templanza para no arredrarse. Como ciudadano asumo que en el costo beneficio, el beneficio para la nación fue mucho mayor que el costo en el periodo democrático iniciado en 1982 y no tengo razón alguna para estar entre los vergonzantes de ese pasado. Igual que en los últimos diez años, el cuarto de siglo anterior tuvo grandes luces y profundas sombras. Las sombras de ese tiempo son muy claras. El mayor baldón, las graves violaciones a los derechos humanos y el número de compatriotas muertos que superan largamente el centenar que nada ni nadie puede justificar (vale recordar, sin embargo, que casi medio centenar de muertos por conflictos sociales o acciones gubernamentales se cuentan en la última década). También estuvo el anillo de elites político-partidarias que coparon el poder sin abrir espacios reales de participación plural (la construcción de una hegemonía secante de una nueva elite política ha sustituido ese esquema). La corrupción fue grande con casos muy sonados y presos tan relevantes como relevante fue la impunidad (nada que no estemos viviendo hoy).
Pero lo central del debate tiene que ver con un antes y un después explicado de manera sesgada como una antinomia irreconciliable. Esa es la trampa del discurso oficial. La conquista de la democracia en 1982 producto de la combinación de las luchas populares y la acción de los partidos políticos comprometidos con una visión anti-dictatorial, es una logro mayor que cambió al país sin el que la construcción de los movimientos sociales que hicieron posible el cambio no sería siquiera pensable. La conciencia de la inclusión y la participación que generó gran movilidad social, germinó tanto conceptual como prácticamente en el periodo 1982-2003 a través de medidas cuyas raíces son tan profundas que permanecen hoy vigentes. El debate sobre la tierra y las respuestas que había que dar a esos desafíos lanzados por los indígenas de llanos y Andes, se abrió hace veinte años con medidas que cambiaron totalmente y para bien la lógica de la primera reforma agraria. La redefinición de nuestra visión de país en la diversidad y en la riqueza que le dan los pueblos indígenas con sus lenguas y sus culturas, fue realizada a partir de 1994 como base para los planteamientos de 2009.
En el ámbito económico las circunstancias marcaron los ciclos. En 1982 se ensayó sin éxito continuar la receta nacional revolucionaria en un contexto de crisis monetaria, productiva y estructural. En 1985 se aplicó una receta de reforma de emergencia con énfasis monetario y con sesgo liberal. El freno en seco de la hiperinflación era un imperativo, y sus costos inevitables. Su acierto salvó la economía del país. La propuesta privatizadora de los noventa tuvo matices. Con todos los defectos de la capitalización, que los tuvo y muchos, el que casi el 50% de la propiedad quedará en manos de los bolivianos fue una forma distinta que permitió —entre otras— una medida pionera, el bonosol, uno de los primeros en América Latina. Ese proceso tuvo dos resultados concretos: la inversión significativa en hidrocarburos y la construcción del gasoducto al Brasil que dio lugar a la más importante exportación de nuestra historia. El Referendo del gas y la Ley de 2005 multiplicaron los impuestos y fueron los generadores del IDH, heredado por el actual gobierno y profundizado en 2006. El estatismo no es un aporte nuevo, Bolivia lo ha vivido en los años treinta, cincuenta y sesenta del siglo pasado. El crecimiento del PIB en la execrada década 1990-1999 fue de 4,01% (en la década 2006-2015 fue de 5,01). Pero recordemos que ningún gobierno de la historia boliviana se benefició de un nivel de precios como el actual. Ese –más allá de su buen manejo macro- no es un detalle menor para explicar el nivel de inversión y la posibilidad de una expansión de la demanda interna, impensable en un escenario recesivo (que fue el caso del periodo 1998-2003).
El Estado de hoy es resultado del periodo democrático 1982-2003, no por contraposición sino por agregación y profundización. Zarandear la historia a gusto del cliente no es éticamente aceptable por muy intensa que sea la lucha política.
