Carlos D. Mesa Gisbert | LA CONVOCATORIA DE LA MUERTE
Rodolfo Illanes fue —convocado por la muerte— a una inmolación que desnuda la potencia violenta e irracional de nuestro tejido social. No cabe en este tiempo de mortajas el debate mezquino sobre unos y otros. Antes, en medio de un bloqueo implacable, la respuesta represiva de la policía provocó la muerte de dos cooperativistas. En las largas horas de tensión la fórmula fue: gases, balines, balas… dinamitazos, golpes, tomas de “rehenes”, periodistas agredidos, flotas atacadas… Ninguna vida es más o es menos que otra. La vida es sagrada. Nada justifica una muerte, menos aún la filosofía del martirologio. Rodolfo Illanes, brutalmente asesinado, ha sido declarado héroe. Yo escojo a Rodolfo Illanes servidor público en busca de diálogo por encima de Rodolfo Illanes héroe. ¿De qué sirve llevarlo a las aras de los mártires? ¿Le sirve a sus seres queridos? ¿Nos sirve a nosotros? No, su vida, su trabajo de todos los días, su humanidad son infinitamente más valiosos que esta tragedia innombrable.
Estas muertes —una vez más— este círculo de intolerancia -una vez más- esta irracionalidad colectiva —una vez más—; nos obligan a pensar y a interpelar, interpelación a los poderosos y a nosotros mismos.
El discurso disfraza la verdad. Terminemos con esta mentira gigantesca de un cambio que no se produjo, terminemos con estas afirmaciones de transformaciones éticas que son parte de adornos para vestir una ideología que envuelve un profundo vacío. La sociedad boliviana, en su comportamiento en momentos cruciales, no ha avanzado un milímetro desde la crisis de octubre de 2003. No hay un nuevo pacto social. La Constitución, en aquello que tiene que ver con sus contenidos sobre los derechos y garantías de los bolivianos, los que la hacen una norma de convivencia, de vida armónica, de responsabilidad que comparte deberes y derechos, es papel mojado. La Ley de Leyes, las leyes en su conjunto, son una montaña de documentos que pasamos por alto. Si el proceso político iniciado hace casi once años no logró algo tan básico como la conciencia de todos de que estamos obligados a someternos a una norma que fue votada en un Referendo popular ¿De qué revolución del comportamiento estamos hablando?
El modelo vigente y sus líderes se han llenado la boca afirmando que los movimientos sociales que son parte de esta gestión, que son sus aliados estratégicos, sustituyen a las viejas elites y a las viejas alianzas corruptas, capitalistas y depredadoras. Los cooperativistas mineros fueron hasta hace pocos días uno de los brazos más poderosos de esa alianza. ¿Por qué rompieron lanzas con el gobierno? Por la simple razón de que los límites últimos de sus excesos habían llegado a un punto imposible de sostener por el propio Poder Ejecutivo. ¿Algo que ocurrió hace un par de semanas? No, algo que sucede desde que ese pacto se efectivizo el 22 de enero de 2006. Las cooperativas mineras, en su gran mayoría, no son cooperativas sino mecanismos implacables de explotación de sus “socios” (laboreros que trabajan en un sistema más parecido a la mita española que a la minería moderna), han tomado vetas del Estado y privadas, las explotan sin ningún tipo de tratamiento técnico básico, son depredadores ambientales y de los recursos que extraen, no respetan plan estratégico alguno y se asociación al arbitrio con empresas del tipo que sea en un modelo de capitalismo salvaje. Esos fueron los aliados del Presidente. El problema no es coyuntural, es estructural. Más de 100.000 “cooperativistas” se han convertido en un problema irresoluble porque desde la tragedia de Huanuni en 2006 se les ha dejado hacer literalmente lo que han querido.
¿Hay alguna diferencia entre las formas de tensión entre este Estado y el mal llamado Estado “neoliberal”? ¿Son distintos los bloqueos? ¿Son distintas las respuestas de presión-represión-negociación? El asesinato del viceministro Illanes es una diferencia que si algo marca es la urgencia de detener esta locura. ¿Puede una sociedad que se respete autorizar el uso de dinamita en las calles en actos masivos de protesta? ¿Es siquiera concebible que ese medida elemental sea sujeta de debate? Baste decir que entre 2006 y 2016 se han producido casi sesenta muertos como producto de conflictos sociales, cuando de lo que se trataba era de aprender la sangrienta lección del pasado inmediato.
La reivindicación popular de causas justas en situación de opresión conduce a medidas radicales como último camino ante la insensibilidad de los poderosos, pero ¿Es esta una causa justa? ¿Por qué el gobierno prohijó a un sector que no ha hecho otra cosa que comerle las entrañas al Estado? Vale la pena decir, además, que no es el único que lo hace.
Si tras este acto de barbarie el único resultado va a ser la lista de acusaciones contra el imperialismo, la derecha y la oposición en todas sus formas, no habremos avanzado nada y, de nuevo, seguiremos camino a un abismo político y social de incalculables consecuencias.
